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La falta de pago del aguinaldo justifica el considerarse despedido pues la principal obligación del empleador es pagar el salario

DineroPartes: Rincón Gustavo Adrián c/ Olmedo Eduardo Víctor s/ despido por otras causales

Tribunal: Cámara de Apelaciones lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Sala/Juzgado: Tercera

Fecha: 27-may-2014

Cita: MJ-JU-M-86191-AR | MJJ86191

En tanto el pago del salario constituye la principal obligación del empleador, procede tras la intimación pertinente el despido indirecto ante la falta de pago del aguinaldo.

Sumario:

1.-El despido indirecto resulta justificado, pues la falta de pago del SAC configura injuria suficiente cuyo incumplimiento, ante la intimación fehaciente, justifica la ruptura del contrato de trabajo por parte del trabajador en los términos del art. 242 de la LCT.

2.-La mora del empleador en el pago del salario, pese a las intimaciones fehacientes realizadas por los trabajadores, justifica la denuncia del contrato de trabajo por parte de éstos, pues el pago de la retribución constituye la principal obligación a cargo de aquél; la circunstancia de que con anterioridad los demandantes hubieran tolerado cierta demora en el pago no legitima la actitud de la demandada, pues la falta de pago del salario en tiempo oportuno constituye un grave incumplimiento contractual.

Fallo:

NEUQUEN, 27 de mayo de 2014

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: «RINCON GUSTAVO ADRIAN C/ OLMEDO EDUARDO VICTOR S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES», (Expte. Nº 454104/2011), venidos en apelación del JUZGADO LABORAL 1 – NEUQUEN a esta Sala III integrada por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI con la presencia de la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. GHISINI dijo:

I.- El 23 de septiembre de 2013 -fs. 145/148 vta.- se dicta sentencia rechazando en toda sus partes la demanda incoada por el actor, con costas a su cargo.

A fs. 155/158, el accionante interpone recurso de apelación contra esa sentencia y allí expresa que se colocó en situación de despido indirecto a través del TCL de fecha 20/03/2010, debido a la falta de respuesta satisfactoria a la intimación de pago formulada en el TLC del 23/02/10, donde le reclamaba al demandado el pago de diferencias salariales devengadas durante la vigencia de la relación laboral, SAC, vacaciones 2008/2009.

Afirma que, los recibos agregados a fs. 15/46, carecen de firma del trabajador y del empleador (art. 138 y siguientes de la LCT), por lo que entiende que no se encuentra acreditado en autos que el demandado hubiera abonado al actor los rubros aquí reclamados.

Por otra parte, afirma que el salario del actor era de $1500, y dicha suma ésta por debajo del mínimo previsto en la escala del Convenio Colectivo N° 335/75 de la actividad maderera.

Agrega que, aún cuando el Sr. Rincón no hubiera revistado en la categoría «oficial» dentro de dicho Convenio Colectivo, igualmente tenía derecho a percibir una remuneración mayor.

En segundo lugar, considera que hubo una errónea valoración de la prueba por parte de la a-quo en lo que respecta a la fecha de ingreso del demandante, pues concluyó que las partes iniciaron su relación laboral en la fecha indicada por el demandado (1/08/06), basándose en la constancia de la AFIP de fs.47 y en la certificación de servicios de fs. 48/50, instrumentos que tuvo por válidos a pesar de haber sido desconocidos expresamente por su parte.

Señala que la información relativa a la relación laboral del actor, registra como fecha de envió el 31/08/09, por lo que entiende que el demandado pudo denunciar una fecha de inicio distinta a la real, toda vez que el envío de datos fue posterior al comienzo del vínculo.

Sostiene que, resulta infundado otorgar valor probatorio a manifestaciones unilaterales hechas por el empleador, cuando quedó probado que jamás le abonó en debida forma los salarios a su dependiente, ni le entregó ningún recibo de haberes.

Expone que, el error en la valoración de la prueba se advierte al analizar el testimonio del Sr. Víctor Fabián Vargas, que de ningún modo coinciden con las conclusiones a las que arriba la jueza de grado.

Dice que, la fecha hasta la cual el testigo habría trabajado con el accionado, jamás pudo ser hasta el año 2006, ya que según lo manifestado por él mismo, vio por última vez al actor cuando estaba accidentado, al haberse lastimado con la maquina cepilladora.

Afirma que, siendo un hecho incontrovertido que el accionante sufrió un accidente con la cepilladora, en el mes de mayo de 2009, resulta evidente que el señor Vargas trabajó al menos hasta esa fecha con el demandado y no hasta el año 2006, como erróneamente sostuvo en su declaración.

A fs. 159 se ordenó correr traslado de los agravios, los que vencido el plazo no fueron contestados.

II.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a esta Alzada, en relación al agravio relativo a la falta de pago de las diferencias salariales, diré que la critica se circunscribe pura y exclusivamente a la categoría de Oficial que el actor dice detentaba durante la relación laboral.

Ello surge del telegrama Ley del 23 de febrero de 2010 (fs. 3), en donde el Sr.

Rincón expresó textualmente que:»De conformidad con lo normado por el art. 8 Ley 24.013, intimo plazo de 30 días proceda al registro de nuestra relación laboral iniciada el 23/03/08, en la categoría OFICIAL STANDARD del CC 335/75, bajo apercibimiento de lo que dispone la norma citada. Intimo plazo 48 hs. abone diferencias salariales devengadas durante la vigencia de la relación laboral, conforme haberes correspondientes a la categoría indicada, SAC, vacaciones 2008 y 2009, bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido…».

A su vez, se desprende también de la demanda de fs.8/12 vta, que el accionante asienta su reclamo por diferencias salariales, precisamente invocando que ellas surgen de la escala salarial vigente en ese momento para la categoría de Oficial, dentro del Convenio Colectivo N° 335/75, de la actividad maderera (fs. 8 vta., 4° párrafo).

Ahora bien, en su apelación se aparta de dicho argumento al sostener: «.con independencia de la categoría profesional en la que se haya desempeñado el actor durante la vigencia de la relación laboral, lo concreto es que su salario fue de $1500, mensuales, según lo manifestado por esta parte en el escrito de demanda…,» agregando seguidamente: «.aún cuando el Sr. Rincón no hubiera revistado en la categoría «Oficial» dentro de dicho CC, igualmente tenía derecho a percibir una remuneración mayor a la que se le abonó durante los años 2009 y 2010.».

De lo expuesto se desprende a simple vista que hubo un cambio de argumento por parte del recurrente, pues en la demanda y en la intimación cursada mediante telegrama ley, de fecha 23 de febrero de 2010, sostuvo que la diferencia salarial reclamada se debía a un erróneo encuadre en la categoría, mientras que en su apelación introduce un argumento distinto, sosteniendo que la diferencias salariales son debidas aún en el caso de que el Sr.Rincón no hubiera revistado en la categoría de «oficial».

Tales fundamentos introducidos recién en oportunidad de apelar, no son los que el demandante ha deducido en oportunidad de reclamar las diferencias salariales en Primera Instancia, y de receptar dicho argumento, no sólo se afectaría el derecho de defensa de la contraparte, quién basó su defensa en las consideraciones introducidas oportunamente por el actor, sino también se estaría fallando en esta instancia sobre una cuestión que no ha sido debidamente introducida en la instancia de grado (art. 277 del CPCyC).

Sin perjuicio de ello, advierto que el accionante a los fines de la diferencias salariales reclamadas no ha logrado demostrar que revistiera una categoría distinta a la de «ayudante», lo cual resulta a mi entender suficiente, junto a lo anteriormente expuesto, para rechazar el presente agravio.

En relación al segundo agravio, relativo a la fecha de inicio de la relación laboral, observo que mientras el actor sostiene insistentemente que comenzó a trabajar el 23 de marzo de 2008; la sentencia acogió como fecha de inicio de la relación laboral el día 1 de Agosto de 2006, conforme documentación adjuntada a fs. 47/50, por lo que no se entiende la insistencia del propio actor en que se le reconozca una fecha posterior a la indicada en la instancia de grado.

Asimismo, independientemente que los recibos de haberes adjuntados por el demandado (fs. 15/46) no hayan sido firmados por el trabajador, en los términos del art.138 de la LCT, es el propio actor quién ha reconocido haber recibido parte de sus sueldos, pues reclama diferencias salariales fundada en una categoría de revista distinta a la que correspondería, pero no salarios caídos durante todo el período.

Por lo tanto, si bien no resulta procedente el pago de las diferencias que reclama, en virtud de las consideraciones volcadas precedentemente, entiendo que en lo que respecta al reclamo de las vacaciones no gozadas, años 2008 y 2009, como así el SAC, correspondiente al mismo período, al haber sido los mismos expresamente reclamados y al no cumplir los recibos adjuntados (fs.

14/46) con el requisito del art. 138 y siguientes de la LCT, el reclamo de los rubros mencionados resulta procedente.

Ello es así, toda vez que la certificación de servicios y remuneraciones (formulario PS. 62 ANSES), obrante a fs. 48/50, se ha efectuado sobre los recibos de haberes adjuntados en autos, por lo que dicho medio probatorio no es idóneo para demostrar el pago de los rubros enunciados precedentemente, pues tal hecho debe instrumentarse en recibos firmados por el trabajador, conforme lo disponen los arts. 125, 138, 140 y 142 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Por tal motivo el despido indirecto resulta justificado, pues la falta de pago de salario, en el caso del SAC correspondiente al período 2008/2009, configura injuria suficiente cuyo incumplimiento ante la intimación fehaciente, justifica la ruptura del contrato de trabajo por parte del trabajador en los términos del art. 242 de la LCT.

Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que: «La mora del empleador en el pago del salario, pese a las intimaciones fehacientes realizadas por los trabajadores, justifica la denuncia del contrato de trabajo por parte de éstos, pues el pago de la retribución constituye la principal obligación a cargo de aquél. La circunstancia de que con anterioridad los demandantes hubieran tolerado cierta demora en el pago no legitima la actitud de la demandada, pues la falta de pago del salario en tiempo oportuno constituye un grave incumplimiento contractual (Arts.62, 63, 74 y 242 de la LCT)», (CNLab., Sala III, «TATO CIMARELLI, Elena y otro c/ HENDYCOR SA s/ despido», 15/09/97).

De allí que habiendo el actor intimado debidamente- mediante Telegrama de fecha 23 de febrero de 2010, el pago de SAC y vacaciones correspondientes al período 2008/2009, no habiendo el empleador acreditado su cumplimiento en legal tiempo y forma, corresponde revocar la sentencia, haciendo lugar al despido incausado invocado y en consecuencia procede el pago de los siguientes rubros indemnizatorios reclamados: Indemnización art. 242 LCT: $3000; Falta de preaviso: $1500; SAC año 2008/2009: $2250; Vacaciones periodo año 2008/2009:

$1680; lo cual totaliza la suma de $8430, a la que deberá anexársele los intereses tasa activa del BPN, desde la fecha de la mora (intimación de fecha 23/02/10), hasta su efectivo pago.

III.- Por todo lo expuesto, propondré al acuerdo revocar la sentencia de grado y acoger parcialmente la demanda interpuesta por el actor contra el Sr. Eduardo Víctor Olmedo, por la suma de $8430, con más intereses a tasa activa, desde la fecha de mora, producida en el caso el 23/02/10, hasta su efectivo pago.

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, las costas de ambas instancias se distribuirán de la siguiente forma: 70% al demandado y 30% al actor. Se dejara sin efecto la regulación de honorarios efectuada en la instancia de grado, difiriéndose su regulación para su oportunidad.

El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo:

Por compartir la línea argumental y solución propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo.

Por ello, esta Sala III

RESUELVE:

1.- Revocar la sentencia dictada a fs.145/148 vta., y en consecuencia, hacer lugar parcialmente la demanda interpuesta por el actor, condenando al Sr.

Eduardo Víctor Olmedo, al pago de la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA ($8430), en el plazo de diez días de notificado, con más intereses a tasa activa, desde la fecha de mora, producida en el caso el 23/02/10, hasta su efectivo pago, de conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos que integran este pronunciamiento.

2.- Imponer las costas de ambas instancias en un 70% al demandado y en un 30% al actor. (art. 71 C.P.C.C.).

3.- Dejar sin efecto los honorarios regulados en la instancia de grado (art. 279 C.P.C.C.), difiriéndose su regulación para su oportunidad.

4.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que oportunamente se fije en la instancia de grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.).

5.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Fernando Marcelo Ghisini

Marcelo Juan Medori

Audelina Torrez – Secretaria

 

  1. Muy bueno.

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