Procede el despido por la ausencia injustificada del trabajador que ya había sido sancionado por similares razones

Despido22Partes: Retamar, Hugo Alberto c/ Basso S.A. s/ cobro de pesos – laboral

Tribunal: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela

Fecha: 19-dic-2013

Cita: MJ-JU-M-83709-AR | MJJ83709 | MJJ83709

Legitimidad del despido decidido por el empleador ante la ausencia injustificada del actor, toda vez que ya había sido sancionado anteriormente por similares razones.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar el rechazo de la demanda, ya que la comunicación de despido cursada por la empleadora es correcta desde el aspecto formal, en tanto se consigna la configuración de una nueva inasistencia al trabajo sin justificación lo que, sumado a los antecedentes del trabajador causas similares a la invocada en el distracto, fue considerada una causa grave que impedía la continuidad del vínculo.

2.-El trabajador no cumplió con lo normado en el art. 209 LCT, en tanto establece el deber a cargo del dependiente de dar aviso de sus faltas y posterior justificación cuando ocurran razones de enfermedad o accidente inculpable, habiendo intentado aquél justificar su ausencia alegando problemas personales, por asistir a su psicóloga o por problemas familiares.

Fallo:

En la ciudad de Rafaela, a los 19 días del mes de diciembre del año dos mil trece, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Lorenzo J.M.

Macagno, Beatriz A. Abele y Alejandro A. Román, para resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes actora y demandada contra la sentencia dictada por el Señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 89 – año 2013 – Retamar, Hugo Alberto c/ “Basso S.A.” s/ Cobro de Pesos – Laboral”.- Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primero, Dr.Román; segundo, Dr. Macagno; tercera, Dra. Abele.- Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1ra.: ¿Es justa la sentencia apelada? 2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir? A la primera cuestión, el Dr.Román dijo:

A la primera cuestión, el Dr. Alejandro A. Román dijo:

1. En primera instancia, la Sentencia N° 142/2012 hace lugar parcialmente a la demanda y, como consecuencia, condena a la firma “Basso S.A.” a abonar al Sr. Hugo Roberto Retamar el día de suspensión correspondiente al 30.01.2007, con más intereses a calcular según la tasa activa para operaciones de descuento de documentos que establece el Banco de la Nación Argentina, desde que dicho rubro es debido y hasta su efectivo pago. En el mismo acto, se rechazan los demás rubros reclamados (indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso; días integrativos mes de despido; aguinaldo sobre preaviso; e indemnizaciones establecidas en las leyes 25.323 y 25.561), y se imponen las costas del pleito a la accionante (fs. 121/127).

Contra dicha decisión interponen ambos litigantes recurso de apelación parcial, haciéndolo el actor a fs. 128 y la demandada a fs. 131. Ambos planteos se proveen de conformidad, lo que habilita la intervención de este Tribunal de Alzada (fs.129 y 131vto).

2. El contenido y alcance de los respectivos recursos obran en memoriales agregados a fs. 140/143vto (actora) y 149 (demandada).

2.1. Agravios de la parte actora.

Los cuestionamientos se dirigen contra la conclusión del A quo de que el despido dispuesto por la empleadora estuvo justificado, por lo que correspondía rechazar los rubros indemnizatorios reclamados. En otros términos, que se considere que la demandada aportó pruebas que acreditaban la causal invocada, mientras que el trabajador no lo hizo con respecto a los hechos afirmados por él. Alega que el A quo se equivoca tanto en la atribución de la carga probatoria al dependiente despedido como así también en la apreciación de la prueba rendida.

Señala que al haber sido la patronal quien notificó al trabajador su despido invocando “justa causa” era quien debía asumir la carga de probar la existencia de dicha causal de despido, como así también que la misma tenía una gravedad suficiente como para justificar la ruptura del vínculo. Sin embargo, plantea que contrariamente a lo sostenido en la resolución la accionada no logró satisfacer el onus probandi que recaía sobre sus espaldas, ya que no aportó pruebas contundentes que acreditaran la existencia de aquélla causal así como la gravedad que la hiciera óbice para la continuidad del nexo.

Expresa que en el telegrama de distracto la firma demandada despide al actor, imputándole haber faltado al trabajo el 05.02.2007 (es decir, el día anterior), sin aviso y en forma injustificada, haciendo alusión a sus antecedentes. Sin embargo, dice que no está probado en la causa ni la falta de aviso, ni la falta de justificación de la inasistencia del trabajador.

Refiere y descalifica el tenor de las declaraciones que los testigos Gandini y Espíndola (fs. 74 y 75/76, respectivamente) realizan en la causa por ser en algunos aspectos contradictorias con la versión de los hechos expresada por la parte demandada y por resultar -en opinión del recurrente- poco creíbles.Por ello, endilga a esos testimonios carecer de entidad suficiente como para acreditar la causal de despido invocada.

Interpreta que distinta es la conclusión de valorar los dichos de los testigos aportados por la parte actora, los cuales no fueron adecuadamente ponderados por el A quo (declaraciones de Suárez, fs. 61/62; Defagot, fs. 66/67, así como el reconocimiento de la autenticidad del certificado presentado como prueba documental y emitido por la Psicóloga Monserrat, fs. 82).

Arguye que las constancias de autos revelan que no solamente la empleadora no logró demostrar acabadamente la justificación del despido sino que, por el contrario, quedó en evidencia su intención rupturista, al perfeccionar el despido con evidente apresuramiento y sin dar al trabajador la menor oportunidad de poder justificar su inasistencia, hasta el punto de negarse a recibir la constancia que el mismo intentó presentar al día siguiente de su ausencia, impidiéndole el ingreso y notificándole verbalmente que ya estaba despedido a través del personal de guardia.

Se agravia que el Juez de Primera Instancia haga una sobrevaloración de los contradictorios y dudosos testimonios aportados por la demandada y que desestime sin fundamentos sólidos los que fueron traídos a la causa por la parte actora, e ignore otros elementos probatorios de fundamental importancia, como la absolución de posiciones del representante legal de la accionada, para llegar a una conclusión diametralmente opuesta a la que un razonamiento lógico, con una más completa y adecuada apreciación de las pruebas y haciendo una correcta atribución de las cargas probatorias hubiera permitido obtener.

En suma, pide se revoque la sentencia recurrida y se admita lo peticionado en el escrito de demanda ordenando el pago de los rubros reclamados.

2.2 Agravios de la parte demandada.

Su queja se planea respecto a la suspensión aplicada al trabajador el día 30.01.2007, que el A quo consideró ilegítima, motivando por ello se la condene a a pagar el día no trabajado.

Indica que la sanción se fundó en que el actor se negó a cumplircon la jornada legal semanal de 48 horas. Y, discrepa con la postura del Juez de considerar que no está probado dicho incumplimiento pues, en el telegrama del 09.02.2007 el Sr. Retamar admitió que había no trabajado esas 48 horas semanales, atribuyendo a la empresa la responsabilidad por ello; mientras que, en cambio, en el escrito inicial, el actor dijo que había rechazado “verbalmente” tal sanción, lo cual no está acreditado e insistiendo con la idea que la “jornada semanal es de 44hs”.

Reitera, por lo tanto, que el actor no trabajó las 48 horas semanales, lo que no se tuvo en cuenta en la sentencia en crisis, así como tampoco que unos días antes -el 06.12.2006- se le había aplicado una sanción -consentida por el actor- por la misma razón -negarse a cumplir con la jornada de 48 horas-.

2.3. Ambas partes, a su turno, fijan sus respectivas posiciones en relación a los agravios expresados por la contraria contra la sentencia en estudio (fs. 146/148vta y 152).

Quedan por lo tanto estas actuaciones en condiciones de ser tratadas y resueltas por este Tribunal.

3. Paso ahora a analizar el planteo de la parte actora.

En dicha tarea, entiendo que es dable recordar que este Tribunal, en consonancia con la doctrina y jurisprudencia unánimes, viene reiterando que la expresión de agravios debe ser una pieza autosuficiente, que formule una crítica detallada de la sentencia impugnada para demostrar la ruptura en la línea de razonamiento de quien juzga en la etapa de conocimiento anterior, ya sea en el encuadramiento legal de los hechos, como en la valoración de la prueba o en la interpretación y aplicación del derecho. Es decir, debe demostrar que el fallo no es el resultado de un proceso de razonamiento lógico basado en las constancias de autos y en el encuadramiento legal.

Al aplicar esos conceptos al sub lite, en una detenida lectura del memorial recursivo obrante a fojas 140/143vto, advierto que no están reunidas acabadamente las exigencias que impone el art.118 de la ley 7.945. Véase que, a poco que se lo confronte con los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, se advierte que no cumple con la carga contenida en dicha norma. Es más, y para destacar, el escrito recursivo es en lo sustancial una copia textual de lo expresado en el alegato.

Se ha dicho doctrinariamente que la crítica concreta y razonada no se sustituye con la mera discrepancia, sino que implica el estudio del razonamiento del Juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas inducciones, deducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas. Por ende, el escrito debe tener por objeto demostrar, punto por punto, la existencia de errores de hecho o de derecho en que pudiera haber incurrido quien dicta la sentencia, con la indicación de las pruebas y de las normas jurídicas que el recurrente estima lo asisten, ya que disentir con la interpretación judicial, sin fundamentar la oposición o sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, no es expresar agravios (vgr. ALLOCATTI, “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo”, T. II, pág. 368). Es que para cumplir adecuadamente con lo normado por el art. 118 referido la expresión de agravios debe indicar concretamente -y rebatir- los argumentos de la sentencia, sin olvidar aquellos que sean decisivos para la suerte del pleito; y, esto último no luce cumplido en la especie.

Lo anterior, bastaría -en mi opinión- para desestimar el recurso intentado por la parte actora.

Sin embargo, tengo presente que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia ha indicado que el examen de los agravios en la segunda instancia debe ser abordado con amplitud cognoscitiva, a fin de aventar la posibilidad de incurrir en arbitrariedad en la apreciación de la suficiencia técnica del memorial respectivo (“Saucedo”, A. y S. , t 110 pág.46). Por ello, y sólo para brindar otros fundamentos que se agregan a lo in dicado en los párrafos anteriores, abordaré el análisis de los reproches expresados por la actora.

En ese orden, el déficit que ostenta el escrito recursivo se patentiza porque hay un punto esencial, abordado correctamente por el A quo que no ha sido concretamente objeto de crítica.

El punto inicial de su análisis está en que la comunicación de despido (del 06.02.2007) es correcta desde el aspecto formal, según la ley laboral (art. 242, LCT).

Allí, se consigna la configuración de una nueva inasistencia al trabajo sin justificación lo que, sumado a los antecedentes del trabajador, fue considerada una causa grave que impedía la continuidad del vínculo.

El Judicante parte de tener en cuenta los antecedentes del trabajador, reconocidos casi en su totalidad por éste; concretamente, me refiero -como lo hace el Judicante- a las sanciones aplicadas al Sr. Retamar que tienen origen en tardanzas, faltas sin aviso o por no presentarse a trabajar; es decir, refieren a causas similares a la invocada en el distracto.

Nada de esto ha sido criticado.

Luego, determinado el tópico sobre el cual gira el análisis de los hechos que preceden al litigio, el Sr. Juez de la instancia anterior destaca que el trabajador dio distintas razones para explicar su ausencia: problemas personales (en el TCL 63477962 del 09.02.2007), que no concurría a trabajar para asistir de su psicóloga (escrito de demanda, fs. 13) o que había faltado por problemas familiares (audiencia regulada por el art. 51 CPL, fs. 33 vta, pos. 3). Y, que en función de ello entendía aplicable al caso lo normado en el art. 209 LCT en tanto establece el deber a cargo del dependiente de dar aviso de sus faltas y posterior justificación cunado ocurran razones de enfermedad o accidente inculpable.

Tampoco dicho encuadre -que, por otro lado, en mi opinión es correcto- ha sido objeto de cuestionamiento alguno.Ello, implica tener al actor apelante como conforme también con lo decidido en ese aspecto del fallo.

Esto es así, aún cuando alegue equivocación en la atribución de la carga probatoria efectuada por el A quo, lo que evidencia más bien el mero disenso de la interesada con lo resuelto. Obsérvese que, por el contrario, en la resolución se argumenta que al estar reconocidos la inasistencia y los antecedentes disciplinarios, “.queda el hecho de no avisar ni justificar como materia de prueba a cargo de la demandada” (fs. 123 vta).

Tampoco se hace cargo el actor recurrente de que el Sr. Juez destaca que el propio accionante ha referido que no llegó a presentar el certificado médico ese día, así como que tampoco ve razones para desechar testigos que considera idóneos (Gandini, fs. 74; Espíndola, fs. 75) y que “no fueron tachados en su momento” por la parte actora, dando respuesta a un desarrollo argumental introducido en el alegato -que, vuelvo a destacar, luce reproducido literalmente en la expresión de agravios presentado en esta instancia-. O bien, que según un testigo aportado por el trabajador (Defagot, fs. 66), en ninguna de sus respuestas surge cuándo es que acompañó al actor a la empresa a presentar el certificado médico, el que finalmente no se llegó a presentar, ni cuál era su contenido.

Otra de las motivaciones de la resolución, que no lucen debidamente impugnadas, hicieron hincapié en el reconocimiento de documental efectuado por la Psicóloga tratante del actor (fs. 93), instrumento del que surge que, si bien debía alejarse de sus tareas, no se explica adecuadamente el porqué, desde cuándo estaba en tratamiento, porqué faltó el día 05.02.200 y no antes por dicho motivo o porqué no se denunció antes esa situación a su empleador.

En suma, entiendo que no le asiste razón al recurrente y, por lo tanto, no corresponde revocar la sentencia de primera instancia, en tanto ha sido materia de revisión.

4.Distinta es la solución a adoptar respecto al recurso interpuesto por la parte demandada.

Aquí el punto en discusión, lo recuerdo, es la suspensión del 30.01.2007, sanción aplicada sólo por ese día por no haber cumplido el horario de 48 horas semanales. El Sr. Juez no la tuvo en cuenta porque había sido rechazada por el trabajador y no existían pruebas por parte de la demandada.

Sin embargo, en un detenido análisis de la cuestión, discrepo respetuosamente con la conclusión del A quo. Ello así, en primer lugar, porque está admitido por el propio Retamar que no laboró ese día. Y, en segundo orden, porque el actor alega haber rechazado verbalmente la sanción; sin embargo, no hay pruebas que acrediten dichos extremos. Al contrario, luce su rúbrica inserta en la notificación efectuada (por lo demás, reconocida, fs. 34 vta) y si bien no se aceptan en el acto de reconocimiento de documental las causas invocadas en la nota donde se comunica la sanción, lo cierto es que ello no es suficiente para reputar una impugnación cierta, concreta y temporánea con la decisión empresaria. Máxime, cuando ello no surge de ningún otro elemento probatorio incorporado a la causa.

Ello, pienso, es suficiente a los fines de tener por justificada la sanción aplicada; sin que corresponda expedirme sobre la extensión de la jornada legal por semana. Ergo, corresponde admitir la apelación parcial interpuesta por la parte demandada y modificar en el punto la resolución en crisis, en cuanto ha sido materia de recurso.

5. Por lo tanto, mi respuesta a la pregunta inicial es parcialmente negativa; haciendo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y rechazando el planteo introducido por la parte actora.

Así voto.

A la misma cuestión, el Dr. Macagno dijo que, haciendo suyos los conceptos y conclusiones a que arribara el Dr.Román, votaba en el mismo sentido.

A la misma cuestión, la Dra.Abele dijo que, ante la existencia de dos votos concordantes se abstiene de emitir opinión (art.26 Ley 10.160).

A la segunda cuestión, el Dr.Román dijo:

Como consecuencia del estudio realizado a la primera cuestión, propongo a mis colegas dictar la siguiente resolución: 1) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte actora. 2) Admitir el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte demandada, en cuanto ha sido materia de revisión. En consecuencia, se revoca la sentencia en cuanto considera ilegítima la suspensión aplicada el día 30 de enero de 2007 y condena a pagar el día no trabajado. 3) Imponer las costas en Alzada a la parte actora. 4) Regular los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se establezcan en la instancia de origen.

Así voto.

A la misma cuestión, el Dr. Macagno dijo que la resolución que correspondía adoptarse era la propuesta por el Juez de Cámara preopinante, y así votó.

A la misma cuestión, la Dra.Abele dijo que, ante la existencia de dos votos concordantes se abstiene de emitir opinión (art.26 Ley 10.160).

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL,

RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte actora. 2) Admitir el recurso de apelación parcial interpuesto por la parte demandada, en cuanto ha sido materia de revisión. En consecuencia, se revoca la sentencia en cuanto considera ilegítima la suspensión aplicada el día 30 de enero de 2007 y condena a pagar el día no trabajado. 3) Imponer las costas en Alzada a la parte actora. 4) Regular los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se establezcan en la instancia de origen.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

Alejandro A. Román – Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno – Juez de Cámara

Beatriz A.Abele – Juez de

Se abstiene Marcela H.Zanutigh Abogada-Secretaria

 

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