fbpx

Procedencia del despido indirecto ante la falta de pago en tiempo y forma de los salarios reclamados por el trabajador

shutterstock_153586082Partes: Connoly Juan Daniel c/ Transporte Automotor Plaza S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IX

Fecha: 13-sep-2013

Cita: MJ-JU-M-82512-AR | MJJ82512 | MJJ82512

Procedencia del despido indirecto ante la falta de pago en tiempo y forma de los salarios reclamados por el trabajador.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la sentencia de grado y considerar que se ajustó a derecho el despido indirecto, pues la falta de pago -en tiempo y forma- de los rubros salariales reclamados por el trabajador, constituyeron injurias de gravedad suficiente que tornaron imposible la prosecución del vínculo y legitimaron la denuncia del contrato de trabajo, en los términos de los arts. 242 y 246 de la LCT., dado su carácter alimentario.

2.-Debe desestimarse el reclamo de horas extras, pues aun soslayando las deficiencias formales, de todos modos el rubro en cuestión deviene inadmisible en atención a que el contenido de la prueba testifical aportada por el demandante no resulta idóneo para demostrar la extensión de la jornada de trabajo denunciada en el inicio y, por ende, la realización de trabajo en horario extraordinario

3.- Cabe confirmar el rechazo de la indemnización reclamada con sustento en el art. 1 de la ley 25323, pues no se advierten en las pruebas producidas elementos concluyentes y concretos que permitan con seriedad formar convicción suficiente acerca de la fecha de ingreso invocada al demandar.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, 13-9-13 para dictar sentencia en los autos caratulados: «CONNOLY JUAN DANIEL C/ TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A. S/ DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR ROBERTO C. POMPA dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente al reclamo, recurren las partes, según los escritos de fs. 209/210 (demandada) y fs. 211 (actora), respondidos a fs. 217 (demandada) y fs. 318 (actora) en ese orden.

A fs. 208 apela el perito contador por estimar reducidos sus honorarios.

II- Cuestiona la parte demandada la decisión de la Sra. Juez «a quo» de considerar justificada la denuncia del contrato de trabajo efectuada por el actor. Sostiene al respecto que no se valoraron adecuadamente las pruebas colectadas.

Estimo que no le asiste razón. Liminarmente corresponde señalar que de los términos en que ha quedado trabada la litis y conforme se desprende del intercambio telegráfico habido entre las partes, la disolución del vínculo laboral se produjo con fecha 15/07/11 mediante C.D. de fs. 6 y reconocimiento de fs. 28, y no como surge del fallo de grado con fecha 26/04/11 (v. fs. 204 del pronunciamiento de grado).

Sentado ello, cabe adentrarse en el agravio impetrado por la parte, el cual -reitero- no tendrá favorable recepción. Lo digo, porque la crítica respectiva dista de la objeción concreta y razonada que requiere el artículo 116 de la L.O. Ello es así, pues el recurrente efectúa afirmaciones en sentido contrario a la conclusión de la sentenciante de grado anterior sobre el punto, sin refutar como es debido la totalidad de los argumentos dados por la magistrada para respaldar su decisión, ni asumir los motivos precisos que en base a la prueba colectada en el caso le permitieron llegar a esa conclusión.

En efecto, el apelante no rebate de manera precisa y mediante la crítica que era requerible, los fundamentos del fallo atinentes a la justificación del despido decidido por el accionante.En concreto, se señaló en la sentencia que en el caso han quedado acreditados los incumplimientos laborales invocados por el trabajador en sustento del distracto (a saber, falta de pago de salarios adeudados), y aquélla sólo se limita a señalar que el actor no acompañó los certificados médicos que justificarían sus ausencias.

Sin embargo, omite refutar lo específicamente analizado en el decisorio de grado, en punto a que surge demostrado con los propios asientos contables de la demandada, que se liquidó el sueldo del mes de junio del 2011 con el detalle de los ítem: a) ausencias con aviso y b) días de enfermedad (cfr. art. 116 LO).

En tal marco, no resulta ocioso recordar que la aludida falta de pago -en tiempo y forma- de los rubros salariales reclamados por el trabajador -dado su carácter alimentario-, constituyeron injurias de gravedad suficiente que tornaron imposible la prosecución del vínculo y legitimaron la denuncia del contrato de trabajo, en los términos de los artículos 242 y 246 de la L.C.T.

Ello pues, no media en autos elemento de prueba idóneo alguno que acredite el pago de los mismos, y menos aún que los mismos hayan sido instrumentados en la forma prescripta por el artículo 138 de la L.C.T., siendo que a fs. 81 -reitero- surge demostrada su liquidaron.Al respecto considero oportuno destacar que la remuneración es la contraprestación fundamental y esencial del contrato de trabajo, que el empleador debe otorgar sin demoras y en el plazo establecido por la ley, dado su índole alimentaria y la necesidad del trabajador de afrontar los gastos periódicos en aras de su subsistencia, y en atención a los deberes expresos e implícitos a los que se encuentran sujetas las partes del contrato de trabajo, apreciados con criterio de colaboración y solidaridad (tal como lo prevén los artículos 62 y 63 del mencionad cuerpo legal).

Por lo tanto, dado que el pago de las remuneraciones constituye un deber esencial a cargo del empleador, en el caso, su incumplimiento por parte de la demandada (dado que llega incólume a esta instancia la ausencia de documentación idónea que acredite en autos la oportuna cancelación de los rubros reclamados -cfr. arts. 138 y sig. de la L.C.T.-) tornó justificado y ajustado a derecho el despido indirecto decidido por los actores (cfr. arts. 242 y 246 citados).

En tales condiciones, y sin que adquieran relevancia otras circunstancias que la apelante pretende enfatizar, voto por confirmar el decisorio de grado en el punto materia de agravios.

III- Tampoco presenta mayor eficacia recursiva la argumentación del accionante que persigue la condena al pago del agravamiento indemnizatorio reclamado con sustento en el artículo 1º de la ley 25.323, toda vez que no se advierte configurado en la especie el presupuesto fáctico al que alude dicha norma como condición de procedencia para la indemnizaciones que prevén, esto es, la incorrecta o deficiente registración del contrato de trabajo con una fecha de ingreso posterior a la real.

Lo digo, porque la ponderación de la prueba testimonial que se llevó a cabo en el decisorio de grado ha sido correctamente realizada conforme los lineamientos impuestos por la sana crítica (art.90 de la L.O., y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), y en términos que comparto.

En efecto, a mi modo de ver, las declaraciones de los testigos que depusieron en autos a propuesta de la parte actora no constituyen respaldos fácticos eficaces para demostrar la fecha de ingreso denunciada en el inicio, toda vez que el testigo Monzón (fs. 131), refirió en forma vaga e imprecisa que «el actor ingresó a trabajar para la demandada en julio o agosto del año 1998», lo que no prueba nada a los fines pretendidos.

En cuanto los testigos Algarañaz (fs. 135), Iparraguirre (fs. 138), Lugieri (fs. 142) y Borda (fs. 145) tampoco logran variar lo resuelto, ya que dichos testimonios pierden consistencia frente a las notas de imprecisión y vaguedad señaladas en el fallo de grado y que comparto.

En definitiva, no se advierten en las pruebas producidas elementos concluyentes y concretos que permitan con seriedad formar convicción suficiente acerca de la fecha de ingreso invocada al demandar, por lo que cabe confirmar el rechazo de la indemnización reclamada con sustento en el artículo 1 de la ley 25.323, por cuanto -reitero- no se advierte configurado en la especie los presupuestos fácticos a los que alude el artículo citado como condición de procedencia para la indemnización que prevé, esto es, la incorrecta o deficiente registración del contrato de trabajo con una fecha de ingreso posterior a la real, por lo que el reclamo en cuestión carece de andamiaje.

IV- Igual suerte desestimatoria obtendrá el disenso de la accionante dirigido a cuestionar el rechazo del reclamo por horas extras, toda vez que la omisión en que se incurrió al demandar, de conformidad con las exigencias del artículo 65 de la L.O., deja sin sostén la crítica vertida por el accionante en este aspecto.Nótese que no se formuló en el inicio una exposición precisa y circunstanciada de los presupuestos fácticos (de hecho) y normativos (de derecho) exigibles, y en los que se fundó el pretendido reclamo (conf. art. 65 incs. 4º y 6º de la L.O.), limitándose el accionante a invocar de modo genérico la realización de trabajo en horario extraordinario e incluir en la liquidación practicada a fs. 11 una suma global por dicho concepto, sin siquiera denunciar concretamente el horario de trabajo (jornada de trabajo) que efectivamente cumplía ni describir en forma detallada (cfr. art. 65 de la L.O.) las circunstancias que tuviera en cuenta para el cálculo de las horas extras que peticiona.

En efecto, no surge del escrito de demanda la indicación del período respecto del cual se reclama la deuda en cuestión, ni la descripción del procedimiento tendiente a vislumbrar como se arribó a la suma peticionada, todo lo cual impide tener por cumplidos en el caso los requisitos formales que debe contener una demanda (cfr. citado art. 65 de la L.O.). Resulta insuficiente a tales fines la aislada referencia hecha en torno a una cantidad de horas diarias cumplidas durante cada jornada de trabajo.

En este sentido corresponde recordar que la mera inclusión de determinados rubros en la liquidación o la enunciación de una suma global como correspondiente a un concepto determinado no basta, como regla, para admitir el reclamo sobre el particular, dado que a la luz de lo normado por la citada norma (cfr. art. 65 de la L.O.), compete a la parte actora precisar los presupuestos de hecho de cada una de las pretensiones, extremo que -a la vista del escueto y genérico contenido del escrito de demanda en el aspecto que aquí interesa-, en el caso, no se advierte cumplido.Sin perjuicio de ello y aun soslayando las deficiencias formales aludidas (es decir, la falta de cumplimiento de los recaudos de índole formal necesarios para la viabilidad de la cuestión), lo cierto y relevante es que de todos modos, el rubro en cuestión deviene inadmisible en atención a que el contenido de la prueba testifical aportada por el demandante no resulta idóneo para demostrar la extensión de la jornada de trabajo denunciada en el inicio y, por ende, la realización de trabajo en horario extraordinario.

Ello pues, tras analizar íntegramente y en sana crítica los testimonios de fs. 131, 135, 138, 142 y 145 (arts. 90 de la L.O. y 386 y 456 del C.P.C.C.N.), aprecio que los declarantes no proporcionaron elementos concluyentes y categóricos a los fines que interesan, por las razones expresadas en el fallo de grado -no contradichas eficazmente en el recurso que se analiza (cfr. art. 116 de la L.O.)-, en términos que hago propios.

El demandante insiste en la solución contraria pero su planteo se circunscribe a referencias aisladas de los testigos Fernández, Lugieri y Rodríguez que tampoco tienen el alcance que pretende atribuírseles en la expresión de agravios.

En dicha inteligencia, no puedo sino confirmar la conclusión expuesta en el f allo de grado en cuanto rechazo el reclamo por horas extras, lo que así voto.

V- Por último, en lo atinente a los honorarios, es dable señalar que resulta de tratamiento abstracto el recurso deducido por la parte actora respecto de los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes en autos por elevados, toda vez que en atención a la forma en que se impusieron las costas por la controversia planteada, la parte actora carece de interés recursivo para cuestionar tales honorarios (cfr. art. 49 de la ley 21.839).

También carece de interés recursivo el Dr. Rafael Miguel Angel Lanzilotti, para apelar por exiguos los honorarios regulados a su favor, habida cuenta que existe otro letrado interviniente por la misma parte el Dr.Roberto Luis Ciavelli, y no se solicitó previamente discriminación de honorarios.

VI- Las costas de la Alzada sugiero imponerlas en el orden causado (conf. art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.) y regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia (art. 14 de la ley 21.839).

EL DOCTOR ALVARO E. BALESTRINI dijo:

Por compartir los fundamentos adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).-

A mérito del acuerdo que precede el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que decide y fuera materia de apelación y agravios; 2) Imponer las costas de la Alzada en el orden causado; 3) Regular los honorarios de las representaciones letradas de las partes, por su actuación ante la alzada, en el 25% de lo que a cada una le corresponda por lo actuado en la anterior instancia.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

Ante mí.-

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: