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No procede la indemnización en tanto el despido se base en el descuento de haberes a causa de ausencias no justificadas

shutterstock_174847019Partes: Batistoni Paula Yamila c/ Arcos Dorados Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 12-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-91064-AR | MJJ91064 | MJJ91064

Las indemnizaciones por la ruptura del vínculo laboral son improcedentes pues las inasistencias del trabajador no fueron debidamente excusadas y por tal razón, el descuento de las remuneraciones no justificó la disolución del contrato.

Sumario:

1.-Corresponde revocar la sentencia en cuanto admite las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo laboral y la multa prevista en el art. 2 de la Ley 25.323 pues no se encuentra acreditada la oportuna justificación de las ausencias de la actora, no existe deuda de parte de la empleadora que pueda ser considerada injuriante y, por tal, justa causa del distracto.

2.-Si bien los testigos dieron cuenta de la entrega de certificados por parte de la pareja y del hermano de la demandante, no fueron precisos al indicar en qué fecha habrían sucedido tales entregas, circunstancia que obsta a concluir que con dichos comprobantes hubieran estado justificados los días de inasistencia, toda vez que bien pudo tratarse de los certificados relacionados con el accidente sufrido por aquélla y no de los que daban cuenta de la situación vinculada a su embarazo.

3.-Dado que el art. 178 LCT. sanciona las consecuencias mediatas del hecho del despido arbitrario conforme art. 521 del CCiv., presumiendo que el distracto que carece de causa obedece a una represalia por maternidad, no probada la inejecución maliciosa de la obligación de no hacer (despedir arbitrariamente) no prosperan sus consecuencias inmediatas y, consecuentemente, tampoco las mediatas de dicho acto, por lo que corresponde revocar la procedencia de dicho incremento

4.-No corresponde admitir el resarcimiento por daños psicológico y moral toda vez que el reclamo se basó en el impedimento de la trabajadora a acceder a una atención médica como consecuencia de la falta de realización de aportes a su obra social por parte de la demandada, pero sin embargo, la obra social en cuestión indicó que no suspende las prestaciones médicas por falta de pago.

5.-A partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés establecida por acta CNAT 2601 toda vez que de conformidad a la norma del artículo 277 CPCCN. los tribunales de alzada tienen la facultad de analizar los hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia de primera instancia, y en este orden de ideas, debe ser objeto de tratamiento el interés a fijarse con posterioridad a la sentencia de grado (de la disidencia del Dr. Enrique Néstor Arias Gibert).

6.-No corresponde la aplicación de oficio de la tasa de interés fijada por el Acta 2.601, C.N.A.T. a partir de la fecha del dictado de la sentencia de origen, pues de aplicarse dicha norma, se concedería algo que el propio actor resignó, al consentir expresamente la decisión de la instancia anterior en materia de intereses dentro del plazo del art. 116 , LO., emitiéndose un pronunciamiento sobre una demanda de impugnación inexistente, sustituyendo la voluntad de aquella parte, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (del voto del Dr. Oscar Zas al que adhiere el Dr. Luis Anibal Raffaghelli).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 12 días del mes de noviembre de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR ENRIQUE NESTOR ARIAS GIBERT dijo:

I.Contra la sentencia dictada a fs. 382/386 apelan las partes actora a fs. 392/396 y demandada a fs. 399/404vta., ambos sin réplicas. Por su parte, a fs. 388 apela sus honorarios la perito psicóloga por considerarlos reducidos.

II.Por razones de método trataré en primer término el recurso interpuesto por la parte demandada.

Se agravia la recurrente porque la sentenciante de grado consideró que el despido decidido por la trabajadora habría obedecido a una justa causa. Cuestiona a tal fin la valoración que de la prueba testimonial hizo la Sra. magistrado a quo, a mi criterio, con razón.

Es que para decidir como lo hizo la juzgadora se basó en los dichos de los testigos Guzzo (fs. 307/8), Correa (fs. 309) y Moreira (fs.310). Pero tal como destaca la recurrente, de la lectura de dichos testimonios no se extrae con suficiente claridad que los certificados a los que aludieron los declarantes hubiesen sido los correspondientes a la enfermedad sufrida por la trabajadora producto de su embarazo -riesgo de aborto-, por la cual -según su versión- se habría ausentado de su trabajo durante los meses de abril y mayo de 2011, meses que no le fueron abonados por la demandada.

Si bien los testigos dieron cuenta de la entrega de certificados por parte de la pareja y del hermano de la demandante, no fueron precisos al indicar en qué fecha habrían sucedido tales entregas, circunstancia que obsta a concluir en la forma en que lo hizo la juzgadora, toda vez que bien pudo tratarse de los certificados relacionados con el accidente sufrido por aquélla – sobre el que no hay controversia- y no de los que daban cuenta de la situación vinculada a su embarazo.

Obsérvese que Correa solo refirió que luego del accidente había aparecido el novio de la actora por el local «diciendo que estaba embarazada y le entregó los certificados médicos», sin aclarar si éstos daban cuenta del embarazo o del accidente; que Moreira en ningún momento se refirió al estado de gravidez de la actora, sino que ciñó sus dichos al infortunio sufrido por ella y que, si bien Guzzo dijo haber visto a la familia de la actora llevar los certificados «que correspondían a los meses que la actora estaba de licencia, antes de junio», lo cierto es que sus dichos no tienen suficiente fuerza probatoria dado que la declarante afirmó que la actora se había caído del tren antes de estar embarazada, siendo que Batistoni estaba embarazada cuando ocurrió el infortunio; que creía que le habían dado unos días a la actora y que después ésta había vuelto a trabajar, contradiciendo la versión brindada por la propia demandante que afirmó que desde la internación del 27/03/11 había tenido que hacer reposo absoluto hasta el 25/05/00 (ver fs. 6), y que la testigo había vuelto de vacaciones en febrero y que la actora «seguía trabajando pero ya estaba con la panza», cuando según la accionante recién se habría enterado del su estado de gravidez en el mes de marzo, por lo que difícilmente haya tenido a esa altura una panza de tal magnitud que evidenciara un embarazo que ella misma no había advertido hasta ese entonces.

En consecuencia, no estando acreditada la oportuna justificación de las ausencias de la actora, no existe deuda de parte de la empleadora que pueda ser considerada injuriante y, por tal, justa causa del distracto, correspondiendo revocar la sentencia apelada en cuanto difiere a condena los mentados salarios, las indemnizaciones derivadas de la ruptura del vínculo laboral y la multa prevista en el artículo 2 de la ley 25.323.

Asimismo, dado que el artículo 178 RCT sanciona las consecuencias mediatas del hecho del despido arbitrario conforme artículo 521 del Código Civil, presumiendo que el distracto que carece de causa obedece a una represalia por maternidad, no probada la inejecución maliciosa de la obligación de no hacer (despedir arbitrariamente) no prosperan sus consecuencias inmediatas y, consecuentemente, tampoco las mediatas de dicho acto, por lo que corresponde revocar también en este aspecto el fallo apelado.

III.El recurso de la parte actora contra el rechazo del resarcimiento por daños psicológico y moral no tendrá favorable recepción.

Este segmento del reclamo se basó en el impedimento de trabajadora a acceder a una atención médica pertinente como consecuencia de la falta de realización de aportes a su obra social por parte de la demandada.

Tal como sostuvo la juzgadora, habiendo informado la Obra Social Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros (Elevar) a fs. 145 que no suspende las prestaciones médicas por falta de pago, no habiendo la accionante impugnado dicho informe en el plazo previsto en el artículo 403 C.P.C.C.N.y no habiendo producido pruebas que demuestren lo contrario.

En efecto, no logran tal cometido los testigos reseñados por la apelante. Ya me he expedido ut supra acerca de los dichos de Guzzo, a lo que me remito en honor a la brevedad; Correa y Moreira nada refirieron acerca de la falta de atención médica padecida por la actora y el testimonio de Merlo (verlo a fs. 311), a mi juicio, no resulta convincente, no solo porque lo relatado por él dijo saberlo por dichos de la propia actora, sino porque el declarante manifestó que conocía a ésta porque el testigo era cadete y se hacía tiempo para ir a desayunar o ir al mediodía o tarde a Mc Donald, pero luego afirmó que después del mes de abril «el testigo siguió yendo y no la veía (a la actora) y le vuelve a preguntar un día y ella le dice que tenía problemas en el trabajo, que no tenía aportes, no tenía atención médica, estaba sin goce de sueldo y después no la vio más porque ya no trabajaba más, que el testigo tenía su teléfono», sin haber aclarado el testigo el motivo por el cual tenía el teléfono de la accionante, circunstancia a la que se agrega que el declarante dijo que vivía en la calle Begonia 25 de la localidad de Claypole, Pcia.de Buenos Aires mientras que la actora denunció como domicilio real el de la calle Rosa 5661 de la misma localidad bonaerense, separando ambos domicilios unas pocas cuadras, coincidencia que resulta, por lo menos, sugestiva si se repara que el local donde dijo haberla conocido a la actora estaba ubicado en la Avenida Corrientes al 900 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ergo, corresponde confirmar este segmento del fallo de grado.

IV.De admitirse mis propuestas, el monto de condena se reduciría a la suma de $ 6278,87.

Ahora bien, en atención a lo resuelto en el presente voto, es menester señalar que el análisis de los intereses posteriores a la sentencia de origen escapan a la regla general del artículo 277 C.P.C.C.N.

Precisamente esa norma faculta a los tribunales de alzada la consideración de hechos posteriores a la sentencia definitiva, dentro de los cuales se encuentra el tratamiento de los intereses, materia que puede y debe ser analizada por el tribunal de alzada, sobre todo teniendo en cuenta la motivación del acta CNAT 2601.

Ello en modo alguno implica afectar el principio de congruencia pues la determinación de los intereses constituye materia aplicable de oficio, aun en caso de falta de petición expresa por lo normado en el ámbito general de las obligaciones por los artículos 519, 508 y 511 del Código Civil y, en el ámbito de los hechos ilícitos por la norma del artículo 1069 del Código Civil, por lo que la falta de petición específica del tipo de interés en la demanda, a fortiori, no importa incongruencia en el tratamiento por los tribunales.

Tampoco afecta la cosa juzgada pues el hecho sobreviniente no está comprendido en ella como lo recepta expresamente el artículo 277 CPCCN.

Por otra parte, es cierto que el acta CNAT 2601 no es una norma, empero su falta de aplicación representaría una confiscación del patrimonio del actor por efecto de la aplicación de un tasa ficticia, lo que hace necesaria la operatividad de lamisma.

De conformidad a la norma del artículo 277 CPCCN los tribunales de alzada tienen la facultad de analizar los hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia de primera instancia. En este orden de ideas, debe ser objeto de tratamiento el interés a fijarse con posterioridad a la sentencia de grado. A partir del 21 de mayo de 2014 mediante acta 2601 la Cámara Nacional de Apelaciones sugirió la aplicación de la tasa de interés nominal que el Banco Nación aplica para operaciones de préstamos para libre destino hasta 60 meses pues de lo contrario se omitiría conjurar el riesgo de la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter alimentario. Por tanto, a partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés establecida por acta CNAT 2601.

V.En atención a las modificaciones sugeridas, corresponde dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios, adecuándolas al nuevo resultado del litigio (cfr. art. 279, C.P.C.C.N.), lo que torna abstracto el tratamiento de los recursos y agravios interpuestos al respecto.

En atención a la forma de resolver y recordando que en materia laboral la imposición de costas debe regirse por un criterio jurídico y no simplemente aritmético, por lo que considero equitativo distribuirlas en un 70% a cargo de la parte actora y en el 30% restante a cargo de la parte demandada (cfr. art. 71, cód. cit.).

Teniendo en cuenta el mérito, importancia y extensión de las labores realizadas, las etapas cumplidas en el proceso y las pautas arancelarias vigentes, propongo regular los honorarios del patrocinio letrado de la parte actora, los de la representación letrada de la parte demandada, los de la p erito psicóloga y los del perito contador en las sumas de $ 10.000, $ 14.000, $ 3.000 y $ 3.000, respectivamente (cfr. art.38, L.O.; ley 21.839/24.432 y decreto-ley 16.638/57).

VI.Las costas de alzada serán impuestas a cargo de la parte actora vencida (cfr. art. 68 cit.), regulando los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir a cada una de las partes por las tareas realizadas en la etapa anterior (cfr. art. 14, L.A.).

El DOCTOR OSCAR ZAS manifestó:

I)Lo decidido en primera instancia en materia de intereses no fue cuestionado por el actor, dentro del plazo establecido en el art. 116, L.O., por lo que el vencimiento de aquel plazo implicó la pérdida del derecho dejado de usar (conf. art. 53, L.O.).

En este contexto, no corresponde la aplicación de oficio de la tasa de interés fijada por el Acta 2.601, C.N.A.T. a partir de la fecha del dictado de la sentencia de origen, tal como propone el primer voto (conf. arts. 271 y 277, C.P.C.C.N. y 155, L.O.).

II)Constituye jurisprudencia constante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el régimen del art. 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sólo atribuye al tribunal de segunda instancia la jurisdicción que resulta de los recursos deducidos por ante ella, limitación ésta que tiene jerarquía constitucional (Fallos: 229:953; 230:478; 302:263; 307:948; 313:528; 315:127; 318:2047 ; 319:2933 ; 325:603 ; 330:4015 ; 332:892 , entre muchos otros).

Dicho en otros términos: la jurisdicción de las Cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los arts. 18 y 17 de la Constitución Nacional (Fallos:301:925; 304:355, 1482; 311:1601; 313:912).

En el mismo sentido, más recientemente, el Supremo Tribunal Federal recordó que el principio de congruencia, como expresión de los derechos de propiedad y de defensa en juicio, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado a proteger los derechos y no a perjudicarlos; de ahí que lo esencial es que la justicia repose sobre la certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según la ley, que subordina al juez en lo concreto, respetando las limitaciones formales -sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo, pero sin olvidar que también en las formas se realizan las esencias- (Fallos: 315:106; 329:503).

Es descalificable el fallo que, cambiando los términos del litigio, adopta una solución que resulta extraña al conflicto efectivamente sometido a la decisión de la jurisdicción, con mengua del debido proceso (Fallos: 311:1829; 324:3839; 329:3757 ).

III)Por otra parte, nuestro sistema reposa en el instituto de la cosa juzgada, como otro de sus mecanismos básicos, a través del cual se atribuye un plus de seguridad a las relaciones jurídicas definidas judicialmente.

Se trata, en definitiva, de la estabilidad de la que están investidas las resoluciones jurisdiccionales en los puntos no impugnados, que se erige -en lo que concierne al vencedor-, en derecho adquirido; y -en lo que atañe al vencido-, en una valla que impide atribuirle más de lo que el fallo consentido le haya acordado. Como se colige fácilmente, esa cualidad de la sentencia le viene dada por la finalidad a la que obedece, que le confiere jerarquía constitucional, y la resguarda con los atributos del orden público (Fallos: 301:762; 308:117; 319:1888 cons.7; 331:2578).

La doctrina ha denominado a la expresión de agravios «demanda de impugnación», ya que importa un llamamiento legal a los jueces de la segunda instancia, mediatizado por el apelante; convocatoria que, en principio, los habilita a decir el derecho en la medida de esos agravios.

En el presente caso, de aplicarse el Acta 2.601, C.N.A.T. del 21/05/2014, se concedería algo que el propio actor resignó, al consentir expresamente la decisión de la instancia anterior en materia de intereses dentro del plazo del art. 116, L.O., emitiéndose un pronunciamiento sobre una demanda de impugnación inexistente, sustituyendo la voluntad de aquella parte, con la consecuente alteración del balance procesal, en detrimento de la contraria (Fallos: 311:1601; 316:1979; 323:3351 cons. 7 y 331:2578), lo que implica una grave violación del derecho de defensa en juicio de esta última, al imponerle una solución más gravosa, sin debate previo ni recurso (Fallos:310:867; 322:2835 ).

En otros términos, el Tribunal decidiría en demasía sobre una cuestión que no le fue oportunamente propuesta; y lo que es más grave aún, ingresaría arbitrariamente en un capítulo pasado en autoridad de cosa juzgada por haberlo consentido expresamente el actor.

Cabe destacar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió un caso sustancialmente análogo.

En efecto, en una causa sustanciada ante la Justicia Nacional en lo Civil, el juez de primera instancia dispuso que sobre el capital de condena, desde la exigibilidad y hasta el efectivo pago, se aplicarían los intereses calculados según la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina para las operaciones de descuento, con fundamento en lo decidido en la doctrina plenaria fijada por la Cámara en el caso «Alaniz» , que mantuvo a partir de la vigencia de la ley 25.561 la sentada en el caso «Vázquez» .

Sin mediar recurso alguno de la parte actora en ese punto, la Cámara resolvió que, por aplicación de la doctrina sentada en el plenario «Samudio de Martínez» , desde la mora y hasta el efectivo pago, los intereses debían calcularse a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a 30 días que publica el Banco de la Nación Argentina.

El Supremo Tribunal Federal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la demandada y dejó sin efecto la sentencia apelada en este aspecto, toda vez que la aplicación de la tasa activa aludida sin que dicha pretensión fuera articulada mediante el recurso pertinente vulnera el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 335:1031, 26/06/2012, «Cammera de Cabañez, Eva Virginia c/Multicanal y otros»).

IV)No obsta a la solución propuesta en este voto el hecho de que el Acta 2.601 de la C.N.A.T.haya sido emitida con posterioridad al vencimiento del plazo para apelar la sentencia de primera instancia. Ello por las razones que expondré seguidamente.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.601, resolvió por mayoría aplicar la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un plazo de 49 a 60 meses, y establecer que esa tasa de interés comience a regir desde que cada suma es debida respecto de las causas que se encuentran sin sentencia y con relación a los créditos del trabajador.

Cabe destacar que en el acuerdo general celebrado el 7 de mayo de 2014, instrumentado a través del Acta 2.600, la C.N.A.T. por mayoría había resuelto modificar lo establecido por Acta CNAT Nº 2357 del 7 de mayo de 2.002.

Del texto finalmente adoptado por la mayoría del Tribunal, que se refiere inequívocamente «a las causas que se encuentran sin sentencia», y del contexto del mismo, en especial del debate suscitado durante el acuerdo general celebrado el 21 de mayo de 2014, surge claramente que la nueva tasa de interés no resulta aplicable a casos donde lo resuelto en materia de intereses de los créditos del trabajador haya pasado en autoridad de cosa juzgada.

En este marco, no existe elemento alguno que permita incluir en el ámbito de aplicación del Acta 2.601 C.N.A.T.los procesos en los cuales al momento de su entrada en vigencia se encontrara firme la decisión judicial relativa a los intereses de créditos del trabajador, siendo que una decisión en tal sentido debió haber sido explicitada clara e inequívocamente frente al conflicto que podría suscitar la afectación de la cosa juzgada, instituto de jerarquía constitucional.

No modifica la conclusión propuesta el hecho de que esta Sala modifique el capital de condena determinado en primera instancia, pues el único supuesto que habilita al tribunal de alzada a fijar originariamente la tasa de interés establecida en el Acta 2.601 es aquél en el cual revoca una sentencia de primera instancia desestimatoria de las pretensiones incoadas en el escrito de inicio, y las acoge en todo o en parte, en cuyo caso debe fijar originariamente el capital de condena respecto del cual correrán los intereses pertinentes.

Por ende, el acta precitada no comprende los supuestos de modificación (en más o en menos) del capital de condena determinado en primera instancia.

Frente a la prohibición de la cesación de la indexación de los créditos laborales dispuesta por la ley 23.928 a partir del 1º de abril de 1991, la C.N.A.T., a través de la resolución 6 del 10/04/1991, dispuso -entre otras cosas- la aplicación de la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento de documentos comerciales en la inteligencia de que «.es conveniente que la Cámara adopte ciertos criterios uniformes de interpretación que, sin adquirir la obligatoriedad procesal de los fallos plenarios, reflejan sin embargo el acuerdo de sus integrantes o de la mayoría de éstos con vistas a la resolución de los casos que se planteen en el futuro.».

La supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, llevó ala Cámara a adoptar, mediante el Acta 2357 del 7 de mayo de 2.002, m odificada por la resolución 8 del 30 de mayo de 2.002, un nuevo criterio en materia de tasa de interés, que «.sin pretensiones tampoco de constituirse en norma que este Tribunal carece de aptitudes para dictar, exteriorice el criterio que la Cámara adopta a partir de este momento a fin de hacer frente a las nuevas circunstancias.».

En ambos casos, el Tribunal, siguiendo una práctica iniciada mediante el Acta Nº 1.891 del 21 de junio de 1985, intentó fijar criterios uniformes de interpretación a fin de concretar la «.seguridad jurídica, que es uno de los valores que la administración de justicia tiende a preservar.» (ver considerandos de la res. C.N.A.T. 6/91).

En este marco, aunque lo resuelto en el Acta 2.601 del 21/05/2014 tampoco tenga la obligatoriedad de una sentencia plenaria, expresa la voluntad de la mayoría de los integrantes del Tribunal con la finalidad de coadyuvar a la seguridad jurídica y de brindar a los justiciables pautas concretas que despejen la incertidumbre en la materia.

La interpretación jurídica que resultó mayoritaria en el acuerdo celebrado el 21 de mayo de 2.014 no crea ni puede crear derechos, pues el Tribunal fijó un criterio acerca de la tasa de interés adecuada para los créditos de los trabajadores que tramitan en el Fuero Laboral, en el marco de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil.

Es decir, tanto al momento del dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, como en la oportunidad de la emisión del Acta 2.601 del 21 de mayo de 2.014 estaba vigente el mismo texto del art.622 del Código Civil y no existía una «tasa legal» aplicable a los créditos laborales.

En definitiva, el Acta 2.601 no dispone la aplicación retroactiva de una norma, sino establece una nueva interpretación del mismo marco jurídico.

De ahí que en este caso no corresponde la aplicación de la nueva tasa de interés con el sólo argumento de que la resolución de la Cámara que la fija haya sido dictada con posterioridad al vencimiento del plazo de apelación de la sentencia de grado, pues el actor pudo haber planteado dentro de la etapa prevista en el art. 116, L.O. que la tasa establecida en la instancia anterior no cumplía cabalmente las exigencias del art. 622 del Código Civil, y solicitar la aplicación de otra que se adecuara a esas pautas.

Como señalé en el considerando II), la ausencia de apelación dentro del plazo del art. 116, L.O. implicó la pérdida del derecho dejado de usar por el actor (conf. art.53, L.O.).

Tampoco resulta fundada la propuesta de aplicación de la nueva tasa de intereses a partir de la sentencia de origen a casos donde estuviera firme la decisión judicial en materia de intereses de créditos del trabajador, pues -como destaqué «ut-supra»- del texto del Acta 2.601 y de su contexto, surge clara e inequívocamente que dichos casos no están comprendidos en su ámbito de aplicación.

En efecto, la decisión de aplicar la nueva tasa de interés a los créditos de los trabajadores reclamados en procesos sin sentencia firme desde la fecha en que cada suma es debida corrobora la conclusión expuesta.

En este punto, resulta clara la diferencia del contexto que motivó el dictado del Acta 2.357 del 7 de mayo de 2.002, y del que enmarcó el Acta 2.501 del 21 de mayo de 2.014.

En efecto, en el primer caso el Tribunal consideró que «.la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de los mecanismos de indexación, generan una brusca modificación de las condiciones de hecho en cuya virtud la Justicia Nacional del Trabajo ha venido fijando las tasas de interés aplicables en los procesos sometidos a su conocimiento.»; por lo cual el art. 1º del documento citado (texto según res. C.N.A.T.8 del 30 de mayo de 2.002) dispuso:

«Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara».

Es decir, la supresión de la convertibilidad monetaria y la consiguiente evolución de los precios internos, unidas a la subsistencia de la prohibición legal de la indexación constituyó una brusca modificación de las condiciones de hecho, que llevó a la Cámara a modificar la tasa de interés aplicable a partir del 1º de enero de 2.002, pero manteniendo hasta el 31 de diciembre de 2.001 la aplicación de la tasa fijada por resoluciones anteriores.

Se trata, en definitiva, de un cambio drástico de la situación objetiva con una fecha de corte concreta, que determinó que hasta el 31 de diciembre de 2.001 se mantuviera la tasa de interés anterior, pero con posterioridad se aplicara la nueva.

En cambio, la situación objetiva que motivó el criterio expresado a través del Acta 2.601 no está constituida por un cambio brusco de las condiciones objetivas en una fecha de corte precisa, y la decisión mayoritariamente adoptada por el Tribunal se basó en una nueva interpretación de las normas jurídicas aplicables para determinar la tasa de interés de los créditos del trabajador reclamados en la Justicia Nacional del Trabajo.

De no ser así, resultaría inconsistente la decisión de aplicar la nueva tasa a los casos comprendidos en el acta desde que cada suma es debida. En virtud de los argumentos expuestos precedentemente, el Acta 2.601 de la C.N.A.T. No constituye un «hecho posterior» en los términos del art.277 del C.P.C.C.N.

No se trata de impedir la posibilidad del cuestionamiento del criterio mayoritariamente fijado el 21 de mayo de 2.014 por los interesados por la vía procesal pertinente, sino de aplicarlo sólo a los casos comprendidos, pues resulta imprescindible que los litigantes conozcan de antemano las «reglas claras de juego» a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica.

El apartamiento de las «reglas claras de juego» resultaría mucho más grave de ser efectuado por una Sala de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en violación de los límites de su competencia establecidos por el art. 277 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación, lo que -reitero- vulneraría los derechos constitucionales de defensa en juicio y de propiedad de la parte afectada.

V)Por todas las razones expuestas en los considerandos anteriores, propicio no modificar en ningún sentido lo resuelto en materia de intereses en la instancia anterior.

VI)En las demás cuestiones que motivaron la intervención de esta Sala, adhiero a lo propuesto por el Dr. Arias Gibert.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI manifestó: Coinciden los votos que anteceden en la solución de fondo de la

Litis, discrepando en cuanto a la tasa de interés aplicable, aspecto que atento las circunstancias del caso, y cómo se resuelve la apelación en el sub lite, conforme el criterio adoptado en causas anteriores sobre la misma cuestión, adhiero al voto del Dr.Oscar Zas en lo que resulta materia de disidencia en autos.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE : 1) Revocar parcialmente el decisorio apelado y reducir el monto de condena a la suma de $ 6278,87 con más los intereses dispuestos en la sede de grado; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y regulaciones de honorarios e imponer las primeras y regular los segundos en la forma dispuesta en el considerando V del primer voto del presente acuerdo; 3) Confirmar en lo demás el fallo apelado; 4) Imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora vencida y regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta instancia en el 25%, respectivamente, de lo que le corresponda percibir a cada una de las partes por las tareas realizadas en la etapa anterior; 5) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

MMV

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Oscar Zas

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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