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Se rechaza un recurso de inaplicabilidad de ley, por entenderse que a partir de la Ley 26853 dicho recurso deja de existir

Consejo-magistraturaPartes: C. L. A. c/ D. S. R. O. s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-oct-2013

Cita: MJ-JU-M-82609-AR | MJJ82609 | MJJ82609

Se rechaza un recurso de inaplicabilidad de ley, por entenderse que a partir de la publicación de la Ley 26853 dicho recurso ha dejado de existir.

Sumario:

1.-Corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley incoado, pues desde la publicación de la ley 26853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación, dicho remedio procesal ha dejado de existir, en tanto establece un nuevo régimen recursivo y, a la par, deroga los arts. 302 y 303 del citado código -convocatoria a plenario y obligatoriedad de los fallos plenarios-.

2.-En cuanto a vigencia temporal, el art 12 de la ley 26853 deroga expresamente los arts. 302 -autoconvocatoria a plenario para unificar jurisprudencia- y 303 -obligatoriedad de los fallos plenarios- del CPCCN., y el art. 15 dispone que la ley entrará en vigor a partir de su publicación. Una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite .

3.-La solución a la que se arribe respecto a desde cuándo deben considerarse derogados los arts. 302 y 303 del Código Procesal determinará si esas normas mantienen su vigencia hasta la puesta en funcionamiento de las cámaras creadas o han sido derogadas por la ley al momento de su publicación; de ello derivará la subsistencia por un lado de la facultad de las cámaras nacionales de autoconvocarse para unificar jurisprudencia y por el otro -y ello es determinante en el presente caso- el momento a partir del cual habrán de perder fuerza obligatoria los fallos plenarios.

4.-La nueva normativa no contempla procedimiento alguno de unificación de la jurisprudencia de las distintas salas que integra cada uno de los tribunales respectivos, como ocurre por ejemplo en materia de casación penal (ley 24050, art. 10 ); por lo que parece claro entonces que no existe sustitución de un régimen de unificación de jurisprudencia -plenarios- por uno nuevo -casación-.

5.-No se trata en el caso de saber si han perdido fuerza obligatoria los fallos plenarios dictados con anterioridad sino, en todo caso, de determinar si el recurso de inaplicabilidad de ley puede considerarse subsistente como remedio procesal autónomo o más bien carente de los efectos que prevé la derogada disposición del art. 303 del Código Procesal, y en este sentido, la respuesta negativa se impone; la derogación del régimen procesal en materia de recurso de inaplicabilidad de ley es independiente de su efectivo reemplazo por otro remedio procesal -huelga decir que una suerte de tercera instancia no es requisito constitucional de validez del proceso civil-.

6.-Fuera de los supuestos de recursos de inaplicabilidad de ley concedidos o interpuestos con anterioridad a la vigencia de la ley 26853, no existe en el ámbito nacional el recurso de inaplicabilidad de ley a raíz de la derogación por sustitución de los arts. 288 a 301 del Código Procesal.

7.-La ley 26853 será de aplicación a todos los juicios, aún los que se encuentran en trámite, una vez que se constituyan las Cámaras y salas que crea: hoy la ley no es operativa porque los tribunales que constituye no están conformados para intervenir en los asuntos cuya competencia establece; frente a esta situación necesaria para la vigencia de la ley, sus normas no resultan aplicables en lo atinente a estas actuaciones (del voto en disidencia del Dr. Molteni).

8.-Hasta la constitución de las Cámaras de Casación se debe mantener la vigencia de las normas procesales que regulan el recurso de inaplicabilidad de la ley, y si su admisibilidad es procedente, la doctrina fijada por la Cámara en pleno conserva su obligatoriedad a tenor de los efectos fijados por el art. 303 del CPCCN. (del voto en disidencia del Dr. Molteni).

9.-En el mensaje de elevación del proyecto se esgrimieron razones de celeridad, seguridad y equidad no sólo para agilizar los procedimientos existentes sino, también, para generar una uniformidad de criterios, en cuanto a la jurisprudencia y la doctrina que se aplica y con ello satisfacer la previsibilidad y seguridad jurídica, asimismo se indicó que las modificaciones normativas propuestas están llamadas a mejorar el estado de situación de los procesos judiciales, cuyo contenido esencial es la decisión judicial útil, oportuna y fundamentada en derecho (del voto en disidencia del Dr. Molteni).

10.-No se sustituye la competencia de las cámaras nacionales en pleno -en punto a la unificación de su jurisprudencia- por la atribuida a las cámaras de casación y, hasta su implementación, la intención del legislador fue que el sistema no opere ni a pedido de parte ni por la autoconvocatoria de las cámaras, con las consecuencias que ello implica; los resultados de una argumentación en este sentido generarían para los justiciables la violación al derecho de defensa en juicio garantizado por nuestra Constitución Nacional (del voto en disidencia del Dr. Molteni).

11.-Las leyes siempre deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto, y cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vías de la interpretación, el equilibrio del conjunto del sistema (del voto en disidencia del Dr. Molteni).

Fallo:

Buenos Aires, 29 de octubre de 2013.-

AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO

I. Esta Sala ha resuelto por mayoría en expte. 104.864/2008 «Villar Caballero, Dalia Sud C/ La Primera De Grand Bourg S.A.» -sentencia del 2/8/2013- que las disposiciones de la ley 26.853, en cuanto derogan la fuerza obligatoria de los fallos plenarios, han entrado en vigencia a partir de su publicación de acuerdo a lo dispuesto por su art. 15. Sostuvimos en esa oportunidad los argumentos que a continuación se transcriben:

» a. La ley 26.853 de Creación de las Cámaras Federales de Casación -publicada el 17 de mayo de 2013- establece en lo que aquí interesa un nuevo régimen recursivo ante los tribunales que crea, que podría sintetizarse del siguiente modo:

Su art. 4 crea la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, cuya competencia consiste en conocer en los siguientes recursos interpuestos contra las sentencias:

1. de casación, 2. de inconstitucionalidad 3. de revisión Esa norma unifica en un solo tribunal los recursos que se interpongan contra las decisiones de las Cámaras Federales y la Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Regula entonces los mencionados recursos mediante la sustitución de los arts. 288 a 301 del Código Procesal, es decir, las normas relativas al trámite del recurso de inaplicabilidad de ley por las que sistematizan los nuevos recursos que consagra. A la par, deroga los arts. 302 y 303 del citado código.

Es de destacar que no obstante lo previsto por el ahora art. 289 en orden a los motivos que autorizan a interponer el recurso de casación -inc.3.»Unificación de la doctrina cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes»- ninguna de las nuevas disposiciones consagra la obligatoriedad de la doctrina que resulte de una sentencia dictada con motivo de un recurso interpuesto justamente a raíz de la existencia de interpretaciones diferentes de una norma legal, al modo en que lo hacía el ahora derogado art. 303 del Código Procesal. Así el nuevo art. 294 sólo dispone que «si la sentencia o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare». No existe entre las nuevas normas alguna que extienda el efecto de esta decisión casatoria a otro u otros casos distintos del resuelto. b. En cuanto a su vigencia temporal, el art 12 de la nueva ley deroga expresamente los artículos 302 -autoconvocatoria a plenario para unificar jurisprudencia- y 303 -obligatoriedad de los fallos plenarios- del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y, finalmente el art. 15 dispone que la ley «entrará en vigor a partir de su publicación. Una vez constituidas las Cámaras y Salas creadas por la presente, será de aplicación a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite».

No ofrece duda alguna el tema de la entrada en vigencia de los nuevos recursos que la ley crea. En efecto, la constitución de las Cámaras de Casación es el hito a partir del cual la nueva ley se aplicará «a todos los juicios, aun a los que se encuentren en trámite».

Sin embargo, la cuestión parece ser distinta en punto a la derogación expresa de los referidos arts. 302 y 303 del Código Procesal. En efecto, esa derogación operaría de acuerdo al citado art.15 de la ley a partir de su publicación.

El tema no es menor, porque la solución a la que se arribe en este punto, es decir, desde cuándo deben considerarse derogados los arts. 302 y 303 del Código Procesal determinará si esas normas mantienen su vigencia hasta la puesta en funcionamiento de las cámaras creadas o han sido derogadas por la ley al momento de su publicación; de ello derivará la subsistencia por un lado la facultad de las cámaras nacionales de autoconvocarse para unificar jurisprudencia y por el otro -y ello es determinante en el presente caso- el momento a partir del cual habrán de perder fuerza obligatoria los fallos plenarios.

La entrada en vigencia de las disposiciones derogatorias referidas -no así las relativas al nuevo sistema recursivo ante órganos judiciales también novedosos- no parece condicionada en el texto de la ley a la creación de estos órganos. En primer lugar porque no se advierte qué otra materia que la derogación podría ser la que «entre en vigor a partir de su publicación» según reza el art. 15 de la nueva ley. Es que a la mentada disposición de acuerdo a conocida jurisprudencia de nuestra C.S.J.N., corresponde asignarles un sentido propio y no superfluo, criterio que debe presidir la interpretación de las normas y por lo tanto la solución del caso (Fallos: 297:142; 299:93; 301:460; 318:1887, entre otros).

Podría decirse que la primera parte del art. 15 se refiere a la posibilidad de crear las nuevas estructuras judiciales a partir de ese momento -la publicación oficial de la ley-. Sin embargo tal interpretación -según entiendo- no se compadece con los términos en que infinidad de disposiciones legales crearon nuevos tribunales. Según puede leerse en ellas, no se habla de «entrada en vigor» o frase alguna equivalente, sino de «implementación», «puesta en funcionamiento», concesión de la «asignación presupuestaria» o similares de los tribunales que se crean.Valgan como ejemplo las siguientes disposiciones de fecha reciente:

1.Ley 26.786, de creación de juzgado federal de primera instancia, fiscalía de primera instancia y defensoría pública oficial en la ciudad de Pehuajo, provincia de Buenos Aires cuyo art. 6º modifica la competencia territorial de otros juzgados federales «a partir de la puesta en funcionamiento del juzgado federal que se crea por la presente ley» pero a la par dispone su implementación -no su entrada en vigencia- para cuando «se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande».

2. Ley 26.716 de creación de juzgado federal de primera instancia en la ciudad de Rawson, provincia de Chubut, que dispone que la «ley se implementará una vez que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande», condición a la que igualmente se subordina la asunción de los magistrados, funcionarios y empleados del tribunal, pero no contiene previsión alguna respecto de la entrada en vigencia.

3. Ley 26.713 de creación de una fiscalía federal en la ciudad de Neuquén, cuyo art. 8 sólo alude a la «puesta en funcionamiento» de la fiscalía pero nada dispone en cuanto a la entrada en vigencia de la ley.

4. Ley 26.712 de creación de juzgado federal, fiscalía de primera instancia y defensoría publica oficial en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, que igualmente alude a la «puestas en funcionamiento la fiscalía y la defensoría creadas» como hito para la modificación de la competencia en las causas que les correspondan pero que tampoco contiene norma alguna relativa a la vigencia temporal de la ley.

5.En similares términos se encuentran redactadas las leyes 26.711, 26.707, 26.371, 26.246, 26.220, todas ellas de creación de tribunales.

De allí que no parece procedente concluir en que el párrafo en cuestión se refiera al momento a partir del cual se habilita la creación de los nuevos tribunales.

Por lo demás debe repararse en que ‘una disposición legal (derogación expresa como acto) cuya finalidad inmediata y por ende cuya razón de existir es la producción del efecto derogatorio ha de producir ese efecto, abstracción hecha de cuál sea el concreto contenido normativo de la ley en la que se encuentra inserta, máxime si se tiene presente que el fundamento constitucional de la derogación, como es sabido, no radica en un pretendido deber de coherencia del ordenamiento, sino en la naturaleza constitucionalmente inagotable de la potestad legislativa. La emanación de disposiciones específicamente derogatorias es, así, una de las posibles manifestaciones de la potestad legislativa, por lo que, en los supuestos de derogación expresa, el efecto derogatorio deriva directamente de esa particular variedad de ejercicio de la potestad legislativa’ (Diez-Picazo, La derogación de las leyes, Ed. Civitas, Madrid 1990, pág. 117 y sgtes.).

Consecuencia de ello es que no corresponde detenerse a estudiar si el nuevo régimen en este aspecto cubre mediante las instituciones que crea -recursos y tribunales- la finalidad que contemplaba el derogado, porque ello es innecesario cuando como en el caso se trata de juzgar los efectos de normas derogatorias expresas.

Pero aun cuando así no fuera, la solución no se modificaría. La finalidad de la ley en cuanto crea las cámaras de casación y establece los nuevos recursos no parece haber sido la de buscar un nuevo régimen de unificación de la jurisprudencia, al menos en materia civil y comercial, tanto nacional como federal.Ello es así no sólo porque -como antes se indicó- ninguna disposición de la ley confiere carácter obligatorio a las decisiones de los nuevos tribunales sino porque además, la Cámara a la que se refiere el art. 4 de la ley está formada por dos salas con idéntica competencia, y cada una de ellas dicta sentencia por el voto mayoritario de sus jueces -los de la sala- (art. 9). Y a la par, la nueva normativa no contempla procedimiento alguno de unificación de la jurisprudencia de las distintas salas que integra cada uno de los tribunales respectivos (ver en este sentido, Sirkin, «¿Será el fin de los fallos plenarios?» publicado en El Dial el 18 de abril pasado), como ocurre por ejemplo en materia de casación penal (ley 24.050, art. 10). Parece claro entonces que no existe sustitución de un régimen de unificación de jurisprudencia -plenarios- por uno nuevo -casación-.» II. En sentido similar se han pronunciado en la doctrina Leguisamó n («Algunas reflexiones más sobre el nuevo recurso de casación y la pérdida de obligatoriedad de los fallos plenarios», publicado en El Dial el 26/8/2013 -elDial.com-DC1B2A) y Kielmanovich, («Acerca de la obligatoriedad de los fallos plenarios, en L.L. 21/10/2013, 8; LL on line, AR/DOC/3952/2013). Y tal como lo señala el primero de los autores citados, la conclusión no se modifica por el dictado de la Acordada 23/2013 de la C.S.J.N.

En efecto, su lectura íntegra permite comprender según entiendo tanto la finalidad de su dictado como el alcance de cuanto allí dispone el Tribunal. En efecto, según resulta del considerando cuarto «las nuevas disposiciones han creado órganos judiciales que conocerán de recursos promovidos contra sentencias dictadas por cámaras nacionales y federales que, en los términos del art. 6° de la ley 4055, constituyen regularmente el superior tribunal de la causa a los fines del recurso extraordinario por ante esta Corte.Esta circunstancia impone actuar con la mayor celeridad mediante reglas claras y cognoscibles para los justiciables (caso «Tellez», de Fallos 308: 552), en la medida en que la ley de que se trata compromete el alcance de uno de los recaudos propios que condiciona la admisibilidad de aquella instancia que, como se viene señalando enfáticamente desde el precedente «Jorge Antonio» Fallos 248:189), habilita la jurisdicción de raigambre constitucional que esta Corte ha calificado como o ‘más alta’ y ‘eminente’» (énfasis agregado). Se advierte del párrafo transcripto que el objetivo de la C.S.J.N. era despejar cualquier duda respecto de qué debe entenderse por superior tribunal de la causa a los fines del recurso extraordinario. Por tanto y sólo a ese fin («en las condiciones expresadas») debe entenderse que «la aplicación del nuevo ordenamiento se halla supeditada a la efectiva instalación y funcionamiento de los órganos jurisdiccionales llamados a asumir la competencia que les atribuye la ley 26853 (acordadas 15/87, 6/89, 45/96, 75/96 Y 34/2002, y sus citas)» (considerando quinto). En otras palabras: la nueva instancia casatoria como superior tribunal de la causa a los fines del recurso extraordinario sólo deberá transitarse una vez puestos en funcionamiento esos novedosos tribunales. En cambio, no puede encontrarse en esa Acordada argumento alguno en orden a la vigencia temporal del régimen recursivo derogado. Cuando la Corte alude a que la aplicación del nuevo ordenamiento se halla supeditada a la efectiva instalación y funcionamiento de los órganos creados por la ley no está diciendo más que eso; en modo alguno se está pronunciando sobre la vigencia de las disposiciones derogadas, cuestión esta última que como antes se dijo es independiente de la vigencia del nuevo régimen legal.

III.La cuestión que plantea el caso con todo, no es estrictamente lo que hemos decidido en el expediente n°104.864/2008, «Villar Caballero, Dalia Sud C/ La Primera De Grand Bourg S.A.». No se trata ya de saber si han perdido fuerza obligatoria los fallos plenarios dictados con anterioridad sino, en todo caso, de determinar si el recurso de inaplicabilidad de ley puede considerarse subsistente como remedio procesal autónomo o más bien carente de los efectos que prevé la derogada disposición del art. 303 del Código Procesal. Y en este sentido, la respuesta negativa se impone. Como antes se dijo, la derogación del régimen procesal en materia de recurso de inaplicabilidad de ley es independiente de su efectivo reemplazo por otro remedio procesal -huelga decir que una suerte de tercera instancia no es requisito constitucional de validez del proceso civil-.

Con toda claridad se ha afirmado que fuera de los supuestos de recursos de inaplicabilidad de ley concedidos -agrego, o interpuestos- con anterioridad a la vigencia de la ley 26.853, no existe en el ámbito nacional el recurso de inaplicabilidad de ley a raíz de la derogación por sustitución de los arts. 288 a 301 del Código Procesal (Kielmanovich, op. y loc. cit.). En otros términos, en un proceso en trámite no «se puede interponer un recurso de inaplicabilidad de la ley porque es un medio de impugnación que a partir de la publicación de la ley 26.853 ya no existe» (Leguisamón, op. y loc. cit.).

Por ello se resuelve: I. Dejar sin efecto el proveído de fs. 114. II. Rechazar sin más trámite el recurso interpuesto a fs. 107/112.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

CARMEN N. UBIEDO

PATRICIA E. CASTRO

HUGO MOLTENI

(EN DISIDENCIA)

Disidencia del Dr. Molteni:

I. En virtud de la sanción de la ley 26.853, que ha sustituído los arts.288 a 301 del Código Procesal Civil y Comercial, corresponde pronunciarse sobre los alcances de la vigencia de esta normativa con relación al recurso de inaplicabilidad de la ley presentado.

La ley 26.853, sancionada el 24 de abril de este año y publicada en el Boletín Oficial el 17 de mayo pasado, establece un nuevo régimen recursivo ante los tribunales que crea y entre los que se encuentra la Cámara Nacional de Casación en lo Civil y Comercial (art.1).

La competencia que asigna a los nuevos tribunales queda fijada en su art.4 con el objeto de que éstos intervengan en los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias definitivas dictadas por las salas de las cámaras nacionales o federales.

Esta ley reemplaza el recurso de inaplicabilidad de la ley por el recurso de casación a través de la sustitución de los artículos 288 al 301 de la sección 8ª, del capítulo correspondiente Al Título IV del Libro Primero del Código Procesal y Civil y Comercial de la Nación (art.11) y deroga los artículos 302 y 303 de ese ordenamiento (art.12).

Por otra parte y, en relación a su vigencia, el art. 15 dispone «entrará en vigor a partir de su publicación» pero señala a continuación que «una vez constituidas las cámaras y salas creadas por esta normativa, será de aplicación a todos los juicios, aún los que se encuentren en trámite».

Las cámaras de casación -a la fecha no constituidas-, con la atribución de competencia que delimita el texto de la norma y que constituye en el supuesto mencionado a un sistema por otro, exige de una exégesis jurídica integral. Las leyes no pueden interpretarse de manera aislada e individual sobre cada uno de sus preceptos y con prescindencia de las restantes normas que componen el ordenamiento jurídico.El análisis debe ser global a fin de lograr una adecuada armonización con los demás preceptos del plexo jurídico y con los principios y garantías sustentados por nuestra Constitución Nacional. Además es necesario en esta tarea no desnaturalizar el espíritu que motivó la sanción de la ley, así como tampoco, en su caso, que ello lleve a la pérdida de derechos. Debe primar el principio de razonabilidad que guie a criterios interpretativos proporcionalmente adecuados a los fines perseguidos en la propia ley.

En este contexto y, concretamente respecto de la ley 26.853, deben ponderarse los fundamentos de esta reforma expuestos en el mensaje de elevación del proyecto. En él se esgrimieron razones de celeridad, seguridad y equidad no sólo para agilizar los procedimientos existentes sino, también, para generar una uniformidad de criterios, en cuanto a la jurisprudencia y la doctrina que se aplica y con ello satisfacer la previsibilidad y seguridad jurídica. Asimismo se indicó que las modificaciones normativas propuestas están llamadas a mejorar el estado de situación de los procesos judiciales, cuyo contenido esencial es la decisión judicial útil, oportuna y fundamentada en derecho.

Desde esta perspectiva, no es posible pensar que la nueva ley sustituyó la competencia de las cámaras nacionales en pleno -en punto a la unificación de su jurisprudencia- por la atribuida a las cámaras de casación y que, hasta su futura implementación, la intención del legislador fue que el sistema no opere ni a pedido de parte ni por la autoconvocatoria de las cámaras, con las consecuencias que ello implica. Los resultados de una argumentación en este sentido generarían para los justiciables la violación al derecho de defensa en juicio garantizado por nuestra Constitución Nacional. Y esto sería así por tiempo indeterminado al no establecerse el plazo en que las nuevas cámaras serán puestas en funcionamiento. En similares términos se resolvió que los arts.288 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial (en su redacción originaria) son, sin duda, parte de las garantías que el código ritual ofrece para preservar este derecho, asegurando la igualdad ante la ley (cf. CNCiv., Sala B, «P., H. L. c/ Banco Saenz SA s/ ejecución de honorarios , del 30/08/13).

Los alcances de la vigencia de la ley de casación también fueron motivo de tratamiento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la Acordada 23/13 del 14 de agosto pasado señaló que la operatividad de los recursos procesales que contempla la ley 26.853 se halla supeditada a la instalación y funcionamiento de las cámaras federales y nacionales que crea.

Aparte de lo expuesto en esta acordada, lo que coincide con lo que aquí se sostiene, cabe recordar que nuestro máximo Tribunal ha afirmado en numerables antecedentes que es principio básico de la hermenéutica atender en la interpretación de las leyes al contexto general de ellas y a los fines que las informan, no debiendo prescindirse de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma. La labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento de sus términos, que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente, para evitar la frustración de los objetivos de la norma (Fallos:T330, P.2249; T°331, Ps.1262, 1215, entre otros).

No se trata de desconocer las palabras de la ley, sino de dar pr eeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la interpretación de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias (Fallos T°330, p. 2304).

Las leyes siempre deben interpretarse evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor y efecto, y cuando la ley emplea determinados términos es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad del legislador, cuidando de no alterar, y de buscar en definitiva por vías de la interpretación, el equilibrio del conjunto del sistema (Fallos: T°. 317, P.788, T°324, Ps. 1492/1493, T°331, P.1234).

Con este alcance la interpretación de las normas no puede ser realizada por el intérprete en un estado de indiferencia respecto del resultado, y sin tener en cuenta el contexto social en que tal resultado fue previsto originariamente (Fallos: T°331, P.1262).

Estas razones nos llevan al convencimiento de que, en el punto que se analiza, la ley 26.853 será de aplicación -como lo dice su texto- a todos los juicios, aún los que se encuentran en trámite, una vez que se constituyan las Cámaras y salas que crea.Hoy la ley no es operativa porque los tribunales que constituye no están conformados para intervenir en los asuntos cuya competencia establece. Frente a esta situación necesaria para la vigencia de la ley, sus normas no resultan aplicables en lo atinente a estas actuaciones.

Tampoco hay que olvidar que la finalidad del recurso de inaplicabilidad de la ley, regulado por los artículos 288 y 301 (en la redacción del Código Procesal) radica en la uniformidad de los diferentes criterios jurídicos fijados por las distintas salas de una Cámara ante situaciones y hechos idénticos o semejantes. Por medio de esta vía recursiva extraordinaria se tiende a evitar el escándalo jurídico producto de soluciones contradictorias ante circunstancias similares.

Y como se explicó anteriormente, la ley de casación sustituyó el recurso de inaplicabilidad de la ley aunque su objetivo no fue obviado, sino contemplado en el punto 3 del art. 289 (conforme art.11 de la ley 26.853). Esta motivación se reprodujo al indicarse que el recurso de casación podrá plantearse para solicitar la unificación de la doctrina cuando en razón de los hecho, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes.

De ahí que, ante similar propósito regulado por ambas normativas y la sustitución del recurso de inaplicabilidad de la ley por el recurso de casación que, a la fecha, no es aplicable, corresponde analizar la procedencia de estos últimos, aún respecto de los interpuestos después de la publicación de la ley, a la luz de los artículos 288 a 301 en la redacción originaria del Código Procesal.

Una solución contraria a la expuesta implicaría privar a los justiciables de esta vía recursiva cuyo fin se mantiene en la ley 26.853, impidiéndoles así el cuestionamiento de aquellas decisiones dictadas por las salas de una misma cámara que contengan contradicciones de derecho.

Por estos fundamentos y hasta la constitución de las Cámaras de Casación se debe mantener la vigencia de las normas procesales que regulan el recurso de inaplicabilidad de la ley. Y si su admisibilidad es procedente, la doctrina fijada por la Cámara en pleno conserva su obligatoriedad a tenor de los efectos fijados por el art. 303 del Código Procesal Civil y Comercial.

En consecuencia, ante la vigencia de los arts. 288 a 303 del Código Procesal en su redacción originaria, disiento con el criterio de mis distinguidas colegas, y voto por remitir las actuaciones a la Sala que conocerá en el recurso de inaplicabilidad deducido, una vez cumplido el traslado dispuesto a fs. 114.

Regístrese y notifíquese.-

HUGO MOLTENI

 

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