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No procede el despido del trabajador por abandono de trabajo si antes se lo instó a justificar inasistencias, más no a prestar tareas

CertificadoLaboralPartes: Torres Juan Rafael c/ Presto Seguridad Preventiva S.A. y ots. s/ despido

Tribunal: Cámara del Trabajo de Mendoza

Sala/Juzgado: tercera

Fecha: 2-jul-2014

Cita: MJ-JU-M-86841-AR | MJJ86841

Es ilegítimo el despido por abandono de trabajo si no hubo intimación previa a prestar tareas y además se instó al trabajador a justificar sus inasistencias.

Sumario:

1.-No se ajustó a derecho el despido por abandono, pues el empleador no emplazó al actor para que se reintegre al trabajo, sino que en lugar de ello lo emplazó para que justifique las inasistencias, lo que no cumple con el requisito exigido por el art. 244 LCT.

2.-El actor contestó transcribiendo el certificado médico que otorgaba licencia y el demandado lo consideró incurso en abandono, siendo que si no estaba de acuerdo con la licencia, debió efectuar el control que autoriza el art. 210 LCT, de manera que el distracto por abandono resulta intempestivo e injustificado.

3.-El abandono incumplimiento se configura cuando el trabajador viola voluntaria e injustificadamente sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo, desoyendo la intimación fehaciente que, a los fines de reintegrarse al trabajo, le curse el empleador dentro del plazo que imponga las modalidades de cada caso.

4.-La relación laboral ha quedado solo acreditada con la demanda y no con la codemandada, ya que no hubo subordinación económica, técnica ni jurídica y la actividad de vigilancia que cumplía el accionante no servía de complemento ni era indispensable para la función que cumple el Casino, quien no pagaba el salario, no daba las órdenes ni instrucciones, por cuyo motivo contra esta última se impone el rechazo de la demandada.

Fallo:

En la Ciudad de Mendoza, a los dos días del mes de Julio de 2014, se constituye la Sala Unipersonal de la Excma Tercera Cámara del Trabajo integrada por la Dra. Mónica A. Arroyo, y trajo a consideración para dictar sentencia defini-tiva en los autos nº 41.663 caratulados «TORRES JUAN RAFAEL C/ PRESTO SEGURIDAD PREVENTIVA SA Y OTS. P/ DESPIDO», de cuyas constancias, RESULTA:

I) Que a fs. 59/78 comparece el Sr. JUAN RAFAEL TORRES, por inter-medio de apoderado, y formula demanda contra PRESTO SEGURIDAD PRE-VENTIVA S.A. y contra INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, por el cobro de la suma de $ 18.994 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse con mas inter-eses y costas.

Expresa que el actor trabajó para Presto Seguridad Preventiva S.A. desde el 2/1/07 como vigilador, del CCT 421/05 y su lugar de trabajo siempre fue el objetivo del Casino del Estado Provincial, administrado por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Expresa que el día 11/2/10 el actor notificó una licencia médica, el em-pleador se negó a firmar la copia de recepción para el trabajador. El día 8/3/10 el actor notificó otra licencia, y el día 11/3/10, otra licencia. Que el empleador se negó a entregar copia de la recepción.

Que en fecha 12/3/10 el empleador envió telegrama emplazando a justifi-car las inasistencias, bajo apercibimiento de considerar abandono.

El actor envió telegrama notificando el certificado médico y licencias del 6/3/10 al 9/3/10 y desde el 12/3/10 por 7 días. El telegrama fue recepcionado por el empleador el 18/3/10.

Igualmente, el 17/3/10 el actor envió otro telegrama notificando la licencia por 30 días a partir del 19-3-10.Fue decepcionado por el empleador el 18-3-10.

En fecha 14/4/10 el empleador lo despide verbalmente cuando asistió para notificar otra licencia médica.

Entre el 14/4/10 y el 3/5/10 el actor trató de notificar el telegrama que soli-citaba aclaración de la situación laboral. Pero el empleador había mudado el do-micilio. El actor averiguó el nuevo domicilio y envió las misivas el 3/5/10 solici-tando aclaración de la situación laboral ante despido verbal y notificando nueva licencia. También emplazó para el pago de horas extras y salario de marzo. Este telegrama se notificó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

El 6/5/10 el actor se presentó para percibir el salario adeudado y fue obli-gado a firmar el bono de sueldo de marzo de 2010, SAC y vacaciones, sin que el mismo fuera depositado. Solo se le depositó pesos 130.

El 6/5/10 el actor envió telegrama emplazando el pago de marzo. Y el 10/5/10 envió telegrama considerándose despedido, ante el silencio de empleador, y emplazando al pago de rubros retenibles y no retenibles y entrega del certificado de servicios. También se notificó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

En fecha 12/5/10 envió telegrama emplazando a abonar los aportes provi-sionales retenidos e impagos.

El Instituto Provincial de Juegos y Casinos envió misiva rechazando los telegramas remitidos y rechazando la existencia de solidaridad.

Formula liquidación reclamando los rubros indemnización por antigüedad, preaviso, integración, SAC, art.80 LCT, vacaciones, SAC.

Plantea la inconstitucionalidad de la ley 7198.

Sostiene la responsabilidad del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y del Gobierno de la Provincia, por aplicación del art. 30 LCT.

Manifiesta que la seguridad es un servicio esencial e inseparable de la ac-tividad de un casino, en el que el movimiento de caudales y constante ingreso y egreso de personas hace imposible que este funcione sin un servicio de seguridad. Cita jurisprudencia.

Solicita la aplicación del art.132 bis LCT .

Ofrece prueba instrumental, documental en poder de la demandada, testi-monial, pericial contable, confesional, emplazamiento e informativa.

Funda su derecho.

II) A fs. 104-107 comparece INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS, por intermedio de apoderado, y contesta la demanda solicitando su rechazo.

Luego de una negativa general de los hechos, niega cualquier relación jurídica con el actor, niega que la seguridad sea una actividad inseparable de la actividad del casino. Expresa que el actor ingresó a trabajar para Presto Seguridad Preventiva el 2-1-07, como vigilador, estuvo destinado en las dependencias del Instituto Provincial de Juegos y Casinos.

Opone la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva por ser el em-pleador del Sr. Torres, el Sr. Azzolina, y no el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Que no es aplicable el art. 30 LCT por no ser la actividad normal y espe-cifica la seguridad.

Ofrece prueba instrumental, pericial contable. Funda su derecho.

III) A fs.114-117 comparece la codemandada PRESTO SEGURIDAD PREVENTIVA S.A. por intermedio de apoderado y contesta la demanda solici-tando su rechazo.

Luego de una negativa general de los hechos, niega que el actor haya in-tentado presentar certificados médicos, que la demandada se haya negado, que se haya mudado, que se le adeuden diferencias, que se adeude suma alguna. Que haya tenido motivo el actor para considerarse despedido.

Expresa que la verdad es que el actor trabajó como vigilador desde el 2-11-07, hasta el 19-3-10. Por haber incurrido en abandono de trabajo.

Que durante la relación laboral se le aplicaron 5 apercibimientos por tar-danzas.

Que en fecha 12-3-10 la demandada lo emplazó a que justifique las inasis-tencias de los dias 10, 11 y 12 de marzo.

Que en fecha 19-3-10 envió despacho considerando abandono de trabajo.

Que a esa fecha se enviaron ambas cartas documentos desde el domicilio de General Paz 25 4to piso, por tanto, son falaces los dichos de cambio de domici-lio.Que si era verdad que el actor estaba con licencia médica, debió notificar di-cha licencia al momento de su otorgamiento y no 6 días después, ya que la prime-ra licencia se le otorgó el 6-30-10, y recién fue notificada el 12-3-10, mediante telegrama.

Que luego, el actor comenzó a enviar misivas, pero la empresa ya había denunciado el contrato por abandono de trabajo, el 19-3-10. Que por tanto, es im-procedente el despido indirecto invocado 2 meses después.

Rechaza la liquidación, solicita sanción por plus petitio, funda su derecho.

Ofrece prueba instrumental, confesional.

IV) A fs. 121-124 comparece el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, por medio de apoderada, y contesta la demanda solicitando su re-chazo con costas.

Opone la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva. Expresa que se trata de un empleado de la empresa de seguridad Presto Seguridad Preventiva S.A. contratada por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Que no existe re-lación de empleo público con el Estado Provincial.

Que en la demanda no se hace referencia a la motivación jurídica para establecer una posible responsabilidad del estado provincial. Que el Instituto Pro-vincial de Juegos y Casinos, creado por ley 6362, es un ente descentralizado y autárquico.

Funda su derecho.

V) A fs.125-8 comparece Fiscalía de Estado y adhiere a la contestación del Gobierno de la Provincia.

VI) A fs.130-1 el actor contesta el traslado conferido, ratifica la demanda, niega los hechos invocados por los demandados. Dice que el despido alegado por abandono es improcedente porque el actor envió telegrama el 12 y el 17 de marzo notificando la licencia y recibidos por el empleador. Y no obstante recibir estos telegramas, el empleador lo despidió.

VII) A fs.135 se dicta auto de admisión de pruebas y se ordena su produc-ción.

A fs. 153-168 se agrega informe de correo Argentino.

A fs.171 se agrega informe de Banco Supervielle.

A fs.182!196 se agrega documentación acompañada por Instituto Provin-cial de Juegos y Casinos.

A fs. 212 acepta el cargo el perito contador, a fs. 221 se emplaza a la de-mandada a poner a disposición la documentación necesaria para la pericia, bajo apercibimiento de ley.

A fs. 236-246 se agrega informe remitido por Ministerio de Gobierno Jus-ticia y Derechos Humanos.

A fs. 271-289 el perito contador presenta el informe contable.

A fs. 313 se fija fecha de audiencia de vista de causa, la que se lleva a cabo según acta de fs. 324.

De conformidad con lo dispuesto por ela rt. 69 CPL se procedió a plantear las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: EXISTENCIA DE LA RELACION LABORAL.

SEGUNDA CUESTION: PROCEDENCIA DE LA DEMANDA.

TERCERA CUESTION: COSTAS.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION LA DRA. ARROYO DIJO:

La relación laboral invocada del actor con la firma Presto Seguridad Pre-ventiva S.A. no es motivo de litis y ha sido expresamente reconocida por ésta.

Se acredita igualmente el nexo laboral con los recibos de haberes acompa-ñados (fs. 35-39) que indican fecha de ingreso 2-1-07.

Por lo que concluyo que la actora se encontró vinculada con la demandada Presto Seguridad Preventiva S.A. mediante un contrato de trabajo regido por la LCT.

Así voto.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION LA DRA.ARROYO DIJO:

I) El actor reclama el pago de la suma de pesos 18.994 por diversos con-ceptos fundada en el despido que invoca.

Por su parte, la empleadora demandada solicita el rechazo de la demanda, expresando que el actor incurrió en abandono de trabajo.

Las codemandadas Instituto Provincial de Juegos y Casinos y Gobierno de la Provincia solicitaron el rechazo de la demanda, opusieron la defensa de falta de legitimación sustancial pasiva.

II) Así trabada la litis, corresponde analizar los hechos conforme la prueba rendida, a fin de verificar con arreglo al derecho aplicable, la procedencia o no de la demanda.

ANALISIS DEL DISTRACTO

Es necesario examinar la forma en que se produjo la extinción del contrato de trabajo.

La empleadora envío carta documento al actor (fs.153), el 12/3/10, em-plazándolo a presentar justificación de las inasistencias de los días 10, 11 y 12 de marzo de 2010, bajo apercibimiento de considerar abandono de servicio.

En igual fecha el actor envió telegrama (fs.154) expresando que se encuen-t ra con licencia médica según certificado presentado, y transcribe el mismo. Y según certificado del Dr. Vila – médico psiquiatra-: «Dejo constancia que el Sr. Torres Juan DNI 22.077.733, padece trastorno de pánico, motivo por el que doy 7 días de licencia por enfermedad a partir del 12/3».

El 17/3/10 el actor envió telegrama (fs.155) reiterando las licencias médi-cas y transcribiendo los certificados del telegrama anterior.

El 17/3/10 el actor envía telegrama notificando licencia, según certificado médico del Dr. Damico – medico psiquiatra -, que otorga 30 días licencia por en-fermedad de pánico a partir del 19 de marzo de 2010.

La demandada envió carta documento (fs.109) en fecha 19/3/2010 que dice «Atento a la falta de cumplimiento a mi emplazamiento anterior, siendo que Ud.no se ha presentado a trabajar ni ha justificado sus inasistencias del día 10 de marzo de 2010 a la fecha, lo considero incurso en la figura de abandono de trabajo (art.244 LCT) y se rescinde su contrato de trabajo por su exclusiva culpa. Emplá-zole en el término de 48 hs. restituya uniforme completo, credencia de Previc y demás elementos de trabajo provistos por la empresa, bajo apercibimiento de ley. Certificado de servicios, art.80 LCT, a su disposición en el plazo de ley en el do-micilio de General Paz 27 4to piso, Ciudad de Mendoza».

En definitiva, esta última comunicación es la que constituye la ruptura del contrato dispuesta por el empleador considerando al actor incurso en abandono de trabajo. Por tanto debe determinarse si el actor incurrió o no en abandono de traba-jo.

El art.244 LCT establece que «El abandono del trabajo como acto de in-cumplimiento del trabajador solo se configurará previa constitución en mora, me-diante intimación hecha en forma fehaciente a que se reintegre al trabajo, por el plazo que impongan las modalidades que resulten en cada caso.» Al respecto la doctrina enseña «el abandono incumplimiento se configura cuando, mediante por parte del trabajador la violación voluntaria e injustificada de sus deberes de asistencia y prestación efectiva del trabajo (arts.21, 6,2 63, 84 y ctes CLT) desoye la intimación fehaciente que, a los fines de reintegrarse al traba-jo, le curse el empleador dentro del plazo que imponga las modalidades de cada caso. Se requiere, pues, que el empleador constituya en mora al trabajador, inti-mándolo a reintegrarse, con resultado infructuoso.» (Ley de contrato de Trabajo Vazquez Vialard Ojeda, TIII, pag. 402).

De acuerdo con estos conceptos, en el presente caso no se ha configurado el abandono. Ello en virtud de que el empleador no emplazó para que se reintegre al trabajo. En lugar de ello, emplazó para que justifique las inasistencias. Ello obs-ta a la configuración del abandono.

Por otra parte, el demandado contestó transcribiendo el certificado médico que otorgaba licencia.Frente a ello, el demandado lo consideró incurso en aban-dono. En tal supuesto, si no estaba de acuerdo con la licencia, debió efectuar el control que autoriza el art.210 LCT. De manera que el distracto por abandono resulta intempestivo e injustificado.

En consecuencia, es procedente la indemnización del art. 245 y 232 233 LCT.

III) ANALISIS DE LOS RUBROS RECLAMADOS

A fin de realizar los cálculos, debe tomarse el informe contable de fs.288 vta, realizado conforme el CCT 421/05 aplicable, y que no fue motivo de observa-ción, y teniendo en cuenta que no se puso a disposición del perito documentación ninguna no obstante el emplazamiento efectuado por el tribunal, art. 55 CPL. a) indemnización por despido y preaviso: le corresponden $ 4.635 y $1.545 respectivamente, arts. 245, 232 LCT. b) integración: le corresponden 10 días de abril de 2010, es decir $ 515 art. 233 LCT. c) SAC y vacaciones: le corresponden $562,21 y $ 314,56, arts. 121/123, 150 LCT. d) multa art. 80 LCT: no obran constancias de entrega de la certificación no obstante el emplazamiento cursado (fs.166), por lo que corresponde abonar este rubro por $ 4.635. e) sueldo de marzo: reclama diferencia: expresa que percibió $130. Le corresponden 19 días de marzo (art.103 LCT) que son $1.174. Deducida la canti-dad percibida de $130, queda un saldo impago de $ 1.044 por el que prospera el rubro. f) sueldo de abril y mayo: los mismos son improcedentes, dado que el distracto se produjo el 19/3/10.

En síntesis, la demanda prospera por $13.250. Debiendo la empleadora abonar la misma.

No así la codemandada INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CA-SINOS y GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, en razón de no ser de aplicación en el presente caso el art. 30 de la L.C.T.

Por lo tanto, el Tribunal merituará, la ley 21.297 en lo atinente a la solida-ridad.

Al examinar el art.30 en la Obra de Antonio Vázquez Vialard y Raúl Oje-da » Comentada y Concordada » pag 352 Analizan los presupuesto del art. 30 de la L.C.T. y expresan que contrariamente al caso de interposición fraudulenta de personas, la solidaridad del empresario principal supone contratos de empresa a empresa».

«En casos cada vez más numerosos, frente a necesidades propias de la or-ganización, el empresario contrata obras o servicios con un tercero que per-manece ajenos a la empresa y no se vincula con el personal de ésta, sino que traba una relación de trabajo directa con el contratista, en este supuesto, los auxiliares entran en la esfera de mando de otro contratista, poseedor de una organización autónoma, que realiza las obras encomendadas, con medios pro-pios».

«Para Supiot, el desafió del derecho del trabajo, en este punto, consiste en organizar la relación triangular entre la empresa usuaria, la empresa sub-contratista y los trabajadores de ésta última. En la subcontratación lícita, en prin-cipio no existe vínculo jurídico alguno entre la empresa y los trabajadores de su subcontratista. No obstante la suerte del trabajador depende más de las decisiones que tome la empresa principal que la de su propio empleador. Esta situación se agrava cuando la empresa subcontratista se encuentra en una situación de depen-dencia económica exclusiva respecto de la empresa principal.

«Para Martín Valverde ha elaborado los siguientes indicadores que descar-tarían la interposición fraudulenta:a) Que la empresa subcontratista disponga de una organización con existencia autónoma e independiente (uno de los hechos es que esté constituida validamente), b) que cuente con los me-dios materiales y per-sonales necesarios para el desarrollo de su actividad, medios múltiples y hetero-géneos que estarán en función de su complejidad y tamaño, (instalaciones maqui-narias y herramientas necesarias, c) que des-arrolle una actividad lícita, propia y específica, que sea diferente de la empresa principal, aunque complementaria y de colaboración con aquélla, d) que organice, controle, dirija efectivamente el desa-rrollo de su propia actividad, ejerciendo las funciones inherentes a su condición de empresario, y e) que asuma la responsabilidad y riesgos propios del desarrollo de una gestión empresarial».

Acota el autor citado que la redacción originaria del art. 32 de la L.C.T. daba lugar a la relación directa del trabajador con el empresario principal, mien-tras que con la reforma introducida por la ley 21.297 se modificó sustancialmente las reglas de las normas y se reformuló tanto el presupuesto de hecho como las consecuencias jurídicas, Se eliminó la atribución de carácter de empleador al em-presario principal y además la responsabilidad solidaria se supedita a los servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento .» En consecuencia, la relación laboral, ha quedado solo acreditada con la codemanda PRESTO SEGURIDAD PREVENTIVA S.A. y no con INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS DE MENDOZA, ya que no hubo su-bordinación económica, técnica ni jurídica y la actividad que cumplía el accionan-te no servía de complemento, ni era indispensable para la función que cumple el Casino, quien no pagaba el salario, no daba las órdenes ni instrucciones, por cuyo motivo contra esta última, se impone el rechazo de la demandada.Por ultimo, se destaca que en la actualidad el servicio de vigilancia privada resulta contratado con frecuencia y no por eso se desnaturaliza la finalidad específica de las empre-sas o particulares que lo contratan. La testigo Chavero declaró que el actor traba-jaba para Presto Seguridad en el casino, que la empresa Presto le hacía firmar pla-nillas horarias y le pagaba el sueldo, y que el actor usaba un uniforme con el logo de Presto Seguridad.

INTERESES

El fallo plenario del la SCJ Mendoza in re Nº 80.121 AMAYA OS-FALDO DOLORES en J: 11.075 » Amaya Osfaldo Dolores C/ Boglioli Mario p/ Despido s/ Inconst. Cas. «, estableció que es improcedente la declaración de in-constitucionalidad en abstracto de las normas que regulan los intereses que deben aplicarse en aquellos supuestos en que no medie convención expresa de las partes, lo que trae como consecuencia la necesidad de analizar en cada caso concreto la constitucionalidad, o no de la normativa aplicable.

En igual sentido esta Cámara de Trabajo se ha pronunciado resolviendo los casos en que se ha formulado el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198.

Sin embargo, la Sala II de la SCJ, in re Nº 83.831 » García Angel Jesús Bernabé en J: 26.952 García A.J.B. c/ A.J.B. c/ Casa Samaniego S.A. p/ Ord. » resolvió el día 12/04/06 el planteo de inconstitucionalidad de la ley 7198 intro-ducido en el recurso extraordinario, siendo que no había sido sometido oportu-namente a consideración del tribunal de grado. Determinó que se pretende lo-grar la uniformidad de criterio, y estableció la aplicación de la tasa de interés activa fundado entre otros argumentos, en que la tasa no debe resultar inferior a los índi-ces de inflación.

Nuestra Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con fecha 25 de mayo de 2009 en fallo Plenario AGUIRRE HUBERTO POR SI Y POR SUS HIJOS MENORES EN J: 146.708/39619 AGUIRRE HUMBERTO c/ OS P p/ EJC.SENTENCIA s/ CAS » . Con el voto como preopinante de la Dra. Aida Kemelrmajer de Carlucci, tiene dicho: » Que adhiere a los ricos fundamentos por la mayoría de los Camaristas Civiles en la causa » SAMUDIO DE MARTINEZ c/ TRANSPORTE DISCIENTOS SETENTA S.A. ( LA LEY 22/04/09,10 ) y se inclina por dejar sin efecto la doctrina anterior que postula-ba la aplicación de la tasa pasiva, en cuanto ésta en la actualidad no cumple acabadamente la función resarcitoria que tiene los intereses moratorios, la que consiente en reparar el daño por el retardo injustificado e imputable en el cumplimiento de la obligación. Así como tampoco mantiene el valor del capital de condenada. Agrega atento los fun-damentos expresado sostiene en que la actualidad la tasa fijada por la ley 7198 no supera el test de razonabilidad dado que es ajena a nuestra realidad y por ende propia que se declare inconstitucional, no obstante deja sentado que debe ser exa-minada en cada caso en particular.

Consecuentemente, entiende esta Tribunal, teniendo en cuenta que los ín-dices en forma periódica son publicados en los distintos medios de comunicación, de los mismos surge la prueba acabada de la insuficiencia de la tasa pasiva, por lo que tratándose de un crédito alimentario, en el presente caso corresponde aplicar la tasa de interés activa promedio que determina el Banco de la Nación Argentina desde el 1/4/2010 hasta el efectivo pago.

Así voto.

A LA TERCERA CUESTION LA DRA ARROYO DIJO:

Que las costas en cuanto prospera la demanda, son a cargo de la em-pleadora PRESTO SEGURIDAD PREVENTIVA S.A. y en los que se rechaza son a cargo de la actora.

Las costas por el rechazo de la demanda contra las codemandadas son a cargo del actor, art.31 CPL y 36 CPC.

Así voto.

Pasando la Sala a dictar sentencia que a continuación se inserta.

Mendoza, 2 de Julio de 2014.

Y VISTOS:

El acuerdo que precede el tribunal juzgando en definitiva, RESUELVE:

I) Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por el Sr.JUAN RA-FAEL TORRES contra PRESTO SEGURIDAD PREVENTIVA S.A., y en con-secuencia, condenarla al pago de Pesos TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUEN-TA ($13.250) por los conceptos de indemnización por despido, preaviso, integra-ción, multa art. 80 LCT y diferencia de sueldo de marzo de 2010, con más los intereses establecidos en la segunda cuestión. Con costas a la demandada.

II) Rechazar la demanda por Pesos dos mil ochocientos noventa ($2.890) en concepto de sueldos de abril y mayo de 2010 por improcedente, con costas cargo de la actora.

III) Rechazar la demanda promovida por el Sr. JUAN RAFAEL TORRES contra el INSTITUTO PROVINCIAL DE JUEGOS Y CASINOS, y GOBIER-NO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA por el reclamo de Pesos DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($18.994) por improcedente, con costas a cargo de la actora.

IV) Por intermedio del Departamento Contable de las Cámaras de Trabajo practíquese el cálculo de intereses establecido en la segunda cuestión.

V) Determinado el capital definitivo de lo que prospera y se rechaza la demanda, regúlense los honorarios profesionales.

COPIESE. REGISTRESE. NOTIFIQUESE.

Dra. Mónica Arroyo

Juez de Cámara

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