Si el trabajador se encuentra en condiciones de laborar y no le proveen tareas, corresponde de igual modo el pago de sus haberes

CertificadoLaboralPartes: De Mattos Patricia Laura c/ VN Global BPO S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 4-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-90425-AR | MJJ90425 | MJJ90425

Encontrándose un trabajador en condiciones de retomar sus labores, el no otorgamiento de las mismas sin causa legítima da lugar al pago de haberes.

Sumario:

1.-Resulta injustificada la decisión de la accionada de no reintegrar a la actora, ante el certificado médico por ésta presentado, máxime cuando poco tiempo después, aludiendo a un nuevo dictamen de sus facultativos, la empresa determinó que la accionante sí se hallaba apta para cumplir la prestación laboral.

2.-Si la jornada especial de los que cumplen tareas de call center es de treinta y seis horas, la remuneración no podrá ser otra que la correspondiente a la categoría profesional prevista por el convenio colectivo applicable; de otra manera se estaría aplicando una quita proporcional a quienes cumplen esa tarea como si se tratara de una jornada a tiempo parcial, cuando se trata de la jornada habitual y complete.

3.-No podría reducirse la remuneración de la actora sobre la base de la interpretación que se intenta sobre los alcances de la parte pertinente de la Resolución Nº 782 de la Autoridad de Aplicación, que se refiere al cómputo de las horas extras, sin afectar el principio de irrenunciabilidad que emana del art. 12 de la LCT, no resultando necesario que la actora haya tenido que cuestionar la validez de aquella resolución, frente a los claros términos que emanan de la norma superior señalada en último término.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, al 4-11-14 para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas: “DE MATTOS PATRICIA LAURA C/ VN GLOBAL BPO S.A. S/ DESPIDO”: se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo:

I- Contra el pronunciamiento dictado en la anterior instancia se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 157/162 y vta., que mereció réplica de la contraria a fs. 167/174 y vta.

II- Adelanto que, de compartirse mi voto, la queja principal planteada por la demandada no tendrá favorable recepción.

Al respecto, estimo relevante que la propia recurrente expresamente reconoció en el conteste que la jornada normal aplicable a la actividad de los call centers es de 36 horas semanales (ver fs. 51 vta.), y que la trabajadora prestaba servicios cumpliendo dicha jornada (ver fs. 52).

Ahora bien, y sin perjuicio de destacar que resulta contradictorio sostener por una parte el cumplimiento de una jornada normal y habitual, y al mismo tiempo legitimar el pago proporcional del salario -tal como pretende la empleadora-, resalto que esta Sala, sobre la cuestión que nos ocupa, ya se ha expedido en un precedente de aristas similares, en el cual sostuvo que “- si la jornada “especial” de los que cumplen tareas de “call center” como era el caso de la actora es de 36 horas, la remuneración no podrá ser otra que la correspondiente a la categoría profesional prevista por el convenio colectivo aplicable. De otra manera se estaría aplicando una quita proporcional a quienes cumplen esa tarea como si se tratara de una jornada a tiempo parcial cuando, como se dijo y fue admitido por la propia demandada, se trata de la jornada habitual y completa -” (cfr. “in re” “Tkaczyk, Nicolás Andrés c/ Teletech Argentina S.A. s/ despido”, S.D.nº 17.579, del 16/02/12). Agrego que en el citado precedente también se señaló que “- no podría reducirse la remuneración de la actora sobre la base de la interpretación que se intenta sobre los alcances de la parte pertinente de la Resolución Nº 782 de la Autoridad de Aplicación, que a mi juicio se refiere al cómputo de las horas extras, sin afectar el principio de irrenunciabilidad que emana del art. 12 de la LCT, no resultando necesario que la actora haya tenido que cuestionar la validez de aquella resolución frente a los claros términos que emanan de la norma superior señalada en último término, en tanto existiendo un abanico de normas como lo es en el caso la del art. 92 ter de la LCT, los jueces deben adoptar la más favorable al trabajador -“.

Desde tal perspectiva, los argumentos que expone la apelante carecen de idoneidad suficiente a fin de revertir lo decidido en la anterior instancia respecto de la jornada y -en consecuencia- de la remuneración que debió haber percibido la accionante, por lo que propongo confirmar la sentencia de grado en estos aspectos.

III- Sentado ello, resalto que llega firme a esta Alzada que el distracto se produjo el día 15/5/12, en virtud de la medida rescisoria adoptada por la actora (ver sent., en particular fs. 153, pto. II, primer párrafo), y por lo tanto, a la luz de lo normado por el art. 243 de la L.C.T., corresponde analizar la viabilidad del reclamo incoado a partir de la causal esgrimida en la comunicación del despido.

Ello así, en el marco de los conceptos vertidos en el apartado precedente, y teniendo en cuenta también la valoración de la injuria que realizó el Sr. Magistrado a fs.

152 pto. II, que comparto (cfr. arts. 242 y 246 de la L.C.T.), y no mereció objeción en debida forma de la apelante en los términos del art.116 de la L.O., considero que la queja que ésta introduce relativa al análisis del distracto y en consecuencia la viabilidad de los rubros indemnizatorios reclamados -fundada en un supuesto abandono de tareas-, deviene inatendible, por lo que no cabe más que desestimar la misma; lo que así voto.

IV- No tendrá mejor suerte el agravio dirigido a cuestionar el progreso del rubro “Haberes adeudados” desde el 13/1/2012.

En tal sentido, las partes lucen contestes en cuanto a que la actora fue colocada por la empresa en período de conservación de empleo (cfr. art. 211 de la L.C.T.) a partir del día 18/12/2011. Asimismo, la demandada reconoció en el responde que el 13/1/012 la trabajadora le entregó certificado expedido por su médica psiquiatra otorgándole el alta (ver fs. 52 “in fine”).

Así las cosas, en uso de la facultad conferida por el art. 210 de la L.C.T., la accionada citó a la actora a un control médico laboral -el 15/1/2012-, donde se habría determinado que no se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas. Poco tiempo después -el 6/2/2012- la empresa realiza un nuevo control médico, determinando en esta oportunidad la aptitud de la trabajadora para restituirse a su puesto de trabajo a partir del 7/2/2012.

En este contexto fáctico destaco que la actora acreditó contar con el alta médica en cuestión (ver instrumento obrante a fs. 71, lo actuado a fs. 87 y fs. 117/118), habiendo la empleadora reconocido en autos la entrega de dicha documentación; mientras que la recurrente no arrimó elemento probatorio idóneo dirigido a respaldar sus afirmaciones en torno a la discrepancia que invocara respecto del estado de salud de su dependiente.

No soslayo que aquella señala en favor de su postura la declaración de la testigo Furfaro (fs.119/120), empleada de Recursos Humanos. Sin embargo, sus dichos – apreciados en sana crítica, cfr. arts. 90 de la L.O.y 386 del C.P.C.C.N.- carecen en mi opinión de virtualidad probatoria suficiente, dado que lucen vagos e imprecisos, y -en lo sustancial- no se encuentran respaldados por medio probatorio alguno. Repárase en que no obra en autos prueba instrumental o informativa relativa al supuesto informe elaborado por la empresa de medicina laboral -al que alude el testigo-, del que emergería que la reclamante no se encontraba en condiciones de reintegrarse a sus tareas.

A esta altura concluyo en que la decisión de la accionada de no reintegrar a la actora -ante el certificado médico por ésta presentado- no se advierte debidamente justificada; máxime que poco tiempo después, aludiendo a un nuevo dictamen de sus facultativos -que tampoco fue adjuntado en las actuaciones-, la empresa determinó que la accionante sí se hallaba apta para cumplir la prestación laboral.

En definitiva, y toda vez que encontrándose un trabajador en condiciones de retomar sus labores, el no otorgamiento de las mismas sin causa legítima – frente al expreso requerimiento del dependiente en tal sentido- da lugar al pago de haberes, propongo confirmar la sentencia de grado también en en este punto.

V- En cuanto a la apelación de honorarios deducida por la demandada -por estimar altos los emolumentos de la representación letrada de la parte actora-, teniendo en cuenta el mérito, extensión y calidad de los trabajos realizados en el origen, propongo también confirmar la regulación practicada por el Sr. Juez de grado (cfr. art. 38 de la L.O.; y arts. 6, 7, 8 y cctes. ley 21.839 -mod. por ley 24.432-).

VI- Las costas de la Alzada sugiero imponerlas a la demandada vencida (conf. art. 68, primera parte, del C.P.C.C.N.); y regular los honorarios de las representaciones letradas de la parte actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos, me adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo al que se arriba, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia dictada en la anterior instancia en lo que fue materia de agravios. II) Costas de la Alzada a cargo de la demandada. III) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y de la demandada en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Ante mí.

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