La actividad de seguridad es normal y específica de los barrios cerrados, por ello responden los consorcios conforme art. 30 LCT.

SeguridadPartes: Saravia Facundo Leonardo c/ Inverju S.A y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 4-may-2015

Cita: MJ-JU-M-93731-AR | MJJ93731 | MJJ93731

Se juzga que el consorcio de propietarios es solidariamente responsable, pues es incuestionable que la actividad de seguridad hace al mejor desenvolvimiento y consecución de los fines económicos de un barrio cerrado.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la condena solidaria al consorcio demandado en el marco de lo normado por el art. 30 de la LCT. puesto que las tareas de vigilancia en un country o en el caso de un barrio privado que cuenta con un importante mecanismo de seguridad, la vigilancia se encuentra estrechamente vinculada al cumplimiento de la actividad normal y específica.

2.-De acuerdo con la importancia otorgada por el reglamento de copropiedad y administración, surge demostrado que la prestación de los servicios de vigilancia es a todas luces afín a la actividad normal y específica de la demandada, pues resulta incuestionable que la actividad de seguridad provee al mejor desenvolvimiento y consecución de los fines económicos perseguidos por la sociedad, ya que posibilita un mejor servicio a quienes por seguridad pretenden vivir en barrios cerrados.

3.-Si el consorcio de propietarios contrató los servicios de una tercera empresa para la prestación de los servicios de seguridad, se obligó a exigir a ésta el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, y puesto que no se encuentra acreditado que cumpliera, se constituyó en solidariamente responsable por los defectos de tal cumplimiento y corresponde la condena en forma solidaria en los términos del art. 30 de la LCT.

4.-Se confirma la condena a la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT. pues el fundamento de la obligación surge de la propia norma del art. 30 LCT. ya que impone la entrega no sólo al empleador directo sino también al solidario como garante de obligaciones registrables.

5.-Aun cuando la demandada hubiera indicado que los certificados de trabajo se encontraban a disposición del actor, corresponde admitir la multa del art. 80 LCT. pues la puesta a disposición de tales instrumentos no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación.

6.-Corresponde confirmar la aplicación de las disposiciones del CCT 589/10 pues las tareas cumplidas por el actor exceden de las invocadas por la demandada de portero que surgen del art. 5º del CCT 130/75.

7.-Se admite el reclamo por las horas extras puesto que, en virtud de la aplicaciónd el CCT 589/10 y la jornada de trabajo del actor, surge demostrado que a diario realizaba horas extras que no fueron abonadas.

Fallo:

Buenos Aires, 04 de mayo de 2015.-

El DR. DANIEL E. STORTINI dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada a propósito de los agravios que contra la sentencia de fs. 319/325 interpuso el actor a tenor del memorial de fs. 326/327, la codemandada Inverju S.A. a fs. 329/332 y la codemandada Consorcio de Copropietarios del Barrio Privado La Escondida a fs. 545/8, estos dos últimos con réplica adversaria a fs. 357/362.

II.- El actor apela el fallo de grado en cuanto rechazó la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo reclamada y al respecto entiendo que le asiste razón en la queja. Ello es así en función del resultado de la informativa de fs. 270 en relación con las piezas postales de fs. 269/270 que dan cuenta del requerimiento efectuado por el ex trabajador en los términos del decreto 146/01.

Cabe aclarar que si bien la demandada le indicó que los certificados de trabajo en cuestión se encontraban a su disposición, lo cierto es que reiteradamente he sostenido que la puesta a disposición de tales instrumentos no es suficiente a fin de tener por cumplida la obligación de su entrega porque el deudor -en el caso las demandadas- si pretendía quedar desobligado la ley le acuerda distintos mecanismos de los que pueden valerse para el cumplimiento efectivo de las obligaciones a su cargo. Por ende en el eventual supuesto que el actor se negara a recibirlos bien hubiera podido consignarlos judicialmente a fin de cumplir con su obligación y eximirse de toda responsabilidad.

En función de ello el resarcimiento integrará la condena de autos por la suma de $ 12.707,16 ($ 4.235,72 x 3).

III.- La codemandada Inverju S.A. a su turno apela la decisión del magistrado «a quo» en cuanto descartó la aplicación del CCT 130/75 y consideró aplicable al caso las disposiciones del CCT 589/10.

De las constancias de fs.118/139 resulta que la demandada Consorcio de Copropietarios del Barrio Privado La Escondida se sometió al régimen de la ley 13.512 de Propiedad Horizontal .

El Convenio Colectivo de Trabajo cuya aplicación solicitó el actor encuadra al personal que se desempeña en relación de dependencia con consorcios de propietarios ocupados en edificios o emprendimientos sometidos al régimen de la propiedad horizaontal, ley 13.512 y/o sus modificatorias, siendo su estabilidad la establecida en el art. 6º de la ley 12.981 (art. 4º del CCT 589/10, agregado a fs. 290).

De la prueba testifical colectada en la causa resulta que las tareas de Saravia consistían en la vigilancia y portería de la entrada al country. Así coincidieron en el sentido que levantaba la barrera de ingreso al barrio, vigilaba la seguridad del anotando en un cuaderno de guardia el nombre de las personas que ingresaban y se retiraban, y mediante un teléfono conectado con la policía velaba por la seguridad de los consorcistas (ver Gianes a fs. 302; Llansa Diaz a fs. 304 y Migoya a fs. 305). Les acuerdo a tales testimonios plena eficacia probatoria y fuerza convictiva porque fueron precisos declararon sobre hechos de los cuales tuvieron un conocimiento directo pues fueron compañeros de trabajo del actor y dieron suficiente razón de sus dichos (arts. 90 de la L.O. y 386 del CPCN).

En ese contexto, las tareas cumplidas por el actor exceden de las invocadas por la demandada de «portero» (art. 5º del CCT 130/75) y se enmarcan en las que establece el citado art. 4º del CCT 589/10 por lo que al igual que se decidiera en la anterior instancia considero aplicable al caso sus disposiciones.

No constituyó un hecho controvertido que el actor cumplía un horario de trabajo de 22 a 6.En orden a lo dispuesto precedentemente con relación a la convención colectiva que resultó de aplicación al caso particular de autos y el reconocimiento de la apelante en el sentido que la jornada reducida es de 7 horas, no cabe sino confirmar la decisión del «a quo» en punto a la admisión del reclamo por horas extras (una hora por día).

En lo atinente a la suma por la que prosperó este concepto cabe señalar que el salario tomado como base a los efectos del cálculo que arriba firme a esta alzada fue de $ 4.235,72 (ver fs. 323) con lo cual la queja será desechada.

IV.- Corresponde ahora analizar los agravios deducidos por el consorcio demandado quien apela la condena solidaria impuesta en el marco de lo normado por el art. 30 de la LCT.

En torno de la cuestión suscitada he tenido oportunidad de sostener antes de ahora, tanto como juez de la anterior instancia como en calidad de juez subrogante de la Sala VI de esta Cámara, que la solidaridad emergente del citado art. 30 corresponde determinarla en cada concreto y particular caso en función de las circunstancias fácticas que circunscribieron la pertinente cesión, contratación o subcontratación. También he dicho que es menester interpretar la exigencia de la norma legal referente a «trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia» en armonía con el concepto de «establecimiento» que prevé el art. 6º de la ley laboral en cuanto establece que es «la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa a través de una o más explotaciones» (ver, entre otros, mi voto en los autos «Pérez, Héctor F. c/ Asociación Civil Club Atlético Vélez Sarsfield y otro» , sentencia de la Sala VI de la C.N.A.T. del 28/9/2006, pub. en «Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social», LexisNexis, fascículo 24 del año 2006, p.2209).

En el caso, considero que la actividad normal no es sólo aquella que atañe directamente al objeto o fin perseguido por la demandada, sino también aquellas otras que resultan coadyuvantes y necesarias, de manera que aún cuando fueran secundarias, son imprescindibles e integran normalmente -con carácter auxiliar- la actividad principal, debiendo excluirse solamente las tareas extraordinarias o eventuales.

En este sentido resulta pertinente memorar que el artículo 30 de la ley de contrato de trabajo supedita la solidaridad en las obligaciones a que, los trabajos y servicios que se contraten, sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, debe interpretarse extensivamente comprendiendo todas aquellas actividades que hacen posible el cumplimiento de la finalidad del club.

Por ello, estimo que las tareas de vigilancia en un country o en el caso de un barrio privado que cuenta con un importante mecanismo de seguridad, la vigilancia se encuentra estrechamente vinculada al cumplimiento de la actividad normal y específica.

En efecto, el reglamento de copropiedad y administración de fs. 118/135 prevé un servicio de vigilancia permanente (nocturno y diurno) a fin de controlar el ingreso dentro del ámbito común y la salida del barrio; la velocidad máxima de circulación y las demás restricciones referidas al buen uso y conservación de los bienes comunes y seguridad de sus ocupantes (ver cláusula cuarta de fs. 124 vta.).

De acuerdo a la importancia otorgada por el reglamento en cuestión considero que la prestación de los servicios de vigilancia es a todas luces afín pues resulta incuestionable que la actividad de seguridad provee al mejor desenvolvimiento y consecución de los fines económicos perseguidos por la sociedad, ya que posibilita un mejor servicio a quienes por seguridad pretenden vivir en barrios cerrados.

Además, entiendo que si el consorcio de propietarios del Barrio Privado La Escondida contrató los servicios de Inverju S.A.para la prestación de los servicios de seguridad se obligó a exigir a ésta el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social, circunstancias que no se encuentra acreditado que cumpliera, por lo que se constituyó en solidariamente responsable por los defectos de tal cumplimiento por lo que se encuentran configurados los presupuestos que prevé la normativa en cuestión y la consecuente condena en forma solidaria en los términos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En lo atinente a la condena a la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 LCT cabe señalar que el fundamento de la obligación surge de la propia norma del citado art. 30 ya que impone la entrega no sólo al empleador directo sino también al solidario como garante de obligaciones registrables.

En efecto, el segundo párrafo de la disposición legal menciona expresamente la obligación de la empresa cedente de exigir a sus cesionarios o subcontratistas una «-copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de la seguridad social-» según así resulta de la redacción introducida por la ley 25.013. Incluso surge de los párrafos tercero y cuarto la obligación de la empresa principal de «ejercer el control» sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los cesionarios y subcontratistas sobre cada trabajador y claramente hace referencia a que el incumplimiento a ese deber de control lo «-hará responsable solidariamente-» por inobservancia de la relación laboral «- incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social».

Tampoco media una obligación de cumplimiento imposible a poco que se aprecie que las certificaciones en cuestión pueden confeccionarse con base en las constancias que surgen de la sentencia firma. Por lo demás, el reiteradamente mencionado art.30 no distingue entre obligaciones de dar sumas de dinero o de hacer, lo cual sella a mi ver la cuestión e impone la confirmación de lo decidido en la anterior instancia.

V.- No obstante el nuevo monto de condena (ver considerando II.- «i fine» del presente voto) sugiero mantener la decisión adoptada en la instancia de grado en materia de costas y honorarios (art. 279 del CPCCN).

Las demandadas resultaron vencidas (art. 68 primer párrafo del CPCCN) y en atención al mérito e importancia de la labor desarrollada por los profesionales intervinientes estimo razonables las regulaciones de honorarios establecidas por el juez » a quo» (arts. 3º y 12 del decreto ley 16638/ 57; art. 38 de la L.O. y normativa arancelaria vigente).

VI.- Por todo lo expuesto, voto por: l) Modificar parcialmente el fallo apelado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 81.337) la que llevará los intereses en la forma establecida en la anterior instancia. 2) Confirmarlo en lo demás que decide y ha sido materia de recursos y agravios. 3) Costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 4) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs. 326/327; fs. 329/332 y de fs. 345/348 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14 ley arancelaria).

El DR. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El DR. ENRIQUE E. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.)

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

l) Modificar parcialmente el fallo apelado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 81.337) la que llevará los intereses en la forma establecida en la anterior instancia. 2) Confirmarlo en lo demás que decide y ha sido materia de recursos y agravios. 3) Costas de alzada a las demandadas vencidas (art. 68 primer párrafo del CPCCN). 4) Regular los honorarios de los firmantes de los memoriales de fs. 326/327; fs. 329/332 y de fs. 345/348 en el 25% de lo que les corresponda percibir por los trabajos cumplidos en la etapa anterior (art. 14 ley arancelaria). Cópiese, regístrese, notifíquese, oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y devuélvase.

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