La declaración de rebeldía de una de las firmas no beneficia al trabajador en su reclamo respecto de las restantes codemandadas.

DemandaPartes: Oliva Jorge Fabián c/ CIA Lactea del Sur S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 18-ago-2015

Cita: MJ-JU-M-95186-AR | MJJ95186 | MJJ95186

La declaración de rebeldía de una de las firmas no beneficia al trabajador en su reclamo respecto de las restantes codemandadas.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la eximición de condena de la persona física codemandada porque no se acreditó que ostentara el cargo de directivo de la empresa demandada; máxime siendo que en el escrito de contestación de demanda desconoce y niega expresamente todos y cada uno de los extremos invocados por el accionante en el inicio y surge la prueba documental que esta persona es el presidente de otra sociedad.

2.-No corresponde admitir la extensión de condena respecto de la persona física codemandada puesto que era presidente de otra sociedad y no surge ningún elemento probatorio que revele que las empresas involucradas hayan sido accionistas de la empresa empleadora del actor.

3.-Se confirma el rechazo de la demanda respecto de una de las empresas pues no corresponde que el reclamante se beneficie con la declaración de rebeldía de otra codemandada, respecto de la cual se concluyó que revestía el carácter de su empleadora, no sólo por las consecuencias jurídicas de la declaración de rebeldía en sí misma, sino fundamentalmente por las declaraciones testimoniales rendidas en la causa y por la documentación aportada que no dejan dudas en este aspecto.

4.-Se juzgan improcedentes los recargos previstos en los artículos 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo porque, la intimación remitida por el accionante está en pugna con los preceptos de la legislación, toda vez que el art. 3 del Dec. 2725/91 (reglamentario del art. 11 de la Ley 24.013) determina que la intimación prevista en el art. 11 de la Ley 24.013 deberá efectuarse estando vigente la relación laboral.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de agosto de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Graciela A. González dijo:

I)- La Señora Jueza “a quo”, a fojas 505/513, hizo parcialmente lugar al reclamo articulado por el trabajador tendiente al cobro de las indemnizaciones legales derivadas del distracto y otros créditos de naturaleza salarial. Tal decisión es apelada por el accionante a tenor de las manifestaciones insertas en el memorial de fojas 515/520, las que merecieron oportuna réplica del codemandado personalmente Juan Francisco Leis en virtud de los términos expuestos a fojas 528/vta. Por su parte, el perito contador cuestiona la regulación de sus honorarios, por considerarlos reducidos (ver fs. 514).

II)- En primer lugar, destaco que es conclusión firme del fallo apelado que el Señor Oliva ingresó a trabajar para Compañía Láctea del Sur S.A. el 3 de abril de 1997 como empleado administrativo, cumpliendo sus tareas de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas y percibió una remuneración de $ 3.708,23.- mensuales (comprensiva de un salario pactado de $ 2.708,23.- y la cantidad de $ 1.000.-, que eran abonados en forma extracontable).

También llega firme a esta etapa que con fecha 20 de diciembre de 2005 el accionante recibió una comunicación en la cual su empleadora Compañía Láctea del Sur le notificaba el despido por pérdida de confianza invocando que el día 9 de noviembre de 2005 el reclamante intentó sustraer elementos de la empresa sin autorización. Tal misiva fue rechazada por el demandante quien, a su vez, intimó a Lactona S.A., a Surlat S.A.para que aclaren su situación laboral, mereciendo como respuestas, en el primer caso, la negativa de la relación laboral y, en el segundo, la devolución del telegrama por el correo. Asimismo, el reclamante intimó a Juan Francisco Leis, en su carácter de director de Compañía Láctea del Sur S.A. y también a Industria Argentina Man S.A. y a Molinos y Establecimientos Harineros Brunning S.A, en ambos casos, en sus respectivos caracteres de accionistas, para que aclaren su situación laboral y regularicen su relación laboral, misivas que fueron rechazadas por los requeridos y negados los extremos invocados por el trabajador.

Tampoco es controvertido que la codemandada Compañía Láctea del Sur S.A. fue tenida por rebelde en los términos del artículo 71 de la Ley 18.345 (confr. fs.100).

III)- Sentado lo expuesto, en cuanto al fondo de la cuestión debatida en la causa, cabe adelantar que la queja articulada por el accionante no puede progresar. Ante todo, resulta forzoso señalar que la expresión de agravios formulada por el accionante cumple limitadamente con los recaudos que hacen a la debida fundamentación del recurso toda vez que los mismos no logran constituir una crítica concreta y razonada del decisorio apelado (artículo 116 Ley 18.345).

Reiteradamente he sostenido que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida.Allí el recurrente debe expresar los argumentos en los que funda la descalificación de los fundamentos en los que se sustenta la solución cuestionada, invocando aquella prueba cuya valoración se considera desacertada o poniendo de manifiesto la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (artículo 116 Ley 18.345). En lo posible, debe demostrarse, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido el juzgador y la indicación precisa de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (confr., entre muchas otras, “Tapia, Ramón S. c/ Pedelaborde, Roberto”, Sentencia Definitiva Nº 73.117 del 30/03/1994; “Barrera, José c/ Embajada de la República de Polonia s/ juicio sumarísimo”, Sentencia Definitiva Nº 87.565 del 16/03/2000, del registro de la Sala II).

Enseña Carlos J. Colombo que la expresión de agravios, establece el alcance concreto del recurso y fija la materia reexaminable por el ad quem en las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del juez de Primera Instancia que sean cuestionadas (conf. arg. 271 y 277 CPCC). Su blanco es la sentencia respecto de la cual debe formularse la crítica frontal, concreta y argumentada tratando de demostrar los errores que se atribuyen al a quo en el ámbito en que se hayan cometido. En tal sentido, dicho tratadista enfatiza que, de la misma manera que la sentencia, la expresión de agravios que ha de controvertirla debe observar a su turno los principios de plenitud y congruencia (conf. Colombo, Carlos J., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.Anotado y comentado, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1975, T.I, pag.445 y ss.).

Ninguno de tales principios ha sido respetado en el escrito recursivo de la parte demandante puesto que el apelante se limita a transcribir partes aisladas del decisorio y a expresar su disconformidad pero, reitero, sin lograr una exposición argumentativa que permita considerar equivocado lo resuelto.

No obstante ello, en aras de extremar al máximo la garantía de defensa en juicio que le asiste a las partes en el proceso, estimo conveniente hacer algunos señalamientos.

IV)- En primer lugar y contrariamente con lo sostenido por el recurrente -en punto a que la Señora Magistrado de grado no hizo mención a que el Señor Oliva interponía la acción contra todos los demandados como empleadores-, cabe destacar que en la decisión de origen expresamente se consigna que “refiere el actor que se demanda a las empresas accionistas y gerente de las empresas ya que laboraba y prestaba servicios para todas las empresas…” (fs.512) y, en tal contexto, la Señora Sentenciante de Primera Instancia analizó y fundamentó la responsabilidad que le cabía a cada uno de los codemandados.

Al respecto, considero que la eximición de condena del Sr. Juan Francisco Leis resulta irreprochable porque, tal como se destaca en el fallo de grado, es correcto afirmar que no se acreditó en autos que el referido Sr. Leis ostentara el cargo de directivo de la empresa Compañía Láctea del Sur S.A. ni que tal manifestación fuera efectuada por el propio Leis al tiempo de contestar demanda. En el escrito de contestación de demanda el demandado desconoce y niega expresamente todos y cada uno de los extremos invocados por el accionante en el inicio y, más aún, del poder especial otorgado para que intervenga el Dr. Taiah en representación y defensa de sus intereses, se desprende que el Sr. Leis interviene en nombre y representación en su calidad de Presidente del Directorio de la empresa Industrias Argentinas MAN SAIyC (ver fs.72/75). Por otra parte, del intercambio telegráfico mantenido entre las partes -aun considerando que las piezas postales acompañadas resultan auténticas (confr.fs.348/349)-, tampoco surge ningún elemento probatorio que revele que las empresas Industrias Argentinas MAN SAIyC y Molinos Establecimientos Harineros Brunning SA sean accionistas de Compañía Láctea del Sur SA. (conf. misivas acompañadas a fs.349/358).

V)- Respecto al rechazo de demanda contra Surlat S.A., debo precisar que no soslayo la declaración de rebeldía de la firma Compañía Láctea del Sur S.A. en los términos del artículo 71 de la Ley 18.345, respecto de la cual cabe tener por ciertos los hechos expuestos en el inicio, salvo prueba en contrario. Sin embargo, con relación a la codemandada Surlat S.A. -quien contestó demanda negando la relación laboral invocada por el Señor Oliva y solo adhirió a la presentación de Compañía Láctea del Sur S.A. en oportunidad de ofrecer prueba (ver presentación de fs.166/172)-, estimo que era el accionante quien debía acreditar los extremos denunciados en el inicio, de conformidad con las prescripciones del artículo 377 del CPCC.

Considero que el reclamante, en modo alguno, puede beneficiarse con la declaración de rebeldía de otra codemandada, respecto de la cual se concluyó que revestía el carácter de empleadora del Señor Oliva no sólo por las consecuencias

jurídicas de la declaración de rebeldía referida, sino fundamentalmente por las declaraciones testimoniales rendidas en la causa (ver relatos de Eduardo Antonio Veiga, fs.320; Leonardo Javier Travascio, fs.325; Luis Alberto Varela, fs.404; Gabriel Hernán Mateos, fs.406 y Sergio Oscar Fichera, fs. 407) y por la documentación aportada en la causa (ver poderes otorgados por Parmalat Argentina S.A., Gelatería Parmalat Argentina S.A.y Lactona S.A., fs.430/465) que no dejan dudas en este aspecto.

Finalmente cabe señalar que las respuestas brindadas por AFIP a fojas 365/379 y ANSES a fojas 380 tampoco logran revertir las conclusiones expuestas, toda vez que no aportan elementos probatorios idóneos que revelen el efectivo desempeño del Señor Oliva para la firma Surlat S.A. en cuestión, máxime teniendo en cuenta que como bien destaca el propio recurrente, de dichos informes se desprende que el reclamante no figuraba como empleado de la referida empresa. Por lo expuesto, corresponde desestimar también este punto de la queja interpuesta.

VI)- En orden al cuestionamiento articulado por el recurrente porque no se otorgó la diferencia del 15% de diciembre de 2004 a diciembre de 2005 señalaré que el mismo tampoco puede progresar. En este punto cabe poner de resalto que el escrito introductorio, al establecer los términos a los que habrá de ceñirse la contienda judicial, necesariamente debe contener los presupuestos fácticos en los que sustenta (cfr.arts.65 LO y 365 CPCC), por lo que sólo pueden admitirse y evaluarse las pruebas que versen sobre hechos litigiosos o controvertidos ya que sabido es que la demanda y la respectiva réplica, conforman el tema del debate sobre el cual se sustanciará la prueba de los hechos controvertidos y sobre los que se dic tará sentencia.

En el caso en análisis, considero que la mera inclusión del rubro en la liquidación practicada en el libelo inicial de fojas 15, sin explicitar concretamente los motivos y fundamentos de tal petición, no cumple con la exigencia legal (cfr.art.65 LO). Al respecto, ha destacado la jurisprudencia que la demanda debe contener la cosa pretendida, individualizada con precisión sin que la liquidación sustituya esta carga legal, ya que la enunciación de una cantidad correspondiente a un concepto determinado carece de sentido si no tiene sustento en un relato circunstanciado de todos los antecedentes fácticos y que la sola inclusión de un rubro en la liquidación practicada al demandar no es apta para tener por planteada concretamente la acción a que él se refiere, por lo que en tal caso no cabe pronunciar condena sobre ese rubro (ver Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, comentada, anotada y concordada, Director: Amadeo Allocati, Coordinador: Miguel Ángel Pirolo, Tomo 2, pag. 14 y sus citas, 2da. Edición).

VII)- Los recargos previstos en los artículos 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo fueron correctamente rechazados porque, tal como bien se precisa en el pronunciamiento de grado, la intimación remitida por el accionante está en

pugna con los preceptos de la legislación, toda vez que el artículo 3º del decreto 2725/91 (reglamentario del art. 11 de la ley 24013) determina que la intimación prevista en el artículo 11 de la Ley 24.013 deberá efectuarse estando vigente la relación laboral.

VIII)- Tampoco puede prosperar la queja por el rechazo de la multa establecida en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. En efecto, de las constancias de la causa no surge acreditado que el Señor Oliva hubiera intimado a su empleadora para obtener la entrega de los certificados de trabajo y aportes previsionales pertinentes.Considero que la intimación exigida por la normativa legal vigente para acceder a dicho resarcimiento sólo puede cursarse una vez que el empleador se encuentre en mora respecto de su obligación de entregar las certificaciones, supuesto que se configura a los treinta días de extinguido el contrato de trabajo conforme a lo determinado por el decreto 146/01, extremos que no fueron cumplimentados en el presente.

IX)- De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en Primera Instancia, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los porcentajes de honorarios fijados en grado a favor de la representación letrada de la parte actora y Señor perito contador interviniente no resultan reducidos, por lo que propongo su confirmación (art. 38 LO y art.14 de la ley 21.839).

X)- En tal contexto las costas de Alzada deben imponerse a cargo del recurrente en su carácter de objetivamente vencido (conf. art. 68 CPCC), a cuyo efecto propongo regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 515/520 y fojas 528/vta. en el 25% y 25% a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa (art.38 LO y art.14 de la ley 21.839).

En definitiva, por todos los motivos expuestos, de compartirse mi propuesta correspondería: a) Confirmar la decisión apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente vencido; c) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 515/520 y fojas 528/vta. en el 25% y 25% a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: a) Confirmar la decisión apelada en todo cuanto fue materia de recursos y agravios; b) Imponer las costas de Alzada a cargo del recurrente vencido; c) Regular los honorarios de los Señores letrados firmantes de los escritos de fojas 515/520 y fojas 528/vta. en el 25% y 25% a cada uno de ellos de lo que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en la anterior etapa.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art. 4º, Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Graciela A. González

Jueza de Cámara

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Mab

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria