fbpx

Se juzga que existió vínculo laboral a pesar de que el trabajador utilizaba un vehículo de su propiedad

shutterstock_78643876Partes: Coria Jorge Angel c/ Andreani Logística S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 25-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82670-AR | MJJ82670 | MJJ82670

Existió una vinculación de naturaleza laboral pues si bien el actor utilizaba un vehículo de su propiedad, las tareas que realizaba eran controladas y dirigidas por personal jerárquico de la demandada; máxime teniendo en cuenta la aplicación del principio de «primacía de la realidad».

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia apelada pues entre las partes existió una vinculación de naturaleza laboral siendo que lucen acreditadas las características típicas de un contrato de trabajo ya que las declaraciones testimoniales ilustran sobre el desempeño del actor como repartidor de las encomiendas que le ordenaba la accionada, en forma habitual, permanente y exclusiva, durante muchos años, así como de la utilización de su propio automotor acondicionado bajo estrictas características exigidas por la demandada.

2.-Existió relación laboral entre las partes, y no una relación de fletero autónomo en carácter de empresario independiente, -como afirma la demandada-, puesto que el actor realizaba su tarea bajo el control y directivas de los empleados jerárquicos de la empresa; máxime siendo que le daba un teléfono celular para tener una comunicación con el área de tráfico.

3.-El hecho de que el actor se encontrara inscripto en el impuesto sobre Ingresos Brutos no altera la calificación de la relación jurídica habida entre las partes, – relación laboral-, no solo porque la demandada reconoció una fecha de comienzo de prestación de servicios por parte del actor anterior a la de dicha inscripción sino porque conforme al principio de primacía de la realidad , para determinar la naturaleza del vínculo laboral así como las modalidades de un contrato de trabajo, más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada en los hechos.

4.-Toda vez que la ley 24653 regula la actividad de los fleteros, habiéndose acreditado una relación de dependencia entre el actor y la demandada, – desarrollada además en fraude a la legislación laboral por la inexistencia de registración del vínculo-, dicha normativa deviene inaplicable al caso, siendo la LCT. la norma llamada a regir el vínculo que se ha demostrado en el caso.

5.-Cabe confirmar las multas previstas en los art. 8 y 15 de la ley 24013 porque el art. 16 de dicha norma no resulta de aplicación al caso, por cuanto dicho artículo autoriza al juez o tribunal a reducir la indemnización prevista en los arts. 8 y 15 LNE en caso de que las características de la relación generaran en el empleador una duda razonable acerca de la existencia de una relación laboral o de un trabajo autónomo, y tal extremo no se ha cumplimentado.

6.-Corresponde confirmar el rubro horas extras pues se encuentra demostrada la jornada denunciada en la demanda, la que excede el límite previsto en el art. 3 de la ley 11544 en virtud de las declaraciones testimoniales.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, 25-9-13 , para dictar sentencia en los autos caratulados: «CORIA JORGE ANGEL C/ ANDREANI LOGISTICA S.A S/ DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

El Dr. Álvaro E. Balestrini dijo:

I. – Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda, se alza la parte demandada a tenor del escrito obrante a fs. 424/433, mereciendo réplica de la contraria a fs. 439/443.

Asimismo, el perito contador recurre sus honorarios a tenor del escrito de fs. 423 por considerarlos exiguos.

La demandada cuestiona el pronunciamiento de grado en cuanto estima erróneo que se haya entendido que entre las partes existió una vinculación de naturaleza laboral y que se hayan tenido por acreditadas las características típicas de un contrato de trabajo. Sostiene que de las constancias de autos surge que el accionante era fletero, que se comportaba como un verdadero empresario, (incluso teniendo un empleado a su cargo), y que no habrían sido correctamente evaluadas las pruebas arrimadas a la litis. Señala que la sentenciante ha omitido aplicar al caso la ley 24.653, indisponible para las partes ante la inexistencia de planteo de inconstitucionalidad. Cuestiona además el monto de la base de cálculo admitida en origen, la procedencia del reclamo articulado en concepto de horas extras, y las multas de la ley 24.013 y la del art. 2 de la ley 25.323. Por último, apela por altos los honorarios regulados al perito contador y la representación letrada de la parte actora.

II.- Adelanto que, en mi opinión, los agravios vertidos por la accionada en torno a la calificación del actor como empleado dependiente y no como «fletero autónomo» en carácter de empresario independiente, carecen de entidad suficiente para revertir lo decidido en la anterior instancia y en tal sentido me explicaré.

En la especie, por tratarse de la actividad de fletero corresponde aplicar la doctrina del fallo plenario nro. 31 recaída en los autos «Mancarella, Sebastián c.Viñedos y Bodegas Arizu S.A.» en virtud de la cual incumbía a la parte actora el «onus probandi» de la prestación de servicios de modo dependiente (art. 377 del CPCCN).

En ese específico marco, considero que de un análisis global de las constancias de autos el accionante logró acreditar el vínculo laboral denunciado en el inicio, ello en sentido concordante con la Señora Juez de primera instancia, quien estableció que los testimonios rendidos en la causa (Martinez fs. 366/369 y Risso fs. 370/375, analizados conforme las reglas de la sana crítica y cuyas partes pertinentes fueran transcriptas en el fallo de grado), ilustran sobre el desempeño del Sr. Coria como repartidor de las encomiendas que le ordenaba la accionada , en forma habitual, permanente y exclusiva, durante un lapso mayor a 10 años, así como de la utilización de su propio automotor acondicionado bajo estrictas características exigidas por la demandada, al tener el mismo no solo el logo y el color institucional de la empresa sino también un equipo satelital como sistema de rastreo que servía para el control de cargas y como mecanismo de control a través del cual, los empleados del área de tráfico de la empresa monitoreaban permanentemente el cumplimiento del servicio de los choferes.

Dicha conclusión resulta acertada y no se ha logrado desvirtuar con lo argumentado en el memorial recursivo, ya que de un análisis integral de los testimonios en cuestión surge debidamente demostrado que el accionante se incorporó a un establecimiento que le es totalmente ajeno. Nótese que las referidas declaraciones no han sido impugnadas en la oportunidad prevista por el art. 90 de la L.C.T.

No modifica lo hasta aquí resuelto, las declaraciones aportadas por los testigos de la demandada de las que intenta valerse el recurrente. Ello porque solo se limita a transcribirlas en su escrito recursivo, sin refutar las circunstancias que la jueza a-quo expuso como excluyentes de su virtualidad probatoria.Así en el caso del testigo Muñoz (fs.384/385) soslaya el desconocimiento que manifestó el declarante respecto de los hechos relevantes de la litis, al ignorar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se desarrolló la modalidad laboral habida entre las partes. Por su parte y en relación al testigo Selva (fs. 376/378) tampoco refuta que sus dichos , lejos de abonar su postura , refuerzan la existencia de la relación laboral denunciada en autos, al declarar que el actor realizaba su tarea bajo el control y las directivas de los empleados jerárquicos de la empresa .Así manifestó que se le daba un Nextel, para tener una comunicación con el área de tráfico (que era el lugar donde están sus jefes, supervisores y operadores de tráfico) y que cuando salía con la carga a repartir tenía un servicio satelital porque lo requieren los seguros, siendo ambos servicios abonados por la demandada. Y si bien de su declaración se desprende que el vehículo que manejaba el actor era de su propiedad, lo cierto es que la demandada no pudo demostrar que el accionante desarrollara fletes para terceros o fletes esporádicos en forma paralela para otras empresas, dato que aleja la idea de la existencia de un vínculo de naturaleza comercial como pretende la quejosa.Además de su testimonio se extrae que a través de la camioneta propiedad del actor, se posibilitaba el desarrollo de la actividad específica de la empresa a fin de cumplimentar el logro de sus objetivos comerciales lo que beneficia exclusivamente al empresario, quien a través de dicha instrumentación obtiene la distribución de las encomiendas que le ordenaba la accionada Tampoco resulta idóneo para modificar lo resuelto en la instancia de grado lo argumentado en relación al dependiente que ha tenido el actor ( Sr.

Paillapan, desde octubre de 2000 hasta el 28/2/02) ya que, a diferencia de lo manifestado por el recurrente, y mas allá de haber transcurrido casi 7 años del cese de esa relación respecto de la fecha de extinción del contrato de trabajo que unió a las partes en el presente juicio, ninguno de los testigos corrobora que, efectivamente el actor hubiera sido reemplazado en su obligación de prestar servicios por esa persona ni por ninguna otra, ni que contara con un auxiliar de carga y descarga.

Asimismo, el argumento relativo a que el actor se encontraba inscripto en el Distrito de la Matanza en el impuesto sobre Ingresos Brutos no altera la calificación de la relación jurídica habida entre las partes, no solo porque la demandada reconoció una fecha de comienzo de prestación de servicios por parte del actor anterior a la de dicha inscripción (ver escrito de responde fs.80) sino porque conforme al principio de «primacía de la realidad» que rige en nuestra materia, para determinar la naturaleza del vínculo laboral así como las modalidades de un contrato de trabajo, más que a los aspectos formales debe estarse a la verdadera situación creada en los hechos, Por otra parte, si bien no se me escapa lo aducido en torno a la aplicación de la ley 24.653, debo señalar que toda vez que dicha norma regula la actividad de los fleteros, habiéndose acreditado -de conformidad con lo señalado precedentemente- una relación de dependencia entre el actor y la demandada, desarrollada además en fraude a la legislación laboral por la inexistencia de registración del vínculo, dicha normativa deviene inaplicable al caso, siendo la L.C.T. la norma llamada a regir el vínculo que se ha demostrado en el caso.

Por los fundamentos expuestos considero que no existe mérito suficiente para modificar lo decidido en primera instancia por la Sra. juez de grado, por lo que se confirma la cuestión que fuera objeto de apelación sobre el fondo del asunto.

III.- En cuanto al módulo salarial adoptado en el fallo de grado para el cálculo de los rubros de condena, la objeción esgrimida por la demandada carece de andamiaje pues la magistrada anterior -de conformidad con las facultades que le confiere el artículo 56 de la L.C.T. – ha receptado la mejor remuneración, normal y habitual informada por el experto contable a fs. 320/321 y Anexo I (fs.319) sobre los montos que el actor debió instrumentar como factura de servicios, y lo cierto es que no se oponen en la queja parámetros objetivos y ciertos que permitan verificar la irrazonabilidad y desproporción del importe adoptado, en función de la apreciación global de las características probadas e inferibles de la prestación desarrollada y de la relación laboral de que se trata, y por ende el desacierto de tal decisión.

Así, el apelante se limita a exponer su disconformidad de forma meramente dogmática y genérica argumentando que deberían ser descontados gastos como el del seguro del vehículo, combustibles, seguros e impuestos a su cargo, sin siquiera señalar el importe que, a su entender, debió haberse empleado, careciendo el planteo de una pauta imprescindible para establecer la medida y alcance del presunto agravio y el interés concreto del recurso (cfr. art. 116 de la L.O.).

IV.- Tampoco tendrá favorable recepción los agravios esgrimidos tendientes a cuestionar las multas previstas en los art. 8 y 15 de la ley 24.013. Ello porque considero que el art.16 de dicha norma no resulta de aplicación al caso de autos como pretende el recurrente, por cuanto dicho artículo -que autoriza al juez o tribunal a reducir la indemnización prevista en los artículos 8 y 15 LNE, en caso de que las características de la relación generaran en el empleador una duda razonable acerca de la existencia de una relación laboral o de un trabajo autónomo- no resulta viable no sólo porque dicha facultad requiere ser utilizada prudencial y excepcionalmente por los magistrados, por constituir una excepción al principio de que el incumplimiento debe ser sancionado, sino porque para que pueda tener lugar la reducción mencionada será menester realizar un detenido análisis que lleve a tener por comprobada la posibilidad de que hubiera existido «duda razonable» en el empleador acerca de la naturaleza jurídica de la relación contractual, extremo que no hallo cumplimentado en autos.

Por lo demás, el recurso interpuesto por la demandada carece de la debida fundamentación que exige el art. 116 de la L.O. para obtener la revisión de la decisión, puesto que el recurrente se limita a expresar su disconformidad con la decisión, sin refutar ni las conclusiones de la sentencia que intenta revertir ni los fundamentos que han sido vertidos para así decidir. Así no se verifica la existencia de un agravio en el sentido técnico del término, toda vez que -lo reitero- el recurrente acota su recurso a señalar que, en su parecer, resulta inaplicable la multa prevista en los art. 8 y 15 de la ley 24.013 en el caso bajo análisis y que la primera de ellas , en el peor de los casos no debería calcularse de la fecha de ingreso receptada en origen ( que arriba firma a esta alzada) sino desde el primer reclamo del actor, por lo que no cabe sino declarar desierto el recurso interpuesto y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida también en este sentido. V.- El agravio vertido en torno a la multa prevista en el art.2 de la ley 25.323, también llega desierto a esta Alzada (art. 116 L.O.), ello en tanto el quejoso se ciñe a manifestar su discrepancia con el criterio de la juzgadora, omitiendo presentar una objeción con suficiente fundamento para transformarla en una crítica jurídica de la sentencia.

VI.- Tampoco obtendrá favorable andamiento el agravio expuesto en torno al progreso del rubro horas extras. Ello es así pues los elementos fácticos aportados en el recurso no logran rebatir la acertada conclusión establecida sobre esta cuestión ya que de conformidad con el análisis de las testimoniales de Martínez (fs. 366/369) y Risso (fs. 370/375), evaluadas en forma íntegra y en sana crítica (conf. arts. 386 y 456 CPCCN) se encuentra demostrada la jornada denunciada en la demanda, la que excede el límite previsto en el art. 3 de la ley 11.544.

Corrobora lo hasta aquí expuesto y a diferencia de lo sustentado por el recurrente, la declaración efectuada por Selva (fs. 376/378), puesto que si bien dicho testigo manifestó que los transportistas regresan durante la tarde después de las 12 hs, cuando se refirió a los horarios que cumplía el actor dijo que se presentaba a la mañana entre las 5 hs. y 8 hs, y que dependiendo del trabajo podía terminar entre las 12 hs o 16 hs.

Por lo expuesto, propicio confirmar la decisión anterior también en este punto de embate. VII.- Respecto de la regulación de honorarios, que motivó impugnación de la parte demandada por estimar elevados los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador, y por éste último por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor, en atención al mérito, calidad y extensión de las tareas llevadas a cabo en la anterior instancia, evaluadas de conformidad con los parámetros arancelarios previstos en el dec. ley 16.638/57, lo dispuesto en el art. 38 de la L. y los arts. 6, 7, 8 y cctes.Ley 21.839 -modificado por la ley 24.432, estimo que los emolumentos discernidos resultan adecuados, por lo que propongo su confirmación.

VIII.- Sugiero imponer las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.), y regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada en el 25%, de lo que a cada una le corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia (art.14 ley 21.839).

El Dr. Roberto C. Pompa dijo: Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

El Dr. Gregorio Corach: no vota (art. 125 de la L.O.).

A mérito del acuerdo que precede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo cuanto fue materia de apelación y agravios. 2) Imponer las costas de la Alzada a cargo de la demandada .3) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes actora y codemandadas -en conjunto- en el 25% de lo que les corresponda percibir por su actuación en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Dr. Roberto C. Pompa

Juez de Cámara

Dr. Álvaro E. Balestrini

Juez de Cámara

Ante mí:

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: