Indemnizan por daño moral a trabajador despedido acusado de robar productos a su empleador

despido 4Partes: R. V. F. c/ T. L. S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 19-may-2014

Cita: MJ-JU-M-87053-AR | MJJ87053

Por no acreditarse que el actor fuera responsable del robo de productos de propiedad de la demandada, el despido resulta injusto y corresponde una compensación por daño moral, ya que la acusación de un ilícito vulneró la dignidad del dependiente. 

Sumario:

1.-No corresponde admitir la legitimidad del despido dispuesto por la demandada toda vez que aún en el hipotético caso de tener por demostrada la desaparición de las lonas del semirremolque, no fue demostrado que dicho evento se produjera por negligencia del actor, ya que en la causa penal no se encontraron pruebas para incrimiar al actor en la sustracción de los elementos toda vez que nadie vio cuando fueron extraídas del camión ni hay filmaciones de ello.

2.-Al no advertirse una conducta injuriosa por parte del trabajador, en los términos del art. 242 de la LCT., que impidiera la prosecución de una relación laboral, corresponde hacer lugar a las indemnizaciones reclamadas.

3.-La comunicación rescisoria no cumplió acabadamente con los recaudos previstos en el art. 243 de la LCT. puesto dentro de la expresión pérdida de confianza no se encuentra incluida también la imputación de negligencia; máxime siendo que de las constancias probatorias de la causa no surgen suficientemente demostrados los motivos del despido y su gravedad, como para que no consintieran la continuación del vínculo.

4.-Toda vez que el actor fue despedido injustificadamente y a partir de ahí requirió de modo fehaciente el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y las mismas no fueron abonadas, corresponde hacer lugar a la multa del art. 2 de la Ley 25.323.

5.-Corresponde incrementar el monto de condena impuesto en concepto de daño moral puesto que la conducta asumida por la demandada no sólo en lo relativo a la decisión de despedirlo, sino también en someterlo a una acusación por un supuesto ilícito, expuso al actor a una situación en la cual éste vio vulnerada su dignidad.

6.-Puesto que la norma reglamentada otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización fijada, la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la LCT. puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo).

7.-Luce razonable concluir que la intimación fehaciente a que alude tanto la norma originaria (art. 80 de la LCT.) como su reglamentación (dec. 146/2001 ) sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa, y por lo tanto, corresponde declarar procedente la multa prevista por el art. 80 LCT.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de mayo de 2014 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Vienen los autos a esta alzada a propósito de los agravios que, con- tra la sentencia de fs. 162/168, formulan ambas partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 169/171 vta. (actora) y 175/181 (demandada), que merecieran réplica de la contraria mediante los escritos de fs. 183/18/4 y 187/188 vta.

II. El recurso planteado por la demandada se dirige a cuestionar -en primer término- la decisión de la instancia anterior que determinó que el despido dispuesto por la empresa no se ajustó a derecho porque no se encontraba acreditada la participación del actor en los hechos invocados para extinguir el vínculo laboral.

En su memorial la apelante sostiene que el juez de grado efectuó una apreciación parcial de las posturas asumidas por las partes porque considera que el despido del actor no se produjo por imputación de un delito penal y que los extremos invocados en la comunicación de despido fueron suficientemente demostrados en autos. Entiende que a través de las declaraciones testimoniales se probaron los hechos imputados al actor y que su negligente atención de las tareas encomendadas y la ausencia de explicaciones determinaron la pérdida de confianza.

Para un adecuado análisis de dicha queja, y desde la perspectiva de en- foque que impone el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde dejar sentado liminarmente que la decisión extintiva adoptada por la demandada fue expresada en los siguientes términos: “.El 5/5/11 se presentó a las 14.25 hs.en el centro de distribución de Zavaleta 900, con su camión, un chofer de una empresa transportista, para cargar 300 pallets vacíos para entregar al cliente Reckitt Benckiser S.A.; retirán- dose cargado a las 17.08 hs. y habiéndoselo designado a Ud. para realizar la tarea de carga. En tanto el citado transportista esperaba su turno, se estacionó al lado de nuestro semirremolque 86 patente BGM 840. El 6/5/11 nos llama el transportista Baldovino indicándonos que había enganchado y retirado el semirremolque 86 como era habitual, pero que le habrían robado las lonas con que cubren la carga. Requerida la empresa de seguridad REDGUARD para que hiciese una investigación del presunto robo, nos indican que el vehículo destinado a llevar los pallets vacíos habría sido identificado en la filmación como el sospechoso de llevarse las lonas. Así las cosas, solicitamos a Reckitt Benckiser S.A. que gestionase ante su transportista la devolución de las lonas y las mismas fueron devueltas el 11/5/11, manifestando su chofer que se las habría vendido en $400 un operario del centro de distribución de Zavaleta. Ante mayores requisitorias lo ha identificado a ud. como el que habría efectuado dicha presunta venta. Obviamente y más allá del cúmulo de elementos probatorios coleccio- nados y en orden a los que haremos la pertinente denuncia en sede penal para que se proceda a su investigación, lo cierto es que las apuntadas circunstancias provocan una objetiva afectación de la confianza depositada por esta empresa en Ud., en una circunstancia de enorme gravedad y configurativa de una injuria que no consiente la prosecución de la relación en los términos del art. 242 LCT por lo que se lo despide con causa. Haberes y certificado de servicio a su disposición.” (textual, ver comunicación del 3/6/11 en sobre de fs.4).

El accionante negó todos los hechos imputados por la demandada y sostuvo que se trató de un ardid para despedirlo porque, previamente, los gerentes de la compañía le habían solicitado su renuncia pero se negó a efectuarla.

Luego del análisis de las posturas asumidas por los litigantes, y las pruebas producidas en el pleito, anticipo que he de coincidir con el juzgamiento del magistrado que me antecede acerca de la ausencia de causa en el despido directo del caso, por las razones que seguidamente expondré.

Ello es así pues la apelante pretende, mediante su argumentación recursiva, demostrar que la comunicación rescisoria cumplió acabadamente con los recaudos previstos en el artículo 243, L.C.T. al considerar que dentro de la expresión “pérdida de confianza” se encuentra incluida también la imputación de negligencia, y que de las constancias probatorias de la causa surgían suficientemente demostrados los motivos del despido y su gravedad, que no consentían la continuación del vínculo.

En primer lugar, como dije, comparto la valoración de la prueba testi- monial que hizo el magistrado de grado, en cuanto señaló que ninguno de los testigos estuvo presente en el lugar en el momento en que, supuestamente, habrían ocurrido los hechos relatados y que los mismos resultaron solamente “testigos de referencia”. En efecto, sus dichos se basaron en comentarios de terceros que no comparecieron a prestar declaración, sin que -a mi juicio- la recurrente logre con su argumentación recursiva evidenciar yerro alguno en el análisis efectuado por el a quo.

Por otra parte, aún en la mejor de las hipótesis para la demandada, de tener por demostrada la desaparición de las lonas del semirremolque, y que la misma se produjo por la negligencia invocada recién en el responde -con lo que quedaría subsana- do el incumplimiento del recaudo exigido por el art.243, L.C.T., también destacado por el sentenciante-, coincido con el mismo en cuanto señala que no fue demostrada la eventual responsabilidad del accionante porque no existen elementos de convicción que así lo acrediten.

En la causa penal, obrante en anexo Nº 2096 por cuerda, tampoco se encontraron pruebas para incriminar al actor en la sustracción de las mencionadas lonas, toda vez que nadie vio cuando fueron extraídas del camión ni hay filmaciones de ello.

En esos términos, no se advierte -como dije- una conducta injuriosa por parte del trabajador, en los términos del art. 242, L.C.T., que impidiera la prosecu- ción de una relación laboral que tenía casi seis años.

Por tales motivos, en este contexto probatorio, reitero que no se en- cuentran demostradas las conductas y actitudes injuriosas que se denunciaron para despedir al actor y, como anticipara, voto por confirmar la sentencia apelada en este aspecto.

III. La segunda queja de la accionada se dirige a cuestionar la condena con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323 toda vez que entiende que no corresponde la multa porque existieron causas que claramente justificaron la conducta seguida por la empleadora.

Sin embargo, la queja no prosperará en mi voto. Me explico.Esta disposición legal establece que:

“Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6° y 7° de la Ley 25.013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50%.

Si hubieran existido causas que justificaren la conducta del emplea- dor, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de su pago”.

De acuerdo a la resolución que propicio confirmar, el actor fue despe- dido injustificadamente, de ahí que requirió de modo fehaciente el pago de las indemni- zaciones derivadas del despido del caso, según surge del telegrama del 22/6/11 (v. sobre de fs. 4), por lo que se vio obligado a iniciar la presente acción, sin que se configure el supuesto previsto por el segundo párrafo de la norma para eximir a la accionada.

Por ello, no advierto fundamento alguno para excluir a la recurrente de abonar la multa prevista en el art. 2º de la ley 25.323 por lo que propiciaré, en conse- cuencia, confirmar la sentencia en este aspecto cuestionado.

IV. La demandada también critica la remuneración determinada por el juez de grado y expresa que, si bien se desistió de la prueba pericial contable, se encontraban agregados a estas actuaciones los recibos de sueldo acompañados por el demandante y los presentados por la empleadora. Sostiene que estos elementos recono- cidos por las partes determinan que el cálculo indemnizatorio debe realizarse con ajuste a esos elementos.

Sin embargo, a mi entender, la queja no resulta atendible.En efecto, más allá que la apelante se remite genéricamente a los recibos de sueldo, no encuentro que las argumentaciones de la apelación resulten suficientes, a mi juicio, para modificar lo resuelto pues la remuneración admitida por el judicante se ajusta al monto que surge de los recibos que lucen en el sobre de fs. 4.

Por dicho motivo, el cuestionamiento no alcanza a constituir una crítica razonada a los fines de la norma procesal del art. 116, L.O. ante los concretos argumentos que se explicaron en el fallo cuestionado.

Propicio, en consecuencia, la confirmación de este aspecto de la sentencia de grado.

V. También cuestiona la demandada la admisión del reclamo por SAC

proporcional y los salarios de junio 2011 porque entiende que tales conceptos fueron puestos a su disposición del actor y que el mismo se opuso a su percepción, razón por la cual acompañó como prueba el cheque rehusado por el demandante.

Sin embargo, este aspecto de la queja tampoco resulta admisible por- que no se encuentra acreditado que la accionada haya puesto a disposición del actor tales rubros, como así tampoco en la instancia administrativa previa (v. acta de fs. 3) ni que los consignara judicialmente (conf. art. 756, C. Civil).

Asimismo, si bien mediante la comunicación telegráfica del 3/6/11 (v. sobre de fs. 4) la empleadora dijo haber puesto a disposición del trabajador los haberes, este argumento tampoco resulta at endible toda vez que entiendo que en el presente caso resulta analógicamente aplicable la doctrina plenaria fijada por la Cámara Nacional en lo Civil, de fecha 21/3/80 por lo que, al no haberse acreditado la no concurrencia del actor al domicilio del deudor para recibir dichos conceptos, soy de la opinión de que debe desestimarse la queja.

VI. Corresponde ahora abordar, conjuntamente, el tratamiento de los agravios que plantean ambas partes contra la condena impuesta en concepto de daño moral.A tal efecto, cuestiona la demandada que no imputó delito alguno al accionante y sólo consideró que la situación en la que quedaba involucrado hacía imposible la continuidad de la relación laboral.

Por su parte, el accionante se agravia por el monto determinado por el juez a quo.

Sin embargo, a mi modo de ver, los términos de la queja de la deman-

dada dejan incólume la decisión apelada y, en cambio, encuentro que le asiste razón al actor. Me explico.

En el presente caso, la conducta asumida por la demandada no sólo en lo relativo a la decisión de despedirlo, sino también en someterlo a una acusación por un supuesto ilícito, a mi criterio, expuso al actor a una situación en la cual éste vio vulnerada su dignidad. Por ello, tal conducta conllevaba el derecho del trabajador a la reparación del daño moral sufrido (conf. arts. 62, 63, 68 y concs., L.C.T.).

Que, atendiendo a las peculiaridades del caso, considero que el monto determinado por el juez de primera instancia en concepto de daño moral resulta a mi criterio insuficiente, por lo que estimo prudente fijar dicho concepto en la suma de $ 25.000.

VII. La parte actora se agravia también por la desestimación de la mul- ta prevista por el art. 80 L.C.T. porque el judicante consideró que la intimación no se efectuó de acuerdo a las previsiones del dto. 146/01.

No obstante que el requerimiento efectuado a tal efecto por el accio- nante (v. misiva del 22/6/11, en sobre de fs. 4) se realizó sin esperar el término de treinta días, que exige el dto. 146/01 para la procedencia de dicha multa, admitiré la queja del actor. Me explico.

Si bien como integrante de esta Sala, integrada en su momento por el Dr. Morell y la Dra. García Margalejo, luego por esta última y el Dr. Simón, y posteriormente por la mencionada magistrada y el Dr.Arias Gibert, me allané por razones de economía procesal, y sin perjuicio de mantener y dejar a salvo mi opinión expresada al votar en la causa: “Pantano, Carlos Gustavo c/First Club S.A.” (sent. def. n° 68.030, dictada el 15/12/2005, del registro de la Sala V), al criterio sustentado por los magis- trados mencionados en virtud del cual no procede la condena al pago de la indemniza- ción prevista en el art. 80, L.C.T. (texto según ley 25.345), si la intimación pertinente es practicada antes del vencimiento del plazo estable-cido en el art. 3° del dec. 146/2001 (en la actual composición la doctrina contraria a mi tesis fue fijada en la sent. def. n° 72.984 dictada el 16/03/2011 en la causa: “Moglia, Emanuel c/Mirazones S.A.”), en el sub examine el tribunal está integrado por el Dr. Arias Gibert y quien suscribe y, en caso de disidencia, por el Dr. Raffaghelli.

En este contexto, propicio resolver la cuestión planteada en el sentido expuesto en el caso “Pantano”, cuyos argumentos en lo substancial reproduzco a continuación.

El art. 3° del dec. 146/2001 dispone:

“El trabajador quedará habilitado para remitir el requeri-miento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo”.

Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente es propio de la interpretación indagar lo que dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país (cfr. C.S.J.N., Fallos:244:129), con el fin de establecer así la versión técnicamente elaborada de la norma aplicable al caso por medio de una hermenéutica sistematizada, razonable y discreta que responda a su espíritu y para lograr soluciones justas y adecuadas al reconocimiento de los derechos (cfr. C.S.J.N., Fallos: 363:453).

El control de constitucionalidad de las leyes que compete a todos los jueces y, de manera especial, a la Corte Suprema, en los casos concretos sometidos a su conocimiento en causa judicial, no se limita a la función en cierta forma negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la Ley Fundamental, sino que se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido constitucional en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permite (cfr. C.S.J.N., Fallos: 308:647, cons. 8° y sus citas; cons. 20 del voto del Dr. Carlos S. Fayt, 22/12/94, “Manauta, Juan J. y otros c/Embajada de la Federación Rusa”, D.T. LV, ps. 643/55).

Desde esta perspectiva hermenéutica, el art. 3° del dec. 146/2001 debe ser interpretado dentro de los límites de la norma superior que reglamenta.

El último considerando del dec. 146/2001 dispone:

“.Que, por último, deviene necesario establecer el plazo pe-rentorio dentro del cual el empleador, una vez producida la disolución del vínculo laboral por cualquier causa, deberá hacer entrega al trabajador de los instrumentos a que hace alusión el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. por decreto 390/76) y sus modificatorias, como paso previo a que se torne operativo el procedimiento contenido en el último párrafo del mencionado artículo 80, incorporado por el artículo 45 de la ley 25.345.”.

Tal como se deduce sin dificultad del último considerando del decreto citado, la finalidad que la reglamentación persigue es evitar contratiempos o dificultades que pudieren impedir al empleador cumplir la obligación a su cargo relativa a la entrega de los certificados del art.80, L.C.T. dentro del reducido plazo que normalmente los trabajadores le otorgan para la confección y entrega de tales constancias. Para ello, le confiere el generoso plazo de treinta días, durante el que debería poder solucionar cualquier eventual dificultad referida a la obtención de la información necesaria para expedir los certificados en cuestión (C.N.A.T., Sala III, sent. n° 84.720, 15/04/03, “Blanco, Ernesto Carlos Benito c/Club San Jorge S.A. Cía. de Capitalización y Ahorro”).

Dicho en otros términos: la norma reglamentada otorga al empleador un plazo de dos días hábiles para cumplir el requerimiento del trabajador relativo a la entrega del certificado o cargar con la indemnización fijada; la brevedad de ese plazo puede así explicar la interposición de otro plazo antes de que aquel requerimiento quede habilitado ya que, por ejemplo, el cumplimiento de la obligación del art. 80 de la L.C.T. puede incluir la necesidad de regularizar el vínculo (para estos fines un plazo idéntico es otorgado por la Ley de Empleo). La extensión del plazo encuentra su justificación en facilitar el cumplimiento del empleador antes que en obstruir la habilitación del trabajador para intimar, aunque la redacción de la norma pueda tolerar también esta última interpretación.

De tal modo, luce razonable concluir que la intimación fehaciente a que alude tanto la norma originaria como su reglamentación sólo puede surtir efectos (el inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo este último que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa (cfr. C.N.A.T., Sala III, sent. n° 85.785, 27/04/04, “Carabajal, Luis Raúl c/La Internacional

S.A.y otro”).

La interpretación que postulo luce plenamente aplicable al sub lite, ya que no se discutió que el contrato de trabajo quedó extinguido el 3/6/11 (v. sobre fs. 4) y el actor intimó a la demandada mediante comunicación del 22/6/11 por la entrega de las certificaciones previstas en el art. 80, L.C.T.

Por las razones expuestas, considero atendible el cuestionamiento de la parte actora por lo que propiciaré revocar la decisión apelada y declarar procedente la multa prevista por el art. 80 L.C.T.

VIII. El cuestionamiento por el rechazo de la sanción prevista por el art. 275, L.C.T. (v. fs. 169 pto. I b) resulta abstracto, toda vez que el actor no formula agravios al respecto (conf. art. 116, L.O.).

Por consiguiente el capital de condena, en caso de seguirse mi moción, debe alcanzar a $ 124.730,95 ($ 93.945.25 + daño moral $ 25.000 menos $ 11.571,40 + multa art. 80 LCT $ 17.357,10) suma que devengará los intereses establecidos a fs. 166 desde que cada suma es debida.

IX. Lo precedentemente sugerido torna insustancial referirse a recursos por costas y honorarios porque estos deberían reformularse (art. 279 C.P.C.C.N.).

En lo que atañe a las costas, teniendo en cuenta la solución dada a las cuestiones debatidas, entiendo que la demanda ha progresado en lo principal y en casi todos los rubros reclamados, por lo que en base a un criterio no estrictamente aritmético sino jurídico -según jurisprudencia predominante de esta Cámara a la que he adherido por razones de economía procesal- la imposición de fs. 167 a la demandada debería mantenerse (art. 68 C.P.C.C.N.).

Por las labores de 1ª instancia, conforme mérito e importancia de las labores, etapas procesales y arts. 38 L.O.y 1, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839 y ley 20.243, propongo regular a la representación y patrocinio letrado del accionante y de la demandada en el 16% y 12%, respectivamente, del nuevo monto de condena incluidos los intereses.

X. Sugiero imponer las costas de alzada también a cargo de la deman- dada y regular los honorar ios a los profesionales actuantes de la parte actora y demanda- da en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que a cada uno le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (conf. art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto del Sr. Juez de Cámara pre- opinante con la siguiente salvedad:

Respecto a la multa prevista en el artículo 80 RCT, de conformidad con los votos de los Dres. Zas y Raffaghelli in re “Morinigo, Cristino c/ Fundación Madres Plaza de Mayo s/ despido”, SD nº 74904 del 14/03/2013, se conformó mayoría sobre este tópico y, por razones de economía procesal, habré de adherir a aquella solución dejando a salvo mi opinión personal sobre este punto: “.la norma del art. 80 RCT requiere la contumacia del empleador para la aplicación de la multa, y que mal puede haber contumacia si el plazo de entrega no está vencido. La obligación de entrega de certificados era, hasta las normas de la ley 24.013, una obligación sin plazo que debía, por tanto constituirse por una intimación que constituya en mora al obligado (art. 509 del Código Civil). Luego de la sanción de la ley 24.013, que establece un plazo para dar cumplimiento a la obligación de regularizar sin consecuencias punitivas de treinta días, el legislador ha establecido un plazo mediante el cual considera razonable el cumplimiento de la obligación de hacer. Norma que debe ser aplicada por analogía.En consecuencia, el decreto lo único que hace es poner certeza en una situación que ya viene determinada por el plexo normativo. Es obvio que no se puede punir (la multa del art. 80 LCT tienen función punitiva y no resarcitoria porque no reemplaza la obligación originaria) por la falta de cumplimiento de una obligación no vencida.No puede olvidarse que no hay contumacia (presupuesto de la aplicación de las multas) sin que previamente exista inejecución. Esto es, sin que el plazo de la obligación esté vencido”, por lo que -reitero- presto mi adhesión a la solución propiciada.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar parcialmente la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 124.730,95.-) la que devengará

los intereses fijados en la sentencia de grado desde que cada suma es debida; 2) Costas y honorarios conforme lo propuesto en el punto IX y X del primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.).

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert

Juez de Cámara

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