El error involuntario de facturación cometido por un empleado sumado a otros incumplimientos en el mismo turno laboral autorizan el distracto por parte del empleador

facturacionPartes: Troncoso Juan M. c/ Casino Melincue S.A. s/ demanda laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 31-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-89283-AR | MJJ89283 | MJJ89283

El error involuntario de facturación cometido por un empleado sumado a otros incumplimientos en el mismo turno laboral autorizan el distracto por parte del empleador.

Sumario:

1.-Corresponde desestimar el agravio del actor contra la sentencia que rechazó la demanda por supuesto despido sin justa causa existente, toda vez que su insistencia en el error involuntario de facturación pretende desviar la atención hacia una negligencia que no amerita el despido, soslayándose que en la comunicación del despido surge sin hesitación que no es éste el único motivo por el que lo despide, sino por una serie de incumplimientos durante un mismo turno laboral.

2.-Si bien un error de facturación de un empleado involuntario no autorizaría el despido, el supuesto error involuntario, bien puede ser causal de despido cuando la negligencia es grosera, pues es de la lógica más que elemental que el empleador contrata, entre otras cosas, la diligencia del empleado.

3.-No existe violación al derecho a la intimidad o correspondencia como argumenta el actor, con sustento en el art. 1036 del CCiv., ya que los correos electrónicos peritados fueron enviados desde una cuenta corporativa, es decir, desde un dominio de la demandada y no desde una cuenta personal del actor; remitidos a otra cuenta corporativa abierta para cada empleado del demandado -procedimiento al que también hacen mención los testigos-, o sea, cuentas abiertas para facilitar la comunicación interna entre los empleados.

4.-Los correos electrónicos remitidos a través las cuentas institucionales son como papeles con instrucciones, notificaciones o avisos necesarios para el desarrollo del trabajo cotidiano, pero por vía electrónica, de lo que se desprende que se trata de documentación interna de la empresa y no del empleado, máxime cuando resulta fácil y gratis, abrir una cuenta personal en cualquier servidora la que sólo su titular tiene acceso a través de una clave, de modo que si el actor hubiera querido que nadie más que el destinatario del correo se enterase, pudiera haber remitido los correos desde una cuenta propia y no una corporativa.

Fallo:

En la Ciudad de Venado Tuerto, a los 31 días del mes de julio del año 2014 se reunieron en Acuerdo los Señores Vocales Doctores Héctor Matías López, Carlos Alberto Chasco y Juan Ignacio Prola,de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, para resolver en los autos: «TRONCOSO, Juan Manuel c/ CASINO MELINCUE S.A. y/O. s/ DEMANDA LABORAL Ley 7945» (Expte. Nº 36/2014), venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral. Hecho el estudio del juicio, se procedió a plantear las siguientes cuestiones: .

1.¿Es justa la sentencia apelada?

2.¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Por sentencia Nº 461, del 07/06/2013, el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de Venado Tuerto decide rechazar las incidencias de tachas incoadas por la actora, rechazar la demanda e imponer las costas al actor. Contra dicho pronunciamiento se alza el actor (fs.228) interponiendo recurso apelación, siéndole franqueada la instancia de alzada por el a quo a fs. 229. Elevados los autos, el recurrente expresa agravios a fs. 253, los que son respondidos por la demandada a fs. 291. Se llaman autos a Sala (fs. 299, decreto que es notificado a todas las partes dejando la cuestión en estado de ser resuelta por la Alzada.

A la primera cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Al tiempo de dar sustento a su recurso de apelación, el recurrente expresa los siguientes agravios contra la sentencia de primera instancia:

1.Porque el a quo no tuvo en consideración -ni tampoco lo consignó en las «resultas» del fallo- lo alegado por el actor al responder por telegrama negó los hechos que se le imputaron.Postula un apartamiento del principio de la sana crítica, y enumera una serie de puntos en los que tal corrimiento se habría producido -reiterando los términos de su rechazo-, destacando que el tema de la facturación se debió a un error humano y que juzga desproporcionada la relación entre la falta y la ruptura del vínculo laboral.

