Resultó desproporcionado el despido del gerente que dispuso el pago de horas extras no trabajadas a otro empleado

Despido empleadoPartes: Taverna Francisco Eduardo c/ Ford Argentina S.C.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: II

Fecha: 30-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82889-AR | MJJ82889 | MJJ82889

Teniendo en cuenta la antigüedad y la ausencia de sanciones disciplinarias, resultó desproporcionado el despido del gerente que dispuso el pago de horas extras no trabajadas a otro empleado.

Sumario:

1.-Corresponde modificar parcialmente el fallo apelado pues resultó desproporcionado el despido del actor decidido por la demandada, quien en su calidad de gerente dispuso el pago de horas extras no trabajadas a otro empleado, pues no se tuvo en cuenta su trayectoria en la empresa a lo largo de veintiocho años de trabajo, así como la total ausencia de antecedentes disciplinarios; así, el empleador tenía a su alcance otras sanciones adecuadas y proporcionadas que no fueron puestas en funcionamiento, debiendo destacarse que asistía legalmente al empleador, incluso, el derecho de suspender al trabajador hasta treinta días sin goce de sueldo.

2.-Corresponde reconocer al actor el derecho al beneficio del plan de pensiones por cuanto constituye un derecho adquirido en cabeza del trabajador en virtud de los aportes por el realizados y una obligación nacida del contrato que vinculó a las par-tes; en efecto, aún cuando el empleador determinara las causas de su pérdida o los requisitos para su percepción en virtud de la regla de irrenunciabilidad corresponde al juzgador declarar la nulidad de toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos en los contratos individuales de trabajo ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción.

3.-Resulta manifiesto el carácter de abusivas de las cláusulas del convenio que, por un lado obliga al trabajador a realizar contribuciones en forma mensual e ininterrumpida para acceder a determinado beneficio pero, por otra parte, reserva exclusivamente a la empresa la potestad de otorgarlo, desde que deja librado a la decisión y arbitrio unilateral del empleador su otorgamiento (pues bastaría con despedir al dependiente sin causa o no arribar a un acuerdo de desvinculación para negar el acceso al beneficio), así como la facultad de modificar, suspender o finalizar el plan de manera unilateral.

4.-El servicio de medicina prepaga no reconoce estrictamente su causa en el contrato de trabajo sino en los denominados beneficios sociales , por los cuales se tiende a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de su grupo familiar con independencia del tiempo trabajado o su rendimiento; por ello, no es una contraprestación del trabajo sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades, constituyendo un modo de asunción por parte del empleador de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados.

5.-Si bien la magistrada de grado concluyó que el actor padece hipoacusia, la que lo incapacita en el 5,20% de la T.O., el perito ingeniero determinó, a través de mediciones sonoras, la inexistencia de ruidos por encima del nivel máximo permitido para la jornada diaria de ocho horas; y tratándose de un reclamo por la vía civil corres-pondía al actor acreditar no sólo el daño sino también la existencia de un nexo causal adecuado entre la incapacidad y el sometimiento al agente de riesgo con virtualidad para ocasionar el daño denunciado.

Fallo:

VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, el 30-10-2013, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en au-tos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación:

El Dr. Miguel Ángel Maza dijo:

I. Contra la sentencia de primera instancia dictada por la Dra. Ana A. Barilaro (fs. 687/693), que receptó parcialmente la acción por despido entablada y rechazó el reclamo por enfermedad laboral, ambos deducidos contra Ford Argentina S.C.A. se alzan: la empleadora en los términos del recurso que luce a fs. 709/714 (replicado por la parte actora a fs. 731/733) y el accionante de conformidad con la apelación de fs. 716/726 (respondida por la contraparte a fs. 742/743).

Por su parte, los Dres. Cintran y Bolado (fs. 696), la perito ingeniera (fs. 705) y el perito contador (fs. 707) apelan los honorarios regula-dos por considerarlos reducidos.

II. Analizaré en primer lugar el recurso de la parte demandada que insiste en la legitimidad del despido dispuesto.

Sobre el particular señalo que el actor, Gerente de la firma demandada, fue despedido por haber autorizado el pago de horas extras a un trabajador que no las había realizado. La magistrada de grado consideró incumplido el recaudo del art. 243 de la L.C.T. pues en la misiva rupturista no se individualizó el nombre de aquel trabajador al tiempo que consideró desproporcionada la medida dispuesta.

II. En orden al primer agravio deducido por la empresa accionada, he de señalar que si bien no comparto la decisión de la Sra. Jueza a quo en cuanto considera insuficiente el despacho rescisorio por haber omitido individualizar el nombre del trabajador a cuyo favor se dispuso el pago de horas extras no trabajadas, dado que conforme la respuesta del actor (v. fs. 6) no existían dudas para ninguna de las partes de que se trataba del Sr.Di Ninno, lo cierto es que comparto el fundamento que considera “desproporcional” la medida rescisoria arbitrada.

En efecto, no sólo llega firme a esta alzada la existencia de un grave y reprochable incumplimiento por parte del actor, personal jerárquico de la demandada, sino también su trayectoria en la empresa a lo largo de 28 años de trabajo, así como la total ausencia de antecedentes disciplinarios.

Por eso, advirtiendo la intachable conducta del actor durante largos años de trabajo, considero que resulta desproporcionado el des-pido dispuesto por el principal ante el incumplimiento denunciado considerando en particular que, antes de decidir el despido, el empleador tenía a su alcance otras sanciones adecuadas y proporcionadas que no fueron puestas en funcionamiento, debiendo destacarse que asistía legalmente al empleador, incluso, el derecho de sus-pender al trabajador hasta 30 días sin goce de sueldo.

Y ello no significa avalar la conducta del trabajador que ha transgredido la confianza del principal, máxime cuando su función jerárquica impone mayor fidelidad, ni pretender que el empleador sea indiferente ante las inconductas o transgresiones vinculadas a los deberes delegados a su cargo por su posición en la estructura de la empresa, sino que, para efectivizar el logro de los objetivos de cada parte, es necesario agotar las herramientas dadas por el derecho teniendo siempre en miras la perdurabilidadad de la relación laboral hasta que, en efecto, la prosecución de la misma no sea ya posible, circunstancias que no encuentro presentes en la especie por tratarse de un único hecho aislado en 28 años de trabajo.

En virtud de lo expuesto, propicio confirmar el decisorio de grado toda vez que corresponde considerar injustificado por desproporcionado el despido dispuesto por la accionada en perjuicio del actor (arts. 10, 62/3 y 242 L.C.T.).

III. La confirmación que dejo propuesta para dar solución al pri-mer agravio, ME conduce a examinar las críticas vinculadas a los rubros y montos indemnizatorios deducidos por ambas partes, los que serán abordados seguidamente:

Haberes Diciembre 2007, vacaciones proporcionales y S.A.C. proporcional:La demandada afirma que dichos rubros fueron oportunamentemente abonados al accionante, conforme surge del Anexo A adjuntado por el perito contador. Sin embargo la queja expuesta en tales términos deberá ser desestimada pues el apelante soslaya el aspecto central de esta decisión en cuanto funda la procedencia de tales rubros en la omisión de la demandada de acreditar, mediante la presentación de recibos suscriptos por el accionante, la cancelación de los haberes y beneficios sociales insertos en la liquidación de fs. 10vta.

Por ello, la ausencia de prueba documental (recibos de habe-res) e informativa (a la entidad bancaria en la que el actor tenía su cuenta sueldo) que acredite los pagos de los créditos reclamados (arts. 125 y 138 L.C.T.) sella la suerte del recurso en sentido adverso al de la demandada.

Pension Plan: la magistrada de grado rechazó el pedido de indemnización “pensión plan” por cuanto es requisito para obtener el beneficio extinguir la relación laboral por renuncia o mutuo acuerdo de partes en los términos de los artículos 240 y 241 de la L.C.T. (cfrme. cláusula 4 pto. 4.1. fs. 145) y, dado que el actor fue despedido, consideró que no le asistía derecho a acceder a dicho beneficio.

Ahora bien, resulta claro que el plan de pensiones tiene como objetivo mejorar las prestaciones del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de los participantes del Plan (entre ello, el actor, v. fs. 144) a través de un beneficio suplementario otorgado al personal en relación de dependencia, y que la financiación del sistema es compartido entre Ford y el participante en partes iguales.

Tampoco se encuentra discutido que sólo se accede al beneficio en caso de que la relación se extinga por renuncia, mutuo acuerdo o invalidez to-tal y permanente en actividad y que, contrariamente, se pierde el mismo por despido de Ford con o sin causa justificada (v. fs.145 ptos 4 y 5).

A mi modo de ver, corresponderá reconocer al actor el dere-cho al beneficio del plan de pensiones por cuanto constituye un derecho adquirido en cabeza del trabajador en virtud de los aportes por el realizados y una obligación na-cida del contrato que vinculó a las partes. En efecto, aún cuando el empleador de-terminara las causas de su pérdida o los requisitos para su percepción, lo cierto es que en virtud de la regla de irrenunciabilidad corresponde al juzgador declarar la nulidad toda convención de partes que suprima o reduzca derechos previstos en los contratos individuales de trabajo ya sea al tiempo de su celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos provenientes de su extinción (cfrme. art. 12 L.R.C.) y, en la especie, el contrato de adhesión celebrado por las partes conlleva a una evi-dente renuncia de derechos que se ha materializado en el caso bajo análisis.

En efecto, resultan manifiesto el carácter de abusivas de las cláusulas del convenio que, por un lado obliga al trabajador a realizar contribuciones en forma mensual e ininterrumpida para acceder a determinado beneficio pero, por otra parte, reserva exclusivamente a la empresa la potestad de otorgarlo, desde que deja librado a la decisión y arbitrio unilateral del empleador su otorgamiento (pues bastaría con despedir al dependiente sin causa o no arribar a un acuerdo de desvinculación para negar el acceso al beneficio), así como la facultad de modificar, suspender o finalizar el plan de manera unilateral (v. clausula 10 fs. 147).

Adviértase que el beneficio se pierde cuando el trabajador de-ja de realizar las contribuciones a su cargo en forma mensual e ininterrumpida (v. cláusula 5 pto. 2 fs. 145), pero ninguna sanción acarrea el incumplimiento del empleador en el mismo sentido.Por otra parte, resulta evidente que aún cuando el trabajador cumplimente todos los requisitos exigidos para acceder al beneficio (desempeñarse en relación de dependencia de Ford, pertenecer al nivel gerencial, realizar las contribuciones en forma mensual e ininterrumpida, no hacer el rescate anticipado total o parcialmente), es la mera voluntad del empleador la que, en definitiva, otorga el derecho al dependiente de acceder al beneficio dado que el despido con o sin causa decidido por el empleador, acarrea la pérdida del beneficio y la consecuente pérdida de los aportes realizados por el trabajador.

En efecto, y tal como sucede en el caso de autos, el trabajador que reúne todos los requisitos impuestos por el empleador no puede acceder al beneficio pues basta una injustificada decisión de la demandada (vgr., despido injusto), para negarle el derecho del dependiente al goce del beneficio pese a haber cumplido la totalidad de los requisitos impuestos. Aceptar la validez de ese reglamento permitiría a la demandada, a su libre arbitrio, frustrar bajo su exclusiva voluntad potestativa, el derecho al beneficio de un trabajador que, como el actor, prácticamente dedicó su vida laboral a la empresa.

En consecuencia, resulta arbitraria e injustificada la decisión del empleador de negarle al trabajador el derecho al acceso al beneficio si este cumplimentó las obligaciones a su cargo, por lo que corresponderá reconocerle al actor el derecho al cobro, mediante depósito único, la suma de $389.239,22 -reclamada a fs. 37, que guarda relación con la indicada por el perito contador a fs. 386/501 y el informe de fs. 344/352- en concepto de “Pension Plan”, suma que deberá llevar intereses a partir del momento de la desvinculación laboral del participante (v. cláusula 9 pto. 1., fs. 146).

La magistrada de grado rechazó este rubro pues consideró que el aguinaldo proporcional solo prospera sobre conceptos de naturaleza salarial.Las “vacaciones proporcionales” representan la suma de dinero que se debe abonar al exdependiente como compensación por la extinción anticipada del contrato dado que esta decisión impidió al dependiente gozar del derecho de la licencia anual adquirida con motivo del tiempo trabajado para su empleador y, toda vez que las vacaciones devengan S.A.C., no resulta lógico que el trabajador se vea perjudicado con la eximición de abonar esa incidencia que hubiera percibido si el contrato permanecía vigente y, efectivamente, hubiera gozado de las vacaciones que ahora abona en dinero.

En tal sentido, sugiero receptar la queja y condenar a la demandada a abonar la suma de $1.545,83 ($18.550 / 12) en concepto de Multa art. 80 L.C.T.: El accionante insiste en la procedencia de la multa reclamada, invocando como único fundamento la presunta inconstitucionalidad del dto. 146/01 en cuanto impone la obligación de intimar al empleador en determinado plazo y forma, no exigida por la 20.744.

Sin perjuicio del esfuerzo argumental desplegado en el recurso, no puedo soslayar que el planteo articulado resulta novedoso y no es posible tratar en esta alzada cuestiones que no han sido sometidas a consideración de la Sra. Juez de grado dado que conforme lo prescripto por el art. 277 del CPCCN “el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia”, ya que de lo contrario me apartaría de los hechos controvertidos y soslayaría el principio de congruencia (art. 163 CPCCN) atentando contra el derecho de defensa en juicio de la parte demandada.

Sin perjuicio de ello, el cuestionamiento que recae sobre la constitucionalidad de la norma referida (dto. 146/01), me permito señalar que esta Sala tiene dicho que la disposición reglamentaria no sería irrazonable y no puede valorarse como excesivamente formalista el cumplimiento de la exigencia contenida en ella.En efecto, este Tribunal ha dicho en casos análogos (entre otros “Romero, Miryam del Valle c/ Talemar SRL s/ despido”, SD N° 95.659 del 04-04-08) que la referida reglamentación, al establecer un plazo prudencial para el cumplimiento de la obligación que establece el art. 80 LCT y exigir un requerimiento fehaciente, no resulta contrapuesta a la directiva legal ni se aparta del espíritu de la norma porque la confección del certificado y la posterior certificación de firmas son diligencias necesarias que pueden llegar a insumir un cierto número de días.

Por lo expuesto, sugiero desestimar este tramo del recurso.

Art. 2 ley 25.323: Corresponde rechazar el recurso relativo al reclamo de la indemnización del art. 2 ley 25.323 habida cuenta que el trabajador no intimó fehacientemente, tal como lo exige la norma, al pago de las

“indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233 y 245 de la Ley 20.744” sino que se limitó a solicitar las indemnizaciones laborales, conforme surge de las misivas acompañadas a fs. 6 y 7, por lo que, no advierto en la especie cumplidos los requisitos exigidos por la normas para la procedencia de la indemnización especial o que me conduce a sugerir la confirmación del decisorio de grado en este aspecto.

Medicina particular, colegio y transporte de hija, tratamiento psicológico esposa: Sobre el particular debo señalar que, sin perjuicio de los fundamentos utilizados por la magistrada de grado para rechazar la inclusión de dichos rubros en la base de cálculo -falta de acreditación de pago- lo cierto es que de los propios términos de la demanda surge que el empleador se comprometió a reintegrar los gastos en los que incurriera el dependiente con motivo del colegio diferencia de su hija y el transporte escolar, el tratamiento psicológico de su esposa y, finalmente, un plan asistencial del grupo familiar (v. fs.31vta.).

En este sentido, advierto que el reconocimiento de pago de sumas determinadas ($12.50, $122,50 y $1300 por cada ítem) imputables al pago de servicios específicos, imponían al accionante la prueba de que estas respondían a una causa distinta como para otorgarles carácter remuneratorio, máxime teniendo en cuenta que el trabajador percibía un salario registrado correctamente y no adujo haber pactado con su empleador un salario superior al abonado que se liquidaba fraudulentamente bajo la denominación de otros conceptos, por lo que no existe un solo argumento o prueba que me conduzca a suponer que los montos depositados eran remunerativos y sobre todo que tenían origen en la prestación de servicios.

Por el contrario, de las propias afirmaciones del demandante surge que, efectivamente, percibió el reintegro de gastos correspondientes al transporte escolar y colegio de su hija, el tratamiento psicológico de su esposa y una cobertura médica del grupo familiar, circunstancia ésta que excluye el carácter salarial de dichas sumas. Indudablemente, lo pagado bajo tal imputación no ha tenido carácter salarial pues no retribuyó los servicios sino que compensó gastos efectivamente efectuados (conf. arts. 103 y 106 LCT), en una clara muestra de solidaridad de su empleador.

Así, esta sala tiene dicho (“Kohan, Guillermo c/ Editorial Amfin SA s/ despido” CNAT Sala II, 12/2/01) que el servicio de medicina prepaga no reconoce estrictamente su causa en el contrato de trabajo sino en los de-nominados “beneficios sociales” por los cuales se tiende a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de su grupo familiar con independencia del tiempo trabajado o su rendimiento. No es una contraprestación del trabajo sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades, constituyendo un modo de asunción por parte del empleador de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados.El decreto 137/97 ha receptado en cierta forma el criterio jurisprudencial reseñado al determinar que los gastos efectuados para el pago de servicios médicos de asistencia y prevención al trabajador o su familia a cargo se considerarán como gastos médicos en los términos del inc. d) del art. 103 bis de la LCT, careciendo de naturaleza remuneratoria.

Igual temperamento corresponde adoptar para el reintegro de gastos de transporte y colegio de la hija del trabajador.

Por lo expuesto, sugiero desestimar este tramo del recurso.

Plus vacacional: Esta queja deberá, a mi juicio, ser desestimada in limine puesto que el actor se limita a hacer una afirmación de carácter dogmático que no llega a constituir un crítica concreta y razonada del decisorio que ataca, al tiempo que tampoco fundamento en el caso particular los elementos de juicio que respaldarían su tesis. Sobre el particular he de señalar que, a mi juicio, el escrito recursivo no cumplimenta el recaudo de admisibilidad formal previsto en el art. 116 de la LO, porque se basa en consideraciones de carácter genérico que no llegan a constituir una crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que se estiman equivocadas. Creo conveniente recordar aquí que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia recurrida, a través de argumentos tendientes a descalificar los fundamentos en los que se sustenta la solución adoptada en el decisorio, mediante la invocación de la prueba cuya valoración se considera desacertada o a la puesta de manifiesto de la incorrecta interpretación del derecho declarado aplicable a la controversia (art. 116 LO). A tal fin, se debe demostrar, punto por punto, la existencia de los errores de hecho o de derecho en los que pudiera haber incurrido el juzgador y se deben indicar en forma precisa las pruebas y las normas jurídicas que el recurrente estime le asisten (cfr. esta Sala, in re: “Tapia, Román c/ Pedelaborde, Roberto”, S.D.N°73117, DEL 30/03/94, entre otras).

La insuficiencia formal puntada basta para desestimar -sin más- la procedencia del agravio.

Prorrateo del bonus: En cuanto a la queja del actor que cuestiona la decisión de grado de no incluir lo percibido en concepto de “bonus” sobre la base de cálculo del art. 245 de la L.C.T., considero que no asiste razón al apelante y, en consecuencia, corresponderá confirmar el decisorio de grado.

Creo conveniente aclarar en forma preliminar que, a mi juicio, la derogación de los arts. 302/303 del CPCCCN por parte del art. 12 de la ley 26.853 no resulta aún operativa a tenor de lo dispuesto por el art. 15 de dicha ley, de manera que deberían considerarse ultractivos y, por ende, vigentes las doctrinas plenarias sentadas por esta Cámara y con efecto obligatorio.

No obstante ello, aún de no ser así, creo que resultar-ía de todas maneras conveniente, por razones de seguridad y previsibilidad jurídica -y por imperio de la lógica- seguir los criterios uniformadores derivados de la muy rica doctrina sentada por esta Cámara desde agosto de 1946.De ahí que, si se considerase que los Acuerdos Plenarios han perdido vigencia obligatoria, me parecería adecuado seguir aplicando las doctrinas sentadas por este prestigioso cuerpo especializado en forma potestativa.

Dicho ello, no advierto acreditado, en lo que respecta al pago de la mentada bonificación, la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral y por ende no cabe apartarse de la doctrina fijada por la CNAT en el Acuerdo Plenario Nº 322 – Acta 2547 del 19/11/09 “Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina s/ Ley 25.561” que establece que “descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 245 de la LCT”.

En el caso, más allá de la insuficiencia probatoria ad-vertida a los fines de acreditar las pautas para la determinación del quantum del bonus, lo cierto es que no se denunció ni probó acto fraudulento alguno que permita considerar la alternativa de incluir dicho rubro a la base de cálculo del art. 245 de la L.C.T. y, además, los argumentos que ensaya a fs. 722 y sstes. fueron los que lleva-ron al acuerdo pl enario que concluyó en la doctrina fijada por los integrantes de esta Cámara, por lo que habré de remitirme a ella y, en consecuencia, desestimar la queja intentada.

Ocasión de ganancia de vehículo: al respecto el accionante pretende se incluya en la base de cálculo del art. 245 de la L.C.T. el rubro oca-sión de ganancia por el diferencial de compra de vehículo.Resulta evidente que esta diferencia entre la compra de un automóvil a precio preferencial y la ganancia por la venta privada al precio habitual de mercado no puede incluirse en la base de cálculo indemnizatorio no sólo porque la diferencia que pretende computar sobre su salario el accionante es el precio que paga un tercero en el negocio privado entre el actor y este, respecto del cual la empresa no participa, sino que se trata de un negocio eventual, de resultado incierto, que no genera un derecho adquirido que pueda ser exigido judicialmente por el trabajador.

En efecto, lo único que la empresa otorga al actor es, por su condición de empleado, una tarifa preferencial en la compra de un automóvil y resulta evidente que este beneficio no puede ser -ni lo fue durante la relación laboral- sustituible en dinero, por lo que la liberalidad del empleador que no tuvo como fuente la producción del trabajador sino su condición de empleado de la firma no puede obligar al empleador más allá de los límites en los que se establece el compromiso de venta a un precio diferencial respecto del precio del mercado.

Por lo expuesto, corresponde desestimar también este tramo de la queja.

Gastos de vehículo: igual suerte correrá el reclamo en concepto de “reintegro de gastos de vehículo”, toda vez que el art. 105 inc. b) expresamente excluye de la remuneración “b) Los reintegros de gastos sin comprobantes correspondientes al uso del automóvil de propiedad de la empresa o del empleado.”.

IV.Finalmente se agravia el accionante por la desestimación del reclamo de reparación integral de la presunta enfermedad profesional que padece (hipoacusia).

Al respecto, la magistrada de grado concluyó que, aún cuando el actor padece la patología invocada, la que lo incapacita en el 5,20% de la T.O., lo cierto es que el perito ingeniero determinó, a través de mediciones sonoras, la inexistencia de ruidos por encima del nivel máximo permitido para la jornada diaria de 8 horas.

Ahora bien, tratándose de un reclamo por la vía civil correspondía al actor acreditar no sólo el daño sino también la existencia de un nexo causal adecuado entre la incapacidad y el sometimiento al agente de riesgo con virtualidad para ocasionar el daño denunciado.

En este aspecto, no advierto que el recurso logre conmover la decisión en crisis pues el apelante se limita a insistir en que ingresó a laborar sin la disminución auditiva que hoy padece y que el perito habría omitido decir en qué sectores trabajó el actor, al tiempo que también habría omitido efectuar medición de ruido y vibraciones dentro de la oficina.

Siendo así, resulta manifiesta la insuficiencia del recurso pues, más allá de la duda que pretende implantar, lo cierto es que no afirma en modo alguno que el actor se desempeñó en sectores distintos respecto de los cuales se graduó el nivel sonoro, al tiempo que tampoco afirma que el ruido y vibraciones dentro de la oficina fueran superiores a los observados en las inmediaciones de la misma, es decir, en la planta propiamente dicha.Por otra parte, resulta inverosímil pretender que el ruido imperante dentro de las oficinas en las que trabajaba el actor, sea superior al detectado por el perito en la zona de la planta fabril de la empresa Ford.

En definitiva, el actor no afirma que de haberse efectuado esta medición en la oficina, ello hubiera arrojado un resultado de ruido ambiental sonoro superior al que puede tolerar sin consecuencias lesivas el oído humano, que además aparece como altamente improbable, omisión que me conduce a confirmar el rechazo dispuesto en grado ante la insuficiencia del planteo recursivo, en la medida en que, pese al esfuerzo argumental desplegado, no logra demostrar la existencia de un nexo causal adecuado entre la afección y el trabajo prestado a favor de la demandada.

V. Por todo lo expuesto, corresponderá adicionar al monto de condena fijado en grado la suma de $389.239,22 en concepto de “Pensión Plan”, así como la suma de $1.545,83 en concepto de S.A.C. s/ vacaciones, sumas que llevarán los intereses fijados en grado.

VII. El resultado que propicio implica una modificación del decisorio atacado, circunstancia que -de conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del CPCCN- conduce a reexaminar las costas allí determinadas.

En orden al reclamo salarial e indemnizatorio deducido con motivo de la extinción del contrato de trabajo, sugiero imponer las costas en un 80% a cargo de la parte demandada y un 20% por ciento a cargo de la parte actora, atento a los vencimiento recíprocos (cfrme. arts. 68 parr. 2 y 71 CPCCN). Cabe añadir que la fijación no resulta ser una cuestión meramente matemática, en la medida que los jueces, no solamente deben tener en consideración la cuantía por la que prosperan los créditos, sino esencialmente los motivos por los cuales se llega al litigio.En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada, de la perito contadora en el 15%, 13% y 5% del monto to-tal de condena -capital mas intereses- (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243).

En orden al reclamo indemnizatorio por daños en la salud psicofísica, rechazado, sugiero imponer las costas a cargo de la parte actora vencida, en virtud del principio objetivo de derrota (art. 68 CPCCN).

En orden a ello, y en atención a la extensión y calidad de las tareas realizadas, el valor económico del litigio y los mínimos arancelarios vigentes, sugiero regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada, de la perito médica e ingeniero en el 12%, 16%, 5% y 5% del monto nominal reclamado ($127.000) sin intereses (cfr. arts. 38 LO, 6, 7, 9, 19, 37, y 39 de la ley 21.839 y dto. 16.638/57 y ley 20.243).

Las costas de alzada sugiero imponerlas a cargo de la parte demandada vencida en este tramo del proceso (art. 68 CPCCN).

En tal sentido, corresponde regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora y de la demandada por los trabajos en esta instancia en un 25% de lo que en definitiva le corresponda a cada una de ellas por sus labores ante la primera instancia (art. 14 ley 21.839).

Miguel Ángel Pirolo dijo:

Que adhiere a las conclusiones del voto del Dr. Miguel Ángel Maza, por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 segunda parte, ley 18.345) el Tribunal RESUELVE:1) Modificar parcialmente el decisorio de grado y elevar el monto de condena a la suma de pesos setecientos seis mil cuatrocientos ochenta y siete con 54/100 ($706.487,54) más los intereses fijados en grado; 2) Imponer las costas de primera instancia por la acción fundada en la L.C.T., en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la parte de-mandada y un veinte por ciento (20%) por ciento a cargo de la parte actora y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada y del perito contador en el quince por ciento (15%), trece por ciento (13%) y cinco por ciento (5%) del monto total de condena -capital mas intereses-; 3) Imponer las costas de primera instancia por la acción fundada en el derecho común por enfermedad a cargo de la parte actora vencida y regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, de la parte demandada, de la perito médica e ingeniero en el doce por ciento (12%), dieciséis por ciento (16%), cinco por ciento (5%) y cinco por ciento (5%) del monto nominal reclamado ($127.000) sin intereses; 4) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la parte demandada vencida; 5) Regular los honorarios de la parte actora y de la demandada -por sus trabajos en esta Alzada- en el veinticinco porciento (25%) de la suma que deba percibir cada uno de ellos por los de primera instancia; 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013. A tal fin, se deberán adoptar los resguardos legales en orden a la tutela de los derechos personalísimos de las partes o terceros en el proceso que pudieran resultar afectados por la difusión de datos protegidos y se publicarán sólo las iniciales de sus nombres.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Miguel Ángel Piropo

Juez de Cámara

Miguel Ángel Maza

Juez de Cámara

(A.A.)

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