fbpx

Responsabilizan a abogada por percibir sumas por el seguro de vida de una persona y no entregarlas a sus beneficiarios

Pesos argentinos 2Partes: M. M. L. y otro c/ G. B. K. E. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

Sala/Juzgado: L

Fecha: 5-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-80188-AR | MJJ80188 | MJJ80188

Se responsabiliza a una abogada por haber percibido las sumas abonadas por el seguro de vida de una persona, sin entregarla posteriormente a sus beneficiarios, que eran la concubina y el hijo del tomador fallecido

Sumario:

1.-Corresponde condenar a una abogada a resarcir el daño causado a los beneficiarios de un seguro de vida, pues se acreditó en sede penal que percibió las sumas abonadas por la aseguradora luego del fallecimiento del tomador -que era el padre y concubino de los demandantes- sin entregarlo a aquéllos, por lo que, en virtud de lo dispuesto por el art. 1102 del CCiv., no puede discutirse la existencia del hecho principal y la culpabilidad de la demandada.

2.-La indemnización por daño moral es procedente, pues, si bien no existe prueba certera respecto al reclamo, el accionar de la demandada sin dudas debió afectar anímicamente a los actores, quienes no recibieron el dinero que les correspondía por la muerte de quien fuera concubino y padre de los reclamantes, máxime considerando que se trataba de una amiga de la accionante, sobre quien ésta había desplegado toda su confianza.

3.-En virtud de lo establecido por el art. 303 del CPCCN y en el fallo plenario Samudio de Martínez , corresponde que las sumas indemnizatorias otorgadas devenguen intereses según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina, máxime cuando no se configura la circunstancia aludida en el punto 4 del plenario.

Fallo:

En Buenos Aires, a los 5 del mes de abril del año dos mil trece, encontrándose reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala «L» de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fin de pronunciarse en el expediente caratulado «M., M. L. y otro c/ G. B., K. E. s/daños y perjuicios» de acuerdo al orden del sorteo la Dra. Pardo dijo:

I.- En primer lugar y pese a la omisión en que se incurriera a fs. 901, atento al criterio de excepción que rige en la temática y por no encontrarse comprendido en la enumeración del art. 260 Cód. Procesal se aclarar dicha providencia rechazando el pedido de apertura de prueba en esta instancia.

II.- Contra la sentencia de fs. 853/867, recurre la demandada por los argumentos expuestos a fs. 885/892, contestados a fs. 894/895 por la parte actora y a fs. 898/899 por la Sr.Defensora Pública de Menores e Incapaces de Cámara.

III.- En la instancia de grado se hizo lugar a la demanda por medio de la cual la actora reclamó por sí y en representación de su hijo menor, una indemnización por daño moral y lucro cesante y la sanción por temeridad y malicia como consecuencia del obrar antijurídico en que habría incurrido la demandada, cuyos servicios profesionales había contratado.

Se queja la demandada por la determinación de los hechos por los que se reclama, por la falta de consideración de una concreta designación de beneficiarios en la póliza de seguro contratada por quien fuera el concubino y padre de los reclamantes y lo resuelto respecto a la falta de legitimación planteada, el daño moral, los intereses y la multa dispuesta.

IV.- A tenor de los agravios planteados, procederé a tratar las quejas de la recurrente aclarando que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, ni tampoco cada medida de prueba; sino solamente aquellas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso, según la forma en que ha quedado trabada la relación procesal (CSJN, Fallos: 144:611; 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 274:113, 276:132, 280:3201, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121, entre otros).

En primer lugar, cuestiona la demandada la determinación de los hechos por los que se reclama, la falta de consideración de una concreta designación de beneficiarios en la póliza de seguro contratada por quien fuera el concubino y padre de los reclamantes y la falta de legitimación del menor L. M.

Ahora bien, efectuado este análisis previo y a raíz del contenido de este agravio, resulta pertinente recordar que, a fin que el tribunal de alzada se encuentre en condiciones para revisar el pronunciamiento de la instancia anterior, de acuerdo con lo establecido por el art.265 del Código Procesal, sobre el interesado pesa la carga no sólo de señalar qué parte del fallo es la que estima equivocada sino también la de presentar una crítica concreta y razonada contra la decisión que ataca. De este modo, el ordenamiento adjetivo coloca en cabeza del impugnante la tarea de demostrar en forma puntual y reflexiva, por medio de una exposición dialógica, en qué ha consistido el error de juicio del sentenciante que el tribunal de alzada debería subsanar. De lo contrario, conforme le establece el art. 266 del citado cuerpo normativo, correspondería declarar la deserción del recurso con los efectos allí fijados.

