Ius Variandi: es abusivo el cambio de lugar de trabajo si implica un tiempo considerablemente mayor fuera de casa para el trabajador

vertragsunterzeichnung 3Partes: Villalba Rosa Noemí c/ Bilbao Ricardo Eduardo s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 8-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-88260-AR | MJJ88260 | MJJ88260

Sin perjuicio de que el empleador pudiera reconocer la diferencia de tiempo insumido y el pasaje correspondiente, el cambio de lugar de trabajo resulta irrazonable y violatorio de los arts. 66 y 67 de la LCT si implica para el trabajador, mayor tiempo fuera de su hogar.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que la decisión del empleador de cambiar a la actora de lugar de trabajo resultó irrazonable violando las previsiones de los arts. 66 y 67 LCT. puesto que el nuevo sitio estaba ubicado a una mayor distancia de su domicilio y se veía obligada a estar más tiempo fuera de su casa, lo cual la perjudicaba; sin perjuicio de que el empleador le hubiera manifestado que le reconocería una diferencia de tiempo y pasaje .

2.-Corresponde confirmar que la decisión de la trabajadora de considerarse despedida resultó ajustada a derecho en los términos de los arts. 242 y 246 LCT. y por lo tanto debe indemnizarse, dado que la retractación del despido no surte efectos pues la trabajadora la rechazó, máxime siendo que el art. 234 de la LCT. exige para su procedencia el acuerdo de partes.

3.-Si bien el empleador había ofrecido a la actora una compensación por tiempo, dada la mayor distancia que hubiera ocasionado aceptar el cambio de destino, lo que hubiera traído aparejado estar un mayor tiempo fuera de su casa, lo cierto es que esa circunstancia no puede compensarse con una suma de dinero, dado que ello modificaba su vida en cuanto a la distribución de los tiempos, lo que no tiene porque ser tolerado por la trabajadora con motivo de una reorganización empresarial.

4.-Resulta inoponible a la trabajadora la circunstancia de que se intentara ubicar a cientos de empleados y que el traslado del lugar de trabajo fuera una situación excepcional y extraordinaria, dado que si bien el demandado ofreció otro destino, -distinto al que le ofreció en primer lugar-, lo cierto es que ello se hizo una vez que se había extinguido el vínculo laboral y aun cuando el empleador hubiera manifestado que aceptaba la retractación del despido, ante el rechazo de la trabajadora, careció de validez al no haber sido convalidada mediante acuerdo de partes (conf.art. 234 LCT.).

5.-Conforme lo normado por los arts. 125 y 138 de la LCT., los pagos de remuneraciones deben acreditarse mediante constancias bancarias o recibos de ley, no siendo suficiente el informe contable, y puesto que en el caso el demandado no acompañó el recibo ni ninguna otra constancia documental para acreditar el pago de las vacaciones y Sac, las sumas por tales conceptos son procedentes.

6.-Puesto que la Administración Pública (nacional o municipal) no es empleadora según el Régimen de Contrato de Trabajo, mal puede ser alcanzada por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo.

7.-Toda vez que la actuación de organismos administrativos está regida por un sistema jurídico diferente que se sustenta en principios propios, no compatibles con los aplicables en materia de derecho común, pone de relieve que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con la contenida en el art. 30 de la LCT., que presupone una actividad de fraude a la ley por parte de los empleadores.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 8 días del mes de julio de 2.014, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs. 256/262, apelan la parte actora y el codemandado Ricardo Eduardo Bilbao (en adelante Bilbao) a fs. 265/269 y fs. 272/273, respectivamente, mereciendo las réplicas de fs. 280/281 y fs. 290/292.

A fs. 303 obra dictamen del Fiscal General , Eduardo O. Álvarez.

II. Por una cuestión de estricto orden metodológico trataré en primer lugar el recurso interpuesto por el codemandado Bilbao.

Se agravia porque la Sra. Jueza de grado admitió el reclamo al considerar que la decisión de la actora de considerarse despedida fue justificada siendo acreedora a las indemnizaciones derivadas del despido.

Para ello, la Sentenciante de grado tuvo en cuenta que la decisión del empleador de cambiar a la actora de lugar de trabajo resultó irrazonable violando las previsiones de los arts. 66 y 67 LCT.Señaló que la actora vivía en Berazategui y querían trasladarla a Tigre , es decir a un lugar ubicado a una mayor distancia de su domicilio y que se vería obligada a estar más tiempo fuera de su casa, lo cual la perjudicaba, ello sin perjuicio de que el empleador (Bilbao) le hubiera manifestado que le reconocería una “diferencia de tiempo y pasaje”. Asimismo, tuvo en cuenta que Bilbao no acreditó la inexistencia de vacantes en otros objetivos más cercanos, a la vez que el nuevo cambio de lugar de trabajo dispuesto en la misiva del 27/5/2011, es decir a la sede de Afip Región Norte, sito en el barrio de Núñez, resultó extemporáneo, pues la actora ya le había comunicado la extinción del vínculo por su exclusiva culpa . Además, y por último, consideró que la manifestación del ex empleador respecto a que hubiera manifestado que aceptaba la retractación del despido, no surte efectos pues la trabajadora rechazó dicha retractación (v. CD del 31/5/2011), y lo cierto es que el art. 234 de la LCT exige para su procedencia el acuerdo de partes. En definitiva consideró que la decisión de la trabajadora de considerarse despedida resultó ajustada a derecho en los términos de los arts. 242 y 246 LCT y por lo tanto debe indemnizarse.

El apelante no aporta elementos de envergadura que logren rebatir la decisión adoptada en origen. Así, no logró realizar una crítica concreta y razonada de cada una de las circunstancias fácticas y jurídicas que tuvo en cuenta la Sra. Magistrada para decidir como lo hizo. Sólo se avino a realizar meras alegaciones genéricas, confusas y teñidas de subjetividad insistiendo en que el despido en el que se colocó la actora fue injustificado.Señaló de un modo confuso que se omitió evaluar que debía tomar lun colectivo desde Plazo de Mayo (su antiguo trabajo) a Tigre y que si bien existía una mayor distancia de Berazategui (lugar en el que vivía la actora) a Tigre (nuevo destino) el empleador había ofrecido reconocer una “diferencia de tiempo” en tanto la trabajadora se encontrara fuera de su casa. Además insiste en que la Sentenciante no tuvo en cuenta que el cambio de lugar de trabajo de Casa Central (Hipólito Yrigoyen CABA a Tigre) se trató de una circunstancia excepcional y extraordinaria dado que ocurrió lo mismo con 150 personas, y en virtud de que se trataba de un destino transitorio, con posterioridad ofreció a la actora otro destino ubicado en la calle Jaramillo de la localidad de Núñez invitándola a retrotraer el despido en el que se había colocado.

Como es evidente, el apelante sólo se avino a reiterar las defensas que expuso al contestar la demanda y que ya fueron rechazadas en la instancia de grado, olvidando que tal como lo señaló la Sra. Magistrada de grado si bien el empleador había ofrecido a la actora una compensación por tiempo , dada la mayor distancia que hubiera ocasionado aceptar el cambio de destino (de Capital a Tigre), lo que hubiera traído aparejado estar un mayor tiempo fuera de su casa, lo cierto es que esa circunstancia no puede compensarse con una suma de dinero, dado que ello modificaba su vida en cuanto a la distribución de los tiempos, lo que no tiene porque ser tolerado por la trabajadora con motivo de una reorganización empresarial. En este último aspecto resulta inoponible a la trabajadora la circunstancia de que se intentara ubicar a 150 empleados y que ello fuera una situación excepcional y extraordinaria.En el caso de autos, debe remarcarse que si bien el demandado Bilbao, ofreció un nuevo destino en la localidad de Núñez, lo cierto es que ello se hizo una vez que se había extinguido el vínculo laboral -tal como lo señaló la Sentenciante de grado- y aun cuando el empleador hubiera manifestado que aceptaba la retractación del despido, ante el rechazo de la trabajadora (V.CD del 31/5/2011), careció de validez al no haber sido convalidada mediante acuerdo de partes (conf.art. 234 LCT) circunstancia esta última de la que nada dijo el apelante.

En concreto, reitero, el apelante no realizó una crítica concreta y razonada del fallo de grado, dado que las alegaciones realizadas no se adecuan a lo prescripto por el art. 116 L.O. por lo que propongo declararlo desierto.

III. El demandado también se agravia porque la Sra. Magistrada admitió el reclamo en concepto vacaciones proporcionales y no gozadas más su respectivo Sac, al no encontrarse agregados en autos los recibos que acreditarían su cancelación.

El apelante insiste en señalar que existen otros medios de prueba pues en el caso de autos dichos rubros fueron abonados, haciendo el respectivo depósito en la Caja de Ahorro y sin embargo no fue posible hacer firmar los recibos.

Conforme lo normado por los arts.125 y 138 de la LCT, los pagos de remuneraciones deben acreditarse mediante constancias bancarias o recibos de ley, no siendo suficiente el informe contable (conf. ésta Sala, en autos “Fernández María Florencia c/ Panatel SA s/Despido” SD.81.709 del 19.05.04, entre otros).

En el caso, el demandado Bilbao no acompañó con su ofrecimiento de prueba el recibo ni ninguna otra constancia documental para acreditar el pago de las vacaciones y Sac, siendo insuficiente las alegaciones que realiza en orden al depósito que habría realizado pues ningún informe bancario obra en autos que diera cuenta de dicho depósito con imputación a los rubros aludidos.

Por ello, propicio confirmar lo decidido en origen al respecto.

IV.Corresponde tratar los agravios vertidos por la parte actora con relación al rechazo de la extensión de responsabilidad respecto de la codemandada Afip.

Sostiene que de las constancias de autos surge evidente que la limpieza del establecimiento Afip complementa necesariamente su actividad normal y especifica, pues no podría concebirse que la actividad destinada a la recaudación fiscal jamás podría cumplirse de no llevarse adelante las tareas de limpieza ejecutadas por la actora. Solicita se modifique el fallo y se condene solidariamente a dicha demandada con fundamento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.

La Sra. Magistrada de origen, para adoptar su decisión tuvo en cuenta entre otros argumentos, que las tareas de limpieza realizadas por la actora no forman parte de la actividad específica propia de la entidad pública aquí demandada cuyo fin consiste en la recaudación fiscal y, si bien coadyuvan a su desenvolvimiento, resultan absolutamente secundarias y escindibles de la actividad recaudatoria y fiscalizadora del ente. Y por ello rechazó la demanda incoada contra dicha parte.

No obstante, más allá de la escindibilidad o inescindibilidad de las tareas de limpieza que ejecutaba la actora -quien había sido contratada por el Sr. Bilbao- para desempeñarse en la Casa Central de la Afip, que tiene a su cargo la recaudación fiscal (Administración Nacional de Ingresos Públicos),ninguna responsabilidad le cabe a esta última, por tratarse una persona de derecho público y por ello no resulta de aplicación las normas insertas en la Ley de Contrato de Trabajo.

En efecto, si bien llega firme a esta Alzada que la actora fue contratada como empleada de limpieza por el codemandado Bilbao y que la misma se desempeñó en la Administración Nacional de Ingresos Públicos, respetuosamente discrepo con la decisión adoptada en grado, pues comparto los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal General en el dictamen de fs.303 en el sentido que la cuestión ha sido resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha señalado la improcedencia de extender la responsabilidad a Entes Públicos, en la inteligencia de que ésta emergería de un ordenamiento claramente inaplicable al Estado en sus diversas formas.( C.S.J.N. in re: “Valdez, Luis c/Los Andes Investigaciones S.R.L. y otro”, Fallos 312:146, 9/2/89).

Esta tesis ha sido reiterada por nuestro más Alto Tribunal en otros precedentes, con fundamentos que comparto, tal como surge de los Fallos: 308:1591; 312:146; 314:1679 y 321; 2345 , y más recientemente en autos “Gómez, Susana Gladys c/ Golden Chef S.A. y otros s/ despido”, Recurso de Hecho G.78. XLV y ” Monrroy, Elsa Alejandra c/Infantes S.R.L. y otro s/despido”(ref:MJJ81881, Recurso de hecho M 130, XLV, ambos del 17 de septiembre de 2013.

En dichos precedentes el Máximo Tribunal señaló que la Administración Pública (nacional o municipal) no es empleadora según el Régimen de Contrato de Trabajo – salvo que por acto expreso se incluya a sus dependientes dentro de su ámbito-, por lo que mal puede ser alcanzada entonces por una responsabilidad solidaria que sólo es inherente a esta clase de sujetos del contrato de trabajo. Asimismo, destacó que la actuación de organismos administrativos está regida por un sistema jurídico diferente que se sustenta en principios propios, no compatibles con los aplicables en materia de derecho común y puso de relieve que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en pugna con la contenida en el art.30 de la LCT, que presupone una actividad de fraude a la ley por parte de los empleadores.

A mayor abundamiento cabe señalar que por los argumentos hasta aquí expuestos y dada la naturaleza de la entidad demandada (Afip), no corresponde en el caso de autos la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, y por ende resulta abstracto el tratamiento del agravio del punto 2) de fs. 267 vta./269 que refiere a la subordinación de la actora en la Afip asignándole el carácter de empleadora.

Por los fundamentos expuestos, propicio confirmar el decisorio de grado que rechaza la demanda entablada contra la Administración Nacional de Ingresos Públicos.

V. De conformidad con lo establecido por el art. 68 CPCCN las costas de Alzada con relación al codemandado Bilbao deberán imponerse a este último, vencido en lo principal y respecto de la codemandada Afip en el orden causado atento a que la actora pudo considerarse asistida con derecho a apelar como lo hizo dado la naturaleza de la cuestión debatida.

En cuanto a su actuación en esta Alzada, propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y codemandadas (Afip y Bilbao) en el 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (conf.art. 14 ley 21.839).

VI. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia, en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; y 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando V del presente decisorio.

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia, en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; y 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando V del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese, Oportunamente comuníquese (art. 4º Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Gabriela Alejandra Vázquez

Jueza de Camara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2014 se dispone el libramiento de cédulas. Conste

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de 2014 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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