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Procede despido por pérdida de confianza de abogada que asesoró a empresa con intereses concurrentes a los de su empleador

Despido (2)Partes: Prendes Natalia Verónica c/ Telefónica de Argentina s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 21-may-2013

Cita: MJ-JU-M-80484-AR | MJJ80484 | MJJ80484

Se confirma sentencia que legitima el despido por pérdida de confianza de un profesional del derecho que prestó servicios para una empresa que mantenía intereses concurrentes a los de su empleadora.

Sumario:

1.-Corresponde confirmar la procedencia del despido que hubo dispuesto la empleadora, puesto que, a todas luces, quedó demostrado el vínculo entre el trabajador despedido y una empresa que reluce intereses contrapuestos a los de su empleadora, configurando dicha incompatibilidad una violación al deber de no concurrencia y por ello una injuria suficiente para tornar justificado el despido en cuestión por pérdida de confianza .

2.-La causal de pérdida de confianza , por las características que inviste debe ser apreciada con suma estrictez, puesto que resulta causal suficiente para disponer la extinción del contrato de trabajo, debiendo el empleador -conforme al art. 377 del CPCCN.- acreditar los extremos sobre los cuales funda su decisión rupturista.

3.-Deben valorarse a la luz de las prerrogativas del art. 944 del Código Civil, las características y celebración de los documentos presentados en el proceso pues el acto jurídico, como acto voluntario lícito pleno para establecer relaciones jurídicas o crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos, podrá ser declarado nulo (art. 1044 del CCiv.) cuando los sujetos celebrantes hubiesen procedido con simulación o fraude presumido por la ley o cuando el objeto principal fuese prohibido; ante deficiencia formal o nulidad de los respectivos instrumentos o bien anulable anulable (art. 1045 del CCiv.) cuando tuviese el vicio del error, la violencia, fraude o simulación.

4.-Corresponde conforme la jurisprudencia, no considerar idónea la prueba testifical si no proviene propiis sensibus, ya que los testigos son aquellos que han tenido conocimiento personal de los hechos a acreditar, sea por haberlos vistos, por haberlos escuchado o por haberlos percibido de alguna manera, de modo que si este no presenció el hecho que relata, su declaración carece de fuerza probatoria.

5.-Es comprensivo del ejercicio de las facultades disciplinarias conferidas por los arts. 67 y 68 de la LCT. el pedido de informes o solicitud de explicaciones por parte del empleador, no resultando el interrogatorio personal per se una violación a la dignidad del trabajador ni un abuso de derecho.

6.-Se considera que la prestación de servicios de asesoría legal y técnica por parte de un profesional a favor de una empresa que lleva a cabo crecientes reclamos por daños y perjuicios contra su empleadora, configura un conflicto de intereses contrario a los deberes de buena fe (art. 63 LCT.) tornando justificada la decisión extintiva, a la luz del art. 242 LCT.

7.-El art. 243 obliga a que la comunicación del despido contenga expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato , pues se pretende que el denunciado conozca las razones de la ruptura para poder rebatirlas y así evitar vulnerar el derecho de defensa en juicio, en tanto dicha causal no puede ser modificada conforme al principio de buena fe (art. 62 y 63 LCT.), vigente hasta la extinción del vínculo.

8.-No puede la aplicación del art. 243 de la LCT. importar un formulismo taxativo en aquellos casos en los cuales el trabajador no puede ignorar las causas que determinaron la ruptura del vínculo y está en condiciones de preparar su demanda cuestionando el hecho imputado.

9.-Conforme al art. 116 LO. el memorial de descargo ha de cumplir con el requisito básico de criticar de modo razonado y concreto las motivaciones esenciales del pronunciamiento que se considera gravoso, siendo necesaria también, la demostración de los motivos que se tienen para considerarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada pues no existe cabal expresión de estos.

10.-Solo ha de aplicarse lo dispuesto por el art. 1 de la Ley 25323 -esto es el doble de la indemnización que correspondiere- a los casos de despido (directo o indirecto) en que proceda el pago de la indemnización por despido incausado, y no a otros casos de extinción.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 21 DE MAYO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación.

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I- Contra la sentencia de primera instancia (fs572/586) que rechazó la demanda deducida se alza la parte actora (fs. 593/606), recibiendo réplica de la contraria. Asimismo, el perito contador apela los honorarios regulados a su favor por reputarlos insuficientes.

II- Se agravia la parte actora por cuanto el judicante de grado rechazo la acción impetrada al tener por acreditadas las causales invocadas en la comunicación extintiva adoptada por la empleadora y sustentar el fallo en presunciones que -a su entender- son arbitrarias y fragmentadas. Asimismo, afirma que de conformidad con la comunicación rescisoria, no surgen acreditadas las causales sobre las cuales la empleadora dispuso el despido, que son el incumplimiento del deber de no concurrencia y de buena fe; así, el fallo justifica el despido dispuesto sobre la base la causal de pérdida de confianza, extremo éste no invocado en la comunicación disolutoria, contradiciendo las prerrogativas del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por su parte, considera que la valoración dada al documento suscripto con fecha 2 de julio de 2.009 carece de la merituación de las reales circunstancias en las cuales fue suscripto como son el «hostigamiento y la presión psicológica»(ver fs. 596vta). Agrega que, de la prueba producida en autos, no surge acreditada la vinculación de la accionante con los hechos que se le imputan: -relación con la empresa Astyl S.R.L., la cual inició reclamos por daños y perjuicios contra la demandada- y que la accionante era quien suministraba los datos necesarios para realizar los reclamos mencionados.

Para así resolver el Sr.Juez de grado, -en una muy fundada sentencia- en primer lugar expuso que la causal de «pérdida de confianza», por las características que inviste debe ser apreciada con suma estrictez, en cuanto a su valoración como causal suficiente para disponer la extinción del contrato de trabajo y que no cualquier incumplimiento puede alcanzar para investir la calidad de la causal reseñada. Aun así, entendió que el abordaje del material probatorio no debe ser analizado a la luz del concepto «pérdida de confianza», sino sobre la veracidad de los hechos que se le han imputado a la actora en la comunicación extintiva. Tales hechos le fueron puestos en conocimiento en una entrevista con interrogatorio, sobre la cual entiende que fue celebrada sin la concurrencia de vicios en la voluntad. Entiende que, la existencia de concurrencia desleal es lo único que se ha probado, sumado al uso de elementos de propiedad de la empresa para fines ajenos al trabajo y especialmente la violación de la confidencialidad y reserva de información y/o documentos de la empresa. Finalmente, considera que existe un conjunto armónico de presunciones e indicios, acerca de la ejecución de negociaciones o de conductas infieles que implican violaciones a las obligaciones derivadas del deber de fidelidad, que ante su configuración habrían afectado los intereses del empleador. La sumatoria de ese material indiciario lleva al judicante de grado a entender que el despido dispuesto por la demandada resultó ajustado a derecho por haber violado la accionante el deber de fidelidad y con ello haber configurado una situación de pérdida de confianza.

III- De conformidad con los hechos constitutivos de la presente litis, son contestes las partes en que el contrato de trabajo que las unía se extinguió por el despido directo dispuesto por la empleadora mediante Telegrama 4AT80559301, fechada el día 31 de julio de 2.009 que en su original luce glosado en el anexo 1702.En dicha misiva, la accionada dispuso la extinción de la relación en los siguientes términos «habiéndose detectado que Ud se estuvo desempeñando para la empresa Astyl S.R.L con domicilio en la calle Sarmiento 474 4º B Bs As., la cual lleva causas sobre reclamos por daños y perjuicios contra Telefónica por incumplimiento del servicio de telecomunicaciones, patrocinadas por los Dres. Alejandro Iturbe y Nereo de Carlos principalmente ambos conocidos suyos, y socio en el caso del Dr. De Carlos, según fuera reconocido por Ud. y siendo que Ud se desempeña en Telefónica de Argentina S.A dentro de la Jefatura Gestión de CNC y Libro de Quejas, que por la índole de la tarea que realiza en la empresas tiene acceso a información sensible y reservada sobre los clientes con reclamos todo lo cual lleva a determinar que las tareas que realiza por cuenta propia en calidad de abogada, configuran un conflicto de intereses con las tareas que realiza dentro de Telefónica, siendo su conducta contraria a lo normado en los arts. 63 y 88 L.C.T por tal motivo y atento que no dio a conocer esta situación a la empresa, pese a estar en conocimientos los lineamientos del manual de convivencia que rige en Telefónica, todo lo cual hace que por su gravedad, origine una pérdida de confianza hacia su persona, que no consiente la prosecución del vínculo laboral (…) «. Atento a ello, y de conformidad con las disposiciones del artículo 377 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se encontraba en cabeza de la empleadora la acreditación de los extremos sobre los cuales fundó su decisión rupturista.

Ahora bien, en primer lugar corresponde adentrarse en el análisis del documento individualizado con la letra «A» que luce agregado en el anexo 1702.Con fecha dos de julio del año dos mil nueve, la actora manifestó haberse desempeñado en la parte de CNC, realizando labores sobre temas de mediaciones, de oficios judiciales e imputaciones, desde el año dos mil seis. Asimismo, al tiempo del interrogatorio dijo desempeñarse en el Área de Organismos Públicos y de Defensa del Consumidor, siendo su tarea analizar la veracidad o no del reclamo que el cliente alega en la audiencia. Sostuvo haber trabajado para la empresa ASTYL S.R.L desde junio del dos mil ocho a mayo del año dos mil nueve, llevando causas relacionadas con casos laborales. Manifestó que estaba en conocimiento de que dicha empresa tenía casos contra Telecom y Telefónica por Defensa del Consumidor y que había efectuado estudios de impacto ambiental y búsquedas de sitios. Finalmente reconoció la titularidad y veracidad de los datos obrantes en el curriculum vitae que fuera certificado mediante Acta Nro.010932065/6.

Ahora bien, sostuvo la accionante en su líbelo inicial que la suscripción del documento reseñado fue resultado de la presión ejercida por Pablo Columbres y Florencia Lopez Gaffney quienes, relata «comenzaron a hacerles preguntas relacionadas con los Dres- De Carlo e Iturbe, manifestando su convencimiento de que ella estaba relacionada comercial o laboralmente con ellos, y que el motivo de que tantos trabajadores procedieran justo en ese momento a reclamar el pago del P.P.P, era por la influencia de la trabajadora ejercía sobre sus compañeros, para obtener un rédito económico de la compañía(…). Ante la negativa de la trabajadora de dichas circunstancias por inciertas y las razones explicaciones dadas por Prendes, el Sr. Pablo Columbre continuó acosando a la trabajadora manifestándole que era beneficioso para la trabajadora confesar su relación los abogados (…) al negarse la trabajadora a acceder ante los acosos del Sr. Pablo Columbres, la Sra. Florencia Lopez Gaffney se retiró de la sala, para confeccionar una especie de acta por la reunión, según sus propias palabras (…) el Sr.Columbres comenzó a sugerirle, con tono muy fuerte y de manera amenazante, que era mejor que declarara conocer a estos abogados y tener relación con ellos, ya que «que va a ser de Luquita (disminutivo del nombre del hijo de la actora) con una madre sin trabajo y sin padre que colabore» ante la situación descripta «la trabajadora procedió a la firma de los documentos sin mirar su contenido, ya que lo único que deseaba era salir de esa sala»(ver fs. 7/vta). Conforme con dicho argumento sostiene que el acto de voluntad que de él emana se encontraba viciado, pues había sido víctima de un «hostigamiento y acoso laboral» (ver fs. 597) y, por ende, sostiene que resulta inválido a los fines respectivos.

Las características del documento reseñado y el -supuesto- modo de celebración, imponen su valoración a la luz de las prerrogativas del artículo 944 del Código Civil. Así, el acto jurídico, como acto voluntario lícito pleno para establecer relaciones jurídicas o crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos, podrá ser declarado nulo (art. 1.044 del Código Civil) cuando los sujetos celebrantes hubiesen procedido con simulación o fraude presumido por la ley o cuando el objeto principal fuese prohibido; ante deficiencia formal o nulidad de los respectivos instrumentos. Asimismo, podrá ser anulable (art. 1.045 del Código Civil) cuando -en lo que aquí interesa- tuviese el vicio del error, la violencia, fraude o simulación.

Atento ello, comparto la valoración conferida al instrumento por el Sr.Juez de grado, ya que de su lectura se observa la presentación clara y concreta de los hechos interrogados a la accionante, sin mediar interrogantes equívocos u oscuros que pudiesen llevar a que las respuestas brindadas por la actora fueran el resultado de algún vicio de la voluntad.

De las pruebas arrimadas a la causa, no obra elemento objetivo alguno que permita acreditar el modo y circunstancias relatados por la accionante respecto del marco en el cual se habría llevado a cabo el interrogatorio, en lo que conlleva los supuestos amedrentamientos y presión psicológica por parte de Lopez Gaffney y Columbres. La recurrente destaca en su memorial recursivo , los dichos de Medina y De Carlo. Sin embargo, sus testimonios se basan en comentarios, en afirmaciones de terceros, lo que enerva su relevancia probatoria (art. 386 CPCC). Cabe recordar que, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, en términos que comparto, no resulta idónea la prueba testifical si no proviene propiis sensibus, ya que los testigos son aquellos que han tenido conocimiento personal de los hechos a acreditar, sea por haberlos vistos, por haberlos escuchado o por haberlos percibido de alguna manera; si el testigo no presenció el hecho que relata, su declaración carece de fuerza probatoria (CNAT Sala I 30/06/1998 «Farias Ramon c. Coto CICSA). Es necesario que el testigo tenga conocimiento directo de los hechos controvertidos pues resultan de escaso valor las conclusiones a las que llega por comentarios de terceras personas quienes, a su vez, podrían no estar diciendo la verdad y no se encuentran bajo juramento al momento de declarar -art. 386 CPCC (CNAT Sala VII 30/8/04 SD 37831 «Lavaque c. Comital COnvert SA»; esta Sala 20/03/2009 SD 93960 «PRez Diego c. DBC SA»).

En cuanto al método adoptado en el «pedido de informes» o solicitud de explicaciones por parte del empleador, se encuentra dentro del ejercicio de las facultades disciplinarias conferidas por los artículos 67 y 68 de la Ley de Contrato de Trabajo.En este orden de ideas, el modo elegido -interrogatorio personal- de acuerdo con la forma consignada en el documento reseñado, no constituye per se una violación a la dignidad del trabajador ni un abuso de derecho y, lo que deviene esencial, es que no se ha acompañado en la causa prueba alguna que acredite que se haya ejercido presión sobre la dependiente.

Resulta relevante a fin de analizar la postura defensiva esgrimida por Prendes, la actitud adoptada. Digo ello porque, el interrogatorio fue celebrado el día 2 de julio de 2.009 -aspecto éste reconocido a fs. 6vta penúltimo párrafo-, pero lo cierto es que la actora expresa que el documento fue suscripto «bajo tortura psíquica y amenazas» recién, por vez primera, con fecha 6 de agosto de 2.009 (ver CD045415609 en anexo 1702) es decir más de treinta días después a la celebración del acto atacado, con posterioridad a que la empleadora haya cursado dos comunicaciones telegráficas, en las que dispuso su suspensión preventiva. Ello resulta cuanto menos extraño según el orden normal y ordinario de las cosas; máxime ante el carácter profesional de la actora (abogada con especialidad de derecho del trabajo y defensa del consumidor, conforme surge del interrogatorio analizado), la cual no podía desconocer el alcance de sus respuestas y la conducta omisiva asumida.

En conclusión, ante la carencia probatoria reseñada, cabe otorgarle plena validez jurídica al documento obrante en el anexo 1702 (conf. artículo 1.046 del Código Civil).

Sobre la base del interrogatorio reseñado, tengo por acreditado que la actora se desempeñó para la empresa Astyl S.R.L desde junio del año 2.008 a mayo del año 2.009. No obsta a dicha conclusión la prueba informativa glosada a fs.194/209 proveniente de Telefónica Móviles Argentina S.A, ya que la nómina de trabajadores que se individualizan corresponde al «staff» permanente y estudios subcontratistas, sin que medien elementos en autos que permitan reconocer modo, circunstancia y alcances de la vinculación -reconocida- de la actora con Astyl S.R.L.

Ahora bien, conforme señalara el Juez de grado, existen indicios concretos que permiten inferir incumplimientos concretos de la actora a sus obligaciones laborales teniendo en consideración la labor y el sector sensible en el que prestaba tareas (considerando 5 del fallo de grado fs. 582), derivados de la vinculación directa mantenida por la actora con los Dres. De Carlos e Iturbide, quienes patrocinaran legalmente al accionante en los reclamos por daños y perjuicios contra la demandada, los cuales -tal como resulta de la prueba de autos- tenían constituido domicilio procesal en el domicilio legal de Astyl S.R.L.-; lo manifestado por los testigos Badeni (fs. 161), Martín y Herrera (fs.165), Mugica, (fs. 177), López Gaffney (fs. 218) y Colombres (fs. 221), sumado a ello la vinculación -comercial o laboral- mantenida por la actora con Astyl S.R.L, llevan a configurar un «haz de indicios» en la concurrencia de los hechos invocados en la comunicación extintiva (art.163 inciso 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

A ello cabe agregar que, aun de considerar que estos indicios resultan insuficientes para concluir que la actora incurrió en un incumplimiento de tal gravedad que tornó ajustado a derecho el despido de autos, a mi juicio resulta relevante para la dilucidación de la presente controversia el hecho de que la actora se haya desempeñado en Astyl S.R.L, el pleno conocimiento de las obligaciones a su cargo y la limitación de las actividades de los trabajadores de conformidad con el «manual de normas éticas y de comportamiento». Digo ello porque, del documento celebrado con fecha 2 de julio de 2.009 la actora dijo conocer las «normas éticas y de Comportamiento, reemplazada en el 2008 por el Manual de Convivencia» y que de éste conoce los principios de actuación en lo respecta a Conflicto de Intereses (ver anexo 1702 individualizado con letra C). El manual referido fue recibido por la actora y en el cual se compromete «a respetar en el cumplimiento diario del trabajo».

Obsérvese que en el capítulo IV intitulado «Conflicto de Intereses» se establece como principio general el hecho de evitar «situaciones en las que su interés particular (el del trabajador) pueda estar o aparentar estar en conflicto con los intereses de Telefónica». Asimismo, puntualmente se consigna que «A fin de evitar conflictos de intereses, se recuerda que el empleado no podrá: 1) Desempeñarse en cualquier cargo o empleo en sociedades, que fabriquen materiales de telecomunicaciones o exploten servicios de esta especialidad, o en cualquier otra sociedad cuya actividad pueda poner en duda la lealtad del empleado hacia la empresa. 2) Realizar actividades por cuenta propia que puedan suponer competencia con alguna de las realizadas por Telefónica». De la lectura de dicho plexo obligacional, fuente de regulación del contrato de trabajo (art.1 incisos d y e L.C.T), surge el incumplimiento contractual en el que incurrió la actora, ya que obra acreditado en autos que la empresa Astyl S.R.L presta servicios de asesoría legal y técnica para empresas de telecomunicaciones (ver fs.198 segundo párrafo) y que «tiene casos contra Telecom y Telefónica por Defensa del Consumidor» (ver anexo 1702 individualizado con letra c). Las tareas comerciales desempeñadas por Astyl S.R.L se encuentran alcanzadas por los impedimentos que el «Manual de normas éticas y de comportamientos» prevé. Así, el incumplimiento objetivo en el cual incurrió la actora fue haber omitido comunicar a la «Jefatura (…) de la situación y las dudas que tenga al respecto» en cuanto a su vinculación -laboral o comercial- con Astyl S.R.L, cuya incompatibilidad, repito, por el orden normal y ordinario de las cosas y por el carácter de profesional del derecho de la actora, ésta no podía desconocer.

Por todo ello, si bien es cierto que la llamada «pérdida de confianza» es un sentimiento subjetivo que para que torne legítimo el despido, requiere un incumplimiento objetivo y grave del dependiente, pero este extremo, en autos, en función de los elementos aportados en la causa, encuentro demostrado(art 242 LCT).

No soslayo el esfuerzo argumentativo expuesto por la parte actora en su reparo recursivo respecto de la invariabilidad de la causal rescisoria (art. 243 L.C.T) pero lo cierto es que de la lectura de la comunicación TCL 4AT80559318 lo que se le imputa a la trabajadora es su vinculación directa con la empresa Astyl S.R.L y los Dres. Iturbide y De Carlos (quienes llevan a cabo los crecientes reclamos por daños y perjuicios, que en orden al sector donde aquella se desempeña y la información manejada, configura un «conflicto de intereses» contrario a los deberes de buena fe (art.63 L.C.T). Así la conducta descripta al no haber sido informada a los superiores, conforme los lineamientos del manual de convivencia -sobre cuyos alcances tenía pleno conocimiento- torna justificada la decisión extintiva, a la luz del art. 242 LCT.

Sabido es que el art. 243 citado establece que la comunicación del despido debe tener «expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato». Dicha disposición legal persigue, sin lugar a dudas, que el denunciado conozca las razones de la ruptura para poder rebatirlas y así evitar que, de algún modo, pueda verse afectado el derecho de defensa en juicio (art. 18 CN). Asimismo, resulta inmodificable la causal invocada, de existir un reclamo judicial. Ello no es más que una manifestación concreta del deber de «buena fe» que debe existir entre las partes a lo largo de toda la relación laboral y también en la extinción del vínculo (art. 62 y 63 LCT).

Desde tal perspectiva, comparto el criterio jurisprudencial -que debe ser aplicado de modo restrictivo- que admite que, en función de la forma en que se produjo la extinción, las circunstancias del caso y los términos del intercambio telegráfico, la supuesta vaguedad de la causa invocada puede no constituir afectación alguna del derecho de defensa del denunciado, en la medida en que exista un claro conocimiento de las razones del despido (ver citas Ley de Contrato de Trabajo Comentada, T. II pág. 1227). Así, se ha sostenido con criterio al que adhiero, que «la aplicación del art. 243 de la LCT no puede importar un formulismo taxativo en aquellos casos en los cuales el trabajador no puede ignorar las causas que determinaron la ruptura del vínculo y está en condiciones de preparar su demanda cuestionando el hecho imputado» (CNAT Sala I en autos «Alves de Castro, Pablo c.INtercargo SAC» del 29/09/2009; Sala V in re «Novo Iglesias He rminio c/ Bugarín Ricardo», del 29/12/2000, etc).

En la especie, la trabajadora había sido interrogada sobre las particularidades de su vinculación con la empresa Astyl S.R.L, con los Dres. Iturbe y de Carlos, el crecimiento de reclamos por daños y perjuicios por deficiencia en el servicio telefónico, el domicilio constituido en dicho reclamos judiciales, etc. Desde tal orden de saber, en función de las particularísimas circunstancias que rodearon la cuestión, considero que la causal invocada por la empleadora le permitió a la trabajadora conocer, sin dudas, las razones del despido. Y, como antes dije, encuentro demostrados los incumplimientos contractuales en que incurrió la trabajadora que, reitero, constituyen injuria laboral y tornan justificado el despido dispuesto.

Por lo expresado, propongo confirmar lo resuelto en grado.

IV- Apela la parte actora el rechazo de las diferencias salariales. Adelanto que, de prosperar mi voto, este aspecto del recurso será desestimado.

En primer término cabe poner de resalto que, a mi juicio, el memorial recursivo no cumple con las exigencias del artículo 116 L.O. Hago esta afirmación porque omite cuestionar mediante una crítica concreta y razonada, las motivaciones esenciales del pronunciamiento al respecto, limitándose simplemente a disentir de manera dogmática lo decidido en la anterior instancia. La ley adjetiva, requiere un análisis razonado del fallo y también la demostración de los motivos que se tienen para considerarlo erróneo, de manera que en ausencia de objeciones especialmente dirigidas a las consideraciones determinantes de la decisión adversa al apelante, no puede haber agravio que atender en la alzada pues no existe cabal expresión de estos (cfr. Falcón, Enrique, «Código Procesal», tomo II pág.266).

Cabe recordar, que la invocación genérica y esquemática de agravios resulta insuficiente para fundar el recurso, ya que no basta la aserción de determinada solución jurídica en tanto ella no esté razonada con referencia a las circunstancias del expediente y a los términos del fallo que resuelve (CSJN Fallos 312:587) Desde esta perspectiva, lo cierto es que las afirmaciones efectuadas sólo constituyen manifestaciones genéricas, en las que expresa dogmáticamente su disconformidad, aunque en modo alguno logra conmover lo resuelto en el particular por el Sr. Juez de grado.

Ahora bien, sin perjuicio de la carencia procesal en la que incurre la actora, lo cierto es que de los términos expuestos del líbelo inicial (ver fs. 13vta) resulta por demás exiguo el argumento vertido a su respecto, sin desarrollarse en forma concreta cuales serían las diferencias salariales que se habrían devengado en orden a la realidad del vínculo. Aun así, tampoco fueron ofrecidos puntos periciales contables para su dilucidación.

Por todo ello, propicio que se confirme el fallo de grado en cuanto resuelve el rechazo del reclamo por «Diferencias salariales» V- Igual suerte, de prosperar mi voto, correrá la queja deducida por la parte actora respecto de la sanción prevista en el artículo 1 de la Ley 25.323.

Como he tenido oportunidad de afirmar en antecedes de similares características «la norma tiene como finalidad penar a aquellos empleadores con el pago de una doble indemnización por despido en el supuesto en que se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviere debidamente registrada, y que por dicha deficiencia u omisión registral se evadan normas previsionales». (esta Sala SD 96294, 17/5/2012, «Fernández José Carlos c/ Atento Argentina SA s/ despido). Sin embargo, como ha sostenido esta Sala con anterioridad, con criterio que comparto, el art.1 de la ley 25.323 solo se aplica a los casos de despido (directo o indirecto) en que proceda el pago de la indemnización por despido incausado, y no a otros casos de extinción (v.gr., por incapacidad absoluta del trabajador, por muerte del trabajador, por muerte del trabajador o del empleador, etc.) en que no pueda hablarse de despido o cuando no corresponda el pago de dicha indemnización (CNAT Sala IV Expte. N° 17.802/07 Sent. Def. N° 94.347 del 20/10 /2009). En las presentes actuaciones, en función de lo antes expresado, no resulta admisible la indemnización del art. 245 LCT, lo que sella la suerte adversa del agravio, más allá de las particularidades del vínculo que unió a las partes en el primer tramo de la relación.

VI.-Se agravia la parte actora porque el Sr. Juez de grado no trató el reclamo por la multa prevista en el artículo 45 de la Ley 25.345.

Adelanto, que de prosperar mi voto, dicho agravio tendrá favorable acogida.

Conforme fuese expuesto, el contrato de trabajo se extinguió por el despido directo dispuesto por la accionada. Por su parte, la empleadora en ningún momento puso a disposición del trabajador las certificaciones contempladas por el art. 80LCT primer párrafo, ni las acompañó en la etapa procesal prevista en el artículo 71 de la Ley 18.345, encontrándose al presente incumplida dicha obligación. La actora mediante CD 088014832 de fecha 5 de noviembre de 2.009 (ver anexo 1635) dio debido cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 3º del decreto 146/01. Atento ello, encontrándose configurados los presupuestos fácticos descriptos en el cuerpo legal citado y debidamente cumplimentado el requisito formal que la norma reglamentaria dispone, el empleador no puede sustraerse al pago del resarcimiento establecido en el párrafo agregado por el art. 45 de la 25345 (conf.del protocolo de esta Sala SD 95143, 24/2/2011, «Centeno, Horacio Walter Fernando c/ Castro Miguel Angel y otro s/despido». SD 96715, 8/11/2012, «Maine Larrosa, Roberto c/ FPI Compañía de Seguridad SA s/ despido»).

VII.- Así, sobre la base de la mejor remuneración percibida por la actora correspondiente al mes de julio de 2.009 la cual asciende a $ 4.784,75, de prosperar la solución presente, la acción progresa por la suma de $ 14.354,25 que devengará un interés de acuerdo con el criterio adoptado por esta Cámara (Acta 2357 del 7/5/02) desde el momento que la suma es debida, que resulte del promedio mensual de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que será difundido por la Prosecretaría General (cfr., entre otras: S.D. 87.883 del 21/5/02, ‘Fernández, Osvaldo c/ Maco Transportadora de Caudales S.A. s/ despido’) VIII- Por las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido en el artículo 279 CPCCN corresponde adecuar la imposición de costas y los honorarios al resultado del pleito, por lo cual deviene abstracto el tratamiento de los recursos deducidos por la parte actora y perito contador al respecto.En orden a ello y en función de dicho resultado de conformidad con las prerrogativas que emanan de los artículos 68 y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación considero que las costas de ambas instancias deberán ser impuestas a la parte actora en un 85% y a la demandada en un 15%.

IX- Asimismo, en atención al mérito y extensión de la labor desarrolladas, conforme las pautas que emergen de las normas arancelarias (art 38 LO, ley 21839 y ley 24432 y decreto 16638/57) y la forma en que fue resulta la cuestión sugiero regular los honorarios de los letrados de la parte actora, demandada, perito contador y perito calígrafo en las sumas de $ 26.500, $ 30.000, $ 12.700 y $ 12.700 respectivamente.

X- Propongo regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta etapa, en el 25% de lo regulado por las labores desempeñadas en la instancia anterior.

En definitiva, de compartirse mi voto, corresponderá: I – Modificar parcialmente la sentencia apelada y condenar a la demandada Telefónica de Argentina S.A a pagar a la actora la suma de $ 14.354,25 (catorce mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con veinticinco centavos) que devengará intereses conforme lo establecido en el considerando VII 2) Costas y honorarios conforme considerando VIII, IX y X.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: I – Modificar parcialmente la sentencia apelada y condenar a la demandada Telefónica de Argentina S.A a pagar a la actora la suma de $ 14.354,25 (catorce mil trescientos cincuenta y cuatro pesos con veinticinco centavos) que devengará intereses conforme lo establecido en el considerando VII 2) Imponer las costas y regular los honorarios conforme considerando VIII, IX y X.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

 

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