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No resulta irrazonable o arbitraria la normativa de la Dirección General de Aduanas que impone la obligación de recurrir al organismo observante cuando al importador se le observa una declaración jurada.

Firma documentoPartes: Upgrade S.R.L. c/ Estado Nacional y Otro s/ amparo Ley 16.986

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

Sala/Juzgado: B

Fecha: 6-nov-2015

Cita: MJ-JU-M-96180-AR | MJJ96180 | MJJ96180

No resulta irrazonable o arbitraria la normativa de la Dirección General de Aduanas que impone la obligación de recurrir al organismo observante, cuando al importador se le observa una declaración jurada.

Sumario:

1.-Cabe rechazar la acción de amparo interpuesta contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía-Subsecretaría de Comercio Interior) y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos pretendiendo la inaplicabilidad de una resolución por entender que se encontraban cumplidos los requisitos pues en caso en el que al importador se le observe una determinada DJAI, debe recurrir ante el organismo observante para imponerse de los motivos, conforme art. 2 de la RG 3255/12 AFIP no resultando la normativa irrazonable o arbitraria, y lo afirmado por el apelante resultan meras alegaciones dogmáticas, sin haber aportado prueba concreta que acredite el extremo que invocó.

Fallo:

Rosario, 6 de noviembre de 2015.

Visto, en Acuerdo de la Sala «B» integrada, el expediente nº FRO 25986/2014 caratulado «UPGRADE S.R.L. c/ Estado Nacional y Otro s/ Amparo Ley 16.986» (del Juzgado Federal N° 2 de Rosario).

Vienen los autos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representante de la AFIP -DGA (fs. 245/248) y del Estado Nacional (fs. 249/262vta.), contra la sentencia del 25/03/2015, mediante la cual se resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma UPGRADE S.R.L. contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Subsecretaría de Comercio Interior) y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, y declaró la inaplicabilidad de la Resolución SCI n° 1/2012, en cuanto se requiere el Estado de «Salida», de las DJAI, identificadas como nº 1452DJAI041123D, 1452DJAI04592M, 1452DJAI040593N, 1452DJAI040239K, 1452DJAI039200G, 1452DJAI038923R, 1452DJAI037591R, 1452DJAI037163M, 1452DJAI041992R, 1452DJAI042096N, y en caso de encontrarse reunidos los demás requisitos previstos en la legislación aplicable, permitan la oficialización de los despachos de importación en cuestión, continuación de su tramitación, pago al exterior y liberación a la plaza de mercadería, con costas a la demandada. (fs. 231/240).

Concedido el recurso, se corrió traslado del memorial a la contraria (fs. 263) el que fue contestado (fs. 264/270vta), por lo que se elevaron las actuaciones a la alzada, quedando en condiciones de ser resueltas (fs. 275).

El Dr. Bello dijo:

1º) Se agravió el representante de la AFIP-DGA respecto de la procedencia de la vía del amparo, sosteniendo la improcedencia de la misma, en virtud de lo dispuesto por las normas y principios que rigen nuestro ordenamiento jurídico. Cita jurisprudencia.

Sostiene que ninguna de las normas cuestionadas prevén un mecanismo virtual recursivo, sino que el importador al cual se le observe una determinada DJAI, debe recurrir ante el organismo observante para imponerse de los motivos, conforme art.2 de la RG 3255/12 AFIP.

Agrega que dicha instancia administrativa se debe desarrollar ante el organismo adherente y no ante la AFIP, conforme lo establecen las resoluciones cuestionadas, sin perjuicio de lo cual, manifiesta que tampoco se observan actuaciones administrativas por parte de la actora ante la AFIP, ni ante la SCI, a fin de que se le informen los motivos de las observaciones y solicitando que pasen al estado de «salida».

Señala que tampoco se han expuesto los motivos por los cuales se ha considerado agotada la instancia administrativa.

Sostiene que no es sujeto activo de acto u omisión que con arbitrariedad manifiesta pueda lesionar a la actora por cuanto ha actuado conforme lo ordenado por Resoluciones AFIP nº 3252/12, 3255/12 y 3256/12.

Respecto de lo referido por la accionante, en cuanto no se informa por parte de la AFIP y ni de la SCIN las circunstancias que motivan las observaciones formuladas, afirma que, conforme surge de las impresiones de pantallas informáticas de las DJAI en trato, consta la fecha desde la cual se encuentran observadas por la Secretaría de Comercio del Interior y que la Resolución 3252/12 establece que una vez que el importador genera la DJAI, toda la información registrada en esa declaración será puesta a disposición de los organismos adherentes al mecanismo instaurado por la R.G. (arts. 2 y 3 de la R.G 3252/12 AFIP). Agrega que dichos organismos deberán pronunciarse en un tiempo determinado y la AFIP comunicará a los importadores a través del servicio web Mis Operaciones Aduaneras (MOA), las novedades producidas y las observaciones formuladas así como el organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización (arts. 4 R.G. 3252/12 AFIP y art. 2 R.G.3255/12 AFIP).

Refiere que de la pantalla del MOA se visualiza la existencia de observaciones a las distintas DJAI, así como el organismo que las efectuó, la SCIN, y que a los fines de imponerse de los detalles de esa observación y de las diligencias conducentes a la regularización, la actora debió cumplimentar el trámite previsto en las resoluciones referidas.

Concluye, que le agravia que el decisorio se ha centrado en el análisis del art. 4 de la Resolución 3252/12 en cuanto establece que la AFIP comunicará al importador a través del MOA, las novedades producidas en el trámite de su DJAI, y en su caso las circunstancias que motivaron las observaciones formuladas así como el organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, e interpreta que se ha incumplido por parte de la recurrente el informe de los motivos que dieron lugar a las observaciones expuestas por la SCIN, y no ha mencionado ni ha dado valor alguno a lo prescripto por el art.2 de la Resolución 3255/12 en cuanto, en caso de observaciones, se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo.

Finalmente manifiesta que los argumentos de la actora no resultan solventes, ya que no se declaró la inconstitucionalidad solicitada, por tanto sin esa condición previa, se torna ilegal la inaplicabilidad de las resoluciones cuestionadas.

2°) Por su parte, el Estado Nacional se agravia en cuanto sostiene que no incurrió en mora administrativa.

Se queja de que la sentencia resulta arbitraria por falta de fundamentación suficiente, ya que considera que se han tenido por acreditados los hechos denunciados por la amparista, con la sola mención de la normativa aplicable, máxime cuando se trata de un acto de autoridad pública que goza de presunción de legitimidad.

Considera equivocado el argumento del decisorio en cuanto la SCI no dio las explicaciones pertinentes acerca de la observaciones formuladas en las DJAI presentadas por la actora en el tiempo previsto por la Resolución 1/2012, ni alegó que sobre las mercaderías que pretende importar el actor recayera alguna prohibición de importación, como también cuando considera que dicha falta de motivos configuraría una situación perjudicial para el normal desarrollo de la empresa. Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura.

Sostiene que el sentenciante no repara en que la solicitud de los datos que exigen las DJAI, se requieren a los fines de fiscalizar el cumplimiento

de las normas que son competencia de cada repartición estatal, y en virtud de dicha fiscalización esas declaraciones pueden resultar observadas.

Manifiesta que se omitió analizar si en el caso particular se cumplían todos los recaudos legales de procedencia; que es falso que la observación importe una prohibición de importación, como sostiene el sentenciante.

Considera superfluo el análisis de la Resolución 1/12 que, sostiene, va mucho mas allá de recolectar información.

Resalta que los 15 días hábiles que dispone el art.2, hacen referencia al plazo para observar o no la DJAI, y no -como pretende la actora- para pronunciarse acerca de la supuesta observación, por lo que ningún plazo se encontraría vencido.

Asegura que se declaró la inaplicabilidad de la normativa impugnada sin expresar sólidos fundamentos ni analizar o hacer referencia a las particularidades del caso, con la mera remisión a fallos aplicados a casos que no resultan asimilables.

Se agravia además de la falta de agotamiento de la instancia administrativa, por cuanto, se sostiene erróneamente que la actora ha cumplido con el recaudo exigido por el art. 13 inc. 2 de la ley 26.854; que tampoco se ha recurrido el pronunciamiento dentro del plazo que establece la Resolución 1/12 SCI; ni se encuentra acreditado haber interpuesto reclamo impropio, requisito esencial a los efectos poder iniciar la acción judicial.

Afirma que tampoco se lo ha hecho en el plazo que determina el art. 25 de la ley 19.549 de procedimiento administrativo. Asegura que todos estos recaudos deberían haber sido verificados por el a quo, no habiéndose cumplido con ello, por lo que considera que no se encuentra habilitada la vía judicial por falta de agotamiento de la vía administrativa. Considera que tampoco la actora ha realizado el reclamo impropio que establece el art.24 de la L.N.P.A.

Resalta que la resolución 1/12 de la SCI, que se ha declarado inaplicable no hace otra cosa que establecer simplemente la adhesión al mecanismo instaurado por medio de la Resolución General AFIP N° 3252, detallando el mecanismo y finalidad de la misma.

Concluye que ningún principio o garantía constitucional se encuentra afectado por la resolución referida, toda vez que constituye una mera adhesión al mecanismo instaurado por la RG AFIP 3252/12 que se trata de un sistema de información anticipada a través de una declaración jurada de importación, sin que ello afecte al administrado en modo alguno, no restringe ni prohíbe los derechos de raigambre constitucional.

Asegura que no se encuentra desvirtuada la presunción de legitimidad de que goza la Resolución 1/12 de SCI conforme el art 12 de la ley 19.549.

Finalmente se agravia de la imposición de costas, solicitando se impongan al amparista como vencido en el pleito.

3°) Al contestar los agravios, la actora solicita de declare la deserción de los recursos interpuestos, por no constituir una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideren equivocadas. Subsidiariamente contesta el traslado corrido, solicita la confirmación del decisorio recurrido.

4º) La actora inició la presente acción de amparo en los términos de la ley 16.986, contra la Secretaria de Comercio – Subsecretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (Estado Nacional) y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, tendiente a que se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la Resolución SCI n° 1/2012, en cuanto adhiere a las resoluciones AFIP nº 3252/2012, 3255/2012 y 3256/2012, que contemplan las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación (DJAI), por considerarlo violatorio de las normas de la Organización Mundial de Aduana (OMA), el GATT 1994, Código Aduaner o y los arts.14, 28, 31 y 75 de la Constitución Nacional.

Al relatar los hechos, señala que es una empresa cuyo objeto societario es la fabricación, comercialización y distribución de equipos eléctricos, electrónicos y de telefonía, comunicaciones y computación, su reparación y desarrollo, que necesita importar insumos, y a dichos fines, mediante el aplicativo de AFIP creado por las RG impugnadas, presentó las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación nº 1452DJAI041123D, 1452DJAI04592M, 1452DJAI040593N, 1452DJAI040239K, 1452DJAI039200G, 1452DJAI038923R, 1452DJAI037591R, 1452DJAI037163M, 1452DJAI041992R y 1452DJAI042096N, las que no han sido aprobadas ni rechazadas, sino que están en estado de observadas, provocando un estado de incertidumbre, e imposibilitándole la realización de su actividad de importación, sin estar suspendida para ello por ninguna decisión judicial o administrativa, violándose los derechos constitucionales antes señalados.

Relata que realizó virtualmente los mecanismos recursivos a fin de informarse los motivos de dicha observación y que las DJAI pasen a estado de «Salida», los que no fueron contestados por las demandadas (fs. 136vta./138).

5°) Mediante sentencia de fecha 25/03/2014, la jueza a quo resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma UPGRADE S.R.L.contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía – Subsecretaría de Comercio Interior) y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos, y declaró la inaplicabilidad de la Resolución SCI n° 1/2012, en cuanto se requiere el Estado de «Salida», de las DJAI, identificadas como nº 1452DJAI041123D, 1452DJAI04592M, 1452DJAI040593N, 1452DJAI040239K, 1452DJAI039200G, 1452DJAI038923R, 1452DJAI037591R, 1452DJAI037163M, 1452DJAI041992R y 1452DJAI042096N, y que en caso de encontrarse reunidos los demás requisitos previstos en la legislación aplicable, permitan la oficialización de los despachos de importación en cuestión, continuación de su tramitación, pago al exterior y liberación a la plaza de mercadería.

Para así decidir, ponderó que conforme las actuaciones obrantes en la causa, la jurisprudencia citada, las circunstancias de hecho que dieron origen a esta acción, de los términos de las resoluciones cuestionadas y la finalidad que inspiró su dictado, tornaron ilegítima e irrazonable la conducta asumida por las demandadas, que dilataron injustificadamente la emisión de las DJAI de la firma actora y su estado de Salida, afectando el derecho de importación de las mercaderías de la actora.

Consideró que la AFIP incumplió con la exigencia prevista en el art.4 de la Resolución 3252/2012, en cuando debía comunicar al importador a través del servicio Mis Operaciones Aduaneras las novedades producidas y, en su caso las circunstancias que motivan las observaciones formuladas, así como el organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización y que la SIC no dio las explicaciones pertinentes acerca de las observaciones formuladas en las DJAI presentadas por el actor en el tiempo previsto por la Resolución 01/2012, ni alegó, al momento de producir el informe circunstanciado que sobre las mercaderías que pretende importar el actor recayera alguna prohibición de importación que motivaran las observaciones formuladas, tornando dicha conducta arbitraria.

6º) Inicialmente corresponde señalar que mediante la Resolución General de la AFIP nº 3252/12, se estableció un régimen de información con relación a las destinaciones definitivas de importación a consumo y se impuso la obligación a los importadores en forma previa a concretar sus operaciones de compras en el exterior, producir la información indicada en el micrositio «Declaración Jurada Anticipada de Importación» (DJAI), disponible en el sitio web del organismo, en forma previa a concretar las operaciones de compras en el exterior (arts. 1º y 2º).

El artículo 3 dispuso que: «La información registrada en dichas declaraciones juradas será puesta a disposición de los Organismos que adhieran al mecanismo instaurado por la presente, en función de su competencia en la materia considerando la naturaleza de la mercadería a importar u otras condiciones establecidas por los mismos o por esta Administración Federal.»

Y el artículo 4 que «Los Organismos mencionados en el artículo precedente deberán pronunciarse en un lapso no mayor al establecido en el respectivo instrumento de adhesión.Esta Administración Federal comunicará a los importadores -a través del servicio Mis Operaciones Aduaneras (MOA)- las novedades producidas y, en su caso, las circunstancias que motivan las observaciones formuladas así como el Organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, de corresponder».

Por su parte, el artículo 5 de la resolución referida establece que «Al momento de oficializar la destinación definitiva de importación para consumo, el Sistema MARIA (SIM) exigirá el número de la «DECLARACION JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACION (DJAI)», realizará los controles de consistencia acordados con los Organismos competentes y verificará que la misma se encuentre validada por todos aquellos a los que les corresponda intervenir.»

Asimismo, mediante la Resolución General nº 3255/12 se estableció como «ventanilla única electrónica» el régimen de declaración anticipada electrónica (DJAI) a efectos de generar una herramienta informática adecuada para facilitar la transferencia ininterrumpida de información comercial, relativa a las operaciones de importación, entre todos los organismos gubernamentales que, en el marco de sus competencias, tengan injerencia en las operaciones de comercio exterior (art. 1º).

En el artículo 2 de la resolución citada se dispuso que «Los organismos gubernamentales que adhieran al régimen de «Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)» deberán efectuar las observaciones electrónicas que correspondan, en orden a su competencia, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de la oficialización de dicha declaración. El mencionado plazo podrá ampliarse hasta un máximo de DIEZ (10) días corridos en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente así lo amerite. Trascurrido el plazo que se fije sin haberse efectuado observación alguna continuará la tramitación para la operación de importación. En caso de observaciones, se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo».

La Secretaría de Comercio Interior adhirió mediante la Resolución 1/2012 al mecanismo instaurado y fijó en virtud de lo dispuesto por el art. 4 de la R.G.nº 3252/12 que el plazo para expedirse no será mayor a 15 días hábiles (art. 2).

7°) En primer término, cabe señalar, en concordancia con el criterio fijado por la C.S.J.N. que analizaremos las argumentaciones de las partes que resulten conducentes y posean relevancia para decidir el caso en estudio (Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:226, etcétera).

En relación a los agravios formulados por la representante de la AFIP – DGA, específicamente los puntos 2.1 y 2.2, se advierte, asistiendo razón a la actora, que el escrito de apelación es exactamente igual a las fojas 212/214 del informe circunstanciado, es decir que se limitaría a la discrepancia de lo resuelto en la sentencia impugnada sin refutar los argumentos volcados en el decisorio de primera instancia.

Lo mismo sucedería con la queja de la representante del Estado Nacional en cuanto sostiene que no incurrió en mora administrativa, cuando no estamos en un proceso de amparo por mora, sino que la presente causa tiene por objeto la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de las resoluciones cuestionadas; y cuando considera equivocado el argumento en cuanto que la SCI no dio las explicaciones pertinentes acerca de las observaciones formuladas en las DJAI presentadas por la actora en el tiempo previsto por la Resolución 1/2012, ni alegó que sobre las mercaderías que pretende importar el actor recayera alguna prohibición de importación, ya que no refuta lo allí resuelto, sino que se limita a expresar su disconformidad.

Sin perjuicio de lo cual y a fin de garantizar el derecho de defensa de las demandadas, se procederá a analizar los agravios generales expuestos por las recurrentes.

8º) Respecto al agravio formulado por la AFIP en el punto 2.3, en relación a que el a quo no declaró la inconstitucionalidad solicitada y por tanto sin esa condición previa, se torna ilegal la inaplicabilidad de las resoluciones cuestionadas, se desprende de los considerandos de la sentencia impugnada que las resoluciones cuestionadas violarían derechos consagrados en la Constitución Nacional,específicamente el derecho de importación que se encuentra dentro del derecho al trabajo, considerando la conducta de las demandadas como ilegítima, irrazonable y arbitraria (fs. 238 y vta.), requisitos necesarios para declarar una norma inconstitucional, y el hecho de no haberlo expuesto en la parte resolutiva se debería a una omisión involuntaria de redacción, situación que se advierte a

simple vista de la lectura integral de la sentencia, por lo que se desvanece el argumento de la recurrente y en consecuencia debe rechazarse el agravio en trato.

Cabe considerar que la conducta realizada por las demandadas, en cuanto se observaron las DJAI presentadas por el actor sin dar motivos de las mismas e impidiendo la disponibilidad de la mercadería en ellas detalladas, afectaría el derecho al trabajo y a la propiedad del actor, quien se encuentra asi imposibilitado de realizar sus tareas habituales en su giro comercial.

Por ello, considero que las normas cuestionadas devienen inconstitucionales, pues si la C.S.J.N. ha sostenido que «La declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, pues implica un acto de suma gravedad institucional, y a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía a mparado por la Constitución, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas jerárquicamente inferiores. . Frente a las diversas alternativas que presente la hermenéutica de un precepto legal, deberá optarse preferentemente por la que sostenga su validez y sólo como última alternativa ha de estarse por la inconstitucionalidad.» (C. 172. XXXVIII. RHE «Carranza Latrubesse, Gustavo s/ acción de amparo». 23/05/06; T. 329), en el caso en estudio, las normas cuestionadas colisionarían contra el derecho constitucional de trabajo y propiedad -arts.14 y 17 de la Constitución Nacional-, afectando el principio de «supremacía constitucional» contenido en el artículo 31 de nuestra Carta Magna.

9°) Asimismo, no corresponde receptar lo manifestado por el Estado Nacional en cuanto aduce la falta de fundamentación suficiente, ya que considera que el decisorio ha tenido por acreditado los hechos denunciados por la amparista, con la sola mención de la normativa aplicable, y cuando asegura que se declaró la inaplicabilidad de la normativa impugnada sin expresar sólidos fundamentos ni analizar o hacer referencia a las particularidades del caso, con la mera remisión a fallos aplicados a casos que no resultan asimilables, constituyendo una causal de arbitrariedad.

A través de diversos precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enfatizado que la doctrina de la arbitrariedad requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, o una decisiva carencia de fundamentos (Fallos 295:140; 306:262 y 578; 307:629; 310:1707; 312:173; 323:282 y 2456, entre otros).

Sobre la base de estas pautas, resulta evidente que la sentencia en recurso ha sido dictada ponderando los elementos obrantes en la causa, la documentación presentada por las partes y en concordancia con el derecho vigente, más allá de que a criterio del recurrente pueda estimarse una conclusión equivocada.

10º) Sostiene también la representante del Estado Nacional que los 15 días hábiles que dispone el art. 2 de la Resolución SCI 1/2012 hace referencia al plazo para observar o no la DJAI y no para pronunciarse sobre la supuesta observación.

En este punto también habrá de rechazarse la queja ya que, conforme se ha explicado en el decisorio, la referida resolución establece que la SCI se pronunciará en un plazo no mayor a 15 días hábiles, de acuerdo a lo señalado en el art.4 de la Resolución General AFIP n° 3252/2012 y ésta última establece que «Los Organismos mencionados en el artículo precedente deberán pronunciarse en un lapso no mayor al establecido en el respectivo instrumento de adhesión. Esta Administración Federal comunicará a los importadores -a través del servicio Mis Operaciones Aduaneras (MOA)- las novedades producidas y, en su caso, las circunstancias que motivan las observaciones formuladas así como el Organismo ante el cual deberán comparecer a los fines de su regularización, de corresponder».

Además, el término para formular las observaciones es el de 72 horas que puede extenderse a 10 días corridos en casos que la competencia específica del órgano adherente así lo amerite, conforme lo establecido en la Resolución 3255/2012.

Es decir que la SCI tenía la obligación de comunicar los motivos de la observación en un plazo no mayor a 15 días hábiles y habiéndose observado por la Secretaria de Comercio Interior, las declaraciones juradas nº 1452DJAI041123D, 1452DJAI04592M, 1452DJAI040593N, 1452DJAI040239K, 1452DJAI039200G, 1452DJAI038923R, 1452DJAI037591R, 1452DJAI037163M, 1452DJAI041992R, 1452DJAI042096N, en fechas 28/10/14, 23/10/14, 23/10/14, 20/10/14, 10/10/14, 08/10/14, 26/09/14, 24/09/14, 04/11/14 y 05/11/14, respectivamente (fs. 68/135) y no habiéndose cumplido hasta la fecha de interposición de la demanda (10/12/2014 – cargo de fs. 144-) con dicho requisito, se verifica el vencimiento del plazo legal establecido por la normativa vigente, por lo que corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la acción incoada.

El importador debe recurrir al organismo adherente a fin de regularizar la situación, luego de que se le informe cual es la observación, lo cual ninguna de las demandadas consta hubiere realizado.

Tampoco lo informaron al momento de producir el informe circunstanciado del Art.8º de la Ley 16.986, en el caso de la AFIP, ya que el Estado Nacional directamente no produjo el mismo.

11º) En cuanto al agravio de la falta de reclamo administrativo, el fallo sostuvo que «.Respecto de la alegada existencia de recursos o remedios judiciales o administrativos, que permitan obtener la protección del derecho o la garantía de que se trate, entiendo que tal argumento no es atendible, por cuanto a partir de la reforma constitucional, solo obsta a la viabilidad de la acción de amparo, la existencia de otro remedio judicial más idóneo.», pudiendo considerarse que en el caso de autos, no existía otra forma de proteger la garantía constitucional reclamada en un plazo prudencial.

El recurrente entiende que no se encuentra agotada la vía administrativa, pero no especifica cual sería el remedio judicial idóneo a tal fin, y habiendo cumplido el actor con lo dispuesto por la normativa aplicable al caso, Resolución 3252/2012 y complementarias, en tanto ha realizado el trámite de la DJAI y advirtiéndose por parte de las demandadas una demora tal que hizo irrazonable y arbitraria la falta de respuesta, corresponde confirmar, en este sentido, lo resuelto en primera instancia.

12°) Respecto al agravio relativo a las costas, acreditado el incumplimiento injustificado por parte de ambas demandadas, no existen motivos para apartarnos del principio general y por tal corresponde confirmar la resolución recurrida en este punto, e imponer a su cargo también las de esta instancia (art. 68 del C.Pr.Civ.C.N. y art. 14 de la Ley 16.986). Así voto.

La Dra. Vidal dijo:

Disiento con la solución propuesta por el vocal preopinante , toda vez que en mi criterio corresponde hacer lugar a los agravios vertidos por la representante de la AFIP-DGA (fs. 245/248) y el Estado Nacional (fs.249/262/vta.) y revocar la sentencia apelada de fecha 25 de marzo de 2015 que hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma UPGRADE S.R.L.y declaró la inaplicabilidad de la Resolución SCI Nº 1/2012 en cuanto requiere el estado de «Salida» de las DJAI identificadas como Nº 1452DJAI041123D, 1452DJAIO40592M,1452DJA40593N,1452DJA40239K,1452DJAIO39200G,1452DJAIO38923R,1452DJAIO37591R,1452DJAIO37163M, 1452DJAIO41992R (fs. 231/240); por las razones que a continuación expongo:

1º) La actora inició la presente acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad y en consecuencia la inaplicabilidad de la resolución Nº 1/12 de la Secretaría de Comercio Interior en cuanto adhiere a las resoluciones AFIP 3252/12, 3255/12 y 3256/12 que contemplan las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación ( DJAI).

Sostuvo que se justifica esta acción por los graves perjuicios y la irreversible afectación al libre comercio realizado por los demandados en la forma de aplicar la Resolución General (AFIP) Nº 3252 (luego complementada y parcialmente modificada por la Resolución General 3255, publicada el 23/01/2012) que instrumentan las DJAI, y que en particular, dijo, violan entre otras, las normas que están insertas dentro del juego de la Organización Mundial de Aduanas (OMA); el GATT 1994, Código Aduanero, y artículos 14, 28,31,33 y 74 de la Constitución Nacional.

Señaló que la Secretaría de Comercio observó las declaraciones juradas anticipadas de importación Nº 1452DJAI041123D, 1452DJAIO40592M,

1452DJA40593,N1452DJA40239K,1452DJAIO39200G,1452DJAIO38923R,1452DJAIO37591R,1452DJAIO37163M y 1452DJAIO41992R y que esa situación de incertidumbre provocada por la actividad ilegítima de la Secretaría de Comercio Interior coloca a la actora UPGRADE S.R.L., ante la imposibilidad material de realizar actividad de importación, sin estar suspendida para ello por ninguna decisión judicial administrativa, configurándose una violación constitucional flagrante.

Todo esto, agregó, a pesar de que el contribuyente importador utilizó los mecanismos virtuales para recurrir la observación, y para intentar conocer cuál era el motivo de la observación y que la DJAI pasarán a estado de «salida», lo que nunca fue contestado por las demandadas.

Destacó que la AFIP dictó las Resoluciones 3252/12, 3255/12 y 3256/12 que en general disponen que los importadoresinscriptos en los registros especiales aduaneros contemplados en la Resolución general AFIP 2570/09 se encuentran alcanzados por un régimen de información (Res. Gral. AFIP 3252/12); a la vez la aludida Res. Gral. AFIP 3255/12, dijo, establece una herramienta informática («ventanilla electrónica») para facilitar la transferencia ininterrumpida de información comercial relativa a las operaciones de importación entre todos los organismos gubernamentales que en el marco de sus competencias tengan injerencia en las operaciones de comercio exterior y la Res. Gral. AFIP 3256/12, agregó, establece un modelo de Convenio de Adhesión al Régimen de Ventanilla Única Electrónica del Comercio Exterior.

Expresó que la Resolución General 3252/12 estableció un régimen de información anticipada aplicable a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo a través de una declaración jurada anticipada de información (DJAI) que permita al Ministerio de Economía de la Nación contar con la información referida en dicha norma para realizar análisis tendientes a impedir que el mercado interno resulte afectado debido a la importancia cualitativa y/o cuantitativa de las importaciones en función al impacto que tal cuestión produce.

Afirmó que la procedencia del amparo es manifiesta por omisión, cuando transgrediendo el artículo 4 de la Resolución 3252/2012, tanto la AFIP

como la Secretaría de Comercio Interior no informan las circunstancias que motivan las observaciones formuladas, a través de la herramienta informática «Mis operaciones aduaneras»; (fs.136/139).

2º) Sabido es que la acción de amparo requiere para su procedencia que el actuar administrativo cuestionado presente arbitrariedad o ilegalidad manifiesta puesto que se trata de una acción expedita y rápida que «. toda persona puede interponer contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley.» (artículo 43 de la Constitución Nacional).

En este sentido, si el acto denunciado como lesivo contiene un vicio palmariamente arbitrario o ilegal, la acción intentada será procedente por reunir los requisitos exigidos en el art. 1 de la ley 16.986.

En los presentes el amparista consideró arbitrario que la Secretaría de Comercio de Interior, en cumplimiento de la Resolución 1/12, cuya inconstitucionalidad e inaplicabilidad solicitó, haya observado las DJAI oficializadas por UPGRADE.

No cuestionó los objetivos ni el régimen en sí instaurado por las Resoluciones 3252/12, 3255/12 y 3256/12; sino la transgresión al artículo 4 de la Resolución 3252/2012 en que habrían incurrido la AFIP y la Secretaría de Comercio Interior al no informar las circunstancias que motivaron las observaciones formuladas, a través de la herramienta informática «Mis operaciones aduaneras».

Ahora bien, mediante Resolución 1/12 la Secretaría Comercio Interior adhirió al mecanismo instaurado por medio de la Resolución General AFIP Nº 3252/2012 y en el artículo 2 dispuso que : «De acuerdo con lo señalado en el artículo 4º de la Resolución General AFIP Nº 3252/2012 esta Secretaría de Comercio Interior se pronunciará en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles».

Por su parte, el artículo 4 de la Resolución Nº 3252 establece que en caso de corresponder, la Administración Federal comunicará a los importadores -a través del Servicio Mis Operaciones Aduaneras (MOA), las circunstancias que motivan las observaciones formuladas como el Organismo ante el cual deben comparecer alos fines de su regularización, complementándose ello con la Resolución General 3255/2012 que dispone que «En caso de observaciones (de la Declaración Jurada Anticipada de Importación, DJAI), se deberá tomar conocimiento de la misma en el organismo respectivo» (artículo 2); observaciones que serán informadas al importador declarante por medio del Aplicativo Mis Operaciones Aduaneras con una consulta específica (véase Anexo: «Pautas Generales», artículo 4, inciso 10 de la Resolución General 3255/12).

Con relación a ello el actor señaló que » utilizó los mecanismos virtuales para recurrir la observación, y para intentar conocer cuál era el motivo de la observación» y que «la Administración nunca comunicó a través del MOA ninguna novedad ni ninguna circunstancia que haya motivado las observaciones. Así como tampoco la observadora (Secretaría de Comercio Interior) fundamenta la observación, solo observa.» (fs. 138 y 139); empero advierto que la amparista no acreditó haber efectuado las consultas específicas requeridas a fin de ser informado de aquéllas y de la forma de subsanarlas para poder continuar con el trámite de importación; por lo que con la prueba reunida, no puede afirmarse que la paralización del trámite de importación obedezca a conducta arbitraria de la Administración; lo que diferencia este caso del precedente «Ecológica SRL c/ Secretaría de Comercio y Ots s/ Amparo Ley 16.986», Expte FRO 14309/2014, fallo del 2/12/2014, en el cual el amparista había efectuado una intimación específica sin obtener respuesta del órgano administrativo, lo que motivó que este Tribunal considerara que tal actitud asumida comportó una vía de hecho administrativa (art. 9º de la L.P.A.), que afectó al actor, por implicar en los hechos, una prohibición-aún temporaria- a la importación sin sustento legal y en consecuencia hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma E-COLOGICA S.R.L.contra la Secretaría de Comercio (subsecretaría de Comercio

Interior) dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- Estado Nacional y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos- Dirección General de Aduanas .

En el caso a estudio la representante de la AFIP-DGA al presentar el informe del artículo 8 de la Ley 16.986 expresamente señaló «.que no se registran actuaciones administrativas presentadas por la actora, por ante la AFIP ni ante la SCI, reclamando se le informe sobre el/los motivos/ de las observaciones y solicitando que las DJAI pasen al estado de «salida». La accionante no ha ofrecido prueba documental en respaldo de lo que alega en este punto.» (fs. 213/vta.) y sin embargo la actora no despejó mediante la prueba respectiva esta observación que responde a las constancias obrantes en autos e impide en mi concepto tener por existente la arbitrariedad que se alega y que los perjuicios que eventualmente resultan de la demora sean imputables al Estado.

Por otra parte, sabido es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma implica un acto de suma gravedad institucional, de manera que debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 302:457) y que está a cargo de quien la invoca su alegación y prueba (conf Fallos: 247:121). Sin embargo la amparista no demostró la irrazonabilidad de la reglamentación impugnada, la que advierto que guarda analogía con las licencias no automáticas de importación para el consumo previstas por la resolución 485/05 mediante la cual se había exigido a los importadores de juguetes la obtención del Certificado de importación de juguetes (CIJ) y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente «El Brujo SRL c/ Estado Nacional-Ministerio de Economía- AFIP-DGA- resol.485/05 s/ Dirección General de Aduanas», sentencia del 4/9/2012, con remisión al dictamen de la procuración, revocó la sentencia que la había declarado inconstitucional.

Para así decidir, la Procuradora General de la Nación, entre otros conceptos, señaló que:».En el marco de la Accesión de la República Argentina al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), aprobada por la 17.799 y del Acta Final de Marrakech, aprobada por la ley 24.425 (GATT de 1994), se inscribe el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias

de Importación que prevé el derecho de cada país a imponer licencias no automáticas para establecer restricciones cuantitativas a las importaciones».

«Sobre esa base, mediante la resolución MEyP 485/05 se estableció un procedimiento de licencias no automáticas de importación para el consumo, el cual se exigió a los importadores de juguetes la obtención del CIJ. «

«Los requisitos allí establecidos no aparecen, en principio, como de dificultosa producción: identificación del importador, caracterización de la mercadería a importar, su descripción técnica y comercial, su valor FOB total, el valor en moneda de origen y en dólares estadounidenses, la cantidad de unidades, el peso, la identificación del país de origen y de procedencia y, en consecuencia; no se advierte, en este aspecto, la irrazonabilidad del acto».»

«.En tales condiciones, observo que las afirmaciones de la sentencia recurrida, enderezadas a sostener la impugnación de inconstitucionalidad que efectúa, resultan meras alegaciones sobre los supuestos perjuicios que experimentaría la actora como consecuencia de las tareas de verificación a las que se debe someter, producidos mediante una reglamentación que tilda de irrazonable.Sin embargo, la demandante no aportó ni, por lo tanto, el tribunal evaluó, elementos probatorios concretos sobre tales extremos, razón por la cual sus argumentos resultan, en la mejor de las hipótesis, meramente conjeturales.»

«Así el demandante no ha traído o mencionado ninguna constancia que permita evaluar la desproporción de la exigencia de obtener el CIJ, por lo cual no demostró la irrazonabilidad de la reglamentación impugnada.».

Así, surge de la motivación de las Resoluciones AFIP Nº 3252/12 y 3255/12 que fueron dictadas en virtud de las expresas facultades de reglamentación y control conferidas a la Administración Federal de Ingresos Públicos (conforme artículo 7º del Decreto Nº 618/97); que el anticipo de información es considerado por la Organización Mundial de Aduanas, dentro del marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial, un elemento básico que contribuye al fortalecimiento de las aduanas a los fines de enfrentar los desafíos del Siglo XXI, que es política del Poder Ejecutivo Nacional propender a la coordinación transversal de las distintas áreas del Estado, en orden a optimizar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental, que la disponibilidad de información estratégica anticipada posibilita una mayor articulación entre dichas áreas, potenciando los resultados de la fiscalización integral que compete a cada una de ellas, expresándose también en el Considerando de la Resolución 1/12 de la Secretaría Comercio, cuya inconstitucionalidad e inaplicabilidad solicitó el amparista que «.desde el punto de vista de la unicidad estratégica, resulta necesario para esta Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, contar con la información referida en dicha norma (Resolución Nº 3252), con el objeto de realizar análisis tendientes a impedir que el mercado interno se vea afectado negativamente, ya que la importancia cualitativa y/o cuantitativa de las importaciones a efectuarse tiene la característica de impactar, sobre el comercio interior.» «.Que la información en cuestión también surtirá efectos sobre aquellas cuestiones relacionadas con laaplicación de las Leyes Nros 22.802 de Lealtad Comercial, 19.227 de Mercados de Interés Nacional, 19.511 de Metrología Legal y 24.240 de Defensa del Consumidor, así como también la supervisión del seguimiento de l a normativa de Lealtad Comercial en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y los reglamentos nacionales que en su consecuencia deban dictarse.»

En tales condiciones, no se advierte que la normativa dictada sea irrazonable o arbitraria, resultando las afirmaciones vertidas por el apelante tendientes a sostener la impugnación de inconstitucionalidad que efectuó meras alegaciones dogmáticas, sin haber aportado prueba concreta que acredite el extremo que invocó.

En atención a ello, corresponde revocar la decisión recurrida con costas de ambas instancias a la amparista vencida (art.14 de la ley 16.986). Así voto.

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

Adhiero al voto y resolución propuesta por la Dra. Elida Isabel Vidal por cuanto comparto -en lo sustancial- sus fundamentos. Es mi voto.

Atento al resultado del Acuerdo que antecede,

SE RESUELVE:

I) Revocar la sentencia de fecha 25/03/2015 (fs. 231/240) y rechazar la acción de amparo interpuesta por UPGRADE S.R.L. contra el Estado Nacional (Ministerio de Economía-Subsecretaría de Comercio Interior) y contra la Administración Federal de Ingresos Públicos.

II) Imponer las costas de ambas instancias a la amparista vencida (art. 14, ley 16.986).

III) Regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes en la alzada, en el 25% de lo que respectivamente se les regule en primera instancia. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo el Dr. Toledo por encontrase inhibido. (expte. n° FRO 25986/2014).-

Fdo.: Edgardo Bello (en disidencia). Elida Vidal- Fernando Barbará- (Jueces de Cámara).-

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