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Multa por no indicar con claridad la información que corresponde a los servicios turísticos ofertados en la publicidad de un diario

Agencia de viajesPartes: Organización Piamonte S.A. c/ DNCI s/ defensa del consumidor – ley 24.240 – art. 4

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala/Juzgado: I

Fecha: 13-nov-2014

Cita: MJ-JU-M-89900-AR | MJJ89900 | MJJ89900

Multa por infracción a la ley de defensa del consumidor a una empresa hotelera, en razón de que en la publicidad de un diario no se indicó con claridad la información de carácter obligatorio que corresponde a los servicios turísticos ofertados.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sanción impuesta a la apelante, toda vez que del examen de las pruebas aportadas se configura infracción a la ley de defensa del consumidor en cuanto al deber de información. Ya que en la publicidad cuestionada la información de carácter obligatorio que se consigna al pie no resulta claramente legible para el potencial consumidor, resulta extremadamente dificultosa la lectura y comprensión del texto en cuestión.

2.-La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta en las normas invocadas por la DNCI -según una apreciación objetiva- es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad, asimismo tampoco se requiere de la producción de un daño concreto.

3.-Debe confirmarse el monto de la sanción impuesta a la apelante, dado que la determinación de la multa pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa y sólo es revisable por los jueces en supuestos de ilegitimidad manifiesta. No se advierte que se hayan excedido los límites de razonabilidad exigibles para la valoración de los hechos, ni que se haya incurrido en un exceso de punición, habida cuenta de que para la graduación de la multa la autoridad administrativa ponderó la privilegiada posición dominante de la sumariada en el mercado, su poderío económico y la gran cantidad de consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos; asimismo, que resulta necesaria la imposición de una multa cuyo rigor y severidad permita a la sumariada evaluar la inconveniencia del obrar contrario a la ley, y ello no se lograría en modo alguno si la multa impuesta fuera irrelevante, en términos relativos, en razón de su capacidad económica.

Fallo:

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014.- JMP

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que la representación legal de la firma Organización Piamonte S.A. interpone recurso (fs. 176/177), replicado por el Estado Nacional (fs. 207/220), contra la disposición nº 216/13 (fs. 164/172), por la que el señor Director Nacional de Comercio Interior le aplicó la sanción de multa de pesos diez mil ($ 10.000), por infracción al artículo 4º de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en razón de que en la publicidad del diario La Nación de fecha 24 de abril de 2011, donde se consignó al pie de página «.PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE EN DOLARES ESTADOUNIDENSES. INCLUYEN.», no se indicó con claridad la información de carácter obligatorio que corresponde a los servicios turísticos ofertados.

II. Que para así decidir, la autoridad de aplicación sostuvo que:

(i) el artículo 4 de la ley 24.240, dispone que el proveedor está obligado a suministrar información cierta, clara y detallada de las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización.

(ii) en la publicidad cuestionada (fs. 2) la información de carácter obligatorio que se consiga al pie no resulta claramente legible para el potencial consumidor, toda vez que resulta extremadamente dificultosa la lectura y comprensión del texto en cuestión. En tal sentido, el departamento de Metrología Legal indicó que no resulta posible establecer la medida de los caracteres tipográficos utilizados, en razón del contraste insuficiente entre el texto escrito y el fondo de página que lo contiene (fs. 4). De ahí que se verifica con nitidez que tal necesaria claridad no ha sido lograda con las frases de carácter obligatorio incluidas al pie de la publicidad.

III.Que la apelante, en sustento de su recurso, manifestó que:

1.La información no estaba mal detallada en el aviso promocional, toda vez que en él se explicó claramente que los precios ofertados eran por persona en habitación doble y en dólares estadounidenses.

En tal sentido, en la publicidad se advierte que: (i) se consignó aquello que quedaba incluido en el paquete; (ii) se informó respecto de la disponibilidad de lugares por salida y el tipo de cambio tenido en cuenta; (iii) se dieron algunas especificaciones referidas a la excursión a las Cataratas del Niágara; y (iv) se especificaron las tasas CFT y determinadas cuestiones referidas a la limitación de responsabilidad de la empresa.

2.La DNCI no especificó el tipo de hardware y/o software empleado para llevar a cabo la labor de contralor, y dicha carencia lo deja en un grave estado de indefensión, ya que le impide consultar a su departamento de diseño gráfico a fin de controlar sí, efectivamente, existió el defecto en la confección del aviso.

3.La infracción debe ser evaluada en el caso concreto. De ahí que a los efectos de determinar la procedencia de la penalidad, se debe verificar si a los lectores del aviso les era posible o no conocer las aclaraciones hechas en el pie de página. En el caso, de la simple compulsa de la publicidad se verifica que dicho segmento del texto es legible.

4.En subsidio, toda vez que no registra antecedentes por otras infracciones en el ámbito de la Secretaria de Comercio Interior, la sanción pecuniaria aplicada resulta desproporcionada, por lo que solicita la reducción de su quantum.

IV. Que el art.42 de la Constitución Nacional, establece el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz y libertad de elección, y la ley 24.240 (modificada por la ley 26.361), en el artículo 4º, impone a los proveedores el deber de suministrar a los consumidores la información en forma cierta, clara y detallada de todo lo relacionado con las características de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.

V. Que los agravios no pueden prosperar, habida cuenta de que:

1. Las normas aplicadas son claras en su texto y no contemplan ningún tipo de excepción.

2. La sola verificación de la omisión de la conducta impuesta en las normas invocadas por la DNCI –según una apreciación objetiva– es motivo suficiente para hacer nacer la responsabilidad, y tampoco se requiere de la producción de un daño concreto (esta sala, causas «Volkswagen Argentina S.A. c/DNCI- Disp. 795/10», «INC S.A. c/DNCI» y «Falabella S.A. c/DNCI», «Banco Macro SA. c/ DNCI Disp. 219/11», pronunciamientos del 21 de agosto, 8 de noviembre y 6 de diciembre de 2012 y 19 de marzo de 2013, respectivamente).

3. Los fundamentos con los que pretende deslindar su responsabilidad constituyen afirmaciones dogmáticas e insuficientes a la luz de las obligaciones impuestas por la ley 24.240, de defensa del consumidor.

En efecto, la recurrente:

(i)reconoció la materialidad de la infracción, toda vez que, en su descargo, expresó que: «.cumplimos en manifestarles que tomamos debida nota del contenido de la Resolución 789/98, para evitar incorrectas interpretaciones de la misma en futuras publicaciones de nuestra Empresa.» (fs.55); (ii)no se hizo debido cargo de las observaciones efectuadas por el sector de Metrología Legal con respecto a que las mediciones de la altura de las letras del texto del aviso no pudieron ser efectuadas en razón del contraste insuficiente entre el texto escrito y el fondo de la página que lo contiene.

(iii)para deslindar su responsabilidad debió ofrecer alguna prueba tendiente a demostrar que la información contenida en el aviso promocional fue completa y veraz o sea, suficientemente clara, de fácil comprensión. Por el contrario, ni siquiera hizo referencia al formato digital que habría entregado a la redacción del diario La Nación a fin de efectuar la publicidad encargada.

En consecuencia, la recurrente no ha desvirtuado la imputación fundada en los defectos de claridad en el aviso promocional que publicó el diario La Nación el 24 de abril de 2011.

VI. Que, con respecto a la graduación de la multa aplicada dentro de la escala con la que cuenta la autoridad competente para ello (art. 47 inc. b), de la ley 24.240, sustituido por el art. 21 de la ley 26.361), cabe señalar que:

1. La determinación de la multa pertenece al ámbito de las facultades discrecionales de la autoridad administrativa y sólo es revisable por los jueces en supuestos de ilegitimidad manifiesta (esta sala, causas «Biogenesis Bago S.A. c/ DNCI Disp 225/10», pronunciamiento del 1º de diciembre de 2011, «Emprendimientos 2001 SRL c/ DNCI Disp. 642/09», «Plaza Fan Importación y Distribución S.A. y otro c/ DNCI -Disp. 197/12» y «Casino de Rosario S.A. c/ DNCI -Disp. 774/11», pronunciamientos del 1º y 29 de diciembre de 2011, 27 de noviembre de 2013 y 25 de febrero de 2014, respectivamente).

2.En el caso no se advierte que se hayan excedido los límites de razonabilidad exigibles para la valoración de los hechos, ni que se haya incurrido en un exceso de punición, habida cuenta de que para la graduación de la multa la autoridad administrativa ponderó, con especial énfasis, la privilegiada posición dominante de la sumariada en el mercado, su poderío económico y la gran cantidad de consumidores potenciales afectados por un proceder análogo al verificado en autos; asimismo, que resulta necesaria la imposición de una multa cuyo rigor y severidad permita a la sumariada evaluar la inconveniencia del obrar contrario a la ley, y ello no se lograría en modo alguno si la multa impuesta fuera irrelevante, en términos relativos, en razón de su capacidad económica.

3. La falta de otras infracciones a la ley 24.240 no es un elemento determinante para la fijación del quantum de la sanción, sino uno más a considerar (esta sala, causa «Toot S.A. c/ DNCI – Disp. 135/11», pronunciamiento del 25 de octubre de 2012, entre otros).

Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: confirmar la disposición DNCI nº 216/13. Con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

VII. Que en función de la naturaleza del proceso, su monto -que viene dado en el caso por el importe de la multa cuestionada en autos-, el mérito, la calidad y la extensión de la labor desarrollada a la luz del resultado obtenido, SE ESTABLECEN los honorarios en las sumas de ($.) a favor del Dr Manuel I. Sandoval por su actuación en el carácter de apoderado de la demandada y en ($.) a favor del Dr Sebastián D. Alanis y ($.) a favor del Dr José P. Di Iorio por la tarea cumplida en calidad de patrocinantes de la parte demandada durante la tramitación de presente recurso directo (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás concordantes de la ley de arancel de abogados y procuradores). ASI TAMBIEN SE DECIDE.

El doctor Carlos Manuel Grecco interviene en la presente en términos de la acordada 16/11 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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