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Procede el despido indirecto en tanto existió un incumplimiento -falta de pago de remuneraciones- por parte de la patronal

Despido empleadoPartes: Luna Néstor Alfredo c/ Instituto de Psicopatología Nuestra Señora de Luján S.R.L. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 29-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83929-AR | MJJ83929 | MJJ83929

La decisión rupturista adoptada por el dependiente devino justificada en tanto existió un incumplimiento contractual grave -falta de pago de remuneraciones- por parte de la patronal.

Sumario:

1.-Corresponde mantener la condena por los rubros indemnizatorios puesto que el despido indirecto invocado como consecuencia de la falta de pago de salarios adeudados, la falta de pago del sueldo anual complementario y la deuda del adicional previsto en el art. 30 del CCT 122/75, resultó ajustado a derecho.

2.-Puesto que de la pericia contable surge que las diferencias salariales reclamadas por el actor no fueron ni siquiera liquidadas en el libro de sueldos, aun cuando la demandada negara categóricamente la existencia de deuda salarial y la procedencia del adicional del art. 30 del CCT 122/75, cabe confirmar que la deuda existió y que por ello el despido indirecto resultó justo.

3.-Teniendo en cuenta que la empleadora no cumplió con su obligación patronal de ingresar la totalidad de los aportes retenidos y que el pago del salario en el plazo establecido legalmente constituye una de las principales obligaciones que la ley le impone al empleador (art. 74 LCT.) y el carácter alimentario del mismo, el incumplimiento del mismo por parte de la patronal reviste gravedad suficiente como para justificar el despido en que se colocó el accionante (arts. 242 y 246 de la LCT.).

4.-La decisión rupturista del actor,-examinada desde la óptica de los principios de buena fe y conservación del contrato de trabajo (arts. 63 y 10 de la LCT.)-, devino justificada en tanto quedó demostrado un incumplimiento grave contractual, -falta de pago de remuneraciones-, por parte de la patronal que provocara y justificara la rescisión de la relación laboral con justa causa por parte del accionante.

Fallo:

Buenos Aires, 29/11/2013

El DR. GREGORIO CORACH dijo:

Llegan los presentes actuados a esta instancia a propósito de los agravios que, contra la sentencia de primera instancia, interpone la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 170/176 mereciendo réplica de su contraria a fs. 184. Por su parte, el experto contable recurre los estipendios que le fueran regulados por considerarlos reducidos.

Se agravia la accionada por cuanto el sentenciate «a quo» consideró ajustado a derecho la decisión rupturista adoptada. Critica la valoración de los elementos probatorios obrantes en la causa. Asimismo, se queja por el monto de condena y por la procedencia del agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323. Cuestiona la forma en que fueran impuestas las costas y los honorarios fijados por excesivos.

Anticipo que, por mi intermedio, la apelación deducida no tendrá favorable recepción.

Llega firme a esta Alzada que el vínculo laboral existente entre las partes quedó disuelto por voluntad del demandante en los términos que surgen de la misiva de fecha 24/8/2011, invocando para ello la falta de pago de salarios adeudados desde el mes de mayo de 2011, la falta de pago del sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre del año 2011 y la deuda del adicional previsto en el art. 30 del CCT 122/75.

Ahora bien, conforme surge de las constancias obrantes en la causa la demandada incumplió con las obligaciones legales a su cargo. Véase que del informe del Banco Galicia de Buenos Aires (fs. 57/86), donde la demandada le depositaba los haberes al actor, se infiere que la accionada no efectuó depósito alguno a partir de marzo de 2011 con imputación al pago de salarios.

Si bien la accionada sostiene que «el hecho de que el Banco informara que desde abril hasta agosto de 2011 no se registran depósitos no significa que el accionante no percibiera sus salarios» (ver fs.172), lo cierto es que en el presente caso no obra prueba que corrobore que el accionante percibió los montos y conceptos que reclama.

No obsta a mi ver que la accionada en la carta documento de fecha 27/7/11 negó categóricamente la existencia de deuda salarial y la procedencia del adicional del art. 30 del CCT 122/75 (postura que fuera sostenida al contestar la presente acción -ver fs. 25vta-), sin embargo no se verifican en la especie elementos probatorios que permitan corroborar tal tesitura. Repárese que el perito contador informó que el mes de agosto de 2011 no fue liquidado en el libro de sueldos, extremo que configura una anomalía en el registro laboral de la demandada.

En este sentido, advierto que la omisión de formalidades prescriptas en el art. 52 de la LCT o los defectos consignados quedan librados a la prudente apreciación judicial que debe ser ejercitada según las reglas de la sana crítica, según las particularidades del caso.

Contrariamente a lo indicado por la recurrente (fs. 171vta) de la intimación cursada por el actor no se desprende que en el mes de julio hubiera percibido los salarios anteriores, tan es así que durante el intercambio telegráfico el actor reclamo los salarios desde el mes de mayo a agosto de 2011 e incluyó estos rubros en la demanda y en la liquidación (ver fs. 13).

Si bien lo hasta aquí expuesto sella la suerte del recurso, ante los señalamientos efectuados en el memorial recursivo añado que del oficio respondido por la AFIP surge que la demandada efectuó pagos parciales de las obligaciones previsionales durante el período 8/2008 a 10/2010 y que se le adeudan los aportes desde 11/2010 hasta la fecha del distracto (ver fs.135/138).

En este orden de ideas, por las razones expuestas, teniendo en cuenta que la empleadora no cumplió con su obligación patronal de ingresar la totalidad de los aportes retenidos y que el pago del salario en el plazo establecido legalmente constituye una de las principales obligaciones que la ley le impone al empleador (art. 74 LCT) y el carácter alimentario del mismo, entiendo que el incumplimiento del mismo por parte de la patronal (esto es: el atraso del pago de salarios y la deuda salarial) -en el caso concreto- reviste gravedad suficiente como para justificar el despido en que se colocó el accionante (arts. 242 y 246 de la LCT).

Frente a lo manifestado por la quejosa en torno a la intimación que debió cursar el trabajador, cabe poner de relieve que la decisión adoptada por el dependiente examinada desde la óptica de los principios de buena fe y conservación del contrato de trabajo (arts. 63 y 10 de la LCT), devino justificada en tanto quedó demostrado en autos un incumplimiento grave contractual por parte de la patronal que provocara y justificara la rescisión de la relación laboral con justa causa por parte del accionante.

Como es sabido la valoración de la injuria debe realizarla el juzgador teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, hecho que para constituir una justa causa de despido debe revestir una magnitud de suficiente importancia para desplazar del primer plano el principio de conservación del empleo (conforme art. 10 de la LCT).

De acuerdo a lo resuelto precedentemente, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado y en consecuencia mantener la condena de los rubros indemnizatorios.

La misma suerte correrá la queja deducida respecto del agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 2 de la ley 25.323.

La requerida reitera su postura señalando que al tiempo de la intimación no se le adeudada a nada y que si algún mínimo rubro se adeudada obedeció a un error (ver fs.174), así las cosas en los términos en que se encuentra planteado el recurso no encuentro mérito para desestimar la procedencia de este concepto dado que como ya apunté en autos se verifica la existencia de obligación indemnizatoria en los términos de los arts. 232, 233 y 245 LCT y la accionada no abonó dichas indemnizaciones en tiempo oportuno.

La pretensión deducida en relación a la eximición del agravamiento indemnizatorio reseñado no puede progresar, dado que la facultad de eximición conferida por la citada norma al juez apunta a aquellos supuestos en que hayan mediado causas suficientemente objetivas que justifiquen la conducta del empleador, extremo que no se vislumbra en la causa.

Toda vez que no encuentro mérito suficiente para apartarme del principio general que rige en materia de costas, propongo mantener lo decidido en la instancia de grado teniendo en consideración que la demandada resultó vencida en lo principal (art. 68 del CPCCN).

Respecto a los honorarios, teniendo en cuenta el mérito, la extensión de la calidad de las tareas desarrolladas y de conformidad con las pautas arancelarias vigentes estimo que los emolumentos regulados a los profesionales intervinientes resultan equitativos, por lo que propiciaré que sean confirmados (art. 38 LO).

En este contexto, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 de la LO).

El DR. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Por compartir las conclusiones del voto que precede, adhiero al mismo.

El DR. DANIEL E. STORTINI: no vota (art. 125 de la LO).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios, 2) Imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del CPCCN), 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y demandada en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la etapa anterior (art. 38 de la LO), 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

ANTE MI:

R.B.

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