fbpx

Si se reduce la jornada laboral para disminuir el salario del trabajador, corresponde el despido indirecto

shutterstock_141193381Partes: Balero Mirta Susana c/ Consorcio de propietarios del edificio Carlos Calvo 4310 s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 23-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87272-AR | MJJ87272

Procede el despido indirecto del trabajador ante la reducción de la jornada laboral, dado que fue el medio utilizado por el empleador para encubrir una rebaja salarial.

Sumario:

1.- Dado que la jornada laboral constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, la reducción comunicada a la trabajadora importa una alteración unilateral que, en definitiva, encubrió una rebaja salarial, la cual precisamente está excluida del ámbito del ius variandi ; por demás, en aras del principio de conservación del contrato tutelado por el art. 10 LCT, tampoco se aprecia que la actora hubiese incurrido en desobediencias reiteradas en los términos del art. 5 inc. b) del Estatuto Profesional de Encargados de Casa de Renta y Propiedad Horizontal que puedan considerarse de entidad suficiente.

2.- Más allá de los reparos que la comunicación extintiva merece en los términos de lo dispuesto por el art. 243 LCT por la falta de detalle en concreto sobre el o los incumplimientos en los que habría incurrido la accionante, esto es, indicar si se trata de un incumplimiento de todas las directivas dadas o sólo alguna de ellas, así como las circunstancias de tiempo, modo y oportunidad en que supuestamente se habrían producido, la prueba rendida en autos tampoco resulta suficiente para justificar el despido con causa de la actora.

3.- La modalidad de contratación pregonada por el demandado resulta excepcional, de modo que es carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicios de la trabajadora la jornada reducida denunciada y, en tal marco, resulta insoslayable la ausencia de prueba idónea alguna aportada a fin de demostrar que la actora era una trabajadora de jornada reducida, toda vez que de los recibos de sueldo acompañados se desprende que era habitual el trabajo en días feriados, así como además de las horas para sacar residuos, en días sábados y domingos.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 23-5-14

para dictar sentencia en las actuaciones caratuladas «BALERO MIRTA SUSANA C. CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO

CARLOS CALVO 4310 S/DESPIDO» se procede a votar en el siguiente orden:

El DR. ROBERTO C. POMPA dijo:

I- Contra la sentencia dictada en primera instancia de fs. 318/321vta. que hizo lugar a la demanda se alza el Consorcio demandado a tenor del escrito glosado a fs. 327/334vta., contestado por la contraria a mérito del memorial que luce agregado a fs. 336/340.

La perito contadora apela la regulación de sus honorarios por bajos a fs. 325/326. La parte demandada cuestiona los emolumentos establecidos a la representación letrada de la parte actora y perito por considerarlos elevados y los propios por bajos a fs. 333vta./334.

II- El apelante cuestiona por errónea y parcial la valoración efectuada en la sentencia de grado al decidir que el despido dispuesto a la actora resultó arbitrario e incausado.

Sostiene que el distracto decidido mediante misiva del 20/12/10 fue por la persistencia de la actora en llevar a cabo tareas que le habrían sido expresamente prohibidas, sacar las bolsas de residuos en horario nocturno e incumplir la notificación del día 15/10/10 en la que se disponía el cumplimiento de una jornada de lunes a sábados de 7.30 a 11.30 hs., así como abstenerse de cumplir funciones los días feriados y domingos. Sobre el particular aduce que se encuentra probado que la actora incumplió dichas directivas.

Apela la condena al pago de las diferencias salariales generadas por la condena de una jornada completa y señala que la pretensora se desempeñó en jornada reducida de cuatro horas diarias, que su incumplimiento mereció una suspensión el 30/11/10 que fue rechazada y que no se reclamaron los salarios caídos.Agrega que de las pruebas aportadas surgiría que la actora incumplió órdenes en materia de jornada laboral no respetando la directiva de cuatro horas diarias de lunes a sábados de 7.30 a 11.30 hs., por lo que no correspondería la categoría y el salario dispuesto en la sentencia de grado, como tampoco las indemnizaciones y reclamos derivados.

Cuestiona, la fecha de ingreso adoptada por la sentenciante de grado (3/12/07) la aplicación de la presunción del art. 55 de la L.C.T., el progreso de la multa del art. 80 de la L.C.T. y la del art. 2 de la ley 25.323.

III- Delineado el marco fáctico que motiva la intervención de este Tribunal, corresponde señalar que la sentencia de primera instancia determinó que la demandada no logró acreditar que la actora incumpliera las directivas dispuestas mediante CD Nº 12833707 del 15/10/10 que en concreto dice: «…abstenerse de pretender mediante su presencia en el citado consorcio por media hora los feriados para limpiar la entrada, del pago del feriado completo. El consorcio no está en condiciones económicas de abonarle feriados no trabajados por lo cual Ud. solamente deberá concurrir a prestar servicios los días lunes a sábados de 7.30 a 11.30 hs. absteniéndose de cumplir funciones los días feriados. Asimismo la atención a servicios (luz, gas, ascensores) deberá ser programada por Ud. dentro de sus horarios habituales, caso contrario deberá notificar a esta administración no debiendo arrogarse la función de hacerlo fuera de su horario y pretender cobrar horas extras. Asimismo se le notifica que dentro de su horario de lunes a sábados deberá retirar los residuos de palieres y escalera en el momento de la limpieza diaria de los mismos y dejada dentro de bolsas de consorcios en el sótano.Esta limpieza de palieres y depósito de residuos deberá ser diaria, absteniéndose de retirar residuos en horarios nocturnos».

Dicho apercibimiento fue contestado por la actora en los términos del telegrama identificado CD Nº00628668238, rechazándola y haciendo saber que la labor en días feriados y el retiro de basura en horario nocturno fueron asignados desde el inicio de la relación, por lo cual el «quite» significa una alteración de las condiciones contractuales y un perjuicio económico. Intimó la rectificación de la actitud, hizo saber que la «ocasional atención a services» fuera de sus horarios habituales se produce por el llamado telefónico que ellos realizan a su domicilio, por lo que también reclama el valor hora por dicha actividad y las diferencias salariales que resultan de la «liquidación SUTERH» oportunamente presentada.

La comunicación fue respondida por la parte demandada (CD Nº 0062868989 del 26/10/10) reiterando las funciones de encargada permanente sin vivienda con una jornada de 4 horas, haciendo saber que las horas extras no constituyen un derecho adquirido y la obligación de poner en conocimiento de la administración cualquier citación de proveedores a su domicilio en la medida que exceda el horario habitual.A ello siguió una suspensión por 48 horas sin goce de sueldo mediante misiva del 30/11/10 (viernes 3 y sábado 4 de noviembre de 2010) «por incumplimiento de las órdenes impuestas por el administrador según carta documento Nº128303707 de fecha 15/10/10 y ratificada el 26/10/10». Continuó con el rechazo de la actora mediante telegrama del 2/12/10 en el que se impugna la sanción, se hace reserva de los salarios caídos y se intima a la empleadora para que aclare el lugar donde debería dejar los residuos al finalizar la jornada de trabajo dado que para acceder al sótano debía descender cerca de dos pisos con bolsas pesadas.

El intercambio telegráfico siguió con la CD Nº 158151829 del 30/11/10 en la que se suspende a la actora por 48 horas, sin goce de sueldo por incumplimiento de las órdenes impuestas por el administrador en la misiva del 15/10/10; rechazada por la actora a tenor del telegrama identificado CD Nº 137937212 del 2/12/10; continuó conforme la carta documento del 7/12/10 remitida por el consorcio demandado en los siguientes términos «habida cuenta que ud. fue advertida y persiste en sus actitudes ajenas a las órdenes impartidas mediante CD Nº128303707 de fecha 15/10/10 y ratificada el 26/10/10. Dejo constancia que el edificio no tiene dos pisos como ud. manifiesta y antes de la escalera hay suficiente lugar para la media bolsa que ud. retira de los departamentos ocupados (nueve) diariamente».

Finalmente, el intercambio telegráfico concluye con el despido directo de la trabajadora mediante CD Nº 158153881 del 20/12/10 que dice: «…notifico que frente a sus reiteradas faltas de conducta por incurrir en desobediencia en los términos del art.86 de la L.C.T., habiendo sido apercibida, luego suspendida por presentarse fuera de horario de trabajo en el domicilio laboral a realizar tareas que no le corresponden y que le fueron taxativamente prohibidas, su persistencia con esa actitud configura falta grave que no permite proseguir con la relación laboral. Por ello, queda ud. despedida con justa causa en los términos del art. 242 de la L.C.T. a partir del día de la fecha…».

Sentado ello, y más allá de los reparos que la comunicación extintiva merece en los términos de lo dispuesto por el art. 243 de la L.C.T. por la falta de detalle en concreto sobre el o los incumplimientos en los que habría incurrido la accionante, esto es, indicar si se trata de un incumplimiento de todas las directivas dadas o sólo alguna de ellas, así como las circunstancias de tiempo, modo y oportunidad en que supuestamente se habrían producido, en mi opinión, la prueba rendida en autos tampoco resulta suficiente para justificar el despido con causa de la actora.

En este marco, y dadas las discordancias en torno a la extensión de jornada laboral de la actora, corresponde analizar la testimonial vertida por la apelante (art. 377 del C.P.C.C.N.).

En el escrito inicial se adujo una jornada de lunes a viernes 7.00 a 11.00 hs. y de 18.30 a 20.30 hs., sábados de 7.00 a 11.30 hs. y domingos de 18.30 a 20.30 hs.; extremos negados por la parte la demandada, quien denunció una jornada laboral de cuatro (4) horas diarias; lunes a viernes de 7 a 10 hs. y de 19 a 20 hs. y los sábados de 7 a 11.00 hs., negando la prestación de tareas los días los días domingos. Respecto de esta última, el día 15/10/10 se le comunicó a la actora un nuevo horario de trabajo de 7.30 a 11.30 hs.de lunes a sábados, debiendo abstenerse de laborar los días feriados, discontinuando el horario nocturno y reprogramando el retiro de residuos en el horario establecido en la forma indicada en la misiva.

Las declaraciones de Avo (fs. 298) y Macías (fs. 211)- propuestos por la parte demandada- carecen de fuerza suasoria (arts. 90 L.O. y 386 del C.P.C.C.N.) toda vez que como proveedores del consorcio aquí demandado concurrían en pocas oportunidades (Avo, una vez por año y Macías, una vez por mes)

Los dichos de Pidskalny (fs. 214/216) y Torres (fs. 221/224) deben ser apreciados con rigor probatorio, porque se encuentran impugnados a fs. 219 y vta. y fs. 227 y vta., y como propietarios del consorcio demandado poseen un claro interés en la suerte del litigio.

Ello así, la deponente Pidskalny declaró que la actora laboraba de lunes a sábados, por la mañana de 7.00 a 11.00 hs. y a la noche una hora y que cuando intentaron sacarle las horas extras hubo fricción. Agregó que se «auto- adjudicaba» los feriados; dijo no recordar si laboraba los domingos y feriados pero que «los pasaba como horas extras y los anotaba la actora en una libretita y el administrador se las pagaba. Que las pasaba como horas extras por decisión propia…».

A su turno, Torres dijo que la reclamante empezó a trabajar en enero de 2007 que comenzó laborando de 7 u 8 hasta las 11.00 o 12.00 hs. que luego se le bajó una hora a la mañana para que a la tarde concurriera a retirar residuos y depositarlos en para que se los lleve el basurero. Que a la tarde laboraba entre las 19.00 y las 20.00 hs. porque es el horario en capital para sacar los residuos. Dijo no constarle que la actora laborara sábados, domingos y feriados. Que el tema de las horas extras se trató en reuniones de consorcio llegándose a la conc lusión que no le correspondían.Agregó: «que algunas veces la actora iba a retirar los residuos y se le hizo saber al administrador la actitud de la encargada que insistía en querer cobrar dicho trabajo, pese a que se le había recomendado y notificado que no le correspondía lo que estaba haciendo…Posteriormente cuando el consorcio decidió que cada propietario sacara cada uno sus residuos…cuando el consorcio toma la decisión de que cada uno de los propietarios sacara sus propios residuos, era con relación a que la actora siguiera cumpliendo únicamente con el horario de mañana…».

En suma, las declaraciones expuestas, analizadas y valoradas dentro del marco del principio de la sana crítica (arts. 386 y 456 del C.P.C.C.N. y 90 de la L.O.), en mi opinión, no resultan suficientes a efectos de tener por acreditado el horario reducido denunciado por la demandada porque adviértase que la testigo Pidskalny se centra fundamentalmente en el cambio horario y en la decisión del Consorcio de no abonar las horas trabajadas por las causas que expone, así como desconocer la labor en días domingos que como se verá seguidamente fue reconocido a fs. 124vta. por la propia demandada (recibos de sueldo de fs. 81/87).

En igual sentido, los dichos de Torres carecen de valor convictivo toda vez que niega la labor de la pretensora en días sábados, domingos y feriados que -como dije- fue materia de expreso reconocimiento por parte de la apelante.

En suma, por todo lo expuesto sólo corresponde concluir que las declaraciones analizadas se encuentran reñidas con la prueba documental reseñada, circunstancia que conduce a descartar los testimonios como prueba idónea (cfe. arts. 90 L.O. y 386 C.P.C.C.N).

Ahora bien, en cuanto a las declaraciones traídas a instancia de la parte actora, la deponente Fernández (fs.218) da cuentas que aquélla laboró desde el año 2007 hasta fines de 2010 en una jornada que excedía las cuatro horas denunciadas porque la veía realizando tareas tales como baldear la vereda, limpieza de vidrios, puertas, la entrada del edificio y sacar la basura todos los días. Que baldeaba la vereda de 7.30 u 8.00 hs. hasta las 9.30 o 10.00 hs. y que también lo hacía a la tarde, 19.30 o 20.00 hs. porque ingresaba a trabajar a esa hora.

El deponente López (fs. 217) coincidió con la anterior respecto de las tareas. En cuanto a los días dijo que laboraba de lunes a sábados y un día domingo; que la veía a las 7 u 8 hs. baldeando y luego alrededor de las 19,20 o 21 hs. cuando sacaba la basura. No resultó preciso en cuanto a la fecha de ingreso.

No soslayo que los testimonios merecieron la impugnación de la demandada de fs. 229/232. Sin embargo, en lo que hace a la impugnación de López (fs. 230vta.) sólo se destacan meros aspectos irrelevantes que no resultan idóneos para enervar la fuerza probatoria de sus dichos porque sólo se destaca un claro error del testigo en la fecha de ingreso que fue corregido al finalizar la declaración e indicar haberla visto trabajando hasta el 2010 y no hasta el 2007 como había expresado al comenzar la misma.

En el mismo sentido, la impugnación de Fernández (fs. 230vta./232) no la descalifica porque -en mi opinión- los argumentos utilizados se limitan a formular dogmáticas hipótesis que sólo ponen de manifiesto su disconformidad con el contenido de la declaración pero sin rebatir que la testigo veía a la actora porque es vecina del edificio donde aquélla laboraba e inclusive que podía verla desde el restaurant donde se desempeñaba, al que ingresaba 19.30 o 20.00 hs. (conf. art.386 del C.P.C.C.N y 90 de la L.O.). Por lo demás, los dichos de ambos testigos coinciden – en líneas generales- con lo expuesto por Ojea (fs. 220) que no recibiera impugnación oportuna de la demandada (art. 90 L.O.) y que vio a la actora trabajando desde el 2007 al 2010, realizando tareas de limpieza desde las 8.00 hasta el mediodía, 11 o 12 hs. y sacando la basura alrededor de las 19 o 20 hs.

A su vez lo reseñado por los testigos resulta avalado por los recibos de sueldo acompañados a fs. 81/87 y reconocidos por el Consorcio (fs. 124) porque de ellos surge que Balero laboraba -en forma habitual- días feriados, los días sábados y domingos.

En este orden, considero oportuno destacar que la modalidad de contratación pregonada por el demandado resulta excepcional, de modo que es carga ineludible de la empleadora acreditar la prestación de servicios de la trabajadora la jornada reducida denunciada y, en tal marco, resulta insoslayable la ausencia de prueba idónea alguna aportada a fin de demostrar que Balero era una trabajadora de jornada reducida, toda vez que de los recibos de sueldo acompañados se desprende que era habitual el trabajo en días feriados, así como además de las horas para sacar residuos, en días sábados y domingos.

Y digo ello porque de la prueba testimonial reseñada tampoco surge que fueran exhibidas a la experta contable ningún registro de control, planillas horarias, ni otro medio cierto del que surja el horario y jornada de trabajo efectivamente cumplidos (ver peritaje contable de fs. 249/259 y 276/284). En efecto, según informó la perito contadora interviniente en autos: «el horario mencionado precedentemente no surge de ningún registro especial de empleados, planillas de asistencia, entre otros, ya que la demandada no contaba en su poder con los registros que impone el art. 6 de la ley 11.544, ni con el libro de sueldos y jornales (fs. 282 pto.g)».

Destaco que al margen de los deberes que genéricamente puedan considerarse en cabeza del empleador, en casos como el presente, recuerdo que la obligación de llevar un registro horario surge del art. 8 inc. c) del Convenio Nº 1 y del art. 11 inc. c) del Convenio Nº 30, ambos de la O.I.T., por lo que habiendo sido adoptados en el ámbito de una organización internacional gozan de la misma naturaleza y regulación de los tratados internacionales (cfe. art. 5 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados) y, desde que han sido expresamente ratificados por nuestro país se encuentran incorporados al bloque de constitucionalidad que surge del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de destacar que en el orden interno -como dije- la obligación de llevar registros viene dada por el art. 6 inc. c) de la ley 11.544.

En orden a lo expuesto, correspondería concluir que la jornada laboral desempeñada por Balero excedía la jornada reducida de cuatro horas denunciada por el Consorcio demandado. Así pues y dado que la institución cuestionada constituye un elemento esencial del contrato de trabajo, la reducción comunicada a la trabajadora importa una alteración unilateral que, en definitiva, encubrió una rebaja salarial, la cual precisamente está excluida del ámbito del «ius variandi». Por lo demás, en aras del principio de conservación del contrato tutelado por el art. 10 de la L.C.T, tampoco se aprecia que la actora hubiese incurrido en desobediencias reiteradas en los términos del art. 5 inc. b) del Estatuto Profesional de Encargados de Casa de Renta y Propiedad Horizontal que puedan considerarse de entidad suficiente (cfe. art. 242 L.C.T.) para su despido y que, en todo caso, no hubiesen podido obtener otra solución de parte de la empleadora antes de proceder al distracto, en uso de sus facultades de organización y dirección.

En tales condiciones, estimo que la decisión unilateral del consorcio empleador carece de eficacia extintiva (arts. 62, 63, 66 L.C.T.y 386 C.P.C.C.N.) y el despido directo decidido resultó injustificado, razón por la cual propongo confirmar este segmento de la sentencia de grado con base en la solución propuesta.

Desde dicha perspectiva, carecen de andamiaje las divergencias dirigidas contra la procedencia de las reparaciones indemnizatorias reclamadas que incluye el agravamiento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323.

III- En consonancia con lo resuelto en la sede de origen, también encuentro acreditada en la causa la fecha de ingreso invocada en el escrito inicial.

Para así decidir destaco que la argumentación recursiva se revela ineficaz para conmover lo decidido en el fallo de grado en este aspecto, pues soslaya rebatir que la fecha de ingreso denunciada por la demandante ha quedado acreditada no sólo en virtud de la presunción que emana del artículo 55 de la L.C.T., que en el caso cobró operatividad ante la falta de exhibición a la perito contadora del libro especial del art. 52 de la L.C.T. sino porque las declaraciones precedentemente analizadas de Ojea, Fernández y Avo (e inclusive Torres) resultan coherentes y concordantes al indicar haber visto prestando tareas durante el año 2007, sin que dichos extremos hayan resultado rebatidos con la exigencia que la norma adjetiva impone (cfe. art. 116, ley 18.345).

En efecto, la apelante se limita a reseñar el silencio de la actora al firmar los recibos de sueldo en los que se consignó una fecha de ingreso diferente (enero 2008) y omite poner en tela de juicio la aplicación que efectuó la Señora Juez de grado anterior -con fundamento en que, según lo informado por la perito contadora, la accionada no aportó los libros laborales y contables a efectos de que realizara la pericia y de la citada presunción legal (cfr. art.55 de la L.C.T.), la cual lleva a tener por ciertas las afirmaciones de la actora en lo atinente a la fecha de ingreso al empleo, sin que la exposición efectuada en el memorial recursivo desvirtúe tal circunstancia, con la indicación de elementos probatorios idóneos.

Por lo demás, el silencio mantenido por la actora no produce el efecto de hacer perder derechos por tal motivo, porque esta tesitura prescinde de la disposición del art. 58 de la L.C.T. que impide admitir presunciones en contra del trabajador -cualquiera sea su fuente- que conduzcan a sostener la renuncia al empleo o a cualquier otro derecho derivado del contrato de trabajo, sea que las mismas provengan de su silencio o de cualquier otro modo que no implique una forma de comport amiento inequívoco en aquel sentido, hecho este último que no advierto configurado en el caso.

En consecuencia, corresponde confirmar la fecha de ingreso denunciada por la actora en el inicio del 03/12/07 y desestimar el agravio en este segmento.

IV- El recurso de apelación interpuesto por el progreso de las diferencias salariales derivadas de la incorrecta registración del vínculo, de prosperar mi voto, no ha de obtener favorable recepción.

Ello es así pues los elementos fácticos aportados en el recurso bajo análisis se revelan ineficaces a los fines de desvirtuar lo decidido en la sentencia de la instancia anterior.

En efecto, en el recurso no se criticó de manera fundada lo resuelto en torno a que de conformidad con la debida valoración realizada por la Sra. Jueza de la instancia anterior en su sentencia y conforme la solución que se propone en esta instancia, la jornada laboral de la actora excedía las cuatro horas diarias con las que se encontraba registrada (cfe. arts. 386 y 456, C.P.C.C.N.y

116 de la L.O.) lo que me lleva a confirmar el pronunciamiento recurrido en todo cuanto ha sido materia de agravios de la accionada.

V- Tampoco encuentro atendible el agravio vinculado con el progreso de la multa prevista en el art. 80 de la L.C.T., dado que las certificaciones acompañadas (fs. 101/102) no se hallan debidamente confeccionados de conformidad con la solución que se propone en esta instancia y no permite tener por cumplida en forma adecuada la obligación impuesta al empleador.

En dicho marco, toda vez que se verifican cumplidos los requisitos exigidos por el decreto 146/01 (reglamentario del art. 45 de la ley 25.345), tal como acertadamente lo expuso la Dra. González Burbridge, sin que este aspecto mereciera impugnación concreta de la apelante, considero que debe confirmarse el decisorio de primera instancia en cuanto condena a abonar a la trabajadora el importe de la multa establecida en el último párrafo del art. 80 de la L.C.T.

En mérito a estas consideraciones, sugiero rechazar también este segmento del recurso y confirmar lo decidido en la sentencia de grado.

VI- Respecto de la regulación de honorarios que recibiera impugnaciones, tanto de la representación letrada de la demandada por considerar elevados los regulados a la representación letrada de la parte actora y la perito contadora, como de la perito contadora que apeló la regulación efectuada por considerarla baja; considero que los emolumentos en cuestión resultan adecuados conforme el modo de resolverse la cuestión, así como la calidad y mérito de las tareas cumplidas, las pautas arancelarias vigentes en la materia, evaluadas dentro del valor económico en juego, por lo que propongo confirmarlos (cfe. arts. 38 L.O., 6 y sgts. Ley 21.839, modificada por la Ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

VII- Sugiero imponer las costas de Alzada a la parte demandada vencida (art.68 primer párrafo del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de segunda instancia correspondientes a la representación letrada de la actora y de la demandada en el 25%, para cada una, de lo que deban percibir por su actuación en grado (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH: No vota (art. 125 L.O.).

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar la sentencia de primera instancia en lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de la parte demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de las partes, por sus actuaciones en esta alzada, en el 25%, de lo que, en definitiva, le corresponda percibir por sus actuaciones en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Dr. Alvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: