Se juzga que el testimonio de un empleado jerárquico se encuentra condicionado en su imparcialidad

shutterstock_104383127Partes: Incoronato Francisco Ariel c/ El Porteño Apartments LLC s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: V

Fecha: 19-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-85186-AR | MJJ85186 | MJJ85186

La declaración testimonial de un empleado cuya función es jerárquica, no resulta suficiente a los fines de acreditar una injuria imputada a un trabajador, pues se encuentra condicionada su imparcialidad en el pleito.

Sumario:

1.-Corresponde admitir las indemnizaciones por despido pues la demandada no logró acreditar la conducta injuriosa imputada al actor -no haber registrado el consumo de una botella ni ingresar la suma que debió percibir por la misma-, a los fines de justificar el despido, ya que la declaración testimonial que presenta no resulta eficaz ni convictiva a tales fines, toda vez que el deponente ocupaba una función jerárquica para la accionada, lo que condiciona su imparcialidad en el pleito.

2.-Toda vez que no se advierte en la comunicación de despido que se le haya imputado al actor el efectivo cobro de la consumición -y su correspondiente falta de ingreso a la caja-, y puesto que la empleadora tampoco acreditó la realización de sumario alguno que permitiera al demandante ejercer su derecho de defensa, corresponde confirmar la procedencia de las indemnizaciones de ley.

3.-Puesto que el actor se desempeñó con anterioridad a la fecha en la que está registrado para la demandada -aunque contratado a través de la intermediación de otra empresa-, corresponde admitir la real fecha de ingreso y por lo tanto, computar la antigüedad a los fines del cálculo de la indemnización por despido.

4.-Corresponde admitir el rubro daño moral puesto que si bien prevalece el criterio básico de que las tarifas legales del derecho laboral comprenden todos los daños materiales y morales invocables por aquél, existe cierto margen para determina-das situaciones donde, con motivo o en ocasión del despido se inflija al trabajador un daño moral que, por sus características y peculiaridades, exceda el presupuesto subyacente en dicha tarifa.

5.-Toda vez que en el presente caso, la conducta asumida por la demandada no solo en lo relativo a la decisión de despedirlo sino también en someterlo a una acusación por un supuesto ilícito -falta de registro de un consumo en una mesa-, da cuenta de que el obrar de la demandada expuso al actor a una situación en la cual éste vio vulnerada su dignidad y su honor lo hizo pasible, de sufrir daño moral.

6.-La multa del art. 2 ley 25323 resulta procedente ya que no se está ante un caso que autorice a suprimir el incremento allí previsto pues la tardanza en decidir el despido es imputable a la patronal y la intimación requerida por la norma fue efectuada.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 19 días del mes de diciembre de 2013 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR OSCAR ZAS dijo:

I. Contra la sentencia dictada a fs. 233/237, se alzan ambas partes con-forme los memoriales de fs. 240/243 (actora) y 244/247 vta. (demandada), que merecieran réplica de la contraria a fs. 253/259 y 260/vta.

El perito contador apela los honorarios regulados a su favor por bajos (fs. 238).

II. En el recurso planteado, la demandada cuestiona la decisión de la magistrada de primera instancia que consideró no acreditado el hecho injurioso sobre el cual se justificó el despido del actor.

La apelante sostiene que la declaración testimonial de Fernández logra demostrar en debida forma el hecho que se le imputó al accionante. A su juicio, dicho testimonio resulta idóneo porque estuvo en el lugar de los hechos y dio suficiente razón de sus dichos.

Para un adecuado análisis de dicha decisión, y desde la perspectiva de enfoque que impone el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, corresponde dejar sentado liminarmente que la causal configurativa de la injuria que fue imputada al trabajador consistió en “. que habiéndose constatado, a partir de las diferentes investigaciones realizadas que culminaran en el día de la fecha, que ud. en su calidad de camarero, con fecha 4 de agosto del corriente año en el horario de 19:30 hs.a 21 hs., atendió una de las mesas ubicadas en el pool bar, la cual consumiera una botella de Barón B., sin haber procedido a registrar dicho consumo ni ingresar las sumas que debió percibir por el mismo, todo ello en franca violación a las obligaciones a su cargo causando a la vez un perjuicio económico y de imagen para la empresa, le comunicamos que se ha decidi-do despedirlo a partir del 17/8/2010 con justa causa y por su exclusiva culpa, toda vez que las irregularidades constituyen injuria suficiente que no consiente la prosecución del vínculo laboral.” (textual, ver comunicación del 19/8/10 y transcripción de 9 vta.).

De los términos de la misiva rescisoria se desprende con claridad que la conducta injuriosa imputada al demandante consistió en no haber registrado el consumo de una botella de “Barón B.” ni ingresar la suma que debió percibir por la misma.

La cuestión se ciñe, pues, a dilucidar si El Porteño Apartments LLC. logró probar que el actor produjo el hecho injurioso que motivó su despido con expresión de causa.

Anticipo que, no obstante los términos del recurso, coincido con la decisión de la magistrada que me precede. A mi juicio, la declaración testimonial de Fernández, sobre la que hace puntual hincapié la accionada en el memorial bajo análisis, no resulta eficaz ni convictiva para corroborar aquella injuria. Me explico.

El testigo Fernández, gerente del bar de la demandada, declaró a fs.141/143 que el actor fue desvinculado de la empresa porque “se quedó con dinero de una mesa en el cual nunca ingresó la orden, llevó el producto y se quedó con el dinero del cobro”. Afirmó que lo sabía porque “.el testigo estaba ahí, además los clientes eran habitué y saben que siempre pagan en efectivo.”, y que había sido el actor porque “.fue quien llevó el pedido y quien hizo el servicio porque el testigo estaba ahí y vio y porque es quien controla, además agrega que lo corroboró con la cámara. Por la cáma-ra se vio al actor trasladar el producto a la mesa. Ese mismo día cuando el testigo ve que se lleva el producto, que no se ingresa, que se cobra en efectivo, que se queda con el dinero, chequeara las cámaras. Cuando los clientes se van hace todo este chequeo y ve que estaba faltando el ingreso del producto, el cobro del producto y ellos se retiran del salón y era la mesa de Ariel que hizo todo el servicio.” (textual).

Del análisis del testimonio precedentemente reseñado, cabe resaltar -en primer término- que el deponente ocupaba una función jerárquica para la accionada, lo que condiciona su imparcialidad en el pleito, por lo que sus dichos fueron analizados con mayor estrictez. Por otra parte encuentro que, respecto a los hechos controvertidos, el deponente expresó opiniones meramente subjetivas y carentes de sustento en el resto de las pruebas producidas en autos; además, respecto al supuesto incidente, en ningún momento aclara qué producto el actor le sirvió al cliente, tampoco explica si lo vio cobrar la cuenta. Asimismo, y habiendo estado en el momento del supuesto hecho, no dijo si le exigieron al actor las explicaciones del caso.Así, tal como lo afirmara la jueza de grado, si la situación fue constatada por las cámaras de seguridad resulta llamativo que esta prueba no haya sido ofrecida en autos, resultando fundamental y esclarecedor para sus propios intereses.

Por otra parte, como también señalara acertadamente la sentenciante de grado, no se advierte en la comunicación de despido que se le haya imputado al actor el efectivo cobro de la consumición precitada. Por otra parte, la empleadora tampoco acreditó la realización de sumario alguno que permitiera al demandante ejercer su derecho de defensa.

Por las razones expuestas, propicio la confirmación de la sentencia de grado en cuanto admite las indemnizaciones de ley y la multa del art. 2 ley 25.323 ya que no se está, en mi opinión, ante un caso que autorice a suprimir el incremento allí previsto pues la tardanza en decidir el despido es imputable a la patronal y la intimación fue efectuada (v. fs. 16 y 17).

III. Sostiene también la apelante que se calcularon incorrectamente las indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido porque el actor percibió su liquidación de acuerdo a su jornada y real categoría.

Sin embargo, más allá del tenor de la queja en análisis, advierto que la recurrente no se hace cargo del argumento central de la sentencia cuestionada respecto a que la remuneración de $ 4.577,80 es la que debió percibir el actor de acuerdo a las esca-las salariales del CCT 389/04.Por ello, entiendo que las críticas esbozadas carecen de relevancia jurídica a los fines pretendidos por la apelante y no encuentro un razonamiento lógico que permita advertir en qué errores habría incurrido la magistrada de grado, pues la queja solo disiente del decisorio, y la sola mención que lo informado por el perito contador responde a la postura de la parte actora y que el cálculo del preaviso e integración no responden al criterio de normalidad próxima, no alcanzan por sí solos a constituir una crítica concreta, pormenorizada y razonada a los fines de la norma procesal citada ante los concretos argumentos que se brindaron en el fallo.

Propongo, pues, confirmar lo decidido en lo principal en el caso.

IV. La primera queja del actor se dirige a cuestionar la decisión de la instancia anterior que consideró que su antigüedad debía computarse desde el 11/9/08 y no desde el 6/5/08, que según el apelante sería la fecha para la cual comenzó a trabajar para la demandada pero a través de la interposición de la empresa de servicios eventuales Talsium S.A.

De esa manera, entiende que corresponde computar un periodo más al rubro indemnización por antigüedad ya que la mencionada empresa acompañó en autos los recibos de sueldo por el período mayo a agosto de 2010 donde consta la inscripción “Lugar de pago Faena Hotel”.

Luego de analizar los elementos de prueba obrantes en autos y las posiciones asumidas por los litigantes en el pleito, adelanto que -en mi opinión- debería receptarse la queja del actor.

En efecto, cabe señalar que conforme se desprende del Acta Notarial obrante a fs. 78/vta. el establecimiento de la accionada gira comercialmente bajo la de-nominación “Hotel Faena”. Así, advierto que del informe producido por Talsium S.A. Administradora de Recursos Humanos (a fs.167/163) surge que, de los recibos agrega-dos, al actor le liquidaban su salario de acuerdo al convenio gastronómico (Utghra) y que el lugar de pago era el “Hotel Faena”.

De esa manera, encuentro probado que el actor se desempeñó con anterioridad al 11/9/08 para la demandada, aunque contratado a través de la intermediación de Talsium S.A. Por lo expuesto, y como anticipara, voto por modificar lo decidido en la sentencia apelada en este aspecto.

V. El actor también se queja por el rechazo del daño moral reclamado y, a mi juicio, le asiste razón.

Si bien los límites de la reparabilidad del daño moral para el trabajador despedido no están pacíficamente deslindados por la doctrina y la jurisprudencia, prevalece el criterio básico de que las tarifas legales del derecho laboral comprenden todos los daños materiales y morales invocables por aquél, dejándose cierto margen para determinadas situaciones donde, con motivo o en ocasión del despido (denuncia unilateral con eficacia extintiva) se inflija al trabajador un daño moral que, por sus características y pe-culiaridades, exceda el presupuesto subyacente en dicha tarifa.

En el presente caso, la conducta asumida por la demandada no solo en lo relativo a la decisión de despedirlo sino también en someterlo a una acusación por un supuesto ilícito, a mi criterio, da cuenta de que el obrar de la demandada expuso al actor a una situación en la cual éste vio vulnerada su dignidad y su honor lo hizo pasible, de sufrir daño moral. Por ello, tal conducta conlleva el derecho de la actor a la reparación del daño pertinente (conf. arts. 62, 63, 68 y concs., L.C.T.).

Que, atendiendo a las peculiaridades del caso, considero prudente fijar dicho concepto en la suma de $ 10.000.

VI. De acuerdo a lo dicho, de prosperar mi voto, el monto de condena alcanzaría a $ 40.518,66 (indem. por antigüedad $ 13.733,40 + indem. sust.preaviso $ 4.577,80 + sac s/ preaviso $ 381,48 + integración mes de despido $ 1.525,94 + sac s/ integración $ 127,16 + art. 2 ley 25.323 $ 10.172,88 + daño moral $ 10.000), sobre la que se calcularán los intereses dispuestos a fs. 236 vta. hasta su efectivo pago.

VII. De suscitar adhesión mi voto, deberá dejarse sin efecto lo decidido en primera instancia en materia de costas y honorarios para adecuarlo al nuevo resultado del pleito (cfr. art. 279 CPCCN), deviniendo abstractos los recursos impetrados al res-pecto.

En lo que atañe a las costas, teniendo en cuenta la solución dada a las cuestiones debatidas, deberían imponerse en ambas instancias a cargo de la demandada (art. 68 del C.P.C.C.N.).

En cuanto a los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de las partes por las labores llevadas a cabo en primera instancia, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. arts. 6, 7, 8, 9, 19, 37, 39, 47 y concs. ley 21.839; 3 y 12 del dec. ley 16.638/57 , propongo regular a la representación letrada de la parte actora, de la demandada y perito contador en el 16%, 11% y 7%, respectivamente, a calcular sobre el nuevo monto de condena por capital e intereses.

VIII. En cuanto a los honorarios correspondientes a los trabajos lleva-dos a cabo ante esta alzada propongo que se regulen para la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% y 25%, respectivamente, de lo que les corresponda a cada uno en la instancia anterior (cfr. art. 14, ley citada).

EL DOCTOR ENRIQUE N. ARIAS GIBERT manifestó: que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Modificar la sentencia de grado y elevar el monto de condena a la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 40.518,66.-) la que devengará los intereses fijados en la sentencia de grado; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en los puntos VII y VIII del mencionado primer voto; 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 (punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 R.J.N.)

Oscar Zas

Juez de Cámara

Enrique N. Arias Gibert

Juez de Cámara

 

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