La circunstancia de que la actora prestara servicios algunos días de la semana no lleva a concluir que su prestación no tenga carácter laboral.

Partes: Mejia Berduguez Lorena Sonia c/ ATMED Sociedad de Responsabilidad Limitada y otro s/ despido

CertificadoLaboralTribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 6-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96014-AR | MJJ96014 | MJJ96014

La circunstancia de que la actora prestara servicios algunos días de la semana no lleva a concluir que su prestación no tenga carácter laboral.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que entre las partes existió una relación dependiente, y no una locación de servicios, pues la codemandada no aportó prueba suficiente que acredite tal circunstancia, siendo que se encontraba a su cargo, desvirtuar la presunción nacida del art. 23 LCT., pues los testimonios rendidos resultan contradictorios y poco convictivos, evaluados con las reglas de la sana crítica (arts. 90 LO. y 386 CPCCN).

2.-Puesto que, en rigor de verdad, la actora acreditó que realizaba sus tareas, inserta en una organización que le era ajena, en forma continua y sujeto a las directivas que pudieran impartirle sus superiores, debe admitirse que entre las partes existió una relación de dependencia.

3.-Corresponde confirmar que el vínculo habido entre las partes fue laboral toda vez que ni el lugar de trabajo, ni el cumplimiento de horarios, ni la falta de exclusividad u otra serie de elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal.

4.-Toda vez que para que se configure la relación laboral no se requiere que las prestaciones deban efectivizarse todos los días, pudiendo por el contrario configurar la relación un contrato de trabajo de carácter permanente con prestaciones periódicas, lo importante es que ambas partes se obliguen recíprocamente a poner su capacidad de trabajo y a recibirla en determinadas fechas, sea durante algunos días, o un día de la semana o del mes.

5.-La sola circunstancia de que el trabajador preste servicios algunos días de la semana no lleva a merituar que su prestación no tenga carácter laboral, ya que tal modalidad no figura en las previsiones de la LCT como demostrativa de la inexistencia de un contrato de trabajo; máxime siendo que la accionante logró probar que, en rigor de verdad, realizaba sus tareas inserta en una organización que le era ajena, en forma continua y sujeta a las directivas que pudieran impartirle sus superiores (cfr art. 377 CPCCN).

6.-Comprobada la maniobra dolosa y violatoria de la ley, y la participación directa y personal del socio gerente codemandado durante el transcurso de la relación laboral, corresponde responsabilizar a esta persona física en su calidad de administrador/socio gerente de la sociedad empleadora en los términos de lo normado en los arts. 59 y 274 de la Ley 19.550, en la medida que ha ocasionado perjuicios al trabajador afectado por su actuar ilícito.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la ciudad de Buenos Aires, el 06 de noviembre de 2015, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Graciela A. González dijo:

Contra la sentencia de la instancia anterior, que hizo lugar en lo principal a la acción instaurada, se alza la codemandada ATMED SRL a tenor del memorial obrante a fs. 267/270.

La codemandada cuestiona que el Sentenciante de Grado haya considerado acreditada la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Sostiene básicamente que éste efectuó una errónea y arbitraria valoración de la prueba testimonial. Asimismo señala que, con la prueba que obra en autos se desvirtuó la presunción prevista en el art. 23 LCT. Apela la forma en que fueron impuestas las costas del proceso.

Los letrados de la parte actora recurren los honorarios que les fueron regulados por considerarlos bajos.

Cabe precisar que en el escrito de inicio, la accionante expresó que ingresó a trabajar para la codemandada ATMED SRL -empresa dedicada a la provisión de cuidados paliativos domiciliarios-, con fecha 17/12/2009, desempeñándose como coordinadora general de internación domiciliaria, tareas que desempeñaba mediante la utilización de un teléfono celular que le proveía la demandada. Explicó que debía concurrir tres o cuatro veces por semana a las oficinas de la accionada, como así también a los domicilios de los pacientes y que sus tareas consistían en la selección y evaluación de personal a cargo, coordinación y supervisión de la actividad y prestación de diferentes profesionales médicos, admisión y gestión de pacientes en atención especializada de diversas empresas prestadoras de medicina prepaga u obras sociales, control y provisión de insumos etc.Señaló que trabajaba bajo una modalidad de guardia permanente y que su remuneración era de $ 4.000 mensuales, fuera de todo registro. Por otra parte aclara que también trabajaba desde el año 2005 en el hospital Fernández, como enfermera con un horario rotativo -noche por medio-, lo que le permitía desempeñarse en otro empleo como lo era en ATMED SRL. Indicó que luego de numerosos reclamos para que se regularice su situación laboral, la accionada dio de baja el celular que le había otorgado y que era su herramienta principal de trabajo, y de esta manera comenzó a negarle tareas ya que no contaba con la posibilidad de comunicarse con los profesionales del equipo de salud y de recibir las instrucciones de sus empleadores por lo que se encontró excluída de sus labores. Dijo que el día 3/6/11 intimó a la demandada mediante telegrama colacionado, a que se le otorguen tareas y regularice la relación laboral, bajo apercibimiento de considerarse injuriada y despedida; y que ante el desconocimiento de la relación laboral por parte de los accionados, con fecha 10/6/2011 se consideró injuriada y despedida.

La codemandada Atmed SRL en su responde negó la existencia de la relación laboral invocada por la actora. Explicó que era una empresa que se dedica a la atención médica domiciliaria y que en su plantilla de trabajadores había 3 personas en forma permanente que se desempeñaban en la parte administrativa de la empresa con un coordinador general que era el Sr. Almeida. Indicó que la demandante trabajaba para el Hospital Fernandez y realizaba trabajos en forma independiente para varias empresas de salud, como por ejemplo Swiss Medical, galeno y esporádicamente ellos le asignaban alguna visita en su calidad de enfermera a eventuales pacientes. Señaló que la actora jamás trabajó bajo relación de dependencia para Atmed SRL, nunca recibió directivas ni tampoco dependía económicamente de la accionada.Dijo que Mejía Berduguez eventualmente concurría a la empresa o en su defecto se la llamaba por teléfono para asignarle algún paciente para que lo fuera a visitar en su calidad de enfermera matriculada, y que esto tenía una periodicidad de una a dos veces al mes. Manifestó que entre ellos existía solo una relación comercial, una locación de servicios.

Cabe aclarar que en las presentes actuaciones la demandada debía acreditar que no se trató de una relación dependiente, pues reconocida la prestación de servicios invocada como causa fuente de la pretensión, a su cargo se encontraba la obligación de desvirtuar la presunción nacida del art. 23 LCT, ya que en su responde manifestó que la actora prestaba servicios como “enfermera autónoma”, que cumplía funciones en forma esporádica, y a mi entender, contrariamente a lo expresado en el escrito recursivo, no lo ha logrado.

Debe ponerse de relieve, liminarmente, que ésta Sala desde antiguo ha sostenido que para que resulte aplicable la presunción contenida en el art. 23 de la L.C.T., no es necesario que el prestador de los servicios acredite el carácter subordinado de los mismos, siendo justamente éste el contenido de la presunción establecida en la norma para cuya operatividad basta, en principio, que se acredite la prestación de servicios (cfr. sentencia Nº 89.921 del 14/11/2001 in re “González, Juan Carlos y otros c/ Transportes Automotores Riachuelo S.A. s/ despido”, entre muchos otros).

Sentado ello y luego de analizar pormenorizadamente los elementos probatorios adunados a la causa, a la luz del principio de la sana crítica (arts.90 LO y 386 CPCCN), se arriba a la convicción de que no le asiste razón a la recurrente en su pretensión recursiva.

En efecto, la codemandada no logró acreditar, contrariamente a lo expuesto en su escrito recursivo, que no se trató de una relación dependiente, pues no aportó prueba suficiente en autos que acredite tal circunstancia, siendo que se encontraba a su cargo, reitero, desvirtuar la presunción nacida del art. 23 LCT, en función del argumento esgrimido en su contestación de demanda.

La testigo Nélida Almeida (quién declaró a propuesta de la codemandada a fs. 189) si bien en un principio dijo que la actora era enfermera, que concurría a la oficina una a dos veces por mes a ver si había algún trabajo para ella -no especificando a que trabajos se refería- y que a veces pasaban meses en los que no iba; luego su declaración se torna confusa y poco contundente, ya que señaló que “entiende” que la demandante hacía trabajos de enfermería -por ende da a entender que no le consta que eran para Atmed, y que no sabía concretamente cuáles eran las tareas que realizaba para la empresa. Asimismo llama poderosamente la atención, resulta contradictorio y poco claro que por un lado diga que le consta que la actora iba a solicitar trabajo porque la escuchaba solicitarlo -no indicando en su declaración a que persona concretamente lo hacía- y que lo sabía porque lo escuchó ya que se encontraba a dos metros de la conversación, más luego señaló que era el Sr. Dafeo quíen distribuía el trabajo y que éste se encontraba en otra oficina y ella en otra.

El testimonio de la testigo Matilde Ines Soria (testigo propuesto por la accionada fs.194) resulta también confuso y contradictorio, puesto que si bien dijo que vio a la actora unas cuatro o cinco veces en la empresa, cuando iba a buscar trabajo, luego indicó que no sabía con qué frecuencia “iba a buscar trabajo” y que las veces que la vio, ésta estaba conversando con Almeida, Dafeo y Lopez, “pero no que sabía si esperaba al gerente o a alguien que le diera algo y que no sabía si estaba buscando trabajo”. Luego señaló que no sabía para quién trabajaba la actora.

Las declaraciones de los testigos reseñados, no resultaron suficientemente convictivas en tanto cabe memorar que para reconocérsele eficacia probatoria a un testigo debe exhibir un conocimiento directo y personal de los hechos; expresar lo que sabe con precisión, claridad y detalles; fundamentar sus aseveraciones; explicar claramente las razones que permitan evaluar que su conocimiento y sus expresiones son veraces; y exhibir absoluta objetividad y sinceridad.

En suma, considero que los testimonios aportados, no logran desvirtuar la presunción prevista en el art. 23 lct, pues resultan contradictorios y poco convictivos, evaluados con las reglas de la sana crítica (arts. 90 LO y 386 CPCCN).

A esto debe sumarse que la accionante logró probar que, en rigor de verdad, realizaba sus tareas, inserta en una organización que le era ajena, en forma continua y sujeto a las directivas que pudieran impartirle sus superiores (cfr art. 377 CPCCN).

Coincido con lo expresado por el sentenciante de grado, respecto de la ponderación que efectúa de las declaraciones de los testigos Salinas (fs. 186), Banegas (fs. 191), Quiñones (fs. 196) y Villalba (fs. 199), en especial en cuanto concluye que respaldaron los dichos de la accionante con relación a la existencia del vínculo laboral aludido.No empece a lo expuesto las argumentaciones esgrimidas en el escrito recursivo puesto que, contrariamente a lo que allí se sostiene, no se advierte que sus dichos luzcan mendaces, ni carentes de idoneidad ni eficacia probatoria, razón por la cual al haber tomado contacto directo con las circunstancias que relatan cabe otorgarles plena eficacia suasoria. Asimismo, tampoco se advierte que estos declarantes tengan algún interés particular en el resultado del pleito. Por otra parte no les resta valor probatorio la circunstancia de que el testigo Quiñones tuviera juicio pendiente con la codemandada pues reiteradamente he sostenido que en el sistema de apreciación de la prueba testimonial que resulta de los arts. 90 de la ley 18345 in fine y art. 386 CPCCN, la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente no lo excluye de valor probatorio (esta Sala SD Nro. 72253 in re: “De Luca, Josefina c/ ENTEL”), en tanto es sabido que en nuestro derecho adjetivo no existen tachas absolutas por lo que deben ponderarse con criterio sumamente estricto, y en principio cabe ac ordar eficacia a una declaración efectuada en tales condiciones, cuando aparezca corroborada por otros elementos probatorios (cfr. Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial”, T. II, págs. 247 y ss., Edición 1981), lo que acontece en el sub lite.

La testigo Salinas dijo que: “-conoce a la actora de ser vecinas-la actora empezó a trabajar en diciembre de 2009-como -.estaba estudiando enfermería y estaba buscando trabajo, la actora le consiguió trabajo a la dicente en Atmed, porque la actora era coordinadora-coordinaba supervisaba a los pacientes-la actora le decía a la testigo a qué pacientes tenía que ir, le asignaba los trabajos-los dueños de la empresa Atmed eran los que supervisaban el trabajo de la actora, Walter Guevara, Daniel Almeida y Walter Defeo-la actora tenía un número del trabajo, un celular al que se le llamaba por trabajo-ese celular la llamaba la testigo cuando no podía cubrir una guardia, la llamaba-“

La testigo Banegas explicó que:”-conoce a Atmed por medio de la actora-un día la actora le ofreció a la testigo trabajar con pacientes en forma particular-la actora era coordinadora y supervisora en la empresa-la actora tenía dos celulares, uno se lo había dado la empresa-la actora trabajaba en las oficinas de Atmed-lo sabe porque cuando tenía que recibir algún pago la testigo iba a la empresa y la actora estaba ahí-“

El testigo Quiñones dijo que: “-conoce a la actora porque el testigo la entrevistó, en Atmed cuando ingresó a trabajar-que conoce a Atmed porque era empleado-el testigo era el coordinador general de toda la parte de médicos, kinesiólogos, enfermería-la actora hacía toda la tarea de coordinación de pacientes-lo sabe porque el dicente era el jefe de ella, el que delegaba las tareas-le delegaba las tareas a la actora en reuniones que tenían de coordinación, el plan de trabajo día a día, se manejaban en forma telefónica, con las radios proveídas por la empresa,-fue un trabajo full time -veía a la actora permanentemente, cinco veces a la semana como mínimo-“

La testigo Villalba expresó que: “-conoce a Atmed porque trabajaba haciendo guardias-la actora era la persona que se encargaba de buscar gente, era coordinadora del lugar-las veces que la testigo ha ido al lugar para cobrar la actora estaba ahí y después la ha visto el resto de las veces, siempre conectado por teléfono, tenía un teléfono que le daba la empresa, con el cual se comunicaba con la testigo-la testigo la veía en el hospital que la actora salía y se iba para Atmed-“

Cabe recordar que, el contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia incontrastable de los hechos, por lo que ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieren haber realizado las partes de buena o mala fe para calificar sus relaciones.Así, ni el lugar de trabajo, ni el cumplimiento de horarios, ni la falta de exclusividad u otra serie de elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, como en el caso se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico-personal.

A mayor abundamiento, cabe señalar que, para que se configure la relación laboral no se requiere que las prestaciones deban efectivizarse todos los días, pudiendo por el contrario configurar la relación un contrato de trabajo de carácter permanente, con prestaciones periódicas, lo importante es que ambas partes se obliguen recíprocamente a poner su capacidad de trabajo y a recibirla en determinadas fechas, sea durante algunos días, o un día de la semana o del mes, dado que la sola circunstancia de que el trabajador preste servicios algunos días de la semana no lleva a merituar que su prestación no tenga carácter laboral, ya que tal modalidad no figura en las previsiones de la Ley de Contrato de Trabajo como demostrativa de la inexistencia de un contrato de trabajo (en idéntico sentido ver CNAT Sala X, sentencia Nº 8158 del 26/5/2000 in re “Artieda, Karina c/ Sociedad Administradora Club de Campo La Esperanza SA”).

A esto debe sumarse que la accionante logró probar que, en rigor de verdad, realizaba sus tareas inserta en una organización que le era ajena, en forma continua y sujeta a las directivas que pudieran impartirle sus superiores (cfr art.377 CPCCN).

Cabe destacar que la reputada empleadora no acompañó prueba alguna a los efectos de acreditar que la demandante contara con una organización económica que permita calificarla como “empresaria” de los servicios que prestó a su favor o que poseyese independencia para realizar las tareas del modo en que lo creyese oportuno y con libertad funcional.

A mayor abundamiento, como ha sostenido esta Sala en numerosos fallos, en nada modifica el temperamento anteriormente expuesto la ausencia de cumplimiento de horarios ni la falta de exclusividad -la que, como es sabido, no es una nota distintiva del contrato de trabajo.

En consecuencia, y tal como lo anticipé, propongo desestimar los agravios vertidos sobre este aspecto del decisorio.

Ahora bien, la Sra. Mejía denunció en su escrito de inicio, el carácter de socio gerente de la accionada, razón por la cual solicitó su condena solidaria en los términos del art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sentado ello, y tal como he señalado en supuestos como el de autos, en los casos en que se pone en tela de juicio la actuación personal de los administradores de los entes societarios por su obrar doloso o culposo, no debe evaluarse su responsabilidad conforme lo previsto en el art. 54 de la LSC, sino a la luz de las normas comunes de imputación subjetiva de responsabilidad. En efecto, la ausencia de contrato o relación jurídica preexistente entre el tercero damnificado (trabajador) y el administrador del ente social, obstaculiza, frente a la constatación de un ente real y no ficticio, la extensión de responsabilidad conforme el art. 54 LSC, pero ello no impide considerar las causas de atribución de responsabilidad, no ya desde la lógica del contrato, sino en función de la participación personal de los codemandados en la dirección de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59 y 274 de la LSC (en este sentido, ver fallos de la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala B, “Eduardo Forns c/Uantu S.A.s/ ordinario” del 24/6/03 -J.A. 21.12.03, 2003-IV- y CNCOM., Sala E “Nougues Hnos S.A. s/ incumplimiento en la presentación de estados contables).

Desde esta óptica, cabe considerar que en los supuestos de trabajo no registrado, no se verifica un mero incumplimiento aislado, como podría ser el retraso en el pago de los salarios o su adeudamiento, sino que existe un verdadero concilio de fraude destinado a ocultar hechos y conductas con la finalidad de sustraer al empleador del cumplimiento de sus obligaciones legales. En el caso se advierte una metodología de gestión y administración empresarial destinada claramente a eludir la ley y las cargas fiscales correspondientes a través de las cuales, en definitiva, se pretende ocultar el verdadero desenvolvimiento económico de la sociedad (art. 274 LSC).

Entonces, si bien la responsabilidad de socios, directores y accionistas por actos de la sociedad resulta ser una cuestión que requiere un análisis particular, debiendo en cada caso examinarse las circunstancias particulares en que su desenvolvimiento dentro del seno social se configuró, considero que el presidente de una sociedad anónima no puede ignorar la seria maniobra defraudatoria que se lleva a cabo a efectos de ocultar parte del importe real de las retribuciones (porción no registrada y sobre la cual no se efectuaron los aportes correspondientes), ya que integra la sociedad, la administra y representa.

En tal orden de saber, comprobada en autos la maniobra dolosa y violatoria de la ley, y la participación directa y personal del socio gerente Defeo durante el transcurso de la relación laboral, destaco que corresponde responsabilizar a esta persona física codemandada en su calidad de administrador/socio gerente de la sociedad empleadora en los términos de lo normado en los arts.59 y 274 de la ley 19.550, en la medida que ha ocasionado perjuicios al trabajador afectado por su actuar ilícito.

Por todo lo expuesto, propongo confirmar lo decidido en la instancia de grado, en éste aspecto de la condena.

En lo relativo a las costas del proceso, teniendo en cuenta el resultado del mismo y que en la materia rige el principio objetivo de la derrota emergente de lo normado en el art. 68 del CPCCN, en cuanto consagra que los gastos causídicos deben ser soportados por la parte que resulte vencida en la contienda, correspondería confirmar lo dispuesto en primera instancia, que impone las costas a los demandados vencidos.

Resta señalar, en relación a la apelación deducida respecto a los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, teniendo en cuenta el resultado del litigio, su valor económico, el mérito, extensión de las tareas profesionales desempeñadas y lo normado en el Decreto 16638/57, ley 21839, y especialmente el art. 38 LO, los honorarios fijados lucen adecuados, por lo tanto propongo su confirmación.

Asimismo, corresponde que las costas de alzada sean impuestas a la recurrente vencida en lo principal (art. 68 CPCCN) y que los honorarios de los letrados de la parte actora y demandada, por su actuación en la alzada, se fijen en el 25%, respectivamente, de lo que les corresponda percibir por su labor en origen (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Maza dijo:

Que adhiere a las conclusiones de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de la instancia anterior en todo cuanto fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la recurrente vencida; 3) Regular los honorarios de los letrados de la parte actora y demandada por su actuación en la alzada, en el 25%, respectivamente, de lo que les correspondan percibir por su labor en origen. 4) Hágase saber a los interesados lo dispuesto por el art. 1º de la ley 26856 y por la Acordada de la CSJN Nº 15/2013, a sus efectos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

Graciela A. González

Juez de Cámara