El error del banco en la acreditación en la cuenta del actor de valores de terceros no es susceptible de justificar una “recompensa”

cajero automaticoPartes: Ferrer Vázquez Miguel Xavier Gonzalo c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ ordinario

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado: D

Fecha: 20-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85456-AR | MJJ85456 | MJJ85456

El error del banco en la acreditación en la cuenta del actor de valores de terceros no implica la existencia de una “cosa perdida” susceptible de justificar una “recompensa”, aun cuando el demandante hubiese voluntariamente denunciado el error con el fin de su rectificación.

Sumario:

1.-El error del banco en la acreditación en la cuenta del actor de valores de terceros, no implicó la pérdida de ellos ni por caso fortuito, ni por el hecho del banco, ni por causa del transporte, por lo cual, no existió una cosa perdida susceptible de justificar una recompensa , aun cuando el demandante hubiese voluntariamente denunciado el error con el fin de su rectificación.

2.-El dinero acreditado en exceso en la cuenta corriente del actor, no significó extravío alguno, ya que la suma solo se hizo constar en un asiento contable. No hay, en tal caso, ni res aliena, ni res vacua possessionis, ni mucho menos, res nullius y aún si el dinero hubiese salido de la institución bancaria no habría sido tampoco cosa perdida sino el corpus delictis del delito de defraudación, siendo claro, en tal sentido, que por no defraudar no se puede pedir recompensa.

3.-La honradez es un deber moral que no necesita ser premiado.

4.-A fin de admitir un derecho a recompensa a favor del actor por no haber percibido las sumas erróneamente acreditadas por el banco accionado en su cuenta, no resulta aplicable -ni siquiera analógicamente- el principio establecido en el art. 2535 del CCiv., pues, no sólo la ratio de este último es estimular la restitución de la cosa perdida a su dueño, sino que, además, la relación del actor con el banco demandado no era la de un tercero, sino la de parte en un contrato bancario, y es sabido que las relaciones contractuales deben ser ejecutadas de buena fe – art. 1198 , CCiv.-, es decir, con criterios de lealtad, corrección, rectitud y honestidad.

5.-Si una entidad bancaria acredita erróneamente determinada suma de dinero en la cuenta de un cliente, éste debe comunicar tal situación al banco -y, eventualmente, cumplir con su obligación de restituirle el dinero- para que la entidad actúe como considere pertinente. Se trata, ciertamente, de una aplicación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos. De ahí, entonces, que la comunicación al banco precedentemente referida no se identifica con el aviso previsto por el art. 2532 del CCiv., ni es necesario para confirmar su exigibilidad respecto del cliente la constatación de que su cumplimiento surja impuesta por el contrato que firmó con el banco (por lo que es indiferente que el de apertura de cuenta corriente bancaria no hubiera sido agregado a los autos) ya que, se insiste, tiene ella justificación en la buena fe contractual.

6.-Cuando el banco incurre en un error en la anotación, puede siempre anular o rectificar la acreditación, sin que sea necesario el consentimiento del cliente. Por ello, en el caso de error del banco por inscripción de la partida en una cuenta extraña, determinado por la homonimia del titular de la cuenta, de confusión de una cuenta con otra, de errada indicación de la cuenta competente, y en general de cualquier error sobre la persona del acreditado o del acreditante, que hubiera determinado la errada inscripción, no es dudable el derecho del banco a la modificación.

7.-Del legítimo ejercicio de ese derecho-deber de rectificación que tiene el banco, aun cuando fuera estimulado por la denuncia del cliente, no puede resultar obligación para aquel consistente en recompensar a este último.

8.-Nuestro Código Civil regula en sus arts. 2530 a 2539 el régimen de las llamadas cosas perdidas con relación al hallador instituyendo, bajo ciertas condiciones, una recompensa a su favor por dos conceptos: por la guarda y por el hallazgo y para esos efectos, el Código Civil no define a las cosas perdidas , a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las cosas robadas (art. 2766 ).

9.-Para la ley son cosas perdidas aquellas que, perteneciendo a alguna persona, no han sido voluntariamente abandonadas por su dueño, quien si bien se ve privado del corpus mantiene, no obstante, su intención de recobrarlas. Tal situación, se entiende además, ha de ocurrir por el extravío de la cosa como consecuencia de una negligencia cualquiera, y también en los casos en los que el propietario se ha visto privado de ella en virtud de un acontecimiento de fuerza mayor, o cuando fue remitida a una dirección equivocada.

10.-Para que exista cosa perdida es necesario que se encuentre expuesta a las miradas de todos y accesible a cualquiera. Es decir, resulta preciso que haya quedado en algún lugar donde tienen acceso otras personas que estén en condiciones de hallarla.

11.-La cosa hallada debe reunir los siguientes caracteres: I) ser ajena -res aliena-, puesto que presupone un propietario o poseedor anterior; II) que no esté en poder de nadie -res vacua possessionis-, es decir, que persona alguna ejerza sobre ella tenencia o situación de hecho semejante, pues de lo contrario se cometería un hurto o robo, y III) que no haya sido abandonada por su dueño -res derelictae- ni se trate de una cosa sin dueño -res nullius-. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.

Fallo:

En Buenos Aires, a 20 de febrero de 2014, se reúnen los Señores Jueces de la Sala D de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, con el autorizante, para dictar sentencia en la causa “FERRER VAZQUEZ MIGUEL XAVIER GONZALO c/ HSBC BANK ARGENTINA S.A. s/ ORDINARIO”, registro n° 20.163/2009, procedente del JUZGADO N° 20 del fuero (SECRETARIA N° 39), donde está identificada como expediente N° 057367, en los cuales como consecuencia del sorteo practicado de acuerdo con lo previsto por el art. 268 del Código Procesal, resultó que debían votar en el siguiente orden, Doctores: Heredia, Dieuzeide, Vassallo.

Estudiados los autos la Cámara planteó la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

A la cuestión propuesta, el Señor Juez de Cámara, Doctor Heredia dijo: 1°) La sentencia de primera instancia -dictada a fs. 450/456- rechazó la demanda del actor por la cual pretendió que HSBC Bank Argentina S.A. fuera condenada al pago de la recompensa prevista por Código Civil para quienes hallaren cosas perdidas, en razón de haber denunciado el depósito en su cuenta corriente de la suma de $ 1.372.694,09 proveniente de cheques de los que no era beneficiario (premio que estimó en $ 137.269,40), así como a indemnizar el daño moral que le causó verse posteriormente sujeto a una fiscalización impositiva motivada en el indicado incremento dinerario en cuenta corriente que, según lo entendió, se originó en un error bancario no corregido rápidamente (perjuicio que valoró en $ 100.000). La decisión impuso las costas del pleito al señor Ferrer Vázquez.

Contra ese fallo apeló el actor (fs. 466), quien expresó agravios a fs. 478/480, cuyo traslado resistió el banco demandado en fs. 482/484.

Existen, asimismo, recursos por los honorarios regulados, los que serán examinados al finalizar el acuerdo (fs.458 y 470).

2°) Formalmente, el actor expone en su memorial nueve agravios, de unos pocos renglones cada uno.

Leídos con detenimiento, se advierte que los agravios 1° a 4° y el 6°, se refieren a la cuestión de fondo concerniente a la admisibilidad de la recompensa pretendida. En cambio, los restantes se vinculan a aspectos diversos solo relacionadas con lo anterior de un modo mediato.

Por ello, en los dos considerandos que siguen examinaré los agravios 1° a 4° y el 6° en forma conjunta, ya que no refieren sino a particularidades de una misma cuestión. Y en considerando 5° estudiaré en cuatro parágrafos separados las restantes quejas que postula el memorial del demandante.

3°) Nuestro Código Civil regula en sus arts. 2530 a 2539 el régimen de las llamadas “cosas perdidas” con relación al hallador instituyendo, bajo ciertas condiciones, una recompensa a su favor por dos conceptos: por la guarda y por el hallazgo (arts. 2531 y 2533; Lafaille, H., Derecho Civil – Derechos Reales, Buenos Aires, 1943, vol. I, p. 476, n° 613; Goldstein, M. y Ossorio y Florit, M., Código Civil y leyes complementarias, anotados y comentados, Buenos Aires, 1963, t. II, p. 362; Laquis, M., Derechos Reales, Buenos Aires, 1975, t. II, p. 486).

Para esos efectos, el Código Civil no define a las “cosas perdidas”, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las cosas robadas (art. 2766).

De cualquier manera, puede decirse que para la ley son cosas perdidas aquellas que, perteneciendo a alguna persona, no han sido voluntariamente abandonadas por su dueño, quien si bien se ve privado del corpus mantiene, no obstante, su intención de recobrarlas (conf. Peña Guzmán, L., Derechos Reales, Buenos Aires, 1973, t. II, p. 119, n° 512; en análogo sentido: Valiente Noailles, L. (h), Derechos Reales, Buenos Aires, 1958, p. 216, n° 89; Battcock, C., Cosas robadas y cosas perdidas, en Enciclopedia Jurídica Omeba, Buenos Aires, 1956, t. IV, p. 1044, espec. p.1046).

Tal situación, se entiende además, ha de ocurrir por el extravío de la cosa como consecuencia de una negligencia cualquiera, y también en los casos en los que el propietario se ha visto privado de ella en virtud de un acontecimiento de fuerza mayor, o cuando fue remitida a una dirección equivocada (conf. Bueres, A. y Highton, E., Código Civil y normas complementarias – análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2004, t. 5-A, ps. 499/500, n° 2; Belluscio, A. y Kemelmajer de Carlucci, A., Código Civil y leyes complementarias, anotado y concordado, Buenos Aires, 2005, t. 10, p. 767; Llambías, J. y Alterini, J., Código Civil Anotado, Buenos Aires, 1993, t. IV-A, p. 328, n° 1).

De otro lado, para que exista “cosa perdida” es necesario que se encuentre expuesta a las miradas de todos y accesible a cualquiera (conf. Díaz de Guijarro, E., El hallazgo de cosas perdidas: sus elementos y características, JA t. 63, sec. doc., p. 14; Belluscio, A. y Kemelmajer de Carlucci, A., ob. cit., t. 10, p. 768, texto y nota n° 5; Mariani de Vidal, M., Curso de Derechos Reales, Buenos Aires, 1993, t. I, p. 289). Es decir, resulta preciso que haya quedado en algún lugar donde tienen acceso otras personas que estén en condiciones de hallarla (conf. Salvat, R. y Argañarás, L., Tratado de Derecho Civil – Derechos Reales, Buenos Aires, 1959, t. II, p. 139; Musto, J., Derechos Reales, Buenos Aires, 2000, t. 1, p. 538, texto y nota n° 1).

En consecuencia, la cosa hallada debe reunir los siguientes caracteres: I) ser ajena -res aliena-, puesto que presupone un propietario o poseedor anterior; II) que no esté en poder de nadie -res vacua possessionis-, es decir, que persona alguna ejerza sobre ella tenencia o situación de hecho semejante, pues de lo contrario se cometería un hurto o robo, y III) que no haya sido abandonada por su dueño -res derelictae- ni se trate de una cosa sin dueño -res nullius- (conf.Kiper, C., Código Civil Comentado – doctrina – jurisprudencia bibliografía (Derechos Reales), Santa Fe, 2004, t. I, p. 680).

A la luz de todo lo anterior, tal como se ha resuelto en un precedente que guarda cierta similitud con el sub lite, el error del banco en la acreditación en la cuenta del actor de valores de terceros, no implicó la pérdida de ellos ni por caso fortuito, ni por el hecho del banco, ni por causa del transporte, por lo cual, no existió una “cosa perdida” susceptible de justificar una “recompensa”, aun cuando el demandante hubiese voluntariamente denunciado el error con el fin de su rectificación (conf. Juzg. Nac. Com. n° 1 y CNCom., Sala A, 30/5/2003, “Mastakas, Sofía c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario”, ED t. 204, p. 148, con nota de Truffat, D. y Naveira, G.).

Es que el dinero acreditado en exceso en la cuenta del actor, no significó extravío alguno, ya que la suma solo se hizo constar en un asiento contable. No hay, en tal caso, ni res aliena, ni res vacua possessionis, ni mucho menos, res nullius.

aún si el dinero hubiese salido de la institución bancaria no habría sido tampoco “cosa perdida” sino el corpus delictis del delito de defraudación, siendo claro, en tal sentido, que por no defraudar no se puede pedir recompensa (conf. Kiper, C., ob. cit., t. I, p. 680). La honradez, en efecto, es un deber moral que no necesita ser premiado (conf. Highton, E., Dominio y usucapión (segundaparte), Buenos Aires, 1983, p.29, nota n° 359).

Cabe añadir, todavía, que a fin de admitir un derecho a recompensa a favor del actor por no haber percibido las sumas erróneamente acreditadas por el banco accionado en su cuenta, no resulta aplicable -ni siquiera analógicamente- el principio establecido en el artículo 2535 del Código Civil, pues, no sólo la ratio de este último es estimular la restitución de la cosa perdida a su dueño, sino que, además, la relación del actor con el banco demandado no era la de un tercero, sino la de parte en un contrato bancario, y es sabido que las relaciones contractuales deben ser ejecutadas de buena fe – art. 1198, Cód. Civil-, es decir, con criterios de lealtad, corrección, rectitud y honestidad (conf. Juzg. Nac. Com. n° 1 y CNCom., Sala A, 30/5/2003, “Mastakas, Sofía c/ Banco del Buen Ayre S.A. s/ ordinario” , ED t. 204, p. 148; Kiper, C., ob. cit., t. I, p. 682).

Al respecto, la jurisprudencia de esta cámara de apelaciones ha sido consistente en sostener que si una entidad bancaria acredita erróneamente determinada suma de dinero en la cuenta de un cliente, éste debe comunicar tal situación al banco -y, eventualmente, cumplir con su obligación de restituirle el dinero- para que la entidad actúe como considere pertinente. Se trata, ciertamente, de una aplicación del principio de la buena fe en la ejecución de los contratos (conf. CNCom. Sala D, 9/6/2008, “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Cram de Schoklender, Ethel Zulema s/ ordinario”; Sala C, 24/6/94, “Banco Credicoop Coop. Ltda. c/ Campos, Ester c/ ordinario”).

De ahí, entonces, que la comunicación al banco precedentemente referida no se identifica con el aviso previsto por el art.2532 del Código Civil, ni es necesario para confirmar su exigibilidad respecto del cliente la constatación de que su cumplimiento surja impuesta por el contrato que firmó con el banco (por lo que es indiferente que el de apertura de cuenta corriente bancaria no hubiera sido agregado a los autos) ya que, se insiste, tiene ella justificación en la buena fe contractual.

4°) Aunque lo expuesto precedentemente bastaría para confirmar la sentencia en cuanto al fondo del asunto, no creo ocioso observar, desde perspectiva afín pero distinta, que el error del banco consistente en acreditar a favor de un cliente una operación bancaria que no le incumbe porque no es el titular o beneficiario de ella, solamente puede originar el derecho de la entidad a la corrección del yerro, incluso de oficio.

En tal sentido, expone con claridad Giacomo Molle, que cuando el banco incurre en un error en la anotación, puede siempre anular o rectificar la acreditación, sin que sea necesario el consentimiento del cliente. Por ello, en el caso de error del banco por inscripción de la par tida en una cuenta extraña, determinado por la homonimia del titular de la cuenta, de confusión de una cuenta con otra, de errada indicación de la cuenta competente, y en general de cualquier error sobre la persona del acreditado o del acreditante, que hubiera determinado la errada inscripción, no es dudable el derecho del banco a la modificación (conf. Molle, G., I contratti bancari, correspondiente al vol. XXXVI, t. 1, del “Trattato di Diritto Civile e Commerciale”, dirig. por A. Cicu y F. Messineo, Milano, 1966, p. 396, texto y notas n° 38 y 39). Criterio que, valga observarlo, es particularmente aplicable tratándose de errada acreditación de cheques en cuenta corriente (conf. Fiorentino, Repetizione del pagamento o storno dell’acreditamento in conta corrente di assegni bancari da parte della banca trattaria, en Foro It., 1951-I, p. 1398, citado por De Semo, G., Trattato di Diritto Cambiario, Cedam, Padova, 1963, p.702, n° 719, texto y nota n° 6).

Esta última comprensión de las cosas está mutatis mutandi de acuerdo, por otra parte, con lo dispuesto por el art. 2184 in fine del Código Civil, en cuanto prescribe que el error en la persona del depositante, autoriza al depositario a restituir “inmediatamente” el depósito (conf. Lafaille, H., Curso de contratos, Buenos Aires, 1928, t. III, ps. 217/218, n° 277; Salvat, R. y Acuña Anzorena, A., Tratado de derecho civil argentino – Fuente de las obligaciones – Contratos, Buenos Aires, 1957, t. III, p. 490, n° 2394; Belluscio, A. y Zannoni, E., Código Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 2004, t. 9, p. 825 y 827; Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 4-E, ps. 46/51), esto es, sin dependencia de consentimiento alguno.

Así lo ha resuelto esta alzada mercantil, valga señalarlo, en diversas ocasiones, vgr. errónea acreditación de plazos fijos (conf. CNCom. Sala D, 2/10/2008, “Blazquez, Claudia María c/ Banco Río de La Plata S.A. s/ ordinario” ); de transferencias bancarias electrónicas (conf, CNCom. Sala D, 9/11/2009, “Banco Holandés Unido c/ González de Domínguez, Elisa Elena y otros s/ ordinario”; (conf. CNCom. Sala D, 9/6/2008, “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Cram de Schoklender, Ethel Zulema s/ ordinario”); etc., teniendo en cuenta, fundamentalmente, que en ningún caso el cliente puede obtener provecho del error contable del banco (CNCom. Sala D, 2/10/2008, “Blazquez, Claudia María c/ Banco Río de La Plata S.A. s/ ordinario”), máxime ponderando que la anotación de la operación en la cuenta corriente cumple solamente una finalidad probatoria (conf. Galasso, A., Contratti di crédito e titoli bancari – studi di diritto privato bancario, Cedam, 1971, p.181, n° 4).

Por cierto, siendo ello obvio, del legítimo ejercicio de ese derecho-deber de rectificación que tiene el banco, aun cuando fuera estimulado por la denuncia del cliente, no puede resultar obligación para aquel consistente en recompensar a este último.

5°) Ingresando ahora en el tratamiento de los restantes agravios del actor, corresponde decir lo siguiente:

(a) No es cierto lo expuesto en el denominado agravio 5° en el sentido no haber sido el demandante notificado de la providencia que puso los autos para alegar. Por el contrario, tal providencia se le notificó mediante la cédula agregada a fs. 436, de modo que si no alegó fue el fruto de una decisión discrecional a cuyas consecuencias debe estar.

Por lo demás, no solo tuvo el actor ocasión de controvertir los dichos de la testigo Segade en la oportunidad prevista por el art. 482 del Código Procesal, sino que también pudo cuestionar la idoneidad de su declaración de acuerdo a lo previsto por el art. 458 del mismo cuerpo legal, esto es, por vía incidental (conf. Palacio, L., Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1972, t.

IV, p. 645, n° 485), extremo que también omitió.

En tales condiciones, no puede el señor Ferrer Vázquez invocar agravio atendible derivado del hecho de que el juez a quo hubiera ponderado ese testimonio para concluir que no era cierto lo afirmado en su demanda en orden a que el gerente de la sucursal le había dicho que por su honestidad lo beneficiarían con el 50% de lo erróneamente acreditado.

(b) El informe de la Administración Federal de Ingresos Público de fs.122 fue claro en cuanto a que la fiscalización iniciada al actor el día 13/7/2007 resultó solamente motivada en la falta de presentación por él de sus declaraciones juradas relativas al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006.

A contrario de lo afirmado en el agravio 7°, de dicho informe no surge vinculación alguna entre la fiscalización y la errada acreditación en cuenta corriente de que tratan estas actuaciones.

No puede, pues, sostenerse que el apuntado yerro bancario esté causalmente vinculado al daño moral invocado en la demanda como derivado de la fiscalización impositiva referida.

(c) Tampoco la reparación del daño moral pretendida puede ser fundada, diversamente de lo postulado en el agravio 8°, en una no justificada tardanza en la rectificación de la errónea acreditación de los cheques en la cuenta corriente del actor.

Ello es así, pues más allá del silencio guardado sobre el punto por el peritaje contable, lo cierto es que, tal como lo observó el juez a quo sin que fuera controvertido por el recurrente, de los resúmenes de cuenta agregados al expediente surge que el banco demandado rectificó los asientos en el lapso de 24 horas (fs.454).

De tal manera, no puede juzgarse probado que hubo una tardanza de la que pudiera nacer responsabilidad bancaria alguna; dicho sea esto sin perjuicio de observar, a todo evento, que tampoco el accionante explicó, en concreto, por qué habría de entenderse que fue afectada su tranquilidad espiritual en razón de una supuesta excesiva tardanza a partir de que, habiendo denunciado el error de acreditación, bien puede suponerse exactamente lo contrario en razón de haber actuado correctamente frente a la urgencia.

(d) El denominado agravio 9° no es tal, ya que lejos de proponer una crítica del fallo recurrido solamente refleja la afirmación de que aun siendo discutible el quantum de la condena, no lo es la concurrencia de los requisitos de admisibilidad de las pretensiones contenidas en la demanda, afirmación esta última que, por lo ya visto, es puramente dogmática ya que no se corresponde con una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa.

6°) Por lo expuesto, propongo al acuerdo confirmar la sentencia recurrida, con costas al actor (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

Así voto.

El Señor Juez de Cámara, Doctor Dieuzeide dijo:

Que si bien en la sentencia dictada como juez de la primera instancia en el caso citado por el señor vocal preopinante “Mastakas Sofía c/ Banco del Buen Ayre S.A.” (JNCom. nro. 1 15.5.2002, CNCom. sala A 30.5.2003; considerando 3 de dicho voto) impuse las costas en el orden causado, lo fue por considerar que en las concretas circunstancias del caso en el momento histórico en que ocurrió, existían elementos objetivos para inferir que la percepción colectiva de los valores se encontraba seriamente desquiciada como pauta de referencia del actuar de una proporción de los ciudadanos, lo cual podía dificultarles gravemente discernir en algunos casos. Transcurridos casi catorce años de tal decisión, entiendo que cualquier persona tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de su obrar, cualquiera continue siendo la percepción colectiva de dichos valores.En consecuencia, considero que es plenamente aplicable la norma del c.p.c. 68 primera parte en cuanto a la imposición de las costas.

Por tal razón, adhiero en todas sus partes a los fundamentos y conclusión del voto que antecede.

El señor Juez de Cámara, Doctor Vassallo adhiere al voto del señor juez preopinante.

Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara acuerdan:

(a) Confirmar la sentencia de primera instancia, con costas al actor (art. 68, primera parte, del Código Procesal).

(b) En mérito a la naturaleza, importancia y extensión de las labores realizadas y las etapas procesales efectivamente cumplidas, por estar apelado sólo por alto, confírmase el honorario regulado en favor de la letrada apoderada de la parte demandada, Magdalena María Taboada, en $ 16.000 (pesos dieciseis mil); por estar apelados sólo por altos, confírmase el honorario regulado en favor de la letrada apoderada de la parte demandada, Déborah L. Corral Brest, en $ 2.000 (pesos dos mil); Y redúcese el honorario regulado al letrado apoderado de la parte demandada, Gonzalo Víctor Esses, en $ 14.240 (pesos catorce mil doscientos cuarenta) (arts. 6, 7, 9, 19, 37 y 38 de la ley 21.839 modificada por la ley 24.432).

Asimismo, confírmase el honorario regulado en $ 10.000 (pesos diez mil) para la perito contador, Walter Fabián Gutiérrez (Dec. Ley 16.638/57, arts. 3 y ccdtes).

En cuanto a los honorarios del mediador, corresponde señalar que teniendo en cuenta el marco temporal en el que realizó su labor corresponde estimar dicha retribución en función de las pautas arancelarias vigentes a esa fecha (esta Sala, 6.6.12, “Borque Hernán Marcelo c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ ordinario” y 13.5.09, “Berjolis, Emilio Carlos y otro c/Banco Macro Bansud S.A. s/ ordinario”) y, dado los parámetros dispuestos en el art. 4 del decreto 1465/07, por estar apelado sólo por alto, confirmar en $ 900 (pesos novecientos) el honorario regulado para el mediador, Edgardo Martín Dayan.

Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Código Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen.

Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley 26.856 y Acordadas 15/13 y 24/13). Pablo D. Heredia

Juan José Dieuzeide

 

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