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Aunque el salario no resulte disminuido, el descenso de categoría profesional es causal de despido indirecto

Despido (2)Partes: Diaz María Jimena c/ Vida Activa Mutual s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VI

Fecha: 11-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85509-AR | MJJ85509

El descenso de categoría profesional, aun cuando se mantuviere el salario, autoriza a la trabajadora a considerarse en situación de despido.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que el despido indirecto resultó ajustado a derecho por haberse configurado ejercicio abusivo de ius variandi en tanto que con el nuevo organigrama de tareas, la actora pasó de ser jefe de área a administrativa en un sector de recepción, lo que derivó en un menoscabo material y moral suficiente como para reclamar como lo hace.

2.-Existió ejercicio abusivo de ius variandi dado que se encuentra afectado el principio de indemnidad, -que implica que el trabajador debe resulta ileso, es decir, no lesionado por la decisión del empleador en ningún aspecto-, pues el cambio de tareas de responsable a recepcionista significó un descenso de categoría, lo que autoriza a la empleada a considerarse en situación de despido, aun cuando se le mantuviera el mismo sueldo.

3.-Sin perjuicio de que la demandada sostenga que los cambios en el organigrama implicó cambio de sectores y de tareas respetando el tipo de las mismas y el lugar, tanto físico como jerárquico, de cada uno de los trabajadores, corresponde confirmar que respecto de la actora existió abuso de ius variandi dado que en su caso existió un descenso de categoría.

4.-Corresponde admitir la procedencia del incremento indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25323 toda vez que se cumplen los requisitos del art. 1 de la citada ley, esto es, que la empleadora no abonó las indemnizaciones derivadas del despido y la actora se vio obligada a iniciar el litigio a los fines de perseguir su cobro.

Fallo:

Buenos Aires, 11 de FEBRERO de 2014

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DOCTORA GRACIELA L. CRAIG DIJO:

Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda en lo principal se agravia la demandada a fs. 166/171vta, cuya réplica luce a fs. 175/177vta.

Además, el perito contador apela por baja la regulación de sus honorarios (fs. 174/vta).

La demandada cuestiona en primer término la recepción favorable del reclamo incoado en autos con relación a la acreditación del despido incausado. Sostiene que se efectuó una incorrecta valoración de las pruebas aportadas, toda vez que tras una grave situación económico financiera de la mutual, (INAES) – Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social – se dispuso la intervención y en el marco de las atribuciones propias del Interventor, se dictó la Resolución Nº 11 que fijó nuevas pautas para distribuir tareas a fin de optimizar las mismas y obtener mayores y mejores resultados. Adelanto que el agravio no podrá prosperar.

Me explico; en el reclamo de inicio, la Sra. María Jimena Díaz denuncia el contrato de trabajo que mantenía con la aquí demandada conforme el uso abusivo del Ius Variandi por parte de esta última quién por medio del dictado de la Resolución Nº 11 de fecha 10 de agosto de 2010 se estableció un organigrama de tareas, por el cual Díaz pasó de «Jefe de Área del sector de Ayuda Económica» a «administrativa» en el sector de recepción, derivando con ello un menoscabo material y moral suficiente como para reclamar como lo hace.En el responde, la Mutual accionada, sostiene que con la resolución citada si bien se operó entre el personal un cambio de sectores y de tareas, siempre se respetó el tipo de las mismas y el lugar – físico y jerárquico – que cada uno de los trabajadores ocupaba.

En efecto y más allá de la situación en la que quedó incursa la demandada en los términos del art. 86 de la L.O., las pruebas aportadas a la causa me llevan a entender acreditada la existencia de un ejercicio abusivo del Ius Variandi de parte del empleador.

Las declaraciones testimoniales lucen convincentes a fin de acreditar el reclamo de inicio. La dicente Busto Graciela (fs. 84/85), es gerente de la demandada y conoce a la actora por trabajar más de 10 años para la accionada, declara que antes de la reestructuración Díaz era sub encargada de Ayuda Económica y luego paso a «atención a socios» con Claudia Calcagno, tarea que consiste en recibir al socio, conocer si puede o no sacar préstamos según el recibo, evaluar el descuento y ver si entra la cuota, así también atender el teléfono y las consultas. Era la actora quien otorgaba el préstamo. También, respecto al lugar donde se cumplía la nueva tarea, la testigo propuesta por la demandada indica que el lugar en donde funciona el sector de Ayuda Económica es una casa antigua y las tareas se desarrollan en el salón más amplio de la misma. La actora estaba en dicho salón. Luego con Claudia Calcagno se ubicó en el acceso de Ayuda Económica, en la recepción que estaba afuera del salón, antes mencionado.

El dicente Massa Rodolfo Claudio (fs. 82/83), aportado por la demandada, es el empleado con el cual se produce el cambio de tareas con la actora.Manifiesta que dicho cambio no le cayó bien a la actora e indica que el nuevo puesto si no se hace correctamente el socio puede estar esperando 40 a 45 minutos para que le digan que no, lo cual genera una tensión bastante particular. En definitiva, los testimonios reseñados en la presente con más la presunción de fs. 44, no desvirtuada en autos, en mi opinión, forman convicción suficiente a los fines de corroborar la existencia de un cambio de tareas «in pejus», con respecto a las que efectuaba antes de la resolución nº 11 de fecha 10/08/2010. Cabe recordar, que no resulta argumento válido para imponer cambios de puesto que afecten material o moralmente al trabajador, las transformaciones que suceden en una empresa que se reestructura por una situación deficitaria, como la que aquí se sostiene.

Por ello, en el caso de marras encuentro afectado el principio de indemnidad que implica que el trabajador debe resultar ileso, es decir, no lesionado por la decisión del empleador en ningún aspecto, cuando en el presente caso, el cambio de tareas de «Responsable en el otorgamiento de créditos» a «Recepcionista del sector», significó un descenso de categoría, lo que entiendo, autoriza a la empleada a considerarse en situación de despido aunque se le mantenga el mismo sueldo.

Por todo lo expuesto, propicio rechazar el agravio incoado y confirmar la sentencia de grado en cuanto a lo principal que decide.

Luego, la accionada se queja por la procedencia del incremento indemnizatorio del art. 2 de la Ley 25.323. Advierto que el agravio no podrá prosperar, toda vez que funda su planteo en la falta de cumplimiento de los requisitos que establece el art.1 de la mencionada normativa siendo que ella se refiere a circunstancias distintas por las cuales se aplica el incremento dispuesto en la instancia de grado – no abonar las indemnizaciones derivadas del despido -. Por ello, propicio rechazar el agravio y confirmar la sentencia de grado en este punto.

Respecto de la apelación contra la imposición de costas, advierto que no surgen en el caso circunstancias que me aparten de la aplicación del principio general en la materia, por lo cual, en mi opinión, corresponde confirmar lo decidido al respecto (art. 68 C.P.C.C.N.).

Asimismo, teniendo en cuenta el mérito y eficacia de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y pautas arancelarias de aplicación, estimo que los honorarios regulados se ajustan a derecho por lo que propongo que sean confirmados (art.38, L.O. y normas concordantes).

De conformidad con el resultado al que se arriba, corresponde que las costas de alzada sean impuestas a la demandada vencida (art. 68, 2do párrafo, C.P.C.C.N.), a cuyo efecto propongo que se regulen los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

EL DOCTOR JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, conforme con lo dispuesto en el art. 125, 2do. párrafo, Ley 18.345, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado conforme lo dispuesto precedentemente; 2) Costas de alzada a cargo de la parte demandada vencida, a cuyo efecto regúlanse los honorarios de los letrados intervinientes en un 25% de lo que les corresponda percibir por su labor en la anterior etapa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

GRACIELA L. CRAIG

JUEZ DE CAMARA

JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID

JUEZ DE CAMARA

 

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