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Concurre con su obrar la víctima conductor de la motocicleta en un 50% para la producción del hecho al no frenar ante la maniobra del demandado

MotoPartes: Hubeli Juan M. c/ Junges Oscar D. y/os. s/ ordinario

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 4-feb-2014

Cita: MJ-JU-M-85381-AR | MJJ85381 | MJJ85381

El accidente no se hubiera producido o sus consecuencias no hubieran alcanzado la gravedad demostrada si la víctima hubiere adoptado con su motocicleta una conducta adecuada frenando ante el peligro de la maniobra iniciada por el demandado, concurriendo por esto con su obrar a la producción proporcional al 50 % del daño.

Sumario:

1.-Corresponde revocar parcialmente la sentencia que responsabilizó al demandado por el accidente de tránsito desde que de las probanzas del caso y atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar surge que, de haber adoptado la víctima una conducta adecuada frenando ante el peligro de la maniobra iniciada por el demandado – giro invadiendo su mano de circulación- el accidente no se hubiera producido o sus consecuencias no hubieran alcanzado la gravedad demostrada, concurriendo con su obrar a la producción proporcional al 50 % del daño.

2.-Tratándose de un accidente de tránsito en el que la víctima sufrió lesiones de carácter grave, y atento a que el demandado actuó antijurídicamente cuando advirtiendo la presencia de la motocicleta, avanzó con una maniobra de giro hacia su izquierda, invadió el carril contrario y se interpuso en el camino de ésta, siendo su actuar la causa del accidente ocurrido; la sentencia penal por el delito de lesiones al demandado penal hace cosa juzgada con relación a la existencia del hecho principal, las circunstancias en que se produjo y la culpa del condenado, pero en sede civil es posible evaluar la culpa de la víctima quien divisando al demandado no atina a frenar ni adoptó ninguna conducta adecuada para disminuir o evitar las consecuencias gravosas del accidente.

3.-Corresponde acoger el agravio del asegurador en su queja por la imposición de las costas de la prueba pericial contable solicitada y producida por el actor, habida cuenta de su desinterés en dicha prueba con fundamento en que los cálculos que se solicitaban eran simples operaciones aritméticas que no requerían la ayuda de un experto, según surge de los puntos solicitados por el actor e informados por el perito, advirtiéndose que son cálculos sencillos que hacían innecesario recurrir a una labor pericial contable, imponiéndose las costas del informe pericial contable al actor que lo solicitó.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 4 días del mes de febrero del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J.

M. Macagno, Alejandro A.Román y Hugo A.Degiovanni, para resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por la parte demandada y el de apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia dictada por la Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo C.C. de la 3a.Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: «Expte. N° 251 – año 2011 – HUBELI, Juan Manuel c/ JUNGES, Oscar Daniel y/o Prop.y/o Resp.y/o Titular rodado Toyota Hilux DLX dom.DIM-473 y/o BROCCA,Alberto Marcelo y/o «EL COMERCIO CIA. DE SEGUROS» s/ Ordinario» Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr. Macagno; segundo, Dr. Román ; tercero, Dr.Degiovanni.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, el Dr. Macagno dijo:

El recurso de nulidad interpuesto a fs. 946 por los codemandados Alberto M. Brocca y Oscar D. Junges en forma conjunta, fue desistido expresamente por el primero (fs. 986) y tácitamente por el segundo (fs. 987). Asimismo, no hallo motivos que hagan procedente su declaración de oficio. A esta cuestión, voto por la negativa.

A esta cuestión, el Dr.Román dijo que por idénticos fundamentos adhería al voto del Dr.Macagno.- A esta misma cuestión, el Dr.Degiovanni dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr.Macagno dijo:

La sentencia de primera instancia (fs.925/937, 22/03/2011) hizo lugar a la demanda y condenó a los demandados y al asegurador citado en garantía -éste en la medida del seguro- a abonar al actor, dentro del término de diez días, los rubros e intereses señalados en los considerandos; e impuso las costas a la demandada.

Contra aquél decisorio, interpuso el recurso de apelación el actor (fs. 938/939) y lo mantuvo en la expresión de agravios de fs. 980/982, que fue respondida por el codemandado Alberto M. Brocca a fs. 985 y por la Cía. de Seguros a fs. 994/996. La misma actitud recursiva fue asumida por los codemandados Alberto M. Brocca y Oscar D. Junges (fs. 946), pero fue desistida por el primero a fs. 986; en tanto el segundo desertó del recurso al no haber expresado sus agravios en término (fs. 987).

Finalmente, también interpuso el recurso de apelación el asegurador (fs. 949) y expresó sus agravios a fs. 996/1105, que fueron respondidos por el actor a fs. 1007/1010.

El a quo entendió que el accidente ocurrido el 19 de enero de 2005, a las 12:30 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Dr. Borgna y 25 de Mayo -ambas de doble sentido de circulación- de la localidad de Clucellas (Santa Fe), y que fue protagonizado por el Sr. Juan Manuel Hubeli, quien conducía la motocicleta marca Honda, Dominio 160-BJB por la calle Dr. Borgna hacia el Sur, y por el Sr. Oscar Daniel Junges, quien guiaba la pick-up dominio DIM-473 por la misma calle pero hacia el Norte, acaeció por la exclusiva culpa de este último. Por ello, condenó al conductor de la camioneta, al titular registral de la misma Alberto Marcelo Brocca y al asegurador, este último en la medida del seguro, a pagar al actor los rubros indemnizatorios correspondientes a: gastos por asistencia médica e internación ($16.888,43), honorarios médicos de los Dres.López y Esborraz ($2.223,90), honorarios kinesióloga ($1.000,00), gastos insumos médicos ($94,50) y gastos de traslado ($687,00), aplicándoles un intereses a tasa promedio de las que cobra el Banco de la Nación Argentina por operaciones de documentos a treinta días y que paga dicha institución por depósitos a plazo fijo en igual lapso, por importes similares a los que se ordena abonar, desde las fechas de cada desembolso y hasta el efectivo pago. Asimismo, hizo lugar al reclamo por: gastos no documentados ($1.000,00), daño emergente futuro ($5.000,00), incapacidad parcial y permanente ($177.732,00), daño moral ($30.000,00) y pérdida de valor de la motocicleta ($4.500,00). A estas sumas, ordenó aplicarles un interés, a la misma tasa previamente indicada, desde la fecha del accidentes y hasta el efectivo pago.

Finalmente, rechazó la indemnización solicitada en concepto de «Honorarios estudios médicos», por no estar reconocida la documentación.

Por razones de orden lógico corresponde tratar en primer término el recurso de apelación del asegurador citado en garantía, quien se agravia por cuanto la sentencia no ponderó adecuadamente la conducta de la víctima y su concurrencia causal a la producción del accidente, señalando que si bien a la luz de lo decidido por la justicia penal no es posible bregar por la eximición total de la responsabilidad de Junges, debe revocarse la sentencia en cuanto no admite la incidencia del obrar de Hubeli, a quien debe atribuírsele el 90 % de la responsabilidad en el hecho. Se agravia también porque no se hizo lugar a la limitación de la cobertura afirmando que el asegurador debe responder sólo por el 80 % del monto de la condena final.

Cuestiona el porcentaje de incapacidad que fijó el perito médico pidiendo que se reduzca al 30 %, como también el método utilizado para el cálculo del rubro incapacidad sobreviniente.Por último, se agravia por la omisión de la sentencia de imponer las costas de la pericia contable al actor (expresión de agravios del asegurador, fs. 996/1105).

La sentencia penal tuvo por probado que el 19/01/2005, alrededor de las 12,30 hs., circulaba por calle Dr. Borgna de la localidad de Plaza Clucellas, en dirección Sur-Norte, el Sr. Oscar Daniel Junges, quien conducía una camioneta Toyota Hilux DLX dominio DIM-473, que remolcaba un tanque de combustible de un eje con líquido en su interior. El conductor era acompañado por el Sr. José Enrique Druvetta. Al llegar a la intersección con la calle 25 de mayo, el Sr. Junges observó que, en sentido contrario, «venía» una moto y, habiendo colocado la luz de giro, dejó de visualizar el vehículo que circulaba de frente y miró por el espejo retrovisor izquierdo. Al ver que no transitaba nadie por detrás, «calculó» que podía doblar. Comenzó la maniobra hacia la izquierda (Oeste) interponiéndose en la circulación de la motocicleta marca Honda modelo CBR de 450 c.c. dominio BJB- 160 conducida por el Sr. Juan Manuel Hubeli, que circulaba por calle Dr. Borgna en sentido Norte-Sur. Ese fue el motivo por el cual el vehículo de menor porte impactó con su frente el lateral derecho de la parte trasera de la camioneta y, como consecuencia del impacto, la víctima sufrió lesiones de carácter grave. El juez penal consideró que el Sr. Junges actuó antijurídicamente infringiendo las disposiciones de la Ley de Tránsito ya que, aun advirtiendo la presencia de la motocicleta, avanzó con una maniobra de giro hacia su izquierda, invadió el carril contrario y se interpuso en el camino de ésta, siendo su actuar la causa del accidente ocurrido; y condenó a Oscar Daniel Junges como autor del delito de lesiones graves culposas (art. 94, segunda parte, C.P.; sentencia penal, fs. 580/583). La condena fue confirmada por la Cámara de Apelación en lo Penal de esta ciudad (fs.604/607).

Esta Cámara tiene dicho que la sentencia penal hace cosa juzgada con relación a la existencia del hecho principal, las circunstancias en que se produjo y la culpa del condenado. Entenderlo de otro modo implicaría la posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias sobre un mismo hecho. Por ello el Código Civil ha resuelto la cuestión en el art. 1102 al disponer que «Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado». La doctrina señala que el Código Civil establece una cierta preeminencia en favor de la sentencia penal que, en cuanto a algunos aspectos, hace cosa juzgada respecto de la civil. Existe una necesidad de concretar la unidad jurisdiccional; siempre es el Estado el que actúa a través de los órganos competentes, y entonces debe evitarse que si en una jurisdicción se resuelve una cuestión, en otra se decida contrariamente sobre lo mismo (Stiglitz, G.A. y Echevesti, C.A., «Las relaciones entre la acción civil y la criminal», en Mosset Iturraspe, J. -director-, «Responsabilidad civil», p.557; Cám. Nac. Civil, sala K, 14/12/01, «B.P. y otro c/ Campos, Jorge A. y otros», La Ley, 2002-D, 115; fallos de este Tribunal en «Mercuri, Rubén J. c/ Del Alamo, Luis», 16/09/05, L. de Resoluciones t. II, Res. Nº 485/05; «Orellano, Silvia J. c/ Lafuente, Claudio D.», 11/02/04, L. de Fallos Nº 23, Res. Nº 005/04; «Presser, Rosana N. Vda. de y otros c/ Maldonado, Jorge A. y otros», 19/05/06, L. de Resoluciones T. 4, Res. Nº 200/06, entre otros).

Ello no obsta, desde que el factor de atribución de responsabilidad esgrimido en esta causa se asienta en el art. 1113 del C.Civil, para que los demandados tengan la posibilidad de exonerarse parcialmente de responsabilidad demostrando la culpa concurrente de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (esta Cámara en «Boccardo Verónica y otro c/ Suc. de A. Williner S.A. y otros», 19/04/02, L. de Fallos Nº 20, Res. Nº 67/02). En ese marco y aplicando el principio según el cual todo conductor debe conservar el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (art. 39, inc. b, ley 24.449, B.O. 10/02/95; ADLA, LV-A, 327), no cabe en el presente caso exonerar totalmente de culpa a la víctima -como lo hizo la sentencia de primera instancia (fs. 934 vta.)- desde que en autos se hallan reunidos elementos suficientes para demostrar su concurrencia para la producción del daño.

La inspección ocular y el croquis policial efectuados en la causa penal, así como las fotografías tomadas en el día del accidente, brindan clara información acerca del lugar del hecho, de la amplia visibilidad y de la violencia del impacto de la motocicleta. La intensidad del choque quedó demostrada también por la distancia que recorrió el vehículo de menor porte hasta su detención (fs. 402/403 y 416 vta./417). Más elocuentes al respecto son las fotografías obrantes a fs. 86/90, la historia clínica del actor (fs. 281/325) y el informe pericial médico (fs. 175/180).

Con la reconstrucción del hecho efectuada en la causa penal, se demostró, en la propia versión del actor, la posición en que se encontraban los vehículos cuando Hubeli divisó por primera vez a la camioneta Toyota (Foto Nº 12, fs. 474 vta.). Las fotografías Nº 13 y 14 indican la ubicación de los vehículos «cuando Junge con su conducido comienza la maniobra de giro». Expresa la reconstrucción: «.Se establecen las siguientes medidas:7,90 metros de la rueda delantera de la motocicleta a la parte media de la calle 25 de Mayo, y de 11 metros, desde dicho punto de referencia al paragolpes delantero de la pick up» (fs. 471 y 475). Al advertir que Junge comenzó su maniobra de giro -a partir de allí poco importa si había hecho o no la señal de guiño preanunciándolo-, Hubeli no pudo ignorar la situación de riesgo que aquella maniobra implicaba y debió actuar en consecuencia.

Si la motocicleta circulaba entre 20 y 30 km/h (fs. 418, absolución de posiciones del actor, fs. 663, respuestas 6, 8, 9, 12 y ampliación C) o entre 20 y 25 km/h (fs. 426 vta.), y Hubeli tuvo tiempo suficiente para advertir cuál era el derrotero de la camioneta (absolución de posiciones, sexta), surge claro que pudo detenerla en una distancia de frenado de 2,25 metros a 6,50 metros (informe pericial, fs. 346 vta./347, apartados 5 y 6; LAPORTE, Luis P. «Apuntes sobre frenado de automotores», Juris.

T. I, .pág. 651). Según el asesor accidentológico de La Ley Online, las distancias de frenado en calzada de hormigón (tal el caso de autos, fs. 402) se estima para las velocidades de 30, 25 y 20 Km/h, respectivamente en 4,36 m., 3,03 m. y 1,94 m., respectivamente. Sobre calzada de asfalto, las distancias de frenado serían, 4,91 m., 3,41. m. y 2,18 m., respectivamente (La Ley Online, Asesores Periciales: Asesor Accidentológico). Máxime cuando se trataba de una intersección despejada, con buen ángulo de visión y la visibilidad era la propia de un mediodía normal y soleado (fs. 426 vta. y 402 vta.). En tales condiciones, y de haber adoptado Hubeli la conducta adecuada frenando ante el peligro de la maniobra iniciada por Junges, el accidente no se hubiera producido o sus consecuencias no hubieran alcanzado la gravedad demostrada en estos autos.

En lugar de ello, ante la maniobra de giro de Junges y la interposición de la camioneta Toyota en el carril de circulación de la motocicleta, Hubeli declaró que no hizo ninguna maniobra, «.yo recuerdo que suelto la moto y me tiro para atrás» . «que en forma instintiva suelta el manubrio de su conducida, y se cubre su cuerpo extendiendo sus brazos hacia delante y tirando su cuerpo hacia atrás como para amortiguar el golpe» (fs. 418 vta. y 426 vta./427). Esto fue corroborado por Junges en sus declaraciones: «.cuando ya estaba prácticamente en la otra calle observo la moto que se aproximaba muy fuerte y que ni siquiera atina a esquivarme, notando que el chico que la conducía abrió sus manos, largando la moto». «no hizo nada, solo ví que abrió los brazos y largó la moto». «cuando se encontró con la conducida por el dicente en la línea de marcha del motociclista, es como que se sorprendió y fue allí donde soltó el manubrio del birrodado tirándose para atrás» (fs. 409 vta., 410 y 438 vta.). Así lo corrobora el demandante cuando en su absolución de posiciones reconoció «que no frenó en momento alguno antes de producirse el accidente» (fs. 663, 12), como también reconoció su carácter de embestidor: «Sí, yo fui el que lo chocó a él» (fs. 663, novena).

Lo dicho hasta aquí es, en la propia versión de Hubeli, suficientemente demostrativo de que su impericia concurrió de manera manifiesta a la producción del daño cuya reparación persigue. Es más, la diligencia propia de las circunstancias de personas, tiempo y lugar (art. 512, Cód.Civil), a más de la habitual en tales casos, incluso hasta por instinto de conservación, indicaban la necesidad de frenar instantáneamente ante la percepción de la maniobra que había iniciado, bien que en infracción, la camioneta Toyota conducida por Junges.

En la hipótesis de que la velocidad de la motocicleta al aproximarse al cruce hubiera sido superior a los 30 km/h -lo que podría inferirse de la informada al momento de impacto: 28,80 km/h (informe pericial mecánico, fs. 344), habida cuenta de la previa desaceleración al soltar el manubrio-, en tal caso esa circunstancia también acarrearía la concurrencia de culpa de la víctima en la producción del daño (art. 51, inc. e, 1, ley 24.449) ya que todo conductor debe tener siempre el total dominio de su vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito (arts. 39, inc. b, y 50, ley 24.449).

Máxime cuando se conduce una motocicleta que, por definición, no tiene casi ninguna medida de «seguridad pasiva», dado que no existe ni carrocería, ni paragolpes, ni cinturón de seguridad ni apoyacabeza (GHERSI, Carlos A., «Accidentes de Tránsito- Derechos y Reparación de Daños», Editorial Universidad, Buenos Aires, 2000, Parte Segunda, segunda edición, págs. 127 y sig.; conf. esta Cámara en «Russi, Romilda Julia y otros c/ Costamagna, Raúl Eduardo», 06/09/2001, L. de Resoluciones T. Nº 16, Res. Nº 140/11).

En cualquier caso, estimo que la conducta de Hubeli concurrió causalmente a la producción del daño en la proporción del cincuenta por ciento (50 %), atendiendo a las circunstancias probadas en estos autos, por lo que corresponde eximir de responsabilidad a los demandados en esa proporción (art. 1113, segundo párrafo, segunda parte. Cód.Civil).

En cuanto a la pretendida limitación de la cobertura al 80 % de los daños con fundamento en la cláusula 14 de la póliza, es preciso señalar que el asegurador no ha demostrado que en el presente caso la unidad remolcada «se hallaba asegurada en distinta aseguradora autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación», por lo que no se advierte franqueada la limitación de cobertura aludida en el párrafo sexto de esa cláusula, siendo de clara aplicación lo dispuesto en el párrafo primero de ella (fs. 65 vta.) como lo resolvió adecuadamente la sentencia.

Acerca de las conclusiones del informe pericial médico sobre el grado de la incapacidad sobreviniente cabe apuntar, siguiendo autorizada doctrina, que cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (PALACIO, Lino Enrique, «Derecho Procesal Civil», Lexis Nexis Abeledo Perrot, Buenos Aires, tercera edición, 2005, T. IV, pág. 693). En ese marco doctrinario, cabe confirmar la conclusión del informe pericial médico que estableció como incapacidad parcial, permanente y definitiva el 44,30 % (fs. 175/180).

Las quejas acerca de las cantidades indemnizatorias dispuestas en la sentencia no resultan admisibles teniendo en cuenta las pautas dadas por la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe en los autos «Herrera, Anselmo y Taborda de Herrera, Claudina c/ Gallo, Aldo José y/o Compañía de Seguros El Norte S.A. -Daños y Perjuicios- sobre Recurso de Inconstitucionalidad» (Expte. C.S.J. Nº 299/08, 23/09/2009, A. y S., T. 233, págs.278/293), a las que cabe remitirse por razones de economía procesal.

Es que tales razones se erigen como doctrina constitucional de seguimiento obligatorio, cabiendo recordar que no obstante que es tradicional jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de que ese tribunal sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (Fallos: 25:364; 212:51 y 160), toda vez que por disposición de la Constitución Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad definitiva para la justicia de la República (art. 100, Constitución Nacional, y 14, ley 48; Fallos: 212:51). Este deber de los tribunales no importa la imposición de un puro y simple acatamiento de la jurisprudencia de la Corte, sino el reconocimiento de la autoridad que la inviste y, en consecuencia, la necesidad de controvertir sus argumentos cuando se aparten de dicha jurisprudencia al resolver las causas sometidas a su juzgamiento (doct. de Fallos: 212:51; 312:2007), de suerte tal que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición adoptada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos 307:1094; en idéntico sentido, 311:1644 y 2004; CSJStaFe, «Gutiérrez», A y S, T. 119, p. 119; «Vallejos», A y S, T. 119, p. 483; «Parón», A y S, T. 120, p. 374, entre otros; BORDA, Guillermo A., «Tratado de Derecho Civil – Parte General», 13ª ed., Buenos Aires, La Ley, T. I, pág. 88, nº 68 y nota 157).

Asiste razón al asegurador en su queja por la imposición de las costas de la prueba pericial contable solicitada y producida por el actor (fs.113, 1.32 y fs.

328/329), habida cuenta de su desinterés en dicha prueba con fundamento en que los cálculos que se solicitaban eran simples operaciones aritmét icas que no requerían la ayuda de un experto (fs. 117, 1). Ello se verifica a través de los puntos solicitados por el actor e informados por el perito, advirtiéndose que son cálculos sencillos que hacían innecesario recurrir a una labor pericial contable. En consecuencia, y por aplicación de la doctrina de esta Cámara en «Gonzalez, A. c/ Bertolaccini, A.» (23/06/93, L. de Fallos N° 5, F° 125, Res. N° 56/93), cabe acoger los agravios del asegurador apelante e imponer las costas del informe pericial contable a quien lo solicitó, es decir, al actor.

El recurso de apelación del actor versa únicamente sobre la tasa de interés establecida por la sentencia -promedio de la activa y pasiva del Banco de la Nación Argentina- y, por los fundamentos que expresa, solicita se aplique la tasa activa.

Al respecto cabe acoger parcialmente la queja y establecer que las indemnizaciones establecidas, en la proporción de responsabilidad adjudicada al demandado y a su asegurador citado en garantía, devengarán desde las fechas establecidas en la sentencia de primera instancia hasta el 31/12/2009, los intereses equivalentes al promedio de las tasas que establece y cobra el Banco de la Nación Argentina en operaciones de descuento de documentos y paga para depósitos a plazo fijo, ambos a treinta días y por importes semejantes al de este juicio; a partir del 01/01/2010 y hasta el efectivo pago, se aplicará la tasa del veintidós por ciento (22 % ) anual (conf. criterio de esta Cámara, en su nueva integración, en «Martínez, Susana Estela c/ Nuevo Banco de Santa Fe S.A. s/ laboral» , 03/09/2013, L. de Resoluciones Tomo Nº 21, Res.Nº 218, Fº 17/25).

Por las razones expuestas propugno acoger parcialmente los recursos interpuestos y modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, con costas, en ambas instancias por el orden causado excepto las correspondientes a la prueba pericial contable que se imponen íntegramente al actor.

Dejo así formulado mi voto.

A esta cuestión, el Dr.Román dijo que por idénticos fundamentos adhería al voto del Dr.Macagno.- A esta misma cuestión, el Dr.Degiovanni dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

A la tercera cuestión, el Dr. Macagno dijo que, atento al resultado obtenido al tratar la cuestión anterior, corresponde: Acoger parcialmente los recursos interpuestos y modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, con costas, en ambas instancias por el orden causado excepto las correspondientes a la prueba pericial contable que se imponen íntegramente al actor.

A la misma cuestión, el Dr.Román dijo que la resolución que correspondía adoptar era la propuesta por el Dr. Macagno, y en ese sentido emitió su voto.

A esta misma cuestión, el Dr. Degiovanni dijo que, atento a la existencia de dos votos concordantes, se abstiene de emitir opinión (art. 26, Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL,COMERCIAL Y LABORAL, RESUELVE: Acoger parcialmente los recursos interpuestos y modificar la sentencia según las consideraciones precedentes, con costas, en ambas instancias por el orden causado excepto las correspondientes a la prueba pericial contable que se imponen íntegramente al actor.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Insértese el original, agréguese el duplicado , hágase saber y bajen.

Lorenzo J.M. Macagno Alejandro A.Román Hugo A.Degiovanni JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA

SE ABSTIENE

Maria Alejandra Politi Abogada – Secretaria

 

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