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Los beneficios de la Ley de Regularización Impositiva -N° 26.476- no obstan el pago de las multas de la Ley de Empleo

clases-de-remuneracion-300x225Partes: Maldonado María Vanina c/ Padoc S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 30-sep-2014

Cita: MJ-JU-M-89736-AR | MJJ89736 | MJJ89736

Comprobada la existencia de pagos fuera de registro, las multas de los arts. 8 a 10 y 15 de la Ley de Empleo son procedentes, pues el acogimiento a los beneficios de la Ley de Regularización Impositiva N° 26.476, no produce su liberación.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia de las multas dispuestas por los arts. 8 a 10 y 15 de la Ley de Empleo, dado que el art. 11 de la Ley 26.476 sólo produce la liberación de infracciones, multas o sanciones de cualquier naturaleza previstas en las Leyes 11.683 , 17.250 , 22.161 , 24.769 , 25.212 , 25.191 y capítulo VII de la ley 22.250 , como también la extinción de las deudas por aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, pero no respecto a las multas en cuestión.

2.-Sin perjuicio de que la empleadora se haya acogido a los beneficios otorgados por la Ley 26.476 de Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales , las multas de los arts. 8 a 10 y 15 de la Ley de Empleo son procedentes, pues en virtud del art. 11 de la ley citada en primer término, dichas multas no quedan liberadas.

3.-Corresponde admitir la existencia de pagos en forma marginal dado que los testigos son concordantes y coincidentes en declarar que el sueldo era cobrado en blanco , pero que las comisiones eran abonadas en negro .

4.-Cabe confirmar que la actora se desempeñó desde el comienzo en la categoría de vendedora pues iba a los puntos de venta donde estaban los promotores de la empresa, lugar donde la actora tomaba pedidos y concurría a ver como iban las ventas.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 30 días del mes de septiembre de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y El DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I.Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que, contra la sentencia de fs. 331/334, formula la parte demandada a tenor del memorial que luce a fs. 335/339 vta., que mereciera réplica de la contraria a fs. 349/353.

A fs. 345, la ex representación letrada de la demandada apela sus honorarios por considerarlos bajos.

II.El primer tramo de la queja vertida por la accionada se encuentra dirigida a cuestionar la decisión de primera instancia que la condenó a abonar las multas establecidas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 y 45 de la ley 25.345.

Afirma la recurrente que el juez de grado no tiene en consideración que la accionada se acogió a los beneficios otorgados por la ley 26.476 de «Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales».

Expresa que, a mediados de 2009, la empresa regularizó la situación de la accionante, en los términos de la citada normativa, y que se consignó en sus recibos de haberes su real categoría laboral de viajante de comercio no exclusiva. De esa manera, alega que el art. 11 de la ley 26.476 prescribe que la registración en los términos del art.7º, L.N.E., la rectificación de la real remuneración o fecha de ingreso, producirá la liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza.

Sostiene que la sentencia resulta imprecisa respecto a los motivos por los cuales se admitieron cada uno de los rubros reclamados y que no existían elementos de juicio para viabilizar tales multas.

Sin perjuicio de lo manifestado, no encuentro admisible la queja. Me explico.

El art. 11 de la ley 26.476 dispone que:

«TÍTULO II: Régimen especial de regularización del empleo no registrado y promoción y protección del empleo registrado.

CAPÍTULO I: Regularización del empleo no registrado

ARTICULO 11.- La registración en los términos del artículo 7º de la Ley 24.013, la rectificación de la real remuneración o de la real fecha de inicio de las relaciones laborales existentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, producirá los siguientes efectos jurídicos:

a)Liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha regularización, previstas en las Leyes 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, 17.250 y sus modificaciones, 22.161 y sus modificaciones, 24.769 y sus modificaciones, 25.212, 25.191 y capítulo VII de la Ley 22.250, firmes o no y que no hayan sido pagadas o cumplidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;

b)Para la regularización de hasta diez (10) trabajadores, inclusive, la extinción de la deuda -capital e intereses- originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social que se detallan a continuación:

1.Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Ley 24.241 y sus modificaciones.

2.Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Ley 19.032 y sus modificaciones.

3.Régimen Nacional del Seguro de Salud, Ley 23.661 y sus modificaciones. modificaciones.modificaciones.

4.Fondo Nacional de Empleo, Ley 24.013 y sus modificaciones.

5.Régimen Nacional de Obras Sociales, Ley 23.660 y sus modificaciones.

6.Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Ley 24.714 y sus modificaciones.

7.Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Ley 25.191.

8.Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus modificaciones.

Este beneficio también comprende a la deuda -capital e intereses- en concepto de cuotas sindicales correspondientes a las cotizaciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y de contribuciones de solidaridad, pactadas en los términos de la ley de convenciones colectivas.

c)Las erogaciones realizadas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y que se vinculen con las relaciones laborales que se regularicen, no serán consideradas ganancias netas, gasto ni ventas para la determinación, respectivamente, de los impuestos a las ganancias y al valor agregado del empleador. A tal fin, tendrán el carácter de no alcanzado en los citados impuestos;

d)Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en el presente régimen tendrán derecho a computar sesenta (60) meses de servicios con aportes o la menor cantidad de meses por las que se los regularice, a fin de cumplir con los años de servicios requeridos por la Ley

24.241 y sus modificaciones para la obtención de la Prestación Básica Universal y para el beneficio de prestación por desempleo previsto en el artículo 113 de la Ley 24.013.Los meses regularizados serán considerados respecto de la prestación adicional por permanencia, y no se computarán para el cálculo del haber de la misma ni de la prestación compensatoria.

En dichos términos, soslaya la recurrente mencionar que disposición transcripta sólo produce la liberación de infracciones, multas o sanciones de cualquier naturaleza previstas en las leyes 11.683, 17.250, 22.161, 24.769, 25.212, 25.191 y capítulo VII de la ley 22.250 como también la extinción de las deudas por aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social, pero no respecto a las multas dispuestas por los arts. 8 a 10 y 15, L.N.E. y 80, L.C.T.

Por ello, no advierto fundamento alguno para excluir a la recurrente de abonar las mencionadas multas por lo que propiciaré confirmar la sentencia en este aspecto cuestionado.

III.Formula agravios también la demandada respecto a la valoración de la prueba testimonial, toda vez que considera que el decisorio de grado se fundamenta en testimonios que califica, a su juicio, como de dudosa procedencia y que poco aportaron a las pretensiones de la parte actora.

Sostiene que la forma en que el sentenciante analizó la prueba testimonial dejó en un estado de indefensión a la accionada. Ello así, porque entiende que le asignó credibilidad a los testigos ofrecidos por la parte actora siendo que sus dichos fueron vagos e incongruentes. Por dicha razón, considera inválidas las declaraciones testimoniales de Fernández y Menna por entender que no sabían nada respecto a las condiciones laborales de la actora. Asimismo, entiende que lo poco que expresaron los testigos Areas y Castilla lo sabían «de oídas».

Así, entiende la apelante que no se logró acreditar que la actora percibiera un sobresueldo en forma marginal, como así tampoco que los comercios de la nómina fueran clientes de la actora o que la misma efectuara ventas y cobranzas.

Sin embargo, en los términos planteados, la queja no resulta atendible.Me explico.

El magistrado de grado consideró que las pruebas colectadas demostraron que la demandante había comenzado a desempeñarse como viajante de comercio mucho antes de celebrar el contrato acompañado a fs. 52/54 porque entendió que las declaraciones testimoniales de Areas, Fernández, Menna y Castilla fueron concordantes y lograron demostrar con claridad que la Srta. Maldonado siempre desarrolló tareas de vendedora para la demandada, para lo cual visitaba a los clientes de una zona determinada; por otra parte, desestimó las impugnaciones formuladas por la accionada porque resultaban meras apreciaciones dogmáticas. Teniendo en cuenta ello, consideró demostrado que la actora cumplía, desde sus comienzos, tareas de vendedora y realizaba gestión de cobranzas de los productos comercializados por la demandada.

En efecto, adelanto que coincido con el criterio del sentenciante de grado en cuanto se verifica en autos, a través de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, que la demandante siempre cumplió tareas de ventas y que su salario no se encontraba correctamente registrado. Me explico.

La testigo Areas (fs. 198/199), que trabajaba como vendedora y era compañera de la actora, dijo que trabajó para la demandada entre marzo de 2006 y mediados de 2009 realizando ventas y cobranzas, al igual que la actora. Explicó que la accionante y ella cobraban el sueldo «en blanco» y que las comisiones eran abonadas marginalmente o «en negro».

Señaló que se cruzó muchas veces con la actora cuando entraban juntas a retirar el dinero y firmar.

Fernández (fs. 208/209) expresó que la actora se desempeñaba como vendedora y que la veía dos o tres veces por semana cuando iba a los puntos de venta donde la testigo trabajaba como promotora. Explicó que la demandante iba a tomar pedidos y concurría a ver cómo iban las ventas.

El testigo Menna (fs. 210/211) dijo que fue compañero de trabajo de la actora, entre 2006 y 2009, y que se desempeñó como vendedor al igual que ella.Explicó que vendían productos de perfumería de la empresa demandada por todos los canales comerciales y que también hacían cobranzas. Expuso que se reunían, como mínimo, una vez a la semana y que primero les pagaban el sueldo y, posteriormente, les abonaban las comisiones aparte y «en negro», como también los viáticos. Señaló que cobraban el 4% de comisiones por ventas, que eran abonadas por Verónica Abas o Natalia Tarquini en una oficina, y lo sabe porque cuando iban a las reuniones ya estaban liquidadas las comisiones y debían ir a la oficina donde todos esperaban para pasar a cobrar.

Castilla (fs. 294/295) declaró que trabajó entre 1999 y 2010 como vendedor para la demandada y que la accionante también hacía ventas visitando clientes, levantando pedidos y efectuando cobranzas. Que, por dicha tarea, percibían un sueldo y viáticos, y que una parte era abonada «en negro». Agregó que nunca les pagaron comisiones por cobranzas.

De esa forma, coincido con la valoración de la prueba testimonial que realiza el juez de primera instancia (conf. arts. 386 C.P.C.C.N. y 90 y 155, L.O.) ya que las declaraciones mencionadas precedentemente han sido, en lo principal, concordantes entre sí y con lo expuesto en el inicio, al señalar las tareas desarrolladas por la actora y la modalidad de pago de la remuneración.

Por su parte, la demandada más allá de esgrimir su apreciación de las circunstancias debatidas, no señala los errores de hecho o de derecho en los que, supuestamente habría incurrido el magistrado que me precede sino que, en forma dogmática y subjetiva, afirma que las declaraciones fueron vagas e incongruentes, limitándose a expresar su disconformidad con el resultado del pleito.

Por dicho motivo, no encuentro atendible la queja de la accionada porque parece soslayar el razonamiento del juez de grado ya que en su memorial no se hace cargo de los fundamentos de la decisión cuestionada, omisión que sella desfavorablemente la suerte del agravio (conf. art.116, L.O.).

En esas condiciones, opino que la sentencia debe ser confirmada, como así también respecto a las multas de los arts. 10 y 15, L.N.E., pues -reitero- resultaron acreditados los hechos denunciados para justificar el reclamo inicial.

III.También apela la demandada los honorarios de todos los profesionales intervinientes por altos. A su vez, la ex letrada de la accionada los cuestiona por bajos.

Teniendo en cuenta el monto del proceso y la calidad, complejidad y relevancia de las tareas profesionales cumplidas, encuentro que los emolumentos fijados a la representación letrada de la parte actora, de la demandada a partir de fs. 310 en adelante y los del perito contador no resultan elevados y que los correspondientes a la ex representación letrada de la demandada, hasta fs. 310, se ajustan a las pautas arancelarias vigentes, por lo cual postulo su confirmación (conf. arts. 38, L.O.; 6, 7, 8, 9, 19, 37 y concs., ley 21.839; 3 y 12, dec. ley 16.638/57).

IV.Atento al resultado del recurso interpuesto, propongo imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida (conf. art. 68, C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y demandada en el 25% y 25% de lo que les corresponda, respectivamente, por su actuación en la instancia anterior (confr. art. 14, ley 21.839)

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT dijo:

Adhiero al voto que antecede por análogos fundamentos con la siguiente salvedad.

De conformidad a la norma del artículo 277 CPCCN los tribunales de alzada tienen la facultad de analizar los hechos sobrevinientes al dictado de la sentencia de primera instancia. En este orden de ideas, debe ser objeto de tratamiento el interés a fijarse con posterioridad a la sentencia de grado.A partir del 21 de mayo de 2014 mediante acta 2601 la Cámara Nacional de Apelaciones sugirió la aplicación de la tasa de interés nominal que el Banco Nación aplica para operaciones de préstamos para libre destino hasta 60 meses pues de lo contrario se omitiría conjurar el riesgo de la utilización de una tasa de interés que resulta ajena a las posibilidades de endeudamiento del acreedor que debe proveer a un crédito de carácter alimentario. Por tanto, a partir del dictado de la sentencia de origen corresponde aplicar la tasa de interés establecida por acta CNAT 2601.

EL DOCTOR LUIS ANIBAL RAFFAGHELLI dijo:

En cuanto a la aplicación al presente caso de la tasa de interés sugerida por el Acta 2601/14 de esta Cámara, atento las circunstancias procesales de la causa, y no habiéndose modificado el monto de condena, conforme criterio sostenido en la Sala que integro como Juez titular, adhiero por análogos fundamentos al voto del Dr. Oscar Zas.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL POR MAYORIA RESUELVE : 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fue materia de recurso y agravios. 2) Costas y honorarios de alzada según lo propuesto en el considerando IV del primer voto. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856, Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe.

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

Luis Anibal Raffaghelli

Juez de Cámara

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