En el caso de autos, considero que el presentante no hace otra cosa que reeditar cuestiones que el magistrado ya tuvo ocasión de examinar. Es que no solo encuentro acertado el encuadre del reclamo efectuado por la anterior sentenciante, sino que además en el expediente n° 9.720/97, que tramitó por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 35, Sec. n° 120, se dictó sentencia condenatoria respecto de K. E. G. B., por ser penalmente responsable del delito de defraudación por manejo infiel de intereses pecuniarios ajenos, imponiendo la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso y a cinco años de inhabilitación especial para ejercer la abogacía (ver fs. 526/534). En dicha causa se acreditó que la aquí demandada percibió la suma de $24.000 abonada por el seguro de vida correspondiente a Marcelo Mallarino quien falleciera el 28 de julio de 1.996, sin ser entregada a sus beneficiarios (ver fs. 526 vta.). Por ello, en virtud de lo dispuesto por el art. 1102 del Cód. Civil, no puede ya discutirse tanto la existencia del hecho principal como la culpabilidad del acusado.

Por último, y como ya fuera expuesto por la anterior sentenciante, a fs. 552, con fecha 30/11/2006, Citibank S.A. informó que «los beneficiarios del seguro de vida eran M. M. y L. M. y quien lo percibió fue K.G. B.». Impugnado el informe a fs. 688, la mencionada entidad lo ratificó, no siendo desvirtuado por ninguna otra prueba a la que hace referencia la quejosa.

Por ello, entiendo que estos agravios lejos están de constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la sentencia apelada. En consecuencia, entiendo que corresponde declararlos desiertos (conf. art. 266 del Cód. Procesal).

V.- Critica la demandada el encuadre jurídico brindado a la indemnización por daño moral. Sostiene que habiendo la parte actora considerado el caso en la responsabilidad derivada de los hechos ilícitos, no correspondía que el juez lo considerara dentro del ámbito contractual, consecuentemente considera que se ha violado el principio de congruencia.

Sin embargo, entiendo que nada impide que el juez emplace la cuestión conforme a derecho, en virtud del principio «iura novit curia», ya que el encuadre normativo no altera la «causa petendi» (conf. Chiovenda, G. «Principios del derecho procesal civil», Revista de derecho privado, Madrid 1922, t. 1, pág. 328; Morello, A. M. «Responsabilidad aquiliana o contractual», J.A. V-122; Palacio, L. E. «La estimación provisoria de los daños y perjuicios en la demanda», J.A. 1959-IV-163; CNCiv., esta Sala, ED. 78-422, fallo 23.095 in re «Costa de Starevich c/ MCBA»; íd., Sala C, LA LEY, 133-850; citado en Cám. Nac. de Apelaciones en lo Civil, sala A, «Martino, Gabriela Cristina y otro c. Braido, Ana Elena», del 28/12/2007) y de ninguna manera contradice el principio de congruencia. Por tanto entiendo que este agravio deberá ser rechazado.

También cuestionó la prueba y procedencia de este ítem.

El daño moral es el menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales que los reclamantes pudieron haber padecido. Comprende los padecimientos y angustias que lesionan las afecciones legítimas de las víctimas.Es un daño no patrimonial, es decir, todo perjuicio que no puede comprenderse como daño patrimonial por tener por objeto un interés puramente no patrimonial.

Ahora bien, en el ámbito contractual en el que se ubicó la relación jurídica que vinculó a las partes, su procedencia está prevista a través de la directiva contenida en el art. 522 del Código Civil, por la cual la admisibilidad de este ítem, en estos casos, es facultativa para el juez.

La posibilidad de condenar a la reparación del daño moral, según la índole del hecho generador y las circunstancias del caso, existe cuando se encuentre acreditado » … una lesión a los sentimientos de la víctima, o cuando es violado alguno de los derechos que protegen como bien jurídico a los atributos de la personalidad del hombre como tal, o cuando hay una lesión cierta a un interés no patrimonial reconocido a la víctima por el ordenamiento jurídico …» (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, 05/08/1997, «Depaolini, Jorge R. c. Municipalidad de Buenos Aires», publicado en La Ley 1998-B, 492 – DJ 1998-2, 783).

En la especie, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, entiendo -como la anterior sentenciante- que si bien no existe prueba certera respecto a este reclamo, el accionar de la demandada sin dudas debió afectar anímicamente a los actores, quienes no recibieron el dinero que les correspondía por la muerte de quien fuera concubino y padre de los reclamantes, máxime considerando que se trataba de una amiga de la Sra. M., sobre quien ésta había desplegado toda su confianza. Por ello entiendo que la actitud asumida por la recurrente fue de por sí suficiente demostración de la lesión de índole moral producida en ambos reclamantes.

En cuanto a la determinación del monto indemnizatorio, debo aclarar que se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, con amplias facultades para computar las particularidades de cada caso.En virtud de las consideraciones precedentes y teniendo en cuenta las circunstancias personales de las víctimas, en uso de las facultades que confiere el art. 165 del Cód. Procesal, por encontrar adecuada la suma fijada, propondré su confirmación.

En suma, propongo el rechazo de este agravio y la confirmación de la sentencia a este respecto.

VI.- Los intereses se fijaron, respecto del daño moral desde la interpelación al demandado, que habría tenido lugar con la notificación del traslado de la demanda; y respecto de las sumas cobradas por la demandada (daño patrimonial), desde que cada una de ellas fue percibida por aquélla en aplicación de lo dispuesto por el art. 1913 del Cód. Civil; en ambos casos a la tasa activa cartera general (préstamos) del Banco de la Nación Argentina.

Se agravia la recurrente por cuanto sostiene que en el caso correspondía que se aplique un interés entre el 6 y 8% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia de primera instancia y en adelante, hasta su efectivo pago, a la tasa activa establecida en el fallo plenario «Samudio de Martínez».

Sin embargo, en virtud de lo establecido por el art. 303 del Cód. Procesal y en el fallo plenario de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en los autos «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A.s/ daños y perjuicios» , del 20 de abril de 2009, encuentro adecuado que las sumas devenguen intereses, según la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días, del Banco de la Nación Argentina, desde los momentos establecidos en la sentencia recurrida, especialmente si entiendo que no se configura en autos, la circunstancia aludida en el punto 4 del plenario.

VII.- En la instancia de grado se fijó una multa a favor de la actora de pesos diez mil ($10.000) aquí cuestionada por la demandada.

Sobre este punto es preciso recordar que el artículo 45 del Código Procesal contempla la imposición de sanciones a la parte vencida o a su letrado cuando hubieren incurrido en la denominada inconducta procesal genérica, consistente en el proceder contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe (artículo 34, inciso 5° del citado cuerpo legal), manifestado en forma persistente durante el transcurso del proceso judicial. Sus fines son moralizadores y, por este medio, procúrase sancionar a quien formula defensas o afirmaciones temerarias, sabedor de su falta de razón, utilizando las potestades legales con una finalidad obstruccionista y dilatoria (conf. CNCiv, Sala A, 16/12/2005, «Z., M. R. c. D. P., J. L. y otros», La Ley On Line 01/06/2006, 4 – IMP 2006-9, 1244).

En este sentido, la anterior sentenciante tuvo en cuenta la actuación de la demandada recurrente en este proceso, rechazando incluso el planteo formulado en la demanda, por cuanto el proceso era recién iniciado. Sin embargo, sí se consideró la reiteración de la acusación que la actora efectuó con posterioridad. Y sobre el punto coincido con la valoración que se efectuara en la sentencia respecto de la conducta adoptada por la demandada, máxime teniendo en cuenta que se trata de una profesional del derecho.Es que como bien dijo la sentenciante, debe valorarse la elongación injustificada del proceso que produjo la demandada, su negativa frente a hechos que no podían ya discutirse, su postura a lo largo de este proceso que lleva más de catorce años y la circunstancia de continuar -incluso en esta instancia- negando un hecho que ya fue ampliamente probado, incluso en sede penal; todo ello a fin de obtener los actores el reconocimiento de su derecho, no obstante los múltiples planteos realizó insistentemente, a sabiendas de su inexistencia a sabiendas de su sinrazón.

VIII.- Consecuentemente si mi voto fuera compartido, propongo al acuerdo confirmar la sentencia en todo lo que fue materia de agravios. Costas de alzada a la perdidosa (art. 68 Cód. Procesal).

Por razone análogas a las expuestas por la Dra. Pérez Pardo vota en el mismo sentido.

El Dr. Liberman no firma por encontrarse en uso de licencia (art.109 del RJN).

Con lo que terminó el acto.

MARCELA PEREZ PARDO

JOSE LUIS GALMARINI

(P.A.S.)

Buenos Aires, 5 de abril de 2013.

Y VISTOS: lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo precedentemente transcripto el tribunal decide: confirmar la sentencia en todo lo que fue materia de agravios. Costas de alzada a la perdidosa.

El Dr. Liberman no firma por encontrase en uso de licencia (art.109 del RJN).

Regístrese, notifíquese a las partes y a la defensora de Menores de Cámara con remisión del expediente a su despacho; oportunamente devuélvase.

Firmado: Marcela Pérez Pardo y José Luis Galmarini.

Jorge A. Cebeiro

Secretario de Cámara

 

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: