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Se rechaza la multa del art. 2 de la Ley 25.323 por haber el empleador alegado -aunque sin pruebas contundentes- pérdida de confianza

DineroPartes: Marciales Ricardo Alfredo c/ Servicio Electrónico de Pago S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 26-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87727-AR | MJJ87727

Si bien la indemnización por antigüedad resulta procedente, no corresponde admitir la multa del art. 2 de la Ley 25.323, pues la demandada produjo -aunque insuficiente- prueba para acreditar la pérdida de confianza en la que basó el despido.

Sumario:

1.-No corresponde considerar fundado el despido del actor por pérdida de confianza dado que no se ha producido prueba suficiente y conducente para tener por acreditado que los faltantes de dinero en los locales donde se desempeñó el actor y en las cajas que estaban a su cargo, se hayan producido por su responsabilidad.

2.-El despido por pérdida de confianza no puede admitirse puesto que si bien los testigos dan cuenta de los faltantes de dinero en los locales donde se desempeñó el actor y en las cajas que estaban a su cargo, de la operatoria llevada a cabo, y que del resultado de la auditoría interna se concluyó que había diferencias en la contabilización de la caja del actor, lo cierto es que ninguno de los deponentes conoce al accionante, y el conocimiento que tienen acerca de los hechos sobre los que declararon tiene su anclaje en la auditoría interna e investigaciones llevadas a cabo con motivo de los faltantes detectados.

3.-Sin perjuicio de que se ha probado que ha existido un faltante de dinero y que el mismo ha sido importante, lo cierto es que la prueba incorporada en autos no resulta suficiente como para afirmar la participación y la responsabilidad del actor en el hecho que se le imputa, por ello, el despido dispuesto por la empleadora con dicha causa no puede reputarse legítimo.

4.-No corresponde hacer lugar al reclamo fundado en el art. 2 Ley 25323, en tanto que sin perjuicio de la procedencia de las indemnizaciones, lo cierto es que la demandada ha producido prueba para demostrar la existencia del faltante oportunamente denunciado y por ello han existido razones justificadas para que no se efectuara el pago de las indemnizaciones ante la intimación del actor.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2014, para dictar sentencia en estos autos: «MARCIALES RICARDO ALFREDO C/ SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A. S/ DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA BEATRIZ I. FONTANA DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia, que rechazó la demanda en lo principal, apela la parte actora a mérito del memorial de fs.228/234, mereciendo la réplica de fs. 239/240.

La representación letrada de la parte demandada a fs. 235/236 recurre la regulación de sus honorarios por considerarlos reducidos y en la misma presentación la parte demandada apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora por altos.

La parte actora afirma que la sentencia le causa agravio porque se decidió el rechazo de la acción basándose solamente en dichos de los testigos, soslayando la falta de producción de prueba. Sostiene que los testigos no pudieron aseverar más que los faltantes, que realmente se habían producido, pero no fueron testigos presenciales de la maniobra y sólo se remiten a informes del sistema, que no fueron acompañados como prueba instrumental ni fueron puestos a disposición del perito contador. Alega que no se tuvo en cuenta el informe del contador, en el que claramente manifiesta que no hay elementos que indiquen que fue el actor el responsable del supuesto faltante de dinero. Agrega que tampoco fueron consideradas la falta de producción de la prueba informativa y caligráfica por parte de la demandada.

Adelanto que, analizadas cuidadosamente las constancias de la causa, en mi opinión, el recurso debe ser atendido.

En primer lugar creo necesario memorar que la demandada procedió a despedir al actor mediante la escritura obrante a fs.24, de la que surge que el distracto se decidió porque del resultado de la auditoría interna finalizada el 6/3/12 se detectaron cuatro faltantes por montos de considerable importancia, correspondientes a las recaudaciones a cargo del actor, en las fechas que allí se detalla.Señala en dicho documento que, habiéndose realizado las investigaciones correspondientes, surge la indubitable responsabilidad del actor, sin que el mencionado brindara explicación alguna y teniendo en consideración los antecedentes del mismo, entienden que no ha obrado con el celo y responsabilidad que exigen su puesto de trabajo, considerando que su conducta configura el caso de pérdida de confianza, que constituye injuria en los términos del art. 242 de la LCT.

Ello así, correspondía a la parte demandada acreditar los hechos imputados al actor que dieron lugar a la rescisión del vínculo y lo cierto es que en el caso, no advierto que lo haya logrado mediante prueba idónea.

En efecto, conforme surge de los términos de la comunicación rescisoria, a fin de determinar la responsabilidad endilgada al actor se llevó a cabo una auditoría interna. Dicha auditoría también fue referenciada por el actor al inicio, pero el mismo señaló que no arrojó ningún resultado palpable y/o que determine que tuviera o hubiese tenido responsabilidad con los hechos denunciados por la demandada.

Ahora bien, los testigos valorados por la sentenciante dan cuenta de los faltantes de dinero en los locales donde se desempeñó el actor y en las cajas que estaban a su cargo, de la operatoria llevada a cabo, y que del resultado de la auditoría interna se concluyó que había diferencias en la contabilización de la caja del actor, pero lo cierto es que ninguno de los testigos referidos conoce al accionante, y el conocimiento que tienen acerca de los hechos sobre los que declararon tiene su anclaje en la auditoría interna e investigaciones llevadas a cabo con motivo de los faltantes detectados.

En esta inteligencia, el valor probatorio de sus dichos sólo corresponde establecerlo en virtud de la concordancia que los mismos tengan con la referida auditoría interna llevada a cabo.

Sin embargo, el perito contador en el punto 8 de fs.155 señaló que el sector «settlement» arrojó como resultado, faltantes de caja por la suma de $107.922, sin embargo, con la información obtenida de la demandada no puede asegurar que los mismos sean responsabilidad del actor. En el punto también destacó que con un informe de Auditoría interna podría llegar a asegurar que los movimientos de fondos de las cajas fueron solo procesados en el sistema, cobrados y rendidos por el accionante y por ninguna otra persona, pero no contó con dicha información, por lo que no le resultó posible determinar dicha responsabilidad. A fs. 159, pto. 9) reiteró estos conceptos y destacó la falta de información suficiente.

Al responder la impugnación efectuada por la demandada respecto de los puntos destacados precedentemente, el experto señaló que la evidencia presentada por la empresa, corresponde a una conciliación de cuenta contable sobre la caja, que este tipo de control arroja como resultado diferencias de caja, pero que en base a este tipo de control no se puede asegurar que el responsable haya sido el actor.Señaló que no le fue brindada información acerca de los números de clave pertenecientes al actor.

La demandada al contestar esta última aclaración sostuvo que mediante la prueba testimonial acreditaría que el actor resultaba el único responsable de los faltantes de caja objeto de controversia de la litis, pero lo cierto es que los dichos de los testigos no resultan prueba idónea para echar luz acerca de esta circunstancia, máxime cuando los mismos ni siquiera lo conocen.

En el punto cabe destacar que resultaba sustancial a los fines de la dilucidación de la litis, haber contado dentro de los elementos de prueba con la auditoría interna invocada por la demandada para sostener las imputaciones efectuadas al actor y en la que se apoyaron todos los testigos para aseverar la responsabilidad del mismo en los hechos que se le atribuyeron, pero la misma no fue acompañada, y ni siquiera fue exhibida al perito contador en las instancias correspondientes.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que la parte demandada no aportó en autos la supuesta auditoría a la que hizo referencia en su responde; tampoco brindó al perito contador información sobre dicha auditoría y mucho menos la exhibió, no habiendo tampoco informado las claves de acceso que correspondían al actor; tampoco advierto que haya producido la prueba informativa tendiente a demostrar la existencia de una denuncia penal vinculada con los hechos ventilados en autos en tanto consintió el proveído de fs. 202; y la prueba testimonial aportada revela que ninguno de los testigos conocía personalmente al actor, y que por ejemplo el testigo Crespo alude a remitos y constancias documentales que dice haber visto, pero no se advierte que esa documentación haya sido agregada en autos ni sometida al reconocimiento de la parte actora. En el mismo sentido Libertini aludió que pidieron los comprobantes y entrecruzaron datos, pero esos comprobantes, reitero, no fueron aportados en autos ni se exhibieron al perito contador (ver fs. 159 pto. 9 y fs.165/166). A todo ello cabe agregar que Cuppi manifestó que no sabe cómo se determina qué persona trabaja en la terminal, que hay un registro pero no es parte del sector del testigo, y lo cierto es que ese registro tampoco fue aportado en autos.

No dejo de merituar que se ha probado que ha existido un faltante de dinero y que el mismo ha sido importante. Pero lo cierto es que con la prueba incorporada en autos no considero que se pueda afirmar que se ha probado la participación y la responsabilidad del actor en el hecho que se le imputa.

Siendo ello así, atendiendo a lo dispuesto por los arts. 9, 10 y concs. LCT, no advierto que en el presente caso se haya producido prueba suficiente y conducente para tener por acreditados los hechos en los que se fundó el despido por pérdida de confianza, y por ello he de proponer hacer lugar al reclamo de las indemnizaciones de ley formulado en la demanda.

A las mismas cabe adicionarle los rubros vacaciones y SAC proporcionales cuya procedencia y montos llegan firmes a este Alzada.

Sin embargo, en mi opinión en este caso no corresponde hacer lugar al reclamo fundado en el art.2º Ley 25.323, en tanto sin perjuicio de lo concluido supra, lo cierto es que la demandada ha producido prueba para demostrar la existencia del faltante oportunamente denunciado y por ello en mi opinión han existido razones justificadas para que no se efectuara el pago de las indemnizaciones ante la intimación del actor, ya que la demandada tenía derecho a someter el caso a la valoración de los jueces, tal como lo autoriza y dispone el art.242 LCT.

El rechazo de los rubros «seguro de retiro privado» y multa del art.80 LCT no se encuentra cuestionado, por lo que no expediré con relación a los mismos.

Para el cálculo de los rubros que integrarán la condena, tendré en cuenta los parámetros fijados en grado que también llegan firmes a esta instancia, para lo cual estaré a la fecha de ingreso del actor del 2 de julio de 2010, al fin del vínculo del 8 de marzo de 2012, y a la remuneración mensual de $5.790,16.

En consecuencia, de prosperar mi voto, el actor será acreedor a los siguientes rubros y montos: $11.580,32 en concepto de indemnización por antigüedad; $5.790,16 en concepto de indemnización sustitutiva de preaviso omitido; $482,51 en concepto de incidencia del SAC sobre preaviso; $4.295,93 en concepto de integración del mes de despido; $357,99 en concepto de incidencia del SAC sobre integración; $3.242,48 en concepto de vacaciones proporcionales;y $1.447,53 en concepto de SAC proporcional lo que asciende a un total de $27.196,92.

Sobre dichas sumas se adicionarán los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta su efectivo pago aplicando para ello la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos (conf. Acta CNAT Nº 2357).

Atento el nuevo resultado del juicio, he de proponer dejar sin efecto lo decidido sobre costas y honorarios, por lo que resultan de tratamiento abstracto los recursos deducidos al respecto.

En consecuencia, y conforme art. 279 CPCCN, propongo que las costas del juicio sean soportadas en ambas instancias por la demandada en tanto ha resultado vencida en lo sustancial del reclamo, regulando los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los correspondientes a la parte demandada, y los del perito contador designado en autos, en el 16%, 12% y 8%, respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena (conf. art.68 CPCCN, ley 21.839, dec.ley 16.638/57 y art. 38 L.O.).

Por las tareas ante esta alzada, propongo fijar los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo regulado para primera instancia (conf. art. 14 Ley 21.839).

De prosperar mi voto propongo: 1) Revocar la sentencia apelada en la medida del agravio y hacer lugar a la demanda condenando a SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A. a abonar al actor dentro del quinto día de notificada en la ocasión prevista por el art. 132 L.O. y mediante depósito judicial en autos, la suma de $27.196,92 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y seis con 92/100) que le adeuda por los rubros y montos detallados en el considerando respectivo. Sobre dichas sumas se adicionarán los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos. 2) Imponer las costas del juicio en ambas instancias a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los correspondientes a la parte demandada, y los del perito contador designado en autos, en el 16% (dieciséis por ciento), 12% (doce por ciento) y 8% (ocho por ciento)respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena. 4) Por la actuación ante esta alzada, regular los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% de lo fijado para primera instancia.

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS: No vota (art. 125 ley 18.345).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal Resuelve: 1) Revocar la sentencia apelada en la medida del agravio y hacer lugar a la demanda condenando a SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A. a abonar al actor dentro del quinto día de notificada en la ocasión prevista por el art. 132 L.O.y mediante depósito judicial en autos, la suma de $ 27.196,92 (Pesos Veintisiete mil ciento noventa y seis con 92/100) que le adeuda por los conceptos y montos detallados en el considerando respectivo. Sobre dichas sumas se adicionarán los intereses desde que cada rubro fue debido y hasta el efectivo pago aplicando la tasa activa que fija el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamos. 2) Imponer las costas del juicio en ambas instancias a la demandada vencida. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los correspondientes a la parte demandada, y los del perito contador designado en autos, en el 16% (dieciséis por ciento), 12% (doce por ciento) y 8% (ocho por ciento), respectivamente, del monto total de capital e intereses de condena. 4) Por la actuación ante esta alzada, regular los honorarios de los letrados que intervinieron en el 25% (veinticinco por ciento) de lo fijado para primera instancia. 5) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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