No corresponde admitir la existencia de mobbing pues no se presentan los componentes requeridos para la presencia del acoso laboral

mobbing2Partes: Falcón Eleonora Silvia c/ Obra Social Ceramistas y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 20-nov-2013

Cita: MJ-JU-M-83924-AR | MJJ83924 | MJJ83924

Al no encontrarse configurados los dos componentes requeridos para la presencia del acoso laboral -reiteración de episodios de hostilidad o maltrato y la intención del acosador de menospreciar, perturbar o disminuir a la víctima con la finalidad de alejarla del sector de trabajo o del establecimiento-, no corresponde admitir que la existencia de mobbing.

Sumario:

1.-No corresponde admitir que la actora padeció acoso laboral puesto que si bien los testigos afirmaron que la jefa de personal se refería a la actora en forma despectiva, también existía dicha actitud respecto de otros empleados, y además, en concreto, los testimonios brindados resultan insuficientes y poco contundentes como para concluir que existió un maltrato repetitivo y sistemático o conducta persecutoria hacia la persona de la demandante que la habilite a reclamar un resarcimiento como el pretendido.

2.-La ausencia de indicios que corroboren la presencia de un hostigamiento psíquico, permanente y sistemático, -más allá de algún episodio ocasional de maltrato laboral sufrido por la actora-, generado con el fin de provocar su despido, y siendo que incluso la perito médica psiquiátrica concluyó que la actora no padece patología psíquica actual, no corresponde admitir la existencia de mobbing.

3.-Corresponde confirmar que el despido indirecto resultó ajustado a derecho puesto que la deuda salarial denunciada fue corroborada, ya que no se encuentra acreditado el pago mediante el correspondiente recibo de sueldo o constancia de depósito bancaria; máxime siendo que el salario tiene naturaleza alimentaria y el pago del mismo es un deber inexcusable.

4.-El no pago salarial como deber inexcusable y la evidente injuria que constituye la indebida registración por parte de la empleadora de la remuneración de la trabajadora, -más allá de la entidad del importe que configure ese pago no registrado o clandestino-, constituyen injuria que justifica la decisión de la actora de resolver el contrato de trabajo por constituir estas cuestiones graves incumplimientos contractuales que no consienten la continuación de la relación (conf. arts. 74 , 128 , 242 y 246 de la LCT.).

5.-La indemnización del art. 1º de la ley 25323 y al salario base de cálculo para su determinación deben confirmarse puesto que dicha norma establece que las indemnizaciones previstas por las leyes 20744, art. 245 y 25013, art. 7º , serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido esté registrada de modo deficiente, y tal situación se configura en el presente caso.

6.-El agravamiento del art. 2º de la ley 25323 es procedente puesto que ante el fracaso de la intimación que en forma justificada le cursó la actora a la empleadora a fin de que le abone las indemnizaciones derivadas del cese, la actora se vio obligada a iniciar la presente acción en procura de sus derechos; es decir que se encuentran configurados los presupuestos previstos por la mencionada norma para la procedencia de este incremento.

7.-No corresponde la extensión de condena contra la codemandada, puesto que más allá de compartir el edificio con la empleadora, las demandadas constituyen entidades perfectamente diferenciadas conforme lo que surge del peritaje contable y los recibos de la actora, y en definitiva, quien ostentó el carácter de titular del vínculo siempre fue la Obra Social demandada y estando debidamente registrada no podía desconocer quién era su empleador.

Fallo:

Buenos Aires,20/11/2013

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 327/333 interpusieron las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 337/342 (demandada Obra Social de Ceramistas) y 345/348vta. (actora), los cuales merecieron las réplicas respectivas (fs. 350/351 y 354/357). También existen apelaciones por honorarios (ver fs. 341vta., ap. 4 y 343).

2°) Propongo dar tratamiento de comienzo al memorial recursivo de la obra social demandada.

En primer término se agravia la Obra Social de Ceramistas por cuanto la juez que me precede consideró ajustada a derecho la decisión de la actora de considerarse despedida el 17/03/2009. La recurrente cuestiona la conclusión “a quo” acerca de que existieron situaciones de maltrato laboral que habría padecido la demandante y además alega exiguo el importe en concepto de vales de comida que percibía sin documentar ($ 150 por mes), por lo que ante la ausencia de injuria de entidad tal que justifique el despido dispuesto por Falcon, solicita se revoque el fallo.

Anticipo que el planteo será desestimado.

Llega firme a esta instancia que la actora decidió extinguir el vínculo laboral con la demandada al invocar retención indebida de haberes, incumplimiento registral del contrato de trabajo y persecución laboral (ver telegrama de fs. 34, no cuestionado).

Cabe memorar que cuando se invocan varios incumplimientos para fundar la decisión rupturista -tal como ocurre en el caso bajo análisis- es sabido que basta con la acreditación de una sola causal que, por su gravedad no consienta la prosecución del vínculo para que la decisión se repute justificada (conf. S.D. Nº 3.236 del 18/02/98 del registro de esta Sala “in re”: “Caballero Héctor Ruben y otro c/ Lucchini, Hugo Alberto y otros s/despido”; entre muchas otras).

Ahora bien.No constituye materia de controversia que el salario correspondiente al mes de febrero de 2009, cuyo pago la actora intimó a la empleadora previo a colocarse en situación de despido indirecto, no se encuentra acreditado mediante el correspondiente recibo de sueldo o constancia de depósito bancaria, más allá de lo informado por el perito contador a fs. 276, pto. 6 (arts. 138 y conc. L.C.T.). Asimismo arriba firme a esa alzada que el salario de la actora se encontraba deficientemente registrado al encontrarse sin documentar los importes percibidos en concepto de “comedor” o almuerzo contra entrega de vales de comida ($ 150).

Sobre la base entonces de la naturaleza alimentaria del salario, el no pago salarial como deber inexcusable y la evidente injuria que constituye la indebida registración por parte de la empleadora de la remuneración de la trabajadora (más allá de la entidad del importe que configure ese pago no registrado o clandestino, como también invoca la aquí recurrente), entiendo -al igual que la magistrada que me ha precedido- ajustada a derecho la decisión de la actora de resolver el contrato de trabajo por constituir estas cuestiones graves incumplimientos contractuales que no consienten la continuación de la relación (conf. arts. 74, 128, 242 y 246 de la L.C.T.).

Propicio, pues, desestimar este tramo de los agravios.

3º) Lo así resuelto en el considerando precedente me conduce a declarar abstracto el tratamiento del planteo formulado por la Obra Social demandada en relación con la existencia de situaciones de maltrato laboral hacia la persona de la demandante (como concluyó la señora juez “a quo”) y si las mismas configuran injuria determinante para justificar el despido indirecto del caso.

4º) También será desatendido el cuestionamiento ceñido a la indemnización del art.1º de la ley 25.323 y al salario base de cálculo para su determinación.

La norma en cuestión, en el primer párrafo, establece que “las indemnizaciones previstas por las leyes 20.744, artículo 245 y 25.013, artículo 7º, o las que en el futuro las reemplacen, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente.” -situación esta última que se configura en el presente caso- pero nada refiere acerca de que deba tomarse como base del cálculo de este incremento solo la porción del importe no registrado -$ 150- como pretende la apelante.

Sobre tal base, no puedo más que confirmar también este segmento del fallo de grado.

5º) Idéntica solución tendrá el agravio formulado en relación con el agravamiento del art. 2º de la ley 25.323.

Obsérvese que ante el fracaso de la intimación que en forma justificada le cursó a la empleadora a fin de que le abone las indemnizaciones derivadas del cese, la actora se vio obligada a iniciar la presente acción en procura de sus derechos (ver comunicación de fs. 34 y su reiteración de fs. 29). En otras palabras, se encuentran configurados los presupuestos previstos por la mencionada norma para la procedencia de este incremento.

