Corresponde indemnizar a una mujer policía por los daños sufridos al caer por la escalera de acceso a los Tribunales de Justicia

shutterstock_170161988Partes: C. de Z. C. A. c/ Policía Federal y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: III

Fecha: 19-jun-2014

Cita: MJ-JU-M-87427-AR | MJJ87427

Corresponde indemnizar a la actora, retirada de la Policía Federal Argentina, por los daños sufridos a raíz de su caída por la escalera de acceso a los Tribunales de Justicia, donde había sido destinada a prestar servicio.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto admitió parcialmente la demanda incoada por la actora, retirada de la Policía Federal Argentina, tendiente a obtener indemnización por los daños y perjuicios por ella sufridos a raíz de la caída por la escalera de acceso a los Tribunales de Justicia, donde había sido destinada a prestar servicio. Ello es así, en virtud de que se trató de un hecho ocurrido en servicio, es decir que la responsabilidad de la PFA deriva del deber de seguridad que le compete en su calidad de empleadora de la agente accidentada.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de junio del año dos mil catorce, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “C. de Z. C. A. c/ Policía Federal y otros s/ daños y perjuicios”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:

I. La señora C. A. C. de Z., retirada de la Policía Federal Argentina (“PFA”) con el cargo de Sargento Primero, demandó al Estado Nacional – Ministerio del Interior (PFA) el pago de $311.300 en concepto de indemnización por los daños derivados de la caída por la escalera de acceso a los Tribunales de Justicia de la Avenida de los Inmigrantes, ocurrida el 1º de julio de 2004 (fs. 1/20vta.).

Los hechos pormenorizados de la causa fueron adecuadamente expuestos en el fallo apelado, por lo que a ellos me remito brevitatis causae (ver considerando 1 a 3, fs. 384/385vta.).

II. Mediante la sentencia de fs. 384/390, la Jueza de primera instancia admitió parcialmente la demanda por la suma de $62.000, con más sus intereses y las costas del juicio.

Contra esta decisión apelaron la actora y el Estado Nacional (fs. 392 y 398/398vta., concesiones de fs. 399 y 404), quienes expresaron agravios a fs. 409/419 y 420/423vta., respectivamente. Sólo la actora contestó el traslado de fs. 424 (fs. 425/429).

III. Los agravios de la demandante pueden resumirse así: a) insuficiente valoración de la prueba y falta de fundamentación de la decisión (fs. 409vta./412); b) rechazo del rubro “daño a la vida en relación” (fs. 415/416vta.); c) escasa cuantía del resarcimiento en concepto de daños físico, estético, psicológico y moral (fs. 412vta./414vta.y 416vta./418).

El Estado Nacional cuestiona la condena en su contra y, a todo evento, la procedencia y montos de la indemnización así como la imposición de la totalidad de las costas a su cargo (420/423vta.).

IV. Responsabilidad de la demandada.

Las circunstancias en las que se fundó el reclamo son éstas: la relación de empleo de la actora con la PFA, el accidente ocurrido el 1º de julio de 2004 durante el ascenso por la escalera de acceso al edificio situado en Avda. de los Inmigrantes nº 1950, donde la actora había sido destinada a prestar servicio, y la calificación de este hecho como ocurrido “en servicio”. Todas ellas fueron expresamente reconocidas por la demandada (confr. demanda, fs. 12vta., pto B, y responde, fs. 67vta., pto. IV).

Al contestar la demanda, el Estado Nacional reiteró la defensa utilizada en tantos otros pleitos, a saber, la improcedencia de la indemnización basada en normas de derecho común a un agente de la PFA sujeto a un régimen legal específico y excluyente (fs. 67vta./68).

En un caso similar al de autos, esta Sala sostuvo que la responsabilidad de la PFA derivaba del deber de seguridad que le competía en su calidad de empleadora del agente accidentado in itinere, máxime, cuando el hecho había sido encuadrado, según resoluciones emanadas de la propia demandada, como un “acto de servicio” (causa “Celada” nº 7864/10 del 12/9/13, ver también, causas “Llocra” nº 8392/06 del 15/9/11 y “Ayala” nº 3024/07 del 15/11/11). Por lo demás, es doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el Estado Nacional no queda exento de responsabilidad en los casos de accidentes in itinere (Fallos 308:1118; 308:1109 330:5205 )

Ello lleva a confirmar la sentencia apelada y pasar al análisis de la extensión y cuantía del resarcimiento.

V.Daños La procedencia de los rubros que componen la condena y la entidad de los montos fijados en cada caso también fueron objeto de queja por parte de los apelantes (fs. 412vta./418 y 422/423).

De los $311.300 pedidos en la demanda, el a quo admitió $62.000, distribuidos de la siguiente manera: $10.000 por el daño físico, comprensivo de la incapacidad sobreviniente y el “daño a la vida en relación”; $24.000 por el perjuicio psicológico y el tratamiento psicoterapéutico; $3.000 por los gastos médicos, farmacéuticos y de traslado; y $25.000 por el daño moral incluyendo dentro de él al daño estético (cons. 4, fs. 387vta./389).

Después de examinar a la señora C., el perito médico neurólogo Juan Carlos Andreani concluyó que las lesiones guardaban relación causal con el accidente y que la actora padecía, como resultado de éste, una secuela incapacitante parcial y permanente equivalente al 5% de la Total Obrera (ver informe de fs. 307/309vta.). Para el perito médico traumatólogo, doctor, Juan José Santa Cruz, la incapacidad fue del 6% de la T.O. (ver fs. 350).

A su vez, la Licenciada en psicología María Marta Domínguez indicó que C. presentaba “síntomas compatibles con un cuadro de Trastorno depresivo de grado moderado” relacionados con las limitaciones en las áreas laboral, familiar y social, con una incapacidad psíquica del 20% y la necesidad de realizar un tratamiento de psicoterapia de frecuencia semanal durante dos años (fs. 321/329, en especial, fs. 326 y sigtes.).

No hay argumentos en los recursos que sirvan para rechazar ni modificar las cantidades admitidas por el a quo que, por lo demás, coinciden con las reconocidas en casos similares (art.265 del Código Procesal y esta Sala, causa “Malgarini” nº 11.971/08 del 22/10/13). Las circunstancias personales de la actora, como son, su edad al momento del hecho (59 años), la intervención quirúrgica que atravesó como consecuencia del mismo y las conclusiones de los expertos en cuanto al daño físico y psíquico que padeció, justifican mantener el quantum indemnizatorio total de $62.000.

Tampoco cabe hacer lugar al agravio de la actora vinculado con el rechazo del rubro “daño a la vida en relación” -fs. 415/416vta.-, ya que este ítem fue efectivamente contemplado por el a quo dentro del daño físico (ver fs. 388, pto. 4.1.).

VI. Costas.

El Estado Nacional cuestiona la imposición de la totalidad de las costas a su cargo (fs. 423, pto. B).

El agravio no puede prosperar. Sucede que si bien es cierto que la demanda ha prosperado por un monto inferior al pretendido en el líbelo de inicio, también lo es que la actora ha supeditado la entidad del resarcimiento a “lo que en más o en menos fije V.S.” (fs. 16vta., primer párrafo), y que el Estado ha resultado vencido en lo sustancial (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal y esta Sala, causa nº 11.971/08 cit.).

Por ello, se confirma la sentencia apelada en todas sus partes, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal y esta Sala, causa nº 11.971/08 cit.).

Así voto.

El Dr. Recondo por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe.

Buenos Aires, de junio de 2014.

Y VISTOS: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada en todas sus partes, con costas (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal y esta Sala, causa nº 11.971/08 cit.).

En atención al modo en que se resuelve y a lo dispuesto por el magistrado a fs. 390, pto. 3, determinado el monto de condena por liquidación firme y regulados los honorarios de la primera instancia, el Tribunal procederá a fijar los correspondientes a la Alzada.

Hágase saber a los letrados la vigencia de las acordadas CSJN nº 31/11 y 38/13 -B.O. 17.10.13-.

La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente publíquese y devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo

Ricardo Gustavo Recondo

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