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Procede el despido indirecto de un abogado que reclamó la registración y remuneración acorde a sus tareas

Despido2Partes: E. E. F. c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. EDESUR S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 30-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86715-AR | MJJ86715 | MJJ86715

La negativa patronal a registrar la calidad de abogado del actor y la correspondiente remuneración, justifica el despido indirecto en que se colocó el trabajador.

Sumario:

1.-Corresponde justificar la decisión del actor de colocarse en situación de despido indirecto toda vez que luce acreditada la existencia de una contratación de índole laboral sin la debida registración, lo que torna aplicable la presunción del art. 23 de la LCT. toda vez que la demandada no ha aportado elementos fehacientes que permitan verificar que la contratación del actor obedeció a razones ajenas al régimen laboral.

2.-El despido indirecto en que se colocó el actor frente a la negativa patronal de registrar la remuneración y su calidad de abogado luce justo toda vez que de las declaraciones testimoniales se desprende la efectiva prestación de servicios del actor, -en la órbita propia del contrato de trabajo-, tanto en el domicilio de la demandada como aquel al cual fue trasladado con posterioridad, época en la que el actor ya se encontraba matriculado como letrado.

3.-La circunstancia de que el padre del actor desempeñara el máximo cargo en el departamento legal de la demandada a la época de su ingreso no resulta obstáculo para admitir el vínculo laboral del demandante, pues la prestación del actor, -en la órbita propia del contrato de trabajo-, aparece fácticamente acreditado a través de prueba testimonial y documental, lo cual desplaza toda sospecha al respecto (cf. arts. 377 ; 386 ; 445 y 456 del CPCCN. y art. 90 LO.).

4.-Las multas de los art. 8 y 15 L.N.E. resultan procedentes habida cuenta que el actor denunció las circunstancias verídicas que pretendió le fueran registradas, como ser la remuneración y su calidad de abogado, y fueron cumplidos los requisitos que contempla el art. 11 del citado cuerpo legal.

5.-Corresponde admitir el bono anual toda vez que de la pericia contable se acreditó que era modalidad de la empresa abonarlo y no se expone que el monto fijado resulte incorrecto respecto del mecanismo también informado en esa pericia.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, el 30-5-14, para dictar sentencia en los autos caratulados «E,E.F. C/EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. EDESUR S.A. S/DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Roberto C. Pompa dijo:

I – La sentencia de grado anterior, mediante la cual se admitió el reclamo, es apelada por ambas partes según los términos de fs. 806/808 y 812/818, que fueron replicados a fs. 821/829 y 840/842.

A fs. 804 el perito contador apela sus honorarios por estimarlos reducidos y plantea inconstitucionalidad de los arts. 8; 9 y 10 de la ley 24.432, que no mereció réplica alguna.

II – Respecto de la queja deducida por la demandada adelanto mi opinión adversa al disenso.

En tal sentido, considero que los argumentos que expone carecen de trascendencia, pues sin perjuicio de constituir discrepancias subjetivas no rebaten fundadamente las razones expuestas en el fallo recurrido que aparecen respaldadas por una evaluación en sana crítica de las constancias de la causa, según el contexto en que se planteó y desarrolló la controversia (cf. arts. 377 y 386 del CPCCN y art. 16 del C. Civil).

En el sentido expuesto, observo que de la transcripción de las declaraciones testificales en lo pertinente, aparece fácticamente demostrada la prestación del actor -en la órbita propia del contrato de trabajo- tanto en el domicilio de la recurrente como aquel al cual con posterioridad fue trasladado bajo la dirección de la Dra. C., época en la que ya el actor se encontraba matriculado como letrado.Al respecto, los testigos han efectuado un relato detallado de tal vínculo, destacando sobre el particular que -en lo sustancial- el ingreso del actor obedeció a la necesidad de los abogados de la demandada de contar con personal que realizara la procuración y que por encontrarse el actor cursando la carrera de abogacía fue que por ello que se lo contrató. También detallaron esos declarantes las labores que éste desplegó, reconociendo incluso las fotos agregadas a la demanda que dan cuenta del vínculo denunciado, como así también y las circunstancias que rodearon a la relación, incluso luego del traslado del departamento legal de la demandada desde la calle San José 140 -donde comenzó a trabajar el actor- a la calle Paraná 257, donde finalmente se produjo el distracto.

Asimismo, advierto que no fue soslayado en el fallo anterior la circunstancia de que el padre del actor desempeñaba el máximo cargo en el departamento legal de la demandada a la época de su ingreso y la compulsa de los testimonios antes referidos, así como de la documental cuya autenticidad resultó acreditada en autos, según se desprende del fallo recurrido -que no resultó debidamente cuestionado en este punto-, permiten inferir que tal situación jerárquica no resulta obstáculo para admitir el vínculo laboral del demandante, pues según lo antes dicho éste aparece fácticamente acreditado, lo cual desplaza toda sospecha al respecto (cf. arts. 377; 386; 445 y 456 del CPCCN y art. 90 L.O.).

En cuanto a la invocada intervención que le habría cabido a la Dra. C. a partir del traslado del departamento legal a la calle Paraná 257, considero que el argumento carece de respaldo en la medida que no se acreditó la autenticidad del supuesto contrato de locación de servicios que habría suscripto la apelante con aquella, ni tampoco fue traída como testigo a fin de que expusiera respecto de tal vinculación.Por lo tanto, resulta correcta la inoponibilidad de tal contratación a las pretensiones del actor, máxime cuando de acuerdo a lo dicho anteriormente de las constancias de la causa surge acreditada una prestación sin solución de continuidad por parte del demandante en favor de la recurrente (cf. art. 386, CPCCN).

De allí, entonces, que acreditada la mencionada prestación resulta operativa también la presunción del art. 23 de la L.C.T., sin que al respecto la apelante haya aportado elementos fehacientes que permitan verificar que la contratación del actor obedeció a razones ajenas al régimen laboral, lo cual también debilita la crítica (cf. art. 116, L.O.).

En consecuencia, demostrada la existencia del vínculo laboral el demandante se encontró legitimado al procurar la registración del mismo y la negativa pertinaz de la recurrente, justificó la decisión de aquél al colocarse en situación de despido indirecto mediante la misiva del 17/06/10.

Sentado ello, percibo que del intercambio cablegráfico surge que el demandante denunció las circunstancias verídicas que pretendió le fueran registradas, como ser la remuneración y su calidad de abogado, aspecto que resultaron acreditados en autos, por lo que la impugnación que efectúa la recurrente respecto de la admisión de las multas de los art. 8 y 15 L.N.E., bajo la excusa de que no habría cumplido con esos requisitos que contempla el art. 11 del citado cuerpo legal, carece de sustento (cf. art. 116, L.O.).

En cuanto a la pretendida morigeración de los montos correspondientes a esas sanciones, bajo lo prescripto por el art. 16 del plexo legal mencionado, así como del agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 2º de la ley 25.323, considero que no existen dudas, ni circunstancias atenuantes que permitan admitir tal petición.Respecto del cuestionamiento por la admisión del bono anual, la apelante no efectúa una crítica concreta y razonada en torno a las razones que motivaron tal admisión, pues nada dice acerca de que mediante la pericial contablese acreditó que era modalidad de la empresa abonarlo y tampoco expone que el monto fijado resulta incorrecto respecto del mecanismo también informado en esa pericia (cfr. fs. 619), lo cual debilita la crítica (cf. art. 116, L.O.).

En relación con el disenso que expone ante la imposición de costas a su cargo, considero que más allá del monto por el cual progresó la demanda, el resultado final evidencia que fue vencida en lo principal del reclamo y ante la ausencia de norma alguna que imponga al juzgador atenerse a una pauta matemática exacta, encuentro adecuada aquella imposición, pues en defintiva lo que ordena el principio general es determinar la derrota objetiva en el pleito para cargar el accesorio a quien resultarE vencido (cf. art. 68, 1º párr. CPCCN).

Por todo lo precedentemente expuesto, aconsejo confirmar lo resuelto.

III – La queja que expone el demandante también será desestimada.

Ello, por cuanto en lo que respecta al importe asignado al art. 8 de la L.N.E., en la sentencia no se hizo otra cosa que consignar la suma de $ 36.000 que el propio recurrente asentara en el mencionado concepto de la liquidación que practicó a fs. 17 del escrito de demanda, con lo cual lo ahora pretendido excede la petición original (cfr. fs. 21vta. «in fine» y por lo tanto este Tribunal se encuentra impedido de expedirse por así vedarlo el art. 277 del CPCCN.

Igual temperamento cabe adoptara en torno a la pretensión de admisión de los aguinaldos del año 2009 y del segundo semestre de 2008, pues no integraron aquella liquidación, ni fueron mencionados como adeudados en el relato del inicio.

Respecto de las vacaciones correspondientes a los años 2008 y 2009, sin perjuicio de que en la liquidación de fs.17 aparece consignado un importe mayor al admitido, no se especificaron períodos reclamados al respecto ni se denunció que hubieran sido gozadas y no abonadas (doct. art. 162 L.C.T.), por lo que también este aspecto de la crítica contiene argumentos tardíos que empecen a su admisión. Sin perjuicio de ello, se aprecia que la inclusión efectuada en el fallo de las denominadas «no gozadas» -que cabe entender como correspondientes a las «proporcionales» que contempla el art. 156 L.C.T. ante la disolución del vínculo-, en la medida que ello se encuentra expresamente previsto en el art. 156 de la L.C.T.

En consecuencia, sugiero confirmar también este segmento del fallo apelado.

IV – Atinente a los honorarios asignados al perito contador, que merecieron crítica de éste e incluso planteo de inconstitucionalidad de los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24.432, considero necesario destacar que sin perjuicio de que respecto de este último planteo se aprecian superadas las incumbencias propias del experto contable atento el grado exclusivamente jurídico de la materia, advierto que los fundamentos que expone resultan insuficientes para admitir tal pretensión.

En cuanto a lo específico y concerniente a las labores desarrolladas en la anterior instancia, estimo que apreciadas en su extensión, mérito y oficiosidad y evaluadas -además- en el marco del valor económico en juego, el emolumento asignado luce insuficiente, razón por la cual sugiero elevarlo al 6 % de la base fijada en la condena (cf. art. 38, L.O. y demás normas arancelarias vigentes).

V – Por la forma en que se resuelven los recursos, sugiero imponer las costas de alzada a cargo de la demandada vencida en lo principal (art. 68, 1º párr. CPCCN) y y regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de todo cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por su labores en la anterior instancia (art. 14, ley 21.8396).

El Dr. Alvaro E. Balestrini dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach no vota (art. 125, L.O.).

A mérito del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado anterior en lo que fue materia de apelación con la salvedad de los honorarios asignados al perito contador que se elevan al 6 % de la base fijada en aquella; 2) Imponer las costas de alzada a cargo de la demandada y 3) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el 25 % de todo cuanto corresponda percibir a cada una de las respectivas representaciones letradas por su labores en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Ante mí:

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