Hay daño moral por parte del progenitor hacía su supuesto hijo ante la negativa del primero de realizarse las pruebas biológicas correspondientes

labwomenPartes: O. M. J. c/ C. M. A. s/ filiación

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto

Fecha: 1-ene-2013

Cita: MJ-JU-M-83432-AR | MJJ83432 | MJJ83432

Se hace lugar a la demanda de filiación y al reclamo por daño moral cuando hay indicios de la relación mantenida entre los padres de quien solicita el reconocimiento filial y el progenitor se niega a realizar las pruebas biológicas correspondientes.

Sumario:

1.-Corresponde hacer lugar a la acción de filiación deducida por un hijo contra su presunto padre cuando de las probanzas de autos surge el vínculo que mantuvo la madre del actor con el demandado y éste último se niega a someterse a la prueba biológica de ADN por lo que opera una presunción a favor de su paternidad.

2.-La tacha de un testigo por parentesco se encuentra entre las llamadas relativas, es decir, que no privan de validez a la declaración, la que debe ser apreciada por el juez según las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta otros elementos del juicio, es decir, que por sí solas no producen plena prueba.

3.-Para considerar que el testigo no es digno de fe, hacen falta más elementos que los apuntados para la tacha deducida, e inclusive que esté acompañado de contradicciones graves con el resto de las probanzas, de los que surgieran indicios de falso testimonio dado que no puede exigirse a los testigos una exposición absolutamente precisa y sin errores en las relaciones habidas de la madre con el presunto padre, por cuánto las mismas, normalmente, se desarrollan en ámbitos de privacidad.

4.-Desde el momento en que una persona es concebida, nace su derecho subjetivo a ostentar una filiación jurídica concordante con el dato biológico de la procreación y si bien toda persona tiene un padre y una madre biológicos, para que esa relación tenga relevancia jurídica, el nacimiento debe estar inscripto en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas conforme las pautas establecidas por la normativa vigente.

5.-La omisión de reconocer al hijo socava la base misma de la constitución de la personalidad y derechos fundamentales como la identidad personal y el derecho a la verdad, por ello es que, se concede al hijo acciones de estado para obtener el emplazamiento que le corresponde, las que operan como una herramienta importantísima para dotar de eficacia a toda la normativa protectoria del derecho constitucional de familia.

6.-Las pruebas biológicas configuran un elemento de notable valor en las acciones de filiación, ya que a partir de la realización de estudios llevados a cabo sobre el compuesto químico conocido como ácido desoxirribonucleico (ADN) se ha llegado a conclusiones en grado de certeza prácticamente absoluta.

7.-El hijo tiene derecho a ser reconocido por su progenitor, y ello constituye un derecho-deber, no pudiendo el progenitor desconocer esa realidad biológica por lo que del incumplimiento de dicha obligación legal deriva un daño moral en virtud de que resulta obvio que la falta de padre provoca un dolor.

Fallo:

Venado Tuerto,

Y VISTOS : Los presentes caratulados «O., M. J. c/ C., M. A. S/ Filiación» (Expediente N° 487/2006) de trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de Venado Tuerto, venidos a despacho a efectos de resolver la cuestión principal debatida en autos;

DE LOS QUE RESULTA: Que oportunamente la parte actora -originariamente la progenitora del hoy mayor actor M. J. O., señora N. O.- por intermedio de apoderado inició reclamo de filiación extramatrimonial (fs. 4) contra el señor M. A. C. Relató que en el año 1983, inició con dicha persona una relación sentimental. Aclara que C. era casado, de profesión ingeniero agrónomo y trabajaba a ese tiempo en el Semillero Ciba Geigy. Brinda mayores explicaciones atinentes éstas a la data del conocimiento entre ambos, precisando el apoderado que su clienta ya conocía al demandado desde principios del año 1981, dado que al igual que la cónyuge del accionado, ambas eran oriundas de la localidad de San Francisco. A esas alturas la señora O. mudó su domicilio a Venado Tuerto para estudiar la carrera de asistente social, y paraba en la casa de la señora Rosa Maionchi, que era tía de la cónyuge del demandado C. También, la ahora esposa del demandado -señora Delia María Maionchi-, a esas alturas novia de C., venía los viernes para pasar el fin de semana en Venado Tuerto y también pernoctaba en el domicilio dónde lo hacía O. Agrega el letrado que a fines del año 1981, los padres de su mandante también se mudaron a Venado Tuerto alquilando una casa en calle Lopez e Italia de esta ciudad, cercana al domicilio del demandado sito en calle Colon 156. Continúa el relato el letrado, indicando que la madre de su mandante, y su mandante comenzaron a tener una relación de frecuencia de trato con la esposa de C., ello en razón de provenir todos del mismo pueblo de origen.En ese contexto -agrega-, acaeció el inicio de la relación sentimental con el demandado. Fruto de ello, la señora O. quedó embarazada, y cuándo anotició a C. a este -indica-, no le habría caído bien, motivando su alejamiento de ella durante el embarazo. El nacimiento del M. J. O. ocurrió el día 8 de marzo de 1986, continuando la señora O. conviviendo con sus padres -a estas alturas en otro domicilio-, quedando el menor bajo el único cuidado de su madre y sus abuelos maternos. Pasado alrededor de un año y medio del nacimiento del menor, afirma el letrado, C. en ocasión de encontrarse con la señora O., le preguntó sobre el niño, pero nunca asumió su responsabilidad como padre.

Se detiene luego el relato en dar pormenores relativos a la etapa de vida escolar de Matias Juan O., destacando que hubo de requerir asistencia psicológica. Destaca también como acontecimiento negativo el fallecimiento de su abuelo materno y la mudanza de su abuela materna, con lo cuál la convivencia continuó solamente con su madre. Dicho acontecimiento, continúa el relato, determinó también que M. J. O. comenzara a preguntar reiteradamente respecto de su origen por vía paterna. A esas alturas, también el demandado comenzó a frecuentar nuevamente a la señora O., aunque siempre concurría cuándo M. J. O. no se encontraba presente. Puntualiza, que existieron encuentros con Matías, aunque el demandado no los continuó en el tiempo.

Aborda también la necesaria función de asistencia que tuvo la progenitora para con su hijo, resultando ésta durante todo su crecimiento, el único sosten económico y emocional. Incluso destaca que el entonces menor Matías O., le pidió a su padre que fuera a verlo el día de la finalización del cursado de quinto año, cuestión que tampoco resultó positiva.

En razón de todo lo narrado, también reclama -punto IV del libelo inicial- se establezca una indemnización en concepto de daño moral por la falta de reconocimiento filiatorio. Cita jurisprudencia.Hace reserva de inicio de acción alimentaria, funda en derecho la demanda, ofrece prueba y formula el correspondiente petitorio.

Decretada de conformidad la demanda (fs. 8) comparece el accionado por intermedio de apoderado a fs. 9. Se corre traslado de la demanda (fs. 12) y contesta el accionado a fs. 13 y siguientes. En dicho escrito niega las afirmaciones efectuadas por la actora en su escrito de demanda. Cuestiona la atribución de paternidad que se le efectúa, y menciona que desde siempre se conoció que la actora tenía novio, por lo cuál habría de suponerse que el hijo era de esa persona. También rechaza la procedencia de la indemnización reclamada en concepto de daño moral. Realiza también algunas inferencias contrarias en relación a las posibilidades que tuvieron de anoticiarle el nacimiento del menor, y no lo efectuaron, y califica otras afirmaciones de la actora como «incoherencias». Concluye sus reflexiones -el letrado del demandado-, en que la actora nunca habría estado segura de quién era el padre del menor. Finalmente, y previo a formular el petitorio, indica en relación a la eventual pericial biológica «.para el supuesto que VS determine la realización de estudios biológicos propongo a los Dres M. A. Taborda e Isabel Padró con domicilio en calle Pueyrredón 1002 de la ciudad de Rosario, y atento a las particulares características y a la naturaleza del presente juicio formulo expresa reserva de solicitar la realización de la referida prueba biológica en relación a otras personas que no son parte en el presente y que en este momento se desconoce su nombre y dirección, pero que existen, todo ello en la oportunidad procesal correspondiente.»

Se abrió la causa a prueba (fs. 18), y habiendo adquirido la mayoría de edad M. J. O., acompañó el correspondiente apoderamiento del mismo letrado anteriormente designado por su progenitora (fs. 19/20).

Se glosa cuaderno de pruebas de la parte actora a partir de fs. 23 y siguientes.

Se glosa a partir de fs. 78 el cuaderno de pruebas de la demandada.Se clausura el término probatorio (fs. 74), corriéndose traslado a las partes para alegar (fs. 76), carga que cumplimentan las partes conforme constancias de fs. 104 (actora) y fs. 106 (demandada). Se dispone la providencia de autos (fs. 120) y notificada ésta a las partes, como así cumplimentados los informes actuariales pertinentes (fs. 136 vta), vienen las presentes a despacho. En dicha instancia se entendió necesaria la convocatoria a audiencia conforme artículo 19 del CPCC (vide decreto de fs. 137). Celebrada la misma (fs. 140), la parte demandada reiteró su negativa a la realización de la prueba biológica, y nuevamente se le explicitaron las implicancias relativas a la misma. Conforme ello, vuelven las presentes a despacho a efectos del dictado de definitiva.

Y CONSIDERANDO : Advierte liminarmente el Suscripto que el presente aborda la temática de la acción de filiación intentada por el señor M. J. O. respecto del accionado M. A. C., y derivado de ello también reclama el daño moral correspondiente.

Previo al análisis troncal sobre el particular, también se observa que se ha planteado a fs. 38 -declaración testimonial de la señora N. O.- incidencia de tacha de dicha declaración por el letrado de la parte accionada; como así también replica dicha articulación procedimental en relación al testimonio de Julia Mirna O. (fs. 47) de estos actuados.

Evidentemente, teniendo en cuenta dichas incidencia, habrá de otorgarse tratamiento a las mismas en primer término, y resueltas que fueran las mismas podrá abordarse la cuestión principal debatida en autos.

Respecto a la primera de ellas, efectuada en relación a la declaración testimonial de la señora N. O. (fs. 38), ha indicado el Dr. Angelino por la parte accionada que «.la misma evidencia total y absoluta parcialidad pretendiendo favorecer la posición del actor, su hijo. Tal circunstancia resulta además del hecho de haber sido la ahora testigo quién promoviera en nombre de su hijo la presente acción.No quedan dudas de que en toda su declaración se orientó a favorecer el reclamo de su hijo dando detalles que llaman la atención por su precisión y exactitud, tales como fechas, horarios, etc, que no responde a una declaración espontánea, sino todo lo contrario, preparada para favorecer al actor.». Corrido traslado a la parte actora, el Dr. Vallortigara indicó que «.se opone a la tacha formulada, en virtud de que atento las circunstancias del caso resulta un testimonio esencial y además porque del testimonio en sí se desprende que la testigo no sólo no miente sino que relata los hechos con exactitud y sólo con ánimo de esclarecer la verdad.».

Determinados los extremos con los cuáles cada parte fundamentó la articulación, visualiza también el Suscripto que el ofrecimiento de la prueba efectuado por la parte actora (fs. 30 escrito cargo N° 1844/2007), fue proveído de conformidad al decreto de fs. 31, el cuál se le notificó al Dr. Angelino por la demandada de acuerdo a la cédula obrante a fs. 32, como también al domicilio real del accionado C. (vide cédula de fs. 34). En consecuencia, es dable inferir como primera cuestión de ello, que en ningún momento la parte actora cuestionó dicha providencia, ni tampoco lo que de ella devenía, es decir la postulación como testigo de la señora N. O.

Teniendo en cuenta dicho extremo, el cuál evidentemente podría haber sido ejercitado por la parte demandada, luego, y habiéndose permitido el inicio de la testimonial como la deposición completa de la señora O. con repreguntas por parte del propio Dr. Angelino, planteó al finalizar la audiencia la tacha pertinente. Sobre el particular, se ha explicado -de forma genérica en un plano conceptual- la habilidad del testigo es la regla, y las tachas deben interpretarse de modo restrictivo o estricto, y en la duda, la tacha no debe prosperar 1.Ahondando más el particular, respecto a la interpretación restrictiva que corresponde otorgar a la incidencia en tratamiento y de conformidad a lo normado por el artículo 221 del CPCC la regla al momento de la valoración de los dichos de los testigos ha de ser la habilidad. Por otro lado y -como ha dicho la jurisprudencia- aún probada la tacha, el juez debe apreciar el mérito de dicho medio de prueba en cada caso, según las circunstancias y las reglas de la sana crítica, que emanan del artículo 224 del CPCC 2.

Dicho lo anterior, cabe también detenerse en la argumentación desplegada por el Dr. Angelino al momento de deducir la tacha, en cuánto a que la parcialidad estaría determinada por resultar la señora O. progenitora del actor, tendiendo su posición a favorecerlo. Esta circunstancia delimita otro orden de reflexiones que cabe también realizar, relativas éstas a la importante distinción que debe efectuarse entre lo que es un impedimento y lo que constituye la tacha para que deponga un testigo.

En lo atinente al impedimento, se ha sostenido que son aquéllos supuestos de imposibilidad legal de producción de la prueba testimonial. Evidentemente, si la actora pretendía plantearlo, hubiera debido hacerlo en el momento procesal oportuno, es decir cuándo le fue notificado el proveído que dispuso la producción de la prueba ofrecida, virtualidad que no se concretó, conforme las referencias que más arriba se realizaran y de acuerdo a las notificaciones que se encuentran agregadas en autos. Es más, autorizada doctrina ha precisado que los impedimentos se refieren a determinadas y limitadas causales por las cuáles ciertas personas no pueden prestar declaración, ni aún con la conformidad de las partes, debiendo ser impedida en cuánto se tenga conocimiento de esas circunstancias 3. Dicha prohibición -especifican los autores citados-, comprende a los menores de 14 años, en forma absoluta, y para declarar «contra una de las partes» a los parientes que menciona el artículo 217 del CPCC.Por otro lado, en lo atinente a las tachas, Peyrano indicaba que son aquéllas causas que invalidan o disminuyen el valor de las declaraciones de los testigos y que las partes hacen presente al juez para que las aprecie al sentenciar 4.

Entonces, teniendo en consideración que el cuestionamiento efectuado por el letrado Angelino tiene mayor relación con una suerte de virtualidad impeditiva que afirma se concretaría en autos, debe precisarse nuevamente la diferencia conceptual anteriormente anotada, ello en el sentido de que el artículo 217 del CPCC es claro, en cuánto consagra un impedimento y no una causal de tacha, y evidentemente no se adecua al caso de autos.

En efecto, si la ratio legis de dicho artículo es la de la preservación de la unidad familiar, en cuánto célula de la organización social, no se advierte que exista riesgo alguno para ella en las declaraciones cuyo contenido pueda favorecer a sus miembros, en aquellos procesos cuya contraparte no es un miembro de la familia sino un tercero. La jurisprudencia específica en materia de familia es conteste con el criterio que se explicita en los párrafos anteriores, puesto que se ha sostenido que «.en acciones de estado de familia, cuando se trata de probar hechos ocurridos en la intimidad del hogar, los testigos más valiosos son los que mantienen trato frecuente con las partes, aún parientes o amigos, por lo que no pueden ser tachables u objetables, en tanto sus declaraciones revelen objetividad y no sean parciales, de allí que la amistad o parentesco no envuelva de por sí una tacha para el declarante.» 5.

Finalmente acotar que tal como se viene indicando, y observado el testimonio brindado por N.O., éste se advierte como objetivo y concreto, conteste con la clase de acción intentada oportunamente por ella en representación de su hijo y posteriormente continuada por éste al adquirir la mayoría de edad, por ende no encuadrable dentro de lo preceptuado por el artículo 217 del CPCC -opción que se reitera, a los fines de su cuestionamiento no ejerció la demandada en tiempo oportuno-, y evidentemente -tal como lo sostiene la jurisprudencia-, la prevención para este Juzgador derivará en la apreciación que de dicho testimonio se realice al momento del dictado de la definitiva. Así, se ha indicado que «.la tacha de un testigo por parentesco se encuentra entre las llamadas relativas, es decir, que no privan de validez a la declaración, la que debe ser apreciada por el juez según las reglas de la sana crítica y teniendo en cuenta otros elementos del juicio, es decir, que por sí solas no producen plena prueba.» 6.

Como consecuencia de todo lo expuesto, corresponde no hacer lugar a la tacha de la testigo N. O. impetrada por la parte accionada a fs. 38, imponiéndosele las costas devengadas del incidente.

En segundo término, también se verifica en autos que la parte accionada representada por el Dr. Angelino hubo de plantear incidencia de tacha de la testigo Julia Mirna O. (fs. 47). Específicamente el letrado puntualizó al momento de interponer la tacha que la testigo resultaba contradictoria y que de sus dichos surgía «.una evidente parcialidad tendiente a beneficiar a la parte actora.». Además justificó el cuestionamiento en el hecho de que la testigo manifestara que «.tiene interés en el presente juicio a fin de que se aclare la paternidad del actor.» y que ello revelaba «.una clara y concreta intención de declarar favoreciendo al actor, pues de otra manera no hubiere realizado tal manifestación.».

Respecto a esta incidencia de tacha, corresponde indicar que la misma se le otorga un tratamiento separado de la anterior, dada la diversa fundamentación que se ha exhibido por la demandada en cuánto a su planteo.El responde del letrado de la parte actora cursó el andarivel del rechazo de la incidencia, calificando al testimonio como objetivo y sin que se hubieran emitido en el mismo juicios de valor subjetivos.

Centrado entonces el análisis respecto al cuestionamiento, debe indicarse liminarmente que también este será rechazado.

En efecto, sobre el particular se ha explicado que el interés que descalifica el dicho del testigo es aquél personal y concreto en el resultado del juicio, pero no el abstracto para que se haga justicia, al tiempo que no mediará causal de tacha si no surge en forma evidente un propósito deliberado de mentir y favorecer o perjudicar a una de las partes 7. Debe aquí nuevamente reiterarse que en cuestiones derivadas de la tacha -a partir de lo normado por el artículo 221 del CPCC- la misma ha de ser interpretada de manera restrictiva, puesto que la regla al momento de la valoración de los dichos de los testigos ha de ser la habilidad. Por otro lado y -como ya fuera anteriormente citado-, la jurisprudencia indica que aún probada la tacha, el juez debe apreciar el mérito de dicho medio de prueba en cada caso, según las circunstancias y las reglas de la sana crítica, que emanan del artículo 224 del CPCC 8. Luego, teniendo en consideración que para la ocurrencia de una supuesta parcialidad es necesario que la misma surja en forma clara e indubitable de las respuestas al interrogatorio, revelando animosidad e intención de favorecer a alguna de las partes, y dicho extremo a criterio del Suscripto -en mérito a las directivas conceptuales que se han vertido precedentemente- no se advierte como concretado en la declaración de la testigo Julia Mirna O.Por el contrario, y frente a la ya referenciada argumentación efectuada por el letrado de la demandada en cuánto a que éste resultaría contradictorio, la lectura del mismo no evidencia dicha virtualidad, sino únicamente el relato de lo que la misma refiere como que le fue explicado y comentado por otras personas, y también los encuentros que habría tenido con el aquí demandado en el domicilio de la señora N. O., habiendo dado la testigo en definitiva razón de sus dichos conforme lo requiere el artículo 209 del CPCC. Luego, la conclusión a la que corresponde arribar al respecto, es que no habrá de hacerse lugar a la tacha de la testigo Julia Mirna O. incoada por la parte demandada a fs. 47, imponiéndosele también las costas devengadas de la incidencia. Acotar finalmente sobre el particular, -es decir la argumentación de contradicción en el testimonio-, lo puntualizado por la jurisprudencia, en el sentido de que «.para considerar que el testigo no es digno de fe, hacen falta más elementos que los apuntados para la tacha deducida, e inclusive que esté acompañado de contradicciones graves con el resto de las probanzas, de los que surgieran indicios de falso testimonio.» 9 y que también se sostuvo -frente al papel que juegan los testigos en los juicios filiatorios-, que en éstos «.no puede exigirse a los testigos una exposición absolutamente precisa y sin errores en las relaciones habidas de la madre con el presunto padre, por cuánto las mismas, normalmente, se desarrollan en ámbitos de privacidad.» 10 .

Habiéndose en consecuencia desbrozado el camino en cuánto a sendas incidencias de tacha articuladas por la demandada, las cuáles han sido rechazadas, corresponde continuar el derrotero, en miras de conceptualizar la temática principal bajo estudio, es decir encuadrarla dentro de lo que deriva para el caso de la normativa constitucional y supraconstitucional, como de doctrina y jurisprudencia concomitante.Concretado dicho punto, habrá de efectuarse la pertinente traslación de lo acontecido en autos, con el objeto de arribar a la sentencia definitiva.

Consecuencia de lo anterior, ha de resaltarse nuevamente que el fondo del asunto bajo análisis, refiere a una cuestión troncal en el derecho actual, cuál es la identidad biológica.

En efecto desde el momento en que una persona es concebida, nace su derecho subjetivo a ostentar una filiación jurídica concordante con el dato biológico de la procreación. La filiación es, pués, una categoría jurídica que sintetiza el conjunto de relaciones jurídicas que, determinadas por la paternidad y la maternidad, vinculan a los padres con los hijos dentro de una familia 11. Y si bien toda persona tiene un padre y una madre biológicos, para que esa relación tenga relevancia jurídica, el nacimient o debe estar inscripto en el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas conforme las pautas establecidas por la normativa vigente 12.Este derecho de toda persona a ostentar una filiación jurídica que sea concordante con el hecho biológico de la procreación posee sólida protección en nuestro ordenamiento jurídico 13.

Desde este último punto de vista, en el orden supranacional y constitucional, la Convención de los Derechos del Niño -téngase presente que estos actuados fueron iniciados primigeniamente por la progenitora del actual actor-, en su artículo 7.1 expresa que «.el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos.» y el artículo 8.1 confiere a los Estados obligaciones positivas al respecto, al señalar que «.los estados partes, se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares de conformidad a la ley.». Resulta pertinente indicar también que esta Convención, además de gozar de jerarquía constitucional (Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), ha sido declarada de aplicación obligatoria por la Ley 26061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

También dentro de nuestra legislación civil se observa una profunda preocupación por garantizar el cumplimiento de la obligación paterna de conferir al hijo su identidad biológica (Cfr.Artículos 243, 245, 250, 258, 259, 263 del Código Civil).

Y por otra parte, como se ha sostenido, hoy nadie discute que la omisión de reconocer al hijo socava la base misma de la constitución de la personalidad y derechos fundamentales como la identidad personal y el derecho a la verdad, por ello es que, se concede al hijo acciones de estado para obtener el emplazamiento que le corresponde (Artículo 254 del Código Civil), las que operan como una herramienta importantísima para dotar de eficacia a toda la normativa protectoria del derecho constitucional de familia 14.

Ahondando aún más estas reflexiones, ha de advertirse que evidentemente se plasma en autos, la situación descripta desde el plano conceptual, es decir, frente al ejercicio del derecho que el ordenamiento de fondo le permite a la parte actora, la demandada evidencia una postura defensista que corre por el andarivel de concretar una negativa frente a la posibilidad de realización de exámenes biológicos para la determinación de la paternidad (cfr. constancias obrantes a fs. 40 dónde el anterior Juez titular de este Tribunal le hizo conocer las implicancias que desde el punto de vista legal tenía la negativa que ponía de manifiesto; ratificada luego en la audiencia de fs. 140 convocada oportunamente por el Suscripto).

La continuidad de este decisorio entonces, debe trazar una somera conceptualización en relación a la construcción tanto doctrinaria como jurisprudencial acaecida en los último tiempo con relación a la asunción de dicha postura por la parte demandada.

En efecto, el asunto ha mutado desde los últimos años, puesto que las pruebas biológicas configuran un elemento de notable valor en las acciones de filiación, ya que a partir de la realización de estudios llevados a cabo sobre el compuesto químico conocido como ácido desoxirribonucleico (ADN) se ha llegado a conclusiones en grado de certeza prácticamente absoluta.Adítese a ello que la Ley 23264, ha tenido como uno de sus rasgos más sobresalientes, un claro propósito de propender a la concordancia entre la realidad biológica y los vínculos jurídicos emergentes de esa realidad. En tal inteligencia el artículo 253 del Código Civil admite expresamente las pruebas biológicas, que podrán ser decretadas aún de oficio por el Juez, con lo que se ha jerarquizado y privilegiado este tipo de prueba. Por ello, frente a la certeza que proporcionan estas pruebas, naturalmente se han replanteado criterios tradicionales que inferían la alegada paternidad a través de presunciones, como las relaciones sexuales que habrían mantenido los presuntos padres en el período legal de la concepción del hijo. Así, al decir de Mendez Costa «.nos toca asistir a los resultados de una ciencia y técnica asombrosas que sacuden al hombre y conmueven a la sociedad humana.» 15.

En este mismo orden de ideas, también se ha indicado que la introducción de las pruebas de histocompatibilidad sanguínea ha provocado no sólo en el campo de la medicina sino en el del derecho de familia, una revolución conceptual, dando lugar a un método de tipificación idóneo para determinar con un altísimo grado de probabilidad la paternidad de quién es demandado por reconocimiento de filiación 16. La misma autora citada concluye en que, dada la respuesta tan concluyente que daba el mentado examen en cuánto a la determinación de la paternidad, luego, quien se negaba a someterse al mismo, se colocaba directamente en la situación de que se dictara sentencia en su contra 17. En el mismo orden de opinión, las prestigiosas voces de Bossert y Zanoni, han indicado que a partir de la existencia de pruebas, que como la denominada HLA, permiten afirmar positivamente el nexo biológico investigado, la negativa a someterse a ellas vigorizará la presunción en contra de quien adopta esa posición de resistencia, al punto que debiera tenerse por cierta la paternidad disputada 18.Aditar finalmente que dicha presunción ha merecido también un abordaje desde la ciencia procesalista, estableciéndose las diferencias entre los indicios y las presunciones, y dentro de estas últimas aquellas que provienen de la ley y las denominadas judiciales -como formas de razonamiento- 19.

Entonces, desde esta perspectiva, también corresponde bucear en el entorno jurisprudencial que dichas conclusiones han marcado, debiendo necesariamente citarse en primer término precedente de larga data de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en el que se trató la tematica desde diversas aristas, concluyendo en que «.no se incurre en arbitrariedad normativa por presumir la paternidad del demandado por filiación extramatrimonial que se niega a someterse a la prueba biológica.»20. Es más, dentro de la caracterización del derecho a la identidad, esbozó que éste es un derecho de fundamento constitucional no enumerado, cuya satisfacción no lesiona otros derechos de igual fundamento siempre que no se coaccione para obtener la necesaria participación del requerido a prestarse a la pericia, y que por ello «.es justo y razonable, deducir una presunción en contra del renuente.»21.

Incluso el análisis en profundidad del meduloso voto del Dr. Vigo dentro de dicho pronunciamiento depara el hallazgo de otros elementos de importante significación. Así, refiere el citado ministro, que el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, contienen en su artículo 196 la siguiente norma «.cuándo el litigante niegue sin motivo justificado la cooperación ordenada por el juez para la realización de la prueba pericial, podrá estarse a las afirmaciones de la parte contraria sobre el punto en cuestión; salvo cuándo se trate de asuntos que afecten el orden público, en cuyo caso podrá ordenarse compulsivamente la realización de la prueba.Esta última medida no será recurrible.» y que ese deber -entonces-, surge de la ley, y por ende la ley manda determinada actitud de colaboración y buena fe; por lo tanto «.parece razonable que ante el incumplimiento, ante la renuencia en colaborar mediante el sometimiento a estudios genéticos, se puedan extraer consecuencias jurídicas disvaliosas de la negativa.». Completa la reflexión, trayendo también a colación que en el sistema procesal, abundan los ejemplos de normas que establecen consecuencias disvaliosas para la parte que incurre en una omisión prevista por la norma, así el artículo 143, 142 inc. 3°, y 162, todos del CPCC.

El avance del análisis propuesto es coincidente en detectar casos análogos al que fallase el Tribunal señero de nuestra Provincia, desde la perspectiva de que la renuente actitud del demandado en un juicio de filiación a someterse a pruebas biológicas es un elemento sustancial para presumir la paternidad que se le endilga 22. Así también, se dijo que la conducta obstruccionista y/o reticente del demandado en el juicio de reclamación de la paternidad extramatrimonial constituye por sí mismo fundamento de suficiente peso para tener por verosímil la pretensión del accionante, ya que resulta razonable concluir que ese desinterés tiende a evitar que se produzca la prueba que lo señalará como padre 23. Además, cabe traer a colación -de manera conteste a los demás precedentes citados-, la referencia que se hace en cuánto a que tampoco puede argüirse el hecho de desconocimiento de la metodología a emplear para la determinación, en efecto, resulta de carácter esencial en un proceso dónde se demanda el reconocimiento de una filiación la prueba pericial genética, cuya eficacia -así como la posibilidad de determinar a partir de la misma el vínculo biológico invocado o su exclusión con grado de certeza cercano al cien por ciento-, no pueden ser desconocidas por el demandado 24.Concluye el Tribunal anteriormente citado en que «.debe interpretarse la negativa del accionado para obtener una muestra sanguínea, como caprichosa y abusiva, obstruccionista al proceso y violatoria del derecho a la prueba de la parte actora.» 25.

Sin embargo, no pierde de vista el Suscripto que así como aparecen como terminantes los esquemas de decisión que se han traído a colación, la presunción a la que se hace en ellos referencia, justamente es una presunción que de por sí no configura plena prueba en contra de la posición del renuente 26, posición que también es sustentada por Dutto, cuándo desde el momento en que la renuencia o negativa es apta para el sentenciante como elemento de prueba corroborante, compaginada con la probabilidad del derecho a la filiación que debe surgir razonable y verosímilmente de los hechos en que se sustenta la demanda y algún otro elemento probatorio coadyuvante a fin de fortalecer su convicción; todo ello sin dejar de marcar que «.la negativa a proporcionar los elementos posibilitantes de la prueba pericial constituye un indicio fuente de una presunción judicial grave.» 27.

Enmarcado entonces por los anteriores elementos que estructuran el asunto, cabe referirse a los elementos probatorios colectados en autos.

Es así, que el relato efectuado tanto en la demanda, como posteriormente al momento de prestar declaración testimonial por N. O. (fs. 38), refiere a una relación mantenida desde larga data con el demandado, incluso con coincidencias en cuánto a la localidad de origen de la señora O. y de la esposa del demandado.

Sin perjuicio de la negativa del demandado (vide fs. 13 y sgtes), efectuada respecto de cada una de las afirmaciones del escrito de inicio, se verifica que éste -independientemente del testimonio de Jorge Eduardo Ghio (fs.83), no produce otra prueba diversa que hubiere desmerecido algunos elementos que fueron colectados por la parte actora.

Es decir, en la profundización del último punto, la demanda de origen, incorporó -a más del requerimiento en el período probatorio de la prueba pericial biológica que no se ha concretado en autos-, la demostración de otros aspectos afirmados ab initio. En este sentido frente a la pregunta que se le efectúa a la señora N. O. (fs. 38) relativa a si el accionado le había brindado ayuda y/o alimentos para el menor, esta respondió que «.que nunca le brindó ayuda, ni dinero, ni alimentos, ni vestimenta, ni asistencia médica, ni recreativa, salvo en una oportunidad, yo tengo un camión Mercedes Benz que estaba sin actividad, y él compra un acopladito de dos ejes Helvética patente VMB-898 con la supuesta intención de brindar algún apoyo con el trabajo del camión y acoplado, con la condición de que se le sacara el cereal de su campo a puerto, pero no ocurrió así porque con los gastos ocasionados superaron lo ganado y además quedaron cinco remitos impagos por parte del demandado y otras deudas.». Es decir, que según lo relatado el accionado habría colaborado en la conformación de un equipo de transporte -chasis más acoplado-, adjuntando el acoplado de su propiedad al efecto de que pudiere éste equipo trabajar en beneficio en última instancia de la señora O. y de su hijo.

Se verifica como elementos que dan párvulo a dicha versión, y por ende habrá de tenérsela por acreditada, el informe de dominio que se incorporó a fs. 50/51 -nombre del titular del acoplado, señor M. A.C.-; como así también el informe emitido por la compañía Cooperación Seguros, en cuánto a que la póliza brindada por dicha entidad en relación al acoplado dominio VMB-898 estuvo registrada en esa entidad hasta el día 16/11/2004, y los domicilios declarados en relación a la ubicación de la unidad eran calle Estrugamou N° 502 y Colón N° 156, ambos de Venado Tuerto.

Llamativo resulta que se declare como domicilio dónde la unidad se encontraba ubicada el de calle Estrugamou N° 502 de Venado Tuerto, desde que se trata del domicilio de la señora N. O. y de su hijo -el actual actor Juan O.- (vide apoderamiento de fs. 2 y también restante apoderamiento de fs. 19).

Se constituye lo anteriormente relatado en un indicio de importancia, desde el momento en que toda relación entre el accionado y la señora O., como con su hijo M. J. O., ha sido negada por el primero, tanto sea en lo atinente a la relación afectiva anterior al nacimiento de M. J. O., como a la posterior mantenida con ambos, mediante visitas a una u al otro; todo ello sin perjuicio de que no hubo de negar -como es lógico- la titularidad dominial del acoplado al que se viene haciendo referencia. Este extremo es corroborado también por el testimonio de Milia Zoric (fs. 48), cuándo expresamente sostuvo que en la casa de su hija «.también veía que había un acoplado de C. en el patio que era tirado por un chasis de la sucesión de Juan O.». Cabe interrogarse, entonces, en relación a qué grado de confianza debiera existir para entre las eventuales partes de una suerte de contrato para que se estableciera en la póliza de seguros del acoplado de titularidad dominial de C. que el domicilio dónde se encontraba el mismo era el correspondiente a la señora N.O.?. Sin pretender otorgar una respuesta a dicha pregunta, también es destacable que frente a esta cuestión comprobable y acreditada al momento de producción de los alegatos de bien probado, no motivó ningún tipo de inferencia que permitiese desmerecerla o tan siquiera ponerla en duda.

También resulta por lo menos extraño el hecho de que si tal como el accionado refiere nunca existió ningún tipo de relación ni de vinculación con la señora O. o su hijo -más allá de referenciar que la «.conocía desde principios de 1981. no es cierto que la conociera a la actora amistosamente; la conocía porque San Francisco es un pueblo pequeño, allí todos se conocen, pero no necesariamente de manera amistosa.»-, luego la parte actora conozca con detalle diversas alternativas tanto profesionales, laborales y familiares relativas al demandado.

En efecto, desde esta perspectiva así se desprende la referencia al trabajo en tareas rurales -ingeniero agrónomo-, con relación a un importante semillero -Ciba Geigy- (fs. 4), como también datos relativos al domicilio de C. y su estructura familiar. Dichas afirmaciones, luego son contestes con el testimonio de Jorge Ghio de fs. 83, en cuánto a que éste tiene campo, y que además de ser ingeniero agronómo es productor agropecuario. A dichos aspectos cabe aditar también las expresiones de Julia Mirna O. (fs. 47), la que señala que se encontró en variadas ocasiones -cuándo cuidaba al entonces menor M. J. O.-, con el accionado en el domicilio de la señora N. O. Cabe agregar aquí, en torno como se viene sosteniendo a la acreditación de las visitas que realizaba C. al domicilio de O., el testimonio de Milia Zoric (fs. 48), el que resulta ilustrativo por cuánto puntualiza haber visto al demandado «.en la casa de su hija cuándo ella también concurría por el cumpleaños de N. y ahí el señor C.concurría y la dicente veía que en la casa había ropa del demandado que le planchaba N.». Es más, la continuidad del testimonio de Milia Zoric -no impugnado y/o tachado por la parte demandada en la oportunidad en que ésta depuso-, brinda otros datos relativos a la relación entre O. y C., explicando que cuándo la testigo vivía en Chapuy y su hija la visitaba «.N. iba en colectivo y que después la iba a buscar C., y cuándo se iban él la saludaba levántandole la mano.» y que dicha circunstancia que relata «.ocurrió hasta el año pasado, este año no.» -debiendo mencionarse que la declaración fomalizada por Milia Zoric fue recepcionada en fecha 05/11/2007, al tiempo que la demanda fue entablada en fecha 16/05/2006-.

E incluso retomando la cuestión anteriormente mencionada relativa al alegato de bien probado, debe destacarse que toda la estructura de dicho libelo transita un cuestionamiento relativo a la imposibilidad de acreditar el estado de familia, a la referida posesión de estado, interpelando las probanzas de autos a los efectos de inferir luego la orfandad probatoria del actor. Sin embargo lo anteriormente expuesto no hubo de merecer consideración alguna, y al momento de referirse tanto a las declaraciones testimoniales de autos, como a los eventuales perjuicios morales y económicos que podría esta acción producirle al accionado, relacionó cita jurisprudencial que se estima no resulta -en el contexto actual-, pertinente a los fines de sostener dicha argumentación.

En efecto, la referencia realizada al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Sala B-, con voto del Dr. Vernengo Prack 28, si por un lado es cuestionable desde el ángulo de la data del mismo -29/12/1986-, cuándo no se había avanzado científicamente lo necesario en relación a la metodología a emplear en análisis genéticos tal como se indicase en párrafos precedentes, por el otro tampoco el asunto se podría considerar análogo a estos actuados.En efecto, nótese que en el precedente citado se discutía específicamente la filiación en torno a una persona que a esas alturas ya había fallecido y además la conclusión arribada por el Dr. Vernengo Prack fue el voto mayoritario al que adhirió la Dra. Estévez Brasa, también existió elaborada disidencia del Dr. Molteni, quién se inclinó por ratificar el fallo de primera instancia en el que se hacía lugar a la demanda, y la cuál aún en aquéllos años daba la prevalencia a la presunción de paternidad. Nótese que refería el citado Dr. Molteni que «.los antigenos del sistema HLA, son proteínas codificadas en el sexto par cromosómico y que se ubican en la membrana citoplasmática de todas las células nucleadas del organismo y se transmiten siguiendo las leyes de Mendel, en forma de alelos codominantes. Este sistema resulta de importancia para la determinación de la paternidad, ya que la multiplicidad de genes que dan origen a los antígenos que lo conforman, la cantidad de combinaciones que es posible hallar (12000) y la rareza de muchas de ellas, aporta, en casos en que se encuentra la compatibilidad, una probabilidad casi absoluta de certeza de la existencia del nexo filial.».

A más de ello, cabe agregar tal como lo refiere el también fundado voto del Dr. Ulla en el precedente de la Corte Provincial anteriormente citado que «.se impone un fácil razonamiento: si se está seguro de que no se es el padre, no se advierte por qué razón no se sometió al referido estudio, demostrando la certeza de su postura.».

En definitiva, teniendo en consideración que existen elementos acreditantes de la existencia de relación entre el accionado con la progenitora de M. J. O., que dicha relación evidentemente data de larga data; que la mencionada N. O.aportó variados datos rela tivos al demandado, que luego incluso pudieron tener correlato en el testimonio vertido por persona que fuera ofrecida por dicha parte en su respectivo cuaderno de pruebas; que el demandado no hubo de acceder a someterse a la pericial biológica que fuera ofrecida por la parte actora, expresando de forma terminante su negativa en dos ocasiones, habiéndosele explicitado en ambas las implicancias de dicha conducta; como así también teniendo en cuenta todo el marco tanto doctrinario como jurisprudencial que se ha referenciado en párrafos precedentes; no puede inferirse una conclusión diversa a la que corresponde hacer lugar a la demanda de filiación incoada por M. J. O. en relación al señor M. A. C., por lo que corresponderá infra disponer que el actor es hijo del demandado, y a dichos fines deberá oficiarse al Registro Civil pertinente.

En otro orden, y más allá de haber concluido en que ha de hacerse lugar al reclamo filiatorio entablado por el actor, la concomitante reclamación de daño moral derivado de la falta de reconocimiento, habrá de transitar diverso estudio a los fines de verificar si resulta o no procedente.

Sobre el particular, ha de precisarse que el derecho de familia permaneció ajeno durante mucho tiempo a la reparación del daño causado en su orbita, tanto en nuestro país como en el derecho comparado. El fundamento de la irresponsabilidad para los autores de daños en el marco familiar y particularmente el filiatorio se sustentaba en que esas reparaciones atentaban contra la armonía propia de dicho ámbito. Este argumento, considerado falaz por la doctrina 31, ha ido revirtiéndose de la mano del concepto de la reparación integral por daños.El concepto de integralidad comprende todo tipo de daños, aún cuándo tratándose de relaciones en las que los sentimientos juegan un rol fundamental, y es allí dónde el daño moral encuentra ámbito propio.

La jurisprudencia de nuestro país, aplicando los principios generales sobre responsabilidad, ha marcado hitos importantes de avance hacia la reparación por desconocimiento filiatorio. La carencia de norma específicas fue criticada por la doctrina con motivo de la sanción de la Ley 23264, por lo que algunos autores hubieron de reclamar la sanción de alguna legislación específica 32. Por otro lado, desde el derrotero jurisprudencial, ha de destacarse señero precedente del año 1988 de los Tribunales de Alzada de San Isidro, el cuál es considerado «leading case» sobre la materia, en el cuál habiéndose acreditado la filiación extramatrimonial del padre -negada por éste-, se le condenó a reparar el daño moral. A dicho precedente le siguieron otros en igual sentido. Por otro lado, desde la doctrina nacional, variados autores como Rébora, Lopez del Carril , Mosset Iturraspe, Barbero, Brebbia y Grossman participan de este enfoque.

Más recientemente también Solari ha indicado que la admisión de los daños y perjuicios por el no reconocimiento voluntario de la filiación, representa el sentir mayoritario de la jurisprudencia, opinión que es compartida también por el citado. Sostiene además Solari que en virtud de que ante la omisión de reconocimiento voluntario del padre, la ley legitima a ciertas personas -entre las cuáles se encuentra la madre del supuesto hijo conforme el artículo 254 del Código Civil-, dicho extremo le permite inferir que el hijo tiene derecho a ser reconocido por su progenitor, y todo ello como consecuencia de que el acto de reconocimiento de un hijo constituye un derecho-deber, no pudiendo el progenitor desconocer esa realidad biológica.Ahora bien, en cuánto a los requisitos para la procedencia de dicho reclamo, del análisis de los precedentes jurisprudenciales se desprende que, la mayoría sostiene que la ilicitud que supone la falta de reconocimiento oportuno de un hijo genera la presunción de la existencia de daño moral, sin necesidad de probarlo, es decir que se plantea que el daño moral se demuestra con la verificación de la titularidad del derecho lesionado en cabeza del reclamante y la omisión antijurídica del demandado. Dicho de otro modo, el daño moral derivará de aflicciones y padecimientos que aquélla omisión provocan en el entonces menor, y se presumirá -in re ipsa- cuándo ha habido una lesión a un derecho personalísimo derivado del incumplimiento de la obligación legal que se origina en el derecho que tiene el menor de ser reconocido por su progenitor, ya que, es obvio que la falta de pdre provoca un dolor aunque pueda ser de distinta intensidad según las circunstancias.

Otros autores también completan la idea anterior, en el sentido que puntualizan que resultan de suma importancia las características particulares del caso, pues se apela a presunciones, que, como se sabe, constituyen una forma de razonamiento del legislador o del juez, y aunque no son un verdadero medio de prueba, poseen efectos probatorios. Destacan también que existe postura minoritaria derivada de algunos precedentes jurisprudenciales que plantean que el daño moral debe ser probado, para lo cuál se ha acudido en algunos casos a la prueba pericial psicológica para dicha demostración.

Finalmente, tal como lo refiere Solari, deviene necesario que se encuentre de alguna manera acreditado que el demandado tuvo conocimiento, es decir que el progenitor haya sabido o debido saber de la existencia del hijo46.

Entonces, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, se verifica en autos, como ya se indicase en párrafos anteriores, que hubo de existir tanto conocimiento de la señora N. O.como de dónde esta residía, y derivado de ello, que la misma era progenitora del entonces menor M. J. O.; todo por parte del demandado.

El accionado C. ha reconocido que conocía a la señora O. por ser oriunda de la localidad de San Francisco, aunque luego ha negado cualquier otro tipo de vinculación con la misma, como así con su hijo, dicho extremo, tal como se refiriese, ha sido desmerecido por la colecta probatoria reunida por la parte actora en estos actuados. Es por ello, que se estima -tal como se hubo de conceptualizar el asunto desde el punto de vista doctrinario-, que C. tuvo adecuado conocimiento de la existencia del entonces menor M. J. O., y evidentemente, no podría inferirse una deducción contraria, a que si concurría a la casa de la señora O., ésta no le hubiera hecho conocer la paternidad que se le atribuía de M. J. O.

Evidentemente, dicha situación, tal como se viene indicando, hubo de concretarse en algún tipo de visitas y/o vinculación entre C. y N. O., -más allá de si se trataba de visitas al domicilio de O. en calle Estrugamou como lo afirma la testigo Mirna O. (fs. 47) o la testigo Milia Anita Zoric (fs. 48); o bien alguna relación comercial y/o también contactos con M. J. O.-, y esa conducta tiene una directa relación con la producción del daño en cabeza justamente del ahora actor.

En esta instancia del análisis es dónde cobra relevancia la pericia psicológica (fs.62/71) que se produjese en autos -no impugnada por la parte demandada-, puesto que de la misma se extraen diversas conclusiones a las que arriba la idónea que ilustran al Suscripto en lo atinente tanto al menoscabo producido en el joven O., como en lo conteste que terminan siendo las mismas con lo anteriormente referenciado relativo al contexto fáctico de la relación.

En efecto, adviértase que sostiene la perito Julieta Salcedo que «.lo que ha generado una gran crisis en la adolescencia del actor fue la aparición y desaparición de su padre. quien concurría al domicilio a visitarlo a él y a su madre y compartía momentos de cotidianeidad, como si fueran una familia constituida, y luego volvía a desaparecer; generando una gran confusión y frustración en el adolescente.» y más adelante «.este manejo que fue durante un tiempo prolongado, fue el momento de reestructuración característico de un adolescente, que generó desórdenes de distintos tipos.». En definitiva, plantea la idónea que han quedado secuelas y daño psicológico y que el actor ha padecido la sintomatología de un trastorno depresivo mayor.

Es dable entonces destacar que en ningún momento la perito psicológo Salcedo ha referido y/o precisado alguna característica y/o inferencia relativa a la posibilidad de que existiere en el joven O.-a quien examinara-, tendencia a la fabulación y/o pudiere resultar falaz en alguna de sus expresiones.

Caracterizándose entonces al daño moral como la lesión a un bien o interés extrapatrimonial, o, si se quiere con mayor precisión, como la violación de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter extrapatrimonial, puesto que lo que caracteriza al daño jurídico es la conculcación o menoscabo producido a la protección que el derecho otorga al bien que recibe tutela 47.

Entonces, teniendo en consideración lo anteriormente expuesto -en cuánto a las circunstancias del caso concreto-, deben analizarse los daños sufridos en relación con la conducta del responsable -relación de causalidad-, lo que debe concluirse en que se encuentra acreditado, desde el momento en que la pericial psicológica de fs. 62/71 ha marcado con precisión las consecuencias de la conducta desplegada por C. en relación a M. J. O., y la situación de sufrimiento que éste debió padecer por ese tipo de comportamiento, ciertamente pasible de ser caracterizado como itinerante en lo atinente a la vinculación que mantenía con su progenitora.

En definitiva, teniendo por acreditada el daño como así también la relación de causalidad entre éste y la conducta desplegada por C., como así también, la antijuridicidad de dicha conducta, resta abordar la necesidad de establecer un quántum indemnizatorio en favor de M. J. O., determinando la procedencia del rubro daño moral reclamado originariamente en la demanda inicial.

Sobre el particular reiteradamente ha dicho la Corte Suprema de Justicia que en lo concerniente a la fijación del daño moral debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de responsabilidad, y la entidad de los sufrimientos espirituales causados y por otra parte, que el reconocimiento de dicha reparación no tiene necesariamente que guardar relación el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a éste.Es por ello, que en el entendimiento de que más allá de la pericia psicológica concretada en autos, no podría inferirse una conclusión diversa en cuánto al sufrimiento que debió haber padecido M. J. O. desde el momento en que conoció cuál era su historia de vida, y también cuándo se concretaban los ocasionales encuentros con su progenitor, los cuáles en definitiva es dable inferir que eventualmente causaban un perjuicio mayor cuándo no se verificaba su continuidad en el tiempo. Es por lo indicado, que se estima prudente y equitativo establecer la indemnización por el rubro en la suma de $ 30.000.

Relativo a la temática de los intereses que deberán serle aplicados a dicha suma. Entiende el Suscripto que corresponde aplicar a la suma anteriormente establecida en concepto indemnizatorio por el rubro daño moral la tasa promedio entre activa y pasiva (sumada) -no capitalizada- del Banco de la Nación Argentina desde el momento de interposición de la demanda y hasta el término que la presente sentencia otorgará para el pago; una vez operado dicho vencimiento y hasta el momento del efectivo pago, será de aplicación la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento no capitalizada 50.

En relación a las costas, éstas se imponen a la parte demandada perdidosa.

Finalmente, resta al Suscripto efectuar -tal cuál lo realizase en otros asuntos en los cuáles se debaten cuestiones de incidencia trascendental en la existencia de las personas-, una suerte de reflexión final sobre el asunto, tomada esta vez de las lúcidas palabras de Saramago, quién ha indicado «.cuándo nacemos, cuándo entramos en este mundo, es como si firmásemos un pacto para toda la vida, pero puede suceder que un día tengamos que preguntarnos ¿quién ha firmado esto por mi?.»

Por lo expuesto;

FALLO : 1) No hacer lugar a la incidencia de tacha de testigo articulada por la parte accionada a fs.38 de las presentes, imponiéndose las costas devengadas de dicha incidencia a la parte demandada; 2) No hacer lugar a la incidencia de tacha de testigo articulada por la parte accionada a fs. 47 de las presentes, imponiéndose las costas devengadas de dicha incidencia a la parte demandada; 3) Hacer lugar a la demanda entablada declarando que el señor M. J. O., nacido en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el día 19 de marzo de 1986 e inscripta en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas bajo el Acta 264, Tomo V, Año 1986, D.N.I. N° 32.103.355, es hijo del demandado M. A. C., por lo que deberá oficiarse a sus efectos al Registro Civil pertinente, previo cumplimentar con los aportes de ley; 4) Hacer lugar a la demanda en lo atinente al rubro daño moral reclamado y en consecuencia condenar al accionado M. A. C. a abonar al actor la suma de $ 30.000 en dicho concepto, al cuál deberá adicionarsele la tasa de interés referenciada en los considerandos y en la forma allí descripta; 5) Las costas se imponen a la parte demandada perdidosa.

Insértese, agreguése copia en autos y hágase saber.

 

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