2.Porque entiende que existe una contradicción entre las pautas establecidas por el a quo para evaluar la causal de despido y la manera en que estima la prueba en los párrafos siguientes del decisorio. Discurre largamente en torno al carácter del derecho laboral como desprendimiento del derecho civil, la pirámide del ordenamiento jurídico argentino, y observa la relación existente entre las testimoniales, los informes y las constancias del sistema informático. Analiza con detenimiento las declaraciones de los testigos. Formula una serie de consideraciones en torno a la figura de la abogada representante de su oponente, y su relación con los testigos que ésta profesional propone en los juicios laborales. Plantea que la sentencia impugnada adolece de motivación.

3.Porque entiende mal rechazadas las tachas que su parte formuló contra los testigos. Señala que las tachas fueron deducidas porque los tres eran empleados de la demandada, aunque destaca que, a Diego Hernán Piana lo denuncia por falso testimonio.

4.Porque el a quo le da valor a la prueba de correos electrónicos. Hace un largo desarrollo en torno a la prueba de documentos, la inviolabilidad de la correspondencia. Denuncia que la prueba que el juez valora fue ilegalmente adquirida. Hace una serie de consideraciones en relación a la manipulación o alteración del sistema informático y en punto a la pericia informática de fs. 139.

5.Porque no está de acuerdo con la valoración que el a quo hace del mandamiento de fs.106, señala que la documentación acompañada al mandamiento son copias simples y, como tales, carentes de valor probatorio.

6.Porque a su entender el a quo no consideró la defensa del actor en cuanto al error involuntario de la facturación. Señala que hubo total ausencia de prueba de parte de la empleadora en punto a los hechos invocados en la comunicación del despido.

7.Porque el a quo convalida el despido con causa y señala la falta de probidad en el actor. La letrada siente, además, que no ha recibido de parte del magistrado un trato acorde a su condición.

A su turno, tras señalar que a su sentir las quejas expuestas por la actora no alcanzan a satisfacer el requisito técnico de crítica concreta y razonada de los puntos de la sentencia con los que no está conforme -art. 118, CPL-, y luego de puntualizar que la apelante no ofreció ninguna prueba, la demandada contesta puntualmente los agravios de su oponente, en los siguientes términos:

1.No es cierto que el a quo no haya considerado la versión de la demandada, sino que no hubo de su parte prueba alguna que sostenga sus afirmaciones.

2.Defiende la valoración que hizo el a quo de la prueba testimonial y pericial, y apunta que no hay dudas de la conducta injuriosa del actor.

3.Defiende la decisión tomada por el a quo en los incidentes de tacha.

4.Defiende también la valoración de la prueba de los correos electrónicos y su interpretación.

5.Destaca que los datos consignados en el mandamientos fueron constatados por el Oficial de Justicia y en presencia del actor y su letrada.

6.Destaca el reconocimiento del ingreso de la «invitada» en la confesional del actor (fs.34, vta.).

7.Señala la contradicción en el reclamo del sobre el trato recibido por la abogada de la actora y el dispensado por ésta al magistrado y a la apoderada de la demandada.

Oídas ambas partes la Sala está en condiciones de encarar su tarea funcional.

Tratamiento de los agravios.

Quiero empezar señalando que no coincido con la demandada en cuanto a la deficiencia técnica del escrito de expresión de agravios, a mi juicio, el escrito de fundamentación del recurso satisface todas las formalidades técnicas que requiere el art. 118, CPL. Pero sólo las técnicas, porque en Justicia, en la substancia de su queja, no le asiste el derecho, por lo que el recurso ha de ser rechazado. Aquí mis razones.

En cuanto al primer agravio, relacionado a la falta de consideración por el a quo de los extremos postulados por el actor, en modo alguno puede prosperar. El motivo es simple, de la lectura del fallo se desprende precisamente lo contrario de lo argumentado en la queja.

En efecto, en el relato que el a quo hace de la causa claramente se explica quién demanda, a quién se demanda, por qué se demanda, y cual es contenido de las pretensiones y defensas opuestas. Refiere la prueba ofrecida por el actor en la demanda, y la realización de la audiencia del art. 51, CPL. Hace un relato sintético de la secuencia procesal que siguió la causa, y cómo se cumplieron las formalidades requeridas para estar en condiciones de dictar sentencia. Esto, a mi sentir, satisface plenamente el detalle que requiere el inc. c) del art. 97 del CPL.

Pero el Juez no sólo lo refirió en la oportunidad aludida, sino que también -a poco que se superen los dos primeros párrafos de los considerandos- puede notarse que el a quo se introduce en la substancia de lo que están discutiendo las partes, al desbrozar el camino señalando el tópico en común que los convoca: el despido con causa del actor.Se observa también que el actor en la demanda escuetamente transcribe los textos del intercambio epistolar y fundamenta en ellos su pretensión, en tanto que la demandada reconoce como punto neurálgico del debate esas dos comunicaciones. Y no deja pasar la ocasión para señalar que tal despido está documentado en la carta documento acompañada por el propio actor -en original y copia- y que forma también parte esencial de la demanda, al punto que es transcrito íntegramente en ella. Luego, es difícil sostener que el a quo no tuvo en consideración las postulaciones del actor.

Al respecto, vale agregar aquí que la demanda se limita a transcribir el intercambio epistolar entre las partes, con breves acotaciones que sirven de nexo formal para enlazar los párrafos en que se transcriben los textos de las misivas cruzadas. Ante tal ahorro de argumentos, luce injusto achacar al a quo falta de consideración, ya que en cierto modo se le está pidiendo que considere lo que la parte no dijo.

El actor inicia la demanda porque cuestiona el despido con justa causa, el juez analiza el instrumento -acompañado por el propio actor- en el que se lo pone en conocimiento de los motivos de la ruptura, lo evalúa en relación a la normativa vigente -art. 243, LCT- y en relación a la prueba colectada en el expediente. En mi parecer, esto es suficiente consideración de los extremos alegados por la parte. Lo que ocurre es que a la parte no le gusta la conclusión a la que arriba el a quo, porque no la favorece en sus postulaciones, pero los argumentos que brinda no alcanzan a persuadir al Tribunal de la justicia del reclamo.

Así el tema de la insistencia sobre el error involuntario de facturación, que la quejosa reitera en varios agravios y que trataremos aquí. Astutamente, la actora hace hincapié en este tema, para desviar la atención hacia una negligencia que no amerita el despido.Pero de la redacción de la comunicación del despido surge sin hesitación que no es éste el único motivo por el que lo despide, sino por una serie de incumplimientos durante un mismo turno laboral. El supuesto error involuntario, por otra parte, bien puede ser causal de despido cuando la negligencia es grosera, pues es de la lógica más que elemental que el empleador contrata, entre otras cosas, la diligencia del empleado.

Por los motivos expuestos entiendo que el agravio debe ser desestimado.

Igual suerte ha de correr el segundo agravio, ya que carece de toda realidad. Nada de lo que dice en la queja se ve reflejado en las constancias de autos, la prueba en su contra es diáfana y la lectura que de ella hace el a quo se corresponde claramente con los extremos sostenidos en la contestación de la demanda. Es cierto que los testigos trabajan para la demandada, es cierto que se trata de las constancias informáticas de la empleadora, es real que la instrumental colectada es documentación administrativa de la accionada, pero, ¿de dónde quiere que salga la prueba? Si lo que estamos discutiendo s on hechos sucedidos durante el horario de trabajo, en ocasión del trabajo y en el lugar donde se presta el trabajo, a quién se le puede requerir prueba de lo sucedido sino a las personas que estaban trabajando con el actor, mediante los instrumentos obtenidos a través de los mecanismos normales y conocidos del casino -el empleado no desconoce la existencia de cámaras, manuales con instrucciones específicas, etcétera-, y sobre los controles administrativos del empleador. Esto es de una lógica tan elemental, que desnuda la raíz absurda de la queja.

La prueba en contra de la pretensión contenida en la demanda es abrumadora. La recurrente intenta corregir formalmente lo que en justicia no le corresponde. El análisis que hace de las declaraciones de los testigos impugnados es del todo caprichoso.El testigo Piana, realiza un pormenorizado relato de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, cómo es que él se impuso de ellos, cuál es procedimiento que debe seguirse, refiere la existencia de un manual de procedimiento que se entrega a los empleados en el que está contemplada la irregularidad constatada en el actor. Declaración ésta que es concordante con el compromiso firmado por el empleado al momento de recibir el manual, acompañado en secretaría junto a la correspondiente constancia de aceptación. Incluso, por relación de vecindad, Piana conoce a la mujer que ingresó aquella noche al hotel, y sabe que es la novia del actor.

El testigo Soto, además de concordar con lo dicho por el testigo anterior, da precisiones sobre el modo en que se asentó en el sistema del casino a la dama sindicada como novia del actor. En el mismo sentido declara Doyle. De lo que se desprende que los tres testimonios son coincidentes. Por lo que no hay motivo alguno para dudar de ellos.

Sí, en cambio, y en razón de la doctrina de los propios actos, podemos poner en duda la verosimilitud de la versión del actor. De sus propios actos, digo, por cuanto: a) deja pasar varios días para contestar el telegrama, pese a la gravedad de las acusaciones que se hacen en la comunicación del despido; b) lleva adelante una constante tarea entorpecedora buscando complicar cuanta prueba lo desfavorezca, pero, por su parte, no produce una sola que avale su versión; c) viene en apelación a la Alzada, pero sus agravios carecen de la menor correspondencia con lo decidido por el aquo, sino que de modo constante busca hacerle decir a la sentencia lo que la sentencia no dice.

Dejo para el final de mi voto la argumentación de la quejosa en relación a la letrada de la contraparte, pues me parece estar vinculada la cuestión con la queja formulada en el séptimo agravio.Por lo que postergaré su tratamiento para dicha ocasión.

Sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, y como para cerrar la respuesta a la segunda queja, quiero señalar -a tenor de lo dicho por la letrada de la quejosa respecto de la abogada de la demandada- que mucho más cerca está ella del abuso del proceso, que su colega de manipular testigos. Durante todo el proceso se observa en la actora una actitud de entorpecimiento, de estirar el derecho de defensa más allá del límite de la buena fe, de articular incidentes sin la menor posibilidad de ser viables, de formular impugnaciones sabiendo desde el vamos que serán inadmisibles, de llevar adelante negativas infundadas y caprichosas, de ser casi completa la orfandad probatoria de sus pretensiones, etcétera. Esta conducta, a mi juicio, se opone al principio de lealtad procesal que como magistrados tenemos el deber de hacer respetar (art. 222, Ley 10.160; art. 24, C.P.C.C.), ya que no se puede permitir que se utilice a los Tribunales para aventuras judiciales como la presente.

Por los motivos expuestos, debe desestimarse el agravio.

El tercer agravio tampoco ha de prosperar. Esta queja está dirigida a sostener las tachas rechazadas. Todas ellas, como la propia quejosa lo señala, apuntan a la falta idoneidad de los testigos por su condición de empleados de la demandada. Ahora bien, ya hemos visto que los hechos que se debaten en la especie ocurrieron en horario de trabajo, en ocasión del trabajo y en lugar del trabajo, luego, luce más que razonable que sean los otros empleados los que puedan dar testimonio de lo sucedido. Más todavía cuando los tres citados fueron testigos directos de lo ocurrido, pues compartían horario, ocasión y lugar de trabajo con el actor.Además, y como es pacífica jurisprudencia, si es válido el testimonio de las personas que trabajan con el empleado, cuando éste testimonio lo favorece, no veo razón para no validar el testimonio de los otros empleados -sin importar el rango jerárquico que ocupen-, sólo porque en el caso tales declaraciones desfavorecen al actor.

Por último, cabe señalar que pese a la insistencia de la quejosa, los argumentos con los que pretende sustentar las tachas no apuntan a la idoneidad o no del testigo, sino más bien a una mera cuestión de conveniencia de tachar todos aquellos dichos que no favorecen al actor. Pero como sabemos, en la ley procesal laboral de nuestra provincia, no existe la tacha al dicho. En todo caso, la insistencia no hace más que hablar de la reprochable conducta entorpecedora del proceso que muestra la actora a cada paso.

Por los motivos expuestos el agravio debe ser rechazado.

El cuarto agravio también habrá de ser rechazado. Éste, como sabemos, apunta a restar valor a la prueba pericial de fs. 140 atacando la comprobación de los correos electrónicos constatados según respuesta a la pregunta sobre «si los mails reservados fueron remitidos de la cuenta en Casino de Melincué S.A. y ocurrido la pericia, se le exhiba al actor para su reconocimiento y a los testigos», por considerarla repugnante al derecho a la intimidad y porque, además, no hay manera de comprobar la autoría de los correos.

En punto al derecho a la intimidad o a la pretendida violación de correspondencia que reclama la actora, con sustento en el art. 1.036 del Código Civil, debemos decir que no es tal, ya que los correos fueron mandados desde una cuenta corporativa. Es decir, desde un dominio de la demandada, no desde una cuenta personal del actor; y fueron remitidos a otra cuenta corporativa abierta para cada empleado del casino -procedimiento al que también hacen mención los testigos-, o sea, cuentas abiertas para facilitar la comunicación interna entre los empleados del casino.Por lo que no se advierte que haya violación de correspondencia, porque, en definitiva, los correos electrónicos remitidos a través de esas cuentas serían como papeles con instrucciones, notificaciones o avisos necesarios para el desarrollo del trabajo cotidiano, sólo que por vía electrónica. De lo que se desprende que se trata de documentación interna de la empresa y no del empleado. Más reafirma mi convicción la circunstancia por todos sabida de lo fácil que resulta abrir una cuenta personal en cualquier servidor gratuito (Google, MNS, etc.), a la que sólo su titular tiene acceso a través de una clave. De manera que, si el actor hubiera querido que nadie más que el destinatario del correo se enterase, pudiera haber remitido los correos desde una cuenta propia y no una corporativa.

Por el contrario, yo creo que lo hizo ante la desesperación de haber sido descubierto en su falta, ya que era consciente de la gravedad de ella. Entonces remitió esos correos a los otros empleados desde la cuenta de la recepción -que era donde el actor estaba prestando tareas-, con la esperanza de conseguir alguna manera de salvar la situación.

No obstante lo dicho, el problema con el que se enfrenta la quejosa y no consigue superar, es que los correos que desesperadamente trata de invalidar no son determinantes para la solución del litigio. Efectivamente, la pregunta que se le formula al perito es circunstancial y su falta de consideración ni invalida el resto de la pericia -que es la parte importante y la que está referida a las entradas en el sistema informático de la administración del casino-, ni cambia el resultado del pleito, pues, la pericia entera podría faltar y aún así habría prueba más que suficiente sostener el resultado: los testimonios; la constatación judicial -mandamiento de fs.65-, la documentación interna de la administración del hotel; las reglas de comportamiento y procedimiento del manual que el actor reconoce haber recibido y leído; la conducta de entorpecer constantemente el trámite del pleito, que ya hemos descrito; la oposición desatinada a cuanta pregunta se le hacía en la confesional, desaprovechando así propia parte la posibilidad de ejercer adecuadamente su derecho de defensa, justo en el momento clave del proceso en el que puede explicar con mayor detenimiento los extremos de su pretensión (absolución de posiciones); etcétera.

Por otro lado, podría invalidarse la pregunta relacionada a los correos electrónicos, pero mantener en pié el resto de la pericia, que, como anticipamos, es la parte más importante y que, articulada con el resto de las pruebas enumeradas, generan una masa probatoria más que convincente. Sin perjuicio de esto, en mi opinión podría prescindirse del juicio del experto y arribarse al mismo resultado jurídico.

De modo que no siendo determinante para el resultado del pleito la prueba pericial, no se advierte que su falta de consideración por el tribunal altere en favor de la quejosa el resultado del litigio. Luego, el agravio ha de ser desestimado.

El quinto agravio tampoco puede ser recibido, ya que es del todo desatinado. En primer lugar, la actora dice que la instrumental constatada debió ser ofrecida al responder la demanda, por lo que su constatación es extemporánea. Esto no es cierto, en la contestación de la demanda, se ofrece y se acompaña documentación según lo dispuesto en el art. 39, inc. d), CPL; mientras que en la oportunidad de la audiencia del art. 51 -inc. IV, CPL-, la demandada ofrece prueba de constatación -art. 95- sobre circunstancias consideradas apreciables par a la solución del litigio: horario de ingreso del actor el día de los hechos; asientos en los libros de registro de pasajeros al hotel; si estuvo ocupada ese día la habitación 120; quién estaba atendiendo la recepción aquel día, etc.Es decir, se trata de una prueba válida, permitida por el código procesal, introducida en la etapa y el modo que la ley procesal lo indica y sobre la que la parte que ahora se queja ejerció en la ocasión el control efectivo, ya que estuvo presente durante la realización de la medida. Luego, no vemos razones formales para prescindir de ella.

En segundo lugar, el argumento que la letrada se opuso a la prueba porque pudo haber habido manipulación del sistema informático atento el tiempo transcurrido -un año aproximadamente- entre los hechos y la constatación, es absolutamente irracional. Ni la demora es tan larga ni hay nada en los registros constatados que nos permita inferir que fueron alterados.

Además, la denuncia de alteración de los registros significa que hubo un cambio en los mismos en desmedro de la posición del actor. En otras palabras, que los registros fueron alterados adrede por la patronal, para documentar una situación irreal desfavorable para el actor; pero si no hubieran sido alterados demostrarían que el derecho le asiste al empleado y no al empleador. En consecuencia, si esos registros favorecían los derechos reclamados por actor, éste tenía las herramientas procesales -aseguramiento de pruebas- adecuadas para evitar que eso suceda, y no las utilizó.

Más aún, el actor pudo aprovechar la pericia informática para inquirir al experto sobre si los registros informáticos habían sido alterados, pero -como ocurrió a lo largo de todo el proceso- prefirió la vía negativa, la de la impugnación de la pericia, la del cuestionamiento absurdo a cada prueba que proponía su contraparte, y dejó pasar la ocasión de servirse de una actividad probatoria que podría haberla beneficiado.

Por el contrario, lo que hace todo el tiempo es oponerse, oponerse a todo y no probar nada. No se observa de parte del actor el menor esfuerzo probatorio, sino que todos sus esfuerzos apuntan a destruir la prueba de su contraria.Es decir, basó su estrategia de litigación no en probar que los hechos que se le atribuyen no son ciertos, sino en intentar que no pruebe la demandada y así favorecerse con la presunción juris tantum que pone a cargo de la empleadora la prueba de la justa causa de despido. En este orden de ideas debo decir que su estrategia fracasó.

Por los motivos expuestos se desestima el agravio.

El sexto agravio también debe ser rechazado, por las mismas razones expuestas al dar tratamiento al primer agravio, ya que la propia apelante señala la íntima relación con lo postulado en aquella primera queja.

En efecto, la recurrente reaviva el debate, ahora bajo el sólo argumento que ella contestó negando los hechos. Pero acabamos de ver hay prueba más que suficiente que desmienten su pretensión, luego, carece de sentido volver a explicar lo que ya se ha explicado. La invocación del principio in dubio pro operario (art. 9, LCT) que hace para el análisis de la prueba colectada en autos carece de toda razonabilidad, la norma se aplica en los casos en que hay duda sobre la prueba, ordenando la ley que se interprete en favor del trabajador. Pero esto es para casos de duda, aquí no la hay. Luego, no vemos cómo puede jugar el principio expuesto en la norma mencionada, pues en autos hay prueba diáfana en torno a la justa causa del despido.

Por los motivos expuestos se rechaza también este agravio.

En este séptimo y último agravio, la quejosa se agravia de que el a quo considere que no se comportado con la probidad que requiere la ocasión y su profesional señala que ella, de modo particular, no ha recibido del a quo trato respetuoso. He dejado para tratar aquí, también, las apreciaciones hecha por la abogada del actor en relación a la abogada de la empleadora.Desde ya anticipo que el agravio será rechazado y que las acusaciones que la parte y su letrada formulan al a quo y a la letrada de la demandada se vuelven en su contra, ya que de la lectura de las actuaciones se desprende sin hesitación que la actora no ha respetado el principio de lealtad, probidad y buena fe que debe imperar en cualquier proceso judicial, sea cual sea la materia de que se trate.

Las continuas articulaciones sin la más mínima viabilidad, las constantes impugnaciones y oposiciones formuladas con el único fin de entorpecer el proceso; la ausencia casi total de actividad probatoria, la queja por la queja misma, etcétera, son aspectos salientes de este proceso. Tan salientes que demuestran a las claras que se trató de una aventura judicial iniciada por una persona poco escrupulosa y con la representación de una letrada que actúa constantemente al borde de la ética. Es intolerable en un proceso escrito que se trate de modo grosero a la contraria o a su apoderada y luego se pida disculpas por haberse dejado llevar por la pasión con que se ejerce el ministerio. No en un proceso escrito en el que hay tiempo para reflexionar sobre lo que se escribe, y menos hoy día cuando la computadora nos permite estar escribiendo siempre en borrador.

En ninguna parte del expediente se ve que el a quo haya dispensado a la parte ni a su apoderada un trato indigno o fuera de lugar. Todo lo contrario, si alguien a dispensado un trato indecoroso al magistrado y a la abogada de la demandada, es la letrada quejosa.Es ella quien sugiere que su colega prepara los testigos para los juicios -acusación que ni siquiera intenta demostrar-, es ella quien acusa de temeraria la conducta de la empleadora -y no arrima una sola prueba en tal sentido-, es ella quien acusa al juez de ofenderla moralmente -aunque no se sabe por qué-; es ella quien se vale de «cuanto artilugio jurígeno tuvo a su alcance para tratar de torcer el rumbo de la discusión», como explica con meridiana claridad el a quo.

Por lo tanto, en mi opinión la actuación de la Dra. Florit está absolutamente reñida con la ética profesional y con el decoro y la dignidad con que debe ejercerse la representación en juicio. Nadie hubiera tocado este tema, de no haber sido por su propia queja. Pero ya que la misma abogada trae al tribunal el agravio concreto, me parece que merece de la Sala una respuesta concreta.

Se rechaza también este agravio.

Por último, y en relación a la queja sobre las costas, por aplicación del art. 101, CPL, deben cargarse al actor en ambas instancias.

A la misma cuestión los Dres. Lopez y Chasco, dijeron:

Adherimos al voto precedente.

A la segunda cuestión el Dr. Prola, dijo:.

Por los motivos expuestos en los párrafos precedentes voto: 1) Rechazando el recurso de apelación; 2) Costas a la apelante; 3) Regulando los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la instancia de grado.A la misma cuestión los Dres. López y Chasco, dijeron:

Adherimos al voto precedente.

Por todo ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto,RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación.

II: Costas a la apelante.

III. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 50% de lo que corresponde por la instancia de grado.

Insertese, hágase saber y bajen.

AUTOS TRONCOSO J.M. C. CASINO MELINCUE SA S. DL. 36-14

Dr. Juan Ignacio Prola

Dr. Héctor Matías López

Dr. Carlos Alberto Chasco

Dra. Andrea Verrone- Secretaria

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: