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Se juzgan inválidos los contratos de pasantía pues las actoras realizaban tareas propias de la actividad de la demandada

shutterstock_45483118Partes: Panza Norberto Lisandro y otros c/ Telecom Argentina S.A. s/ regularización ley 24013

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 11-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-84196-AR | MJJ84196 | MJJ84196

Los contratos de pasantía son inválidos puesto que las actoras realizaban tareas propias de la actividad de la demandada y además, esta última no cumplió con los requisitos formales y sustanciales estipulados por la ley 25165.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar que los contratos de pasantía resultan inválidos puesto que las accionantes prestaban servicios que no sólo resultaban ajenos a su formación profesional, sino que, además, realizaban tareas que resultaban propias de la actividad desarrollada por la demandada.

2.-Toda vez que la demandada no logró acreditar los presupuestos objetivos que hubieran justificado la contratación de las actoras como pasantes, ni que hubiese cumplido con los requisitos formales y sustanciales estipulados por la ley 25165 , corresponde confirmar que los contratos de pasantía resultaron inválidos; máxime siendo que, al haber la demandada reconocido la prestación de servicios de las demandantes (cfr. art. 23 LCT.), pesaba sobre ella la carga de acreditar que éstas se desempeñaban como pasantes y que dichos contratos de pasantía eran válidos, sobre todo, cuando era aquélla quien recurría a este tipo de contrataciones excepcionales y restrictivas teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 90 y cc. de la LCT., lo cual no ha ocurrido en la especie.

3.-Puesto que la accionada ni siquiera acompañó los acuerdos individuales de pasantía que la unían con las actoras, tampoco produjo prueba tendiente a demostrar que la U.B.A. hubiese controlado y fiscalizado las tareas que las actoras desarrollaban para ella, ni que dichas funciones se correspondiesen con una finalidad educativa complementaria de su formación académica, ni que se hubieran cumplido efectivamente los objetivos de dicha pasantía, cabe concluir que los contratos de pasantía resultan inválidos.

4.-Corresponde confirmar el cálculo de la sanción prevista en el art. 9 LNE. puesto que el legislador establece una pauta objetiva para el cálculo de una sanción que le impone al empleador que, a pesar de haber sido intimado a regularizar el contrato de trabajo por deficiencias en su registro, no lo hace dentro de los plazos previstos en la ley o, como en este caso, niega ab initio el carácter laboral del primer tramo del vínculo; por lo tanto, resulta lógico que se tome el salario de las actoras al momento de calcular la multa.

5.-Corresponde condenar a la demandada a inscribir correctamente los vínculos laborales de las actoras, dentro de los treinta días contados a partir de que quede notificada de la liquidación del art. 132 LO., en el libro especial del art. 52 LCT. y ante los organismos de la seguridad social, según los datos contractuales reales puesto que se ha comprobado la existencia de una incorrecta registración en cuanto a la fecha de ingreso de cada una de las actoras.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 11 DE NOVIEMBRE DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia (fs. 258/261) se alzan la parte actora (fs. 267/vta.) y la demandada (fs. 268/272), recibiendo las respectivas réplicas a fs. 278/279 y a fs. 274/277.

A su turno, la perito contadora apela sus honorarios por considerarlos bajos (fs. 262/263).

II) Razones de orden metodológico me conducen a tratar, liminarmente, los dos primeros agravios vertidos por la accionada contra lo decidido, los que -adelanto- no tendrán favorable andamiento en mi voto.

Digo ello, en primer lugar, por cuanto entiendo que la pieza recursiva no constituye una auténtica expresión de agravios en el sentido exigido por el art. 116 LO, puesto que sólo evidencia una queja subjetiva, desgranando sus discrepancias propias de la parte vencida, repitiendo argumentos ya planteados en la contestación de demanda y debidamente atendidos por la sentenciante de grado.

Conviene recordar que la expresión de agravios debe contener «la fundamentación destinada a impugnar la sentencia . con la finalidad de obtener su modificación o revocación. Concretamente, se trata del acto procesal en el cual el recurrente expresa los motivos de su apelación, refutando -total o parcialmente¬¬¬- las conclusiones de la sentencia, respecto de los hechos y de la valoración de la prueba o de la aplicación de las normas jurídicas» («Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Concordado con los códigos procesales. Análisis Doctrinal y Jurisprudencial». Elena I. Highton, Beatriz A. Areán Dirección, Tomo 5, pág.239), extremos que, como vengo anticipando, no encuentro cumplidos en la especie.

En efecto, observo que la apelante vierte consideraciones acerca de la carga probatoria y de la validez de los contratos de pasantía; pero en ningún tramo de su queja se hace cargo del argumento central esgrimido por la Magistrado anterior ni, sobre todo, demuestra que dicho argumento resulte errado, pues lo cierto es que en el escrito recursivo no se explica por qué sería equivocado lo decidido en grado al considerar que la demandada no logró acreditar los presupuestos objetivos que hubieran justificado la contratación de las actoras como pasantes, ni que hubiese cumplido con los requisitos formales y sustanciales estipulados por la ley 25.165.

Nótese que la accionada finca su disenso, básicamente, en que le correspondía a las actora demostrar que se trató en todo momento de un vínculo laboral. Sin embargo, soslaya que desde un primer momento reconoció la prestación de servicios de las demandantes (cfr. art. 23 LCT), de modo que pesaba sobre ella la carga de acreditar que éstas se desempeñaban como pasantes y que dichos contratos de pasantía eran válidos, máxime cuando era aquélla quien recurría a este tipo de contrataciones excepcionales y restrictivas teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 90 y concs. de la LCT, lo cual, como se sostuvo en grado con criterio que comparto, no ha ocurrido en la especie (en igual sentido, «Acerboni, Norberto Damián c/ OSPLAD – Obra Social para la Actividad Docente s/ Despido», SD Nº 100.736 del 6/07/2012, del registro de la Sala II de esta CNAT).

Repárese en que la accionada ni siquiera acompañó a estos autos los acuerdos individuales de pasantías que, sostuvo, la unían con las actoras; tampoco produjo prueba tendiente a demostrar que la U.B.A. hubiese controlado y fiscalizado las tareas que las actoras desarrollaban para ella, ni que dichas funciones se correspondiesen con una finalidad educativa complementaria de su formación académica, ni que se hubieran cumplido efectivamente los objetivos de dicha pasantía.Y, a la par de ello, no hubo constancia en el expediente que diera cuenta de la actuación de los tutores designados tanto por la accionada como por la referida casa de estudios, o que mínimamente esta última hubiese efectuado el seguimiento y control de las labores de las accionantes. Y lo cierto es que estas cuestiones, más allá de la discrepancia evidenciada en el memorial, no han sido debidamente cuestionados por la recurrente (cfr. art. 116 LO).

A ello agrego que quedó demostrado -a partir de las declaraciones de Culot (fs. 120/121), Bressan (fs. 122/123), Fernández (fs. 183/184), Pacelli (fs. 185/186) y Kosloski (fs. 187188)- que las accionantes prestaban servicios que no sólo resultaban ajenos a su formación profesional, sino que, además, quedó en evidencia que resultaban propias de la actividad desarrollada por la demandada. Y cabe señalar que la valoración de la prueba testimonial no ha sido materia de agravios, aspecto este que termina por sellar la suerte negativa de las quejas.

En suma, por las razones expuestas, sugiero confirmar el fallo anterior.

III) Sin perjuicio de que el resultado que he propiciado en el Considerando anterior torna abstracto el tratamiento del tercer agravio vertido por la demandada -en tanto ha sido planteado de modo asociado a la suerte de lo principal-, cabe señalar que comparto, también, lo resuelto en cuanto al cálculo de la sanción prevista en el art. 9 LNE efectuado en grado.

Tal como he sostenido al votar en la causa «Luciani, Marina Alejandra y otros c/ Telecom Argentina S.A.s/ Regularización ley 24.013» (SD Nº 97.143 del 31/05/2013, del protocolo de esta Sala), el citado artículo establece que el resarcimiento en él previsto ha de ser equivalente a «.una cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada.», y agrega seguidamente que éstas deberán computarse «.a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente.».

En dicha inteligencia, para el cálculo de esta indemnización debe considerarse el valor de la remuneración que corresponda a las trabajadoras al momento en que debe ser practicada; calcular el 25% y esa cuarta parte del salario debe ser multiplicada por la cantidad de períodos devengados. No corresponde sumar los montos históricos percibidos o devengados por la dependiente a lo largo de la relación laboral (en similar sentido, Sala II de esta Cámara en autos «Ávila, Mónica Graciela c/ PAMI», SD Nº 98.030, del 18/05/2010).

Repárese en que lo que hace el legislador es establecer una pauta objetiva para el cálculo de una sanción que le impone al empleador que, a pesar de haber sido intimado a regularizar el contrato de trabajo por deficiencias en su registro, no lo hace dentro de los plazos previstos en la ley o, como en este caso, niega ab initio el carácter laboral del primer tramo del vínculo; y a tal fin adopta como elemento objetivo el salario de las dependientes y menciona la frase «a valores reajustados a la normativa vigente». Así las cosas, frente a los términos de las leyes 23.928 y 25.561, normas de orden público que prohíben expresamente la indexación, resulta lógico que se tome el salario de las actoras al momento de calcular la multa, lo que, en definitiva, me lleva a propiciar que se confirme lo resuelto en primera instancia.

IV) Me abocaré ahora a las quejas vertidas por la parte actora.

Así, se queja en primer lugar de que en el fallo de grado se haya omitido ordenar a la demandada que registredebidamente las relaciones laborales en los términos del art. 7 de la ley 24.013 desde las verdaderas fechas de ingreso de las trabajadoras.

Así, atento lo dispuesto por el art. 278 del CPCCN, corresponde que esta Alzada se expida sobre este punto que fue oportunamente introducido en la demanda (cfr. fs. 6 pto. II) y que la sentenciante «a-quo» omitió considerar a la hora de dictar sentencia.

En este sentido, adelanto mi opinión favorable al respecto.

Como esta Sala ha sostenido (ver, al respecto, «Retamoso, Juan Rubén c/ Pierdominici, Daniel s/ Despido», SD Nº 96.916 del 28/02/2013) «.el art. 7 de la ley 24.013 expresa que ‘Se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrado cuando el empleador hubiere inscripto al trabajador: a) En el libro especial del art. 52 de la ley de contrato de trabajo (t.o. 1976) o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares; b) En los registros mencionados en el art. 18, inc. a). Las relaciones laborales que no cumplieren con los requisitos fijados en los incisos precedentes se considerarán no registradas’. Y el art. 18 dispone que ‘El Sistema Único de Registro Laboral concentrará los siguientes registros: a) La inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a las cajas de subsidios familiares y a la obra social correspondiente’. En este mismo sentido el art. 2º del dec. 2725/91 que reglamenta el art. 7 de la LNE no deja lugar a dudas al indicar que ‘Se entenderá que la relación o contrato de trabajo ha sido registrada cuando el empleador haya cumplido con los requisitos de los incs. a) y b) en forma conjunta’. En consecuencia el contrato de trabajo sólo se considera registrado cuando el empleador ha inscripto al trabajador, conjuntamente, en el libro especial y ante los organismos de la seguridad social (conf. arts. 7 y 18 ley 24.013 y 2º dec.2725/91).».

Así, en la inteligencia de la solución propuesta en grado y que, según mi voto, he sugerido confirmar, se ha comprobado la existencia de una incorrecta registración en cuanto a la fecha de ingreso de cada una de las actoras, por lo que no cabe más que la demandada adecúe sus registros de conformidad con las pautas vertidas en dicho pronunciamiento.

En consecuencia, de aceptarse mi propuesta, corresponderá condenar a la demandada a inscribir correctamente los vínculos laborales d e las Sras. Itier y Guerra, dentro de los treinta días contados a partir de que quede notificada de la liquidación del art. 132 LO, en el libro especial del art. 52 LCT y ante los organismos de la seguridad social, según los datos contractuales fijados en el pronunciamiento de grado, bajo apercibimiento de las astreintes que se fijarán en la instancia de origen si ello correspondiese.

V) Seguidamente, la parte actora recurre la imposición de intereses pero, a mi juicio, se limita a considerar que deben correr pasados los treinta días de la intimación sin intentar refutar, en forma concreta y razonada, los motivos por los cuales la decisión anterior, que toma como base salarial la correspondiente al mes de septiembre de 2010 y dispone que los intereses deben correr desde que cada suma fue debida y hasta su efectivo pago, sería errada (art. 116 LO).

Cabe señalar que la ley adjetiva requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para considerarlo erróneo, de manera que, en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada pues no existe cabal expresión de éstos (cfr. Falcón, Enrique en «Código Procesal», T. II, pág.266). En este sentido el Alto Tribunal ha señalado que la invocación genérica y esquemática de agravios resulta insuficiente para fundar el recurso, ya que no basta la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté razonada con referencia a las circunstancias del expediente y a los términos del fallo que lo resuelve (CSJN, Fallos 312:587).

A mi modo de ver, en este tramo del memorial, la recurrente no ha vinculado la validez del fallo a ningún agravio concreto sino que se limitó a esgrimir una expresión de disconformidad con las pautas fijadas en grado, lo cual inhabilita la instancia revisora en esta Alzada ante la insuficiencia recursiva (conf. doct. art. 116 de la LO, ya citado).

Por ello, considero que no corresponde más que declarar desierto este tramo del memorial, lo que así dejo propuesto.

VI) Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN, propicio mantener las costas de la instancia precedente a cargo de la demandada vencida (art. 68 CPCCN), en tanto no encuentro fundamento suficiente para apartarme del principio general que rige en la materia (cfr. art. 68 CPCCN).

De igual modo, en cuanto a los estipendios regulados en la instancia anterior a la representación letrada de la parte actora y a la perito contadora, que han sido objeto de cuestionamiento, teniendo en cuenta la extensión y la calidad de las labores desplegadas en dicha instancia, entiendo que lucen equitativos y ajustados a derecho, por lo que sugiero confirmarlos (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37 y 39 de la ley 21.839, ley 24.432 y decreto ley 16.638/57).

VII) Las costas de Alzada sugiero imponerlas, también, a cargo de la parte demandada (conf. art. 68 del CPCCN), fijando los honorarios de los letrados de las partes, por sus labores en este tramo recursivo, en el 25% de lo que cada uno deba percibir por las tareas de la anterior instancia, en orden a la importancia y extensión de los trabajos efectuados (art.14 ley 21.839).

En consecuencia, de compartirse mi voto, corresponderá: 1) Confirmar la sentencia de grado lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Condenar a la demandada a que, en el plazo establecido en el Considerando IV, adecúe la inscripción de los vínculos laborales de las Sras. Soledad Andrea Itier y Claudia Carolina Guerra en el libro especial del art. 52 LCT y ante los organismos de la seguridad social, conforme las pautas establecidas en el fallo de grado, bajo apercibimiento de las sanciones que, en caso de corresponder, determine la Sra. Juez «a-quo»; 3) Costas y honorarios de ambas instancias en la forma dispuesta en los Considerandos VI y VII del presente pronunciamiento.

La doctora Graciela Elena Marino dijo:

Por compartir los fundamentos, adhiero al voto precedente.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado lo principal que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Condenar a la demandada a que, en el plazo establecido en el Considerando IV, adecúe la inscripción de los vínculos laborales de las Sras. Soledad Andrea Itier y Claudia Carolina Guerra en el libro especial del art. 52 LCT y ante los organismos de la seguridad social, conforme las pautas establecidas en el fallo de grado, bajo apercibimiento de las sanciones que, en caso de corresponder, determine la Sra. Juez «a-quo»; 3) Costas y honorarios de ambas instancias en la forma dispuesta en los Considerandos VI y VII del presente pronunciamiento.

Cópiese, regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013 y oportunamente devuélvase.

GRACIELA ELENA MARINO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

DOLORES M. SILVA

Prosecretaria letrada

«AD HOC»

 

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