No corresponde justificar el despido por pérdida de confianza del vigilador de garaje por falta de vigilancia que impidiera el robo de los estéreos

shutterstock_111905621Partes: Blanco María Emilia c/ Villamil Adrián Eduardo s/ consignación

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 30-abr-2013

Cita: MJ-JU-M-79082-AR | MJJ79082 | MJJ79082

El despido dispuesto por la empleadora, -como consecuencia del robo de varios estéreos de rodados guardados en el garaje-, devino injustificado, puesto que las tareas del actor iban más allá de encontrarse sentado en una garita observando una cámara para detectar si había algún intruso que pudiera extraer los estéreos de los autos; máxime siendo que las tareas de exposición al público y al manejo de dinero requiere ciertos recaudos por parte de la empleadora, que no fueron implementados.

Sumario:

1.-No corresponde justificar el despido dispuesto por la empleadora, -como consecuencia del robo de estéreos-, puesto que más allá de las tareas que según ésta tiene a su cargo un encargado de acuerdo a lo previsto por el art. 7 del CCT., luce acreditado que las reales tareas del actor eran no sólo controlar y vigilar a través de las cámaras de seguridad, sino también atender a los clientes que se acercaban al lugar, realizar la limpieza, mover los autos estacionados de las cocheras fijas y también cobrar a los clientes, y como es evidente, las tareas del actor iban más allá de encontrarse sentado en una garita observando una cámara para detectar si había algún intruso que pudiera extraer los estéreos de los autos.

2.-No corresponde considerar acreditada la pérdida de confianza que se le imputa al actor, por entender que no puso el cuidado necesario de un buen empleado para evitar el robo de varios estéreos en el garaje, puesto que las tareas del actor iban más allá de encontrarse sentado en una garita observando una cámara para detectar si había algún intruso que pudiera extraer los estéreos de los autos; máxime siendo que el actor en modo alguno tenía a su cargo el deber de protección de los bienes de terceros encomendados a la empleadora para su guarda.

3.-La circunstancia de que un trabajador estuviera expuesto al público y al manejo de bienes y dinero, -máxime si se trata de una jornada que se cumple en el turno de la noche-, implicaba que la empleadora adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, entre otras económicas, pero toda vez que no se advierten instrumentadas, corresponde determinar que el despido directo, fundado en la falta de vigilancia que impidiera el robo de los estéreos endilgada al actor, es injusto.

4.-Cuando se encomienda a un trabajador realizar tareas que involucren el manejo de dinero, dejándolo expuesto a posibles situaciones traumáticas o que pondrían en riesgo la integridad psicofísica o bien la vida misma, el empleador tiene a su cargo la obligación de adoptar los recaudos necesarios para impedir que ello ocurra, y lo concreto es que la empleadora no aportó pruebas que acreditaran el cumplimiento de tal deber de previsión para evitar la pérdida acontecida, consecuentemente, no puede despedir al actor fundando tal despido en las pérdidas detectadas en el garaje.

5.-Toda vez que no se acreditó que el trabajador hubiere obrado con negligencia y menos aún que existiera un hecho que provocara la pérdida de confianza invocada, -muy por el contrario, surge acreditado que la empleadora omitió adoptar las medidas necesarias para evitar el hecho acaecido dejando sólo un empleado en el turno de la noche-, es evidente que según el normal entender de las cosas, la vigilancia a través de una cámara se torna dificultosa, máxime si debía realizar otras tareas, por lo tanto, el despido de la empleadora devino injustificado.

6.-Corresponde admitir la multa prevista por el art. 80 LCT. puesto que más allá de la puesta a disposición de los certificados, la entrega de los certificados de trabajo es una obligación que se encuentra a cargo de los empleadores debiendo ser cumplida en legal tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 80 LCT., y según las constancias de autos, no fue debidamente cumplida pues los instrumentos acompañados son insuficientes.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I. Contra la sentencia de fs.325/327, se alza la parte actora (en adelante empleador) a tenor del memorial de fs.330/335 la que mereció la réplica de fs.341/345.

A fs. 328 apela la representación y patrocinio letrado de la parte demandada (en adelante trabajador) por considerar reducidos los honorarios regulados a su favor.

A fs, 335 in fine el empleador apela el modo en que fueron impuestas las costas.

II. El empleador se agravia porque la Sra. Jueza de grado admitió el reclamo de los rubros indemnizatorios derivados por el despido directo del día 22/10/2010 al considerar que el mismo fue injustificado, ello claro está en la acción seguida por despido, acumulada a los presentes autos a partir de fs. 147. Considera que realizó una incorrecta valoración de las pruebas producidas en la causa. Solicita se revoque el fallo.

Adelanto que coincido con la solución adoptada en origen.

En efecto, llega firme a esta Alzada que el vínculo laboral se extinguió por despido de la empleadora el día 22/10/2010 mediante carta documento que obra en el sobre de prueba, anexado a fs.257, cuyo texto en su parte pertinente dice:”… ese día en horario de trabajo (2.44 a 3.34, según videos de seguridad del establecimiento) se produjo el robo de 13 estéreos pertenecientes a diferentes rodados dejados en este garaje para su guarda, sito en la calle Billinghurst 340 de CABA , donde usted presta servicios, sin que usted haya notado siquiera el hecho, aún cuando desde el sistema de seguridad del garaje, se prenden las luces al menor movimiento y posee las pantallas de los videos de seguridad en la cabina en la que usted se encontraba sentado, cumpliendo su turno de encargado, sin prestar la menor atención a las mismas, no notando tampoco la rotura de un vidrio de la planta superior pese al silencio reinante en el establecimiento y teniendo en cuenta que el portón se encontraba cerrado (téngase en cuenta el horario en que el robo se produjo) con el agravante que surge del video de seguridad, en cuanto al libre desplazamiento por todo el garaje de la persona que cometió el ilícito arriba denunciado , sin que usted lo notara, teniendo en consideración que su conducta le ha provocado una gravísima injuria a su empleadora, lo que apareja una grave pérdida de confianza que se materializa en la impericia, negligencia e imprudencia por usted demostrada en el desarrollo de su actividad, puesto que no puso el cuidado necesario de un buen empleado, para que estos graves hechos no ocurrieran y que acarrean no solo un grave perjuicio para cada uno de los damnificados sino un gravísimo perjuicio tanto económico como de credibilidad respecto de los clientes que dejan su vehículo en el garaje de su empleadora, se le notifica que se lo despide…”.

Como puede observarse, de la carta documento extintiva surge que se endilga al trabajador pérdida de confianza por entender que no puso el cuidado necesario de un buen empleado para evitar el robo y en definitiva no acarrear un perjuicio económico no sólo a cada uno de los damnificados sino también en orden a la credibilidad de los clientes que dejan su vehículoen el garage de la empleadora.

Ahora bien, la Sra. Jueza de grado analizó las características del lugar de trabajo y del desempeño, a fin de comprobar si razonablemente el actor pudo haber tenido conocimiento del hecho ocurrido, ello así en tanto se encuentra controvertida la función que el actor tenía a su cargo. Para ello tuvo en cuenta la prueba testimonial y fotografías y concluyó que las tareas del trabajador no eran de seguridad dado que atendía a quienes guardaban los coches, realizaba algunas tareas de limpieza y también cobraba a los clientes. En tal contexto, valoró que el trabajador no circulaba por la superficie del garaje, sino antes bien debía estar en la garita respectiva, sobre el frente del edificio. Entendió que sólo puede presumirse el modo en que ocurrieron los hechos delictivos, porque cualquier reconstrucción requeriría mayores elementos de juicio, entendiendo que el trabajador pudo encontrarse en su puesto cumpliendo su labor adecuadamente mientras que alguien, por los fondos o en el siguiente piso se llevaba los estéreos, no haber mirado la pantalla en ese momento o el sujeto estar fuera de la cámara cuando las miró. Por último y si bien no dejó de reconocer que se trata de un hecho grave, consideró que atento la antigüedad del trabajador la empleadora pudo arbitrar otras sanciones, graves pero distintas del despido, que incluyeran también la instrucción sobre este aspecto del desempeño y de la conducta esperada.

El apelante entiende que la decisión es errónea ya que la Sra. Jueza de grado no tuvo en cuenta la conducta adoptada por el trabajador en el último tiempo de la relación, señalando que fue objeto de sanciones verbales por abandonar el puesto de trabajo mientras se encontraba prestando servicios, especialmente el 4/10 y que además agredió verbalmente a un compañero de trabajo y al esposo de la empleadora impidiendo el ingreso de rodados al establecimiento por lo que se aplicó un día de suspensión.Agregó que ello fue debidamente acreditado con la prueba testimonial, en especial con las declaraciones de Telles, cliente del garaje y Aleman. También señaló que quedó acreditado que el trabajador entre sus tareas tenía a cargo mover los rodados de las cocheras fijas para que los titulares estacionaran y además tenía a su cargo la higiene del establecimiento y el control de los coches mediante cámaras de seguridad y mirar por la pantalla de control dentro de la garita, circunstancias que también se encuentran acreditadas con los testimonios de Telles , Bianco y Szmejko y Alleman y sin embargo no prestó la más mínima colaboración pues actuó de un modo negligente.- También señaló que la vigilancia del lugar se hacía a través de las cámaras, es decir debía ver y controlar el establecimiento a través de la pantalla de la garita, donde el trabajador se encontraba sentado y dar alerta por teléfono en caso de observar algún hecho delictivo dentro del garaje. Agregó que la Sentenciante omitió también tener en cuenta lo dispuesto por el art. 7 del CCT 428/05 que determina cuáles son las tareas del encargado, que incluye las tareas de vigilancia y, quien debe velar por el buen funcionamiento del establecimiento. En concreto, señaló que el trabajador debía llamar a la policía o a la empleadora, con el fin de proteger los bienes de terceros que están al cuidado del garaje. En este aspecto señaló también que el trabajador tenía a su cargo, la guarda de los bienes que se dejaban en el garaje y, sin embargo nada hizo para evitar el robo perpetrado dentro de los vehículos. Solicita se revoque la sentencia.

En primer lugar corresponde señalar que el apelante no aporta elementos de suficiente envergadura que logren rebatir la decisión de origen.

En efecto, y más allá de las tareas que según la empleadora tiene a su cargo un encargado de acuerdo a lo previsto por el art.7 del CCT, corresponde analizar en el caso las reales tareas que quedaron acreditadas con la prueba testimonial y que reconoce la apelante ante esta Alzada. Así, el trabajador debía no sólo controlar y vigilar a través de las cámaras de seguridad, como lo pone de resalto el apelante, sino también atender a los clientes que se acercaban al lugar, realizar la limpieza, mover los autos estacionados de las cocheras fijas y también cobrar a los clientes y como es evidente, las tareas del actor iban más allá de encontrarse sentado en una garita observando una cámara para detectar si había algún intruso que pudiera extraer los estéreos de los autos, conforme lo entendió la Sra. Jueza de grado.

Pero además, pongo de resalto que en modo alguno el trabajador tenía a su cargo el deber de protección de los bienes de terceros encomendados a la empleadora para su guarda, como lo entendió el apelante.

Así, la circunstancia de que un trabajador estuviera expuesto al público y al manejo de bienes y dinero, máxime si se trata de una jornada que se cumple en el turno de la noche, implicaba que la empleadora adoptara las medidas necesarias para evitar pérdidas, entre otras, económicas, como las endilgadas al actor, pero que no advierto instrumentadas.

En efecto, cuando se encomienda a un trabajador realizar tareas que involucren el manejo de dinero, dejándolo expuesto a posibles situaciones traumáticas o que pondrían en riesgo la integridad psicofísica o bien la vida misma, el empleador tiene a su cargo la obligación de adoptar los recaudos necesarios para impedir que ello ocurra y lo concreto es que la empleadora no aportó pruebas que acreditaran el cumplimiento de tal deber de previsión para evitar la pérdida acontecida.

Memoro al respecto, tal como lo he sostenido reiteradamente, que el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principiode indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma), de allí, que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra l egitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63 , 75 y concordantes de la LCT).

A ello cabe añadir que en el ámbito del derecho del trabajo rige otro principio rector que es el de ajenidad del riesgo empresario, máxime cuando el trabajador queda expuesto a posibles pérdidas de dinero o bienes porque sus tareas involucran el manejo de esos bienes o dinero.

En orden a tales consideraciones, concluyo que no se acreditó que el trabajador hubiere obrado con negligencia y menos aún que existiera un hecho que provocara la pérdida de confianza invocada.Muy por el contrario, surge acreditado que la empleadora omitió adoptar las medidas necesarias para evitar el hecho acaecido dejando sólo un empleado en el turno de la noche en las condiciones descriptas, siendo que trata de un lugar que cuanto menos tiene una planta baja y primer piso, por lo que es evidente que según el normal entender de las cosas, la vigilancia a través de una cámara se torna dificultosa, máxime si debía realizar otras tareas.

Por tales razones el despido de la empleadora devino injustificado y en consecuencia el trabajador es acreedor a las indemnizaciones derivadas del despido tal como se decidió en origen.

A mayor abundamiento señalo que las sanciones disciplinarias invocadas por el apelante de las que fue pasible el trabajador, no obstan a lo señalado, dado que hubieran servido como antecedentes desfavorables pero sólo en la medida que hubiera quedado acreditada una injuria que justificara el despido dispuesto por la empleadora, lo que no ocurrió ( 242 LCT).

III. También se agravia la empleadora porque la Sra Jueza de grado admitió la multa prevista por el art. 2° ley 25.323.

Señala que es improcedente el reclamo con fundamento en dicha norma atento a que el despido ha sido con causa y no tenía obligación de abonar indemnización alguna.

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el considerando II, quedó comprobado que el despido devino injustificado y lo cierto es que el trabajador tenía derecho al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y ante la falta de pago quedó obligado a iniciar la presente acción para procurar su cobro.

Por tales razones debería confirmarse el fallo de grado en este segmento de la queja.

IV. La parte demandada se queja porque la Sra. Jueza de origen admitió el reclamo de la multa prevista por el art.80 LCT.

Señala que la entrega de las certificaciones de servicios y remuneraciones fue puesta a disposición en legal tiempo y forma de acuerdo a lo prescripto por el art. 80 LCT y art. 3° dec. Regl. 146/01, inclusive se hizo ante el Seclo, sin que el trabajador los recibiera, obligándolo a acompañarlos en estas actuaciones. A ello agrega que el trabajador no realizó la intimación en el plazo legal previsto por el decreto aludido.

Más allá de la puesta a disposición alegada, debo señalar que la entrega de los certificados de trabajo es una obligación que se encuentra a cargo de los empleadores debiendo ser cumplida en legal tiempo y forma de acuerdo a lo dispuesto por el art. 80 Ley de Contrato de Trabajo y según las constancias de autos, observo que no fue debidamente cumplida pues los instrumentos acompañados a fs. 31/41 son insuficientes, de conformidad con lo establecido por la norma antedicha.

En efecto, según la norma aludida y doctrina que comparto, el certificado que se debe entregar al trabajador debe contener:tiempo de la prestación de servicios (fecha de ingreso y egreso); naturaleza de los servicios (tareas, categoría profesional); sueldos percibidos, una constancia de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de seguridad social, calificación obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado acciones regulares de capacitación conforme lo dispuesto por la Ley 21.476 .

Resalto que el formulario PS6.2 de certificación de servicios y remuneraciones no contiene un detalle de los aportes ni las contribuciones efectuadas por el empleador, solamente especifica los períodos de desempeño laboral, las remuneraciones percibidas en los últimos ciento veinte meses y el domicilio de radicación de la fuente documental a lo cual cabe agregar que tal instrumento debe contener la firma del empleador o autorizado con la respectiva certificación de firma (Lodi-Fe, María D -2001 -Certificado de trabajo -Revista Doctrina Laboral -Tomo XV -nº192- Buenos Aires: Errepar).

Por lo expuesto, sugiero confirmar lo decidido en origen al respecto.

V. Por último, la empleadora se agravia porque la Sra. Jueza de grado la condenó al pago de los rubros por días trabajados en el mes de despido, Sac proporcional y vacaciones no gozadas.

El apelante alega que dichos rubros fueron abonados, dado que se depositaron al punto que fueron objeto de consignación la que fue admitida por la Sra. Jueza de grado, más allá del descuento que realizó.

Coincido con la decisión adoptada pues que de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos que anteceden, el depósito realizado resultó insuficiente (conf.art. 758 código civil), sin perjuicio de lo cual corresponde tenerlo como pago a cuenta , por lo que fue adecuado descontarlo del total de la liquidación practicada a fs. 326 in fine. en virtud de lo dispuesto por el art. 260 Ley de Contrato de Trabajo.

Por dichas razones propicio se confirme el decisorio.

VI. En orden a las costas, no encuentro razones para apartarme del criterio general estatuído por el art.68(rf:LEG1312.68) CPCCN teniendo en cuenta para ello no sólo un criterio meramente matemático sino también jurídico, por lo que propicio se confirme la decisión de imponer las costas a la empleadora vencida en lo principal.

De conformidad con el mérito y calidad de los trabajos realizados en grado, valor económico del juicio, rubros que resultaron procedentes, resultado final del pleito y facultades conferidas al Tribunal, estimo que los honorarios regulados a la representación y patrocinio letrado del trabajador y empleador resultan adecuados (art.

38 LO y normas arancelarias de aplicación).

Propongo que las costas de Alzada se impongan a la empleadora, vencida en lo principal (conf.art 68 CPCCN). En cuanto a su actuación en esta instancia, sugiero regular los honorarios de los letrados firmantes de la parte actora y demandada en el 25% a calcular sobre lo que en definitiva le corresponda percibir por su actuación en la instancia anterior (artículo 14 ley 21.839).

VII. En síntesis, de prosperar mi voto correspondería: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando VI del presente decisorio.

La Doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios como se indica en el considerando VI del presente decisorio.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gloria M. Pasten de Ishihara

Jueza de Cámara

Gabriela A. Vázquez

Jueza de Cámara

Ante mi:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

En de de , se dispone el libramiento de cédulas. CONSTE.

Verónica Moreno Calabrese Secretaria En de de , se notifica al Sr. Fiscal General la resolución que antecede y firma.

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria

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