Asimismo resulta prudencial eximir o reducir a la apelante del monto del concepto bajo análisis en la medida en que no se acreditó un proceder que confiriera sustento a su pretensión. Remarco que la invocada diferencia entre los importes reclamados en la demanda y aquellos que en definitiva prosperaron no constituye un elemento a ponderar a los fines de evaluar la viabilidad de la reducción o eximición de esta indemnización como parece entender la recurrente.6°) Es hora de adentrarse al análisis de los agravios formulados por la actora.

La cuestión planteada en orden a la falta de extensión de la condena respecto de la codemandada Federación Obrera Ceramistas de la República Argentina no constituye una crítica razonada y concreta según lo exige de modo insoslayable el art. 116 de la L.O. sino una mera disconformidad con el fallo.

La actora argumenta que de los testimonios receptados surge que ambas demandadas -la obra social ceramista y la federación obrera- se encuentran ubicadas en el mismo edificio repartidos en diferentes pisos, a lo que se suma los denominados “vales de comida” entregados por la “Federación” y una carta documento que le remitió esta codemandada, elementos que denotan el carácter de coempleadoras de ambas entidades (condición en base a la cual fueron traídas a juicio: ver demanda). Pero lo relevante es que la parte no se hace cargo de los fundamentos esbozados por la magistrada “a quo” para desestimar la extensión de condena peticionada contra la “Federación”; esto es que más allá de compartir el mismo edificio, las demandadas constituyen entidades perfectamente diferenciadas conforme lo que surge del peritaje contable y los recibos de la actora, que quien ostentó el carácter de titular del vínculo siempre fue la Obra Social Ceramista y que estando debidamente registrada no podía desconocer quién era su empleador (ver fallo, fs. 328, considerando II).

Incluso no se logra rebatir lo concluido en el fallo en cuanto a que Falcon se desempeñó siempre en el área de afiliación de la obra social y sin prestar servicios para la federación codemandada, además de no cuestionar eficazmente los argumentos dados por la “a quo” para restarle entidad -a los fines pretendidos por la ahora apelante- a los ya aludidos vales de comida (que a todo evento fueron expresamente desconocidos a fs. 116vta. pto. 9) y a la carta documento glosada a fs.37 (por medio de la cual se le comunica una sanción disciplinaria) instrumento que aparece en el remitente como enviada por la “federación”, pero que figura suscripta por el gerente de la Obra Social Ceramista (fs. cit.).

Sobre tal base, considero razonable declarar desierto este tramo de los agravios (conf. art. 116 ant. cit.).

7°) No tendrá andamiaje la crítica atinente a la no admisión del requerido “mobbing laboral”.

Ya he sostenido que el llamado “mobbing” acontece cuando una persona o grupo de ellas, de modo repetitivo y sistemático, adoptan una conducta hostil o arbitraria contra un trabajador y consecuentemente afectan su dignidad y su salud psicofísica para disminuirlo o desprestigiarlo en el ámbito de la empresa con la finalidad (intención) de eliminarlo del cargo que ocupa o inducirlo al abandono del empleo o llevarlo a aceptar una disminución de las condiciones de trabajo. Además es necesario diferenciar lo que constituye acoso de lo que son las tensiones ordinarias que subyacen en toda comunidad de personas de las que no se encuentra exento el entorno laboral. En otras palabras, no todas las situaciones que revelen un conflicto entre un trabajador y su superior jerárquico puede calificarse sin más como acoso moral (STORTINI, Daniel Eduardo, Discriminación y violencia laboral, “Trato igualitario y acoso laboral”, t. II, pág. 445, Ed. Rubinzal – Culzoni, Bs. As., 2.009; S.D. N° 16.626 de esta Sala X del 26/05/2009 “in re” “Bayley Bustamante Lilia María c/Abeledo Gottheil Abogados SC y otro s/despido” , entre otros).

Desde dicha perspectiva de enfoque, la prueba testifical brindada en el pleito no permite corroborar que Falcon padeció acoso laboral tal como se denunció en la demanda (arts. 90 de la L.O. y 386 del C.P.C.C.N.).

Alpuy (fs. 186/8) y Zavattieri (fs.199/201) afirmaron que la jefa de personal Nilda Rodríguez se refería a la actora en forma despectiva llamándola “contadorita”. También hablaron de las respuestas poco coherentes e irrazonables por parte de esta persona ante alguna consulta que le formulara la demandante e incluso de que tenía malos modales también en el trato con los propios deponentes (Zavattieri dijo que en alguna oportunidad no autorizó la salida del edificio de la actora, y de la propia testigo, para comprar comida para almorzar “porque era muy inflexible en el tema de los horarios y los permisos”). A su vez, Alpuy agregó que vio bajar del tercer piso del edificio a la actora “y se ponía a llorar porque bajaba muy nerviosa” y que había una recepcionista que no la respetaba, no le contestaba los llamados y la trataba ma l, sin mayores precisiones. Pero lo concreto es que estos testimonios resultan insuficientes y poco contundentes como para concluir que existió un maltrato repetitivo y sistemático o conducta persecutoria hacia la persona de la demandante que la habilite a reclamar un resarcimiento como el pretendido.

De lo expuesto se aprecia la ausencia de indicios que corroboren la presencia de un hostigamiento psíquico, permanente y sistemático (más allá de algún episodio ocasional de maltrato laboral sufrido por la actora como los antes referidos) generado con el fin de provocar su despido. Incluso la perito médica psiquiátrica concluyó que Falcon no padece patología psíquica actual, a lo que se suma que a los 15 días de considerarse despedida comenzó a trabajar para otra obra social “sin problemas hasta la actualidad” (ver fs. 308vta., cuarto párrafo y conclusiones de fs. 309vta.: arts. 386 y 477 C.P.C.C.N.).

La restante testigo ofrecida a instancias de la demandante (Caamaño, fs. 203/4) relató que la veía con episodios de angustia, pero se trata en definitiva de una testigo referencial que admitió conocer el hecho por los propios comentarios de la demandante, lo que le resta entidad suasoria a su testimonio (arts.90 y 386 ant. cit.).

En definitiva, al no encontrarse configurados los dos componentes requeridos para la presencia del acoso laboral (esto es, la reiteración de episodios de hostilidad o maltrato y la intención del acosador de menospreciar, perturbar o disminuir a la víctima con la finalidad de alejarla del sector de trabajo o del establecimiento), propicio confirmar -en este tramo- el decisorio de grado.

8º) En lo tocante al planteo respecto de la indemnización del art. 80 de la L.C.T. corresponde desestimarlo sin más trámite ya que de los términos de la demanda y liquidación practicada (ver fs. 102) no resulta ser un rubro que fuera incluido o reclamado en las presentes actuaciones (conf. art. 163, inc. 6º del C.P.C.C.N.).

9º) Finalmente asiste razón a la demandante en cuanto a que corresponde incluir en el salario base de cálculo de los créditos admitidos el importe de $ 150 correspondiente a los vales de comida percibidos “en negro” en forma mensual y habitual (conf. testimoniales receptadas, comprobantes de caja de fs. 9/15 y propia manifestación de la obra social demandada en esta alzada).

De acuerdo con lo dicho, propicio modificar este aspecto del fallo atacado y recalcular los créditos diferidos a condena tomando como base un salario mensual de $ 3.839,86 ($ 150 + $ 3.689,86, correspondiente al mes de febrero de 2.009 conf. anexo de sueldos informado por el perito contador a fs. 268).

10°) En definitiva, propicio diferir a condena los siguientes rubros e importes: indemnización por antigüedad: $ 7.679,72 (2 períodos); indemnización sustitutiva de preaviso, incluido el s.a.c.: $ 4.159,84; integración del mes de despido, incluido el s.a.c.: $ 1.878,64; sueldo marzo 2009 (17 días): $ 2.105,73; s.a.c. proporcional primer semestre 2009: $ 815,45 ($ 9.785,45/12); vacaciones proporcionales 2.009, incluido el s.a.c.: $ 582,38 ($ 3.839,86/25 x 14 días x 3/12 meses); indemnización del art. 1° de la ley 25.323:$ 7.679,72 (100% de la indemnización del art. 245 L.C.T.) e incremento del art. 2º de la ley 25.323: $ 6.859,10 ($ 13.718,20 x 50%). TOTAL: $ 31.760,58.

11°) Sugiero entonces modificar el monto de condena determinado en origen elevándolo a la suma de $ 31.760,58 que devengará intereses en la forma allí establecida.

12º) Si bien por la modificación propuesta correspondería dejar sin efecto las costas de primera instancia (conf. art. 279 del C.P.C.C.CN.) postulo en este específico caso la confirmatoria de las impuestas en el fallo de grado (tanto para la acción que prosperó contra la Obra Social Ceramista como respecto del rechazo en relación con F.O.C.R.A.) en atención al principio general que rige en la materia y a los vencimientos mutuos y parciales de los litigantes, sin que deba atenerse a un criterio meramente matemático o aritmético para su fijación (conf. arts. 68 y 71 del C.P.C.C.N.).

Respecto de los honorarios corresponde adecuarlos al nuevo resultado del pleito (art. 279 cit.), lo cual torna abstracto el tratamiento de los agravios formulados en relación a este tópico.

Propongo, pues, fijar los correspondientes a la representación letrada de la actora, Obra Social Ceramistas, Federación Obrera Ceramistas de la República Argentina (ambas demandadas presentaron alegato escrito a fs. 320/323vta.), peritos médico psiquiatra y contador por sus actuaciones en primera instancia en el 16%, 12,5%, 16,5%, 7% y 7%, respectivamente. Estos porcentajes se calcularán sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses (art. 38 L.O y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto 16.638/57).

Sugiero asimismo imponer las costas de alzada a la demandada Obra Social Ceramista (art.68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes por la actora y por cada una de las demandadas en el 25% de los que les corresponda percibir por la actuación profesional en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

Voto en consecuencia, por: 1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto total de condena a la suma de $ 31.760,58 que devengará los intereses en la forma allí establecida. 2) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y fijarlos para la representación letrada de la actora, Obra Social Ceramistas, Federación Obrera Ceramistas de la República Argentina, peritos médico psiquiatra y contador por sus actuaciones en esa etapa en el 16%, 12,5%, 16,5%, 7% y 7%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses (art. 38 L.O y conc. ley arancelaria; arts. 3º y 12 del decreto 16.638/57). 3) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recursos y agravios. 4) Imponer las costas de alzada a la demandada Obra Social Ceramista (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios de los profesionales intervinientes por la actora y por cada una de las demandadas en el 25% de los que les corresponda percibir por la actuación profesional en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. GREGORIO CORACH dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Modificar la sentencia apelada y elevar el monto total de condena a la suma de $31.760,58 (PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS) que devengará los intereses en la forma allí establecida. 2) Dejar sin efecto los honorarios regulados en primera instancia y fijarlos para la representación letrada de la actora, Obra Social Ceramistas, Federación Obrera Ceramistas de la República Argentina, peritos médico psiquiatra y contador por sus actuaciones en esa etapa en el 16%, 12,5%, 16,5%, 7% y 7%, respectivamente, porcentajes que se calcularán sobre el monto definitivo de condena, incluidos los intereses. 3) Confirmar el resto de lo que ha sido materia de recursos y agravios. 4) Imponer las costas de alzada a la demandada Obra Social Ceramista y regular los honorarios de los profesionales intervinientes por la actora y por cada una de las demandadas en el 25% de los que les corresponda percibir por la actuación profesional en la anterior instancia. 5) Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

ANTE MI

M.D.

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