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El art. 10 de la Ley 24.013 resulta aplicable a los casos en los que la diferencia que marca la ley no es solo entre lo registrado y lo percibido, sino también entre lo registrado y lo devengado

Despido2Partes: Landaburu Miguel Ángel c/ Sounch S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: VII

Fecha: 14-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-78407-AR | MJJ78407 | MJJ78407

El art. 10 de la Ley 24.013 resulta aplicable a los casos en los que la diferencia que marca la ley no es solo entre lo registrado y lo percibido, sino también entre lo registrado y lo devengado.

Para ver el comentario a fallo “Un fallo acorde con el principio de progresividad. Comentario al caso ‘Landaburu Miguel Ángel c/ Sounch S. R. L.» solicite una clave gratuita haciendo clic Aqui


Sumario:

1.-Toda vez que la ley 24013 produce una institución de acople que engancha la sanción y la reparación, -que no deja de ser tal por más que no requiera la prueba del daño por parte del dependiente afectado-, los preceptos establecidos en los arts. 8 , 9 y 10 de la ley citada, no son multas, si no indemnizaciones, por lo que la aplicación no debe ser rígida.

2.-Puesto que la víctima del evento dañoso contemplado en los arts. 8, 9 y 10 de la ley 24013, no es solo el trabajador, sino también el sistema de seguridad social que se pretende engañar o eludir, se hace necesario acoplar la sanción, la reparación y la ejemplificación, para que no cundan este tipo de conductas, por lo que el art. 10, resulta aplicable a los casos en los que la diferencia que marca la ley, no sea solo entre lo registrado y lo percibido, sino también entre lo registrado y lo devengado, pues de otra manera, resultaría ajena a la sanción y a la reparación, una gran franja de trabajadores.

3.-El registro defectuoso de la categoría convencional acarrea el registro defectuoso de la remuneración, con el consiguiente perjuicio para el actor, de modo que habiendo cumplidos acabadamente con el requisito formal impuesto por el art. 11 de la LNE., corresponde admitir la indemnización prevista en el art. 10 y obviamente la del art. 15 , ya que el despido fue decidido por el actor, por causas relativas al registro de la relación y dentro de los dos años de realizado el requerimiento formal.

4.-Sin perjuicio de que en el caso, no se trata de una situación ilícita, sino por el contrario, se trata de un accionar lícito, se exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir; máxime siendo la empresa, una organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

5.-Toda vez que existe una distribución de funciones propias, -es decir que son parte de su actividad normal y específica-, que no son llevadas a cabo por la misma codemandada, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del art. 21 de la LCT., corresponde confirmar la responsabilidad solidaria de la empresa contratante, por los créditos reconocidos al actor, en virtud del art. 30 de la LCT.

6.-Corresponde confirmar la responsabilidad solidaria de la codemandada, respecto de los créditos reconocidos al actor, con base en el art. 30 de la LCT., pues en este caso, se encara la responsabilidad como respuesta que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro la explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

7.-Toda vez la demandada no indicó precisamente cuál era la franja horaria (acotada) en la que se desempeñaría el actor, y sólo lo hizo al momento de alegar, basándose en las declaraciones de sus testigos que, de todos modos no fueron coincidentes, no corresponde admitir el horario de trabajo invocado por la demandada, lo que impone rechazar su planteo relativo a la remuneración, pues se basa también en sostener ese horario reducido.

8.-Toda vez que la negativa de exhibición de los recaudos que los cedentes contratistas o subcontratistas debe exigir a sus cesionarios o contratistas, denota la existencia del incumplimiento y la consecuente violación de la ley que genera la responsabilidad.

9.-Puesto que no cabe duda alguna de que la tarea de custodia de valores que debía transportar la codemandada resulta inescindible de su actividad principal, corresponde confirmar la responsabilidad solidaria de esta última por aplicación del art. 30 LCT.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de febrero de 2013, para dictar sentencia en los autos : «LANDABURU MIGUEL ANGEL C/ SOUNCH S.R.L. Y OTRO S/ DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

I.- A fs. 4/20 se presenta el actor e inicia demanda contra SOUNCH S.R.L. y contra METROPOLIS CIA. FINANCIERA S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedor con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Señala que la codemandada SOUNCH es una empresa que tiene como actividad comercial el rubro seguridad (vigilancia de instalaciones, custodias satelitales, custodias de alta complejidad, seguridad informática y electrónica, custodia física de mercadería en tránsito y custodia de valores y personas, entre otras).-

A la vez, dice, METRÓPOLIS está dedicada al giro financiero y bancario, cumpliendo para ello como actividad ordinaria el traslado diario de valores a distintos destinos (dinero, cheques, etc.).-

Explica que ingresó a trabajar para SOUNCH cumpliendo en la primera etapa tareas de custodia de transportes de mercadería en tránsito, con portación de arma y más tarde fue destinado a cumplir funciones a las órdenes de METROPOLIS, siempre portando arma.-

Detalla las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo así como también las irregularidades en que incurrieran las demandadas hasta que se produce su desvinculación por despido indirecto.-

Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes por despido incausado, diferencias salariales por horas extras, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral.-

Invoca los arts. 29 y 30 de la L.C.T. para responsabilizar en forma solidaria a ambas demandadas.-

A fs. 31/39vta. responde METROPOLIS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. y opone excepción de falta de acción.-

A fs. 95/105vta.lo hace SOUNCH S.R.L.-

Desconoce todos los extremos invocados por el actor, relata su versión de los hechos y, tras impugnar liquidación, pide el rechazo de la demanda.-

La sentencia de primera instancia obra a fs. 470/478 vta.-

En ella la «a-quo», luego de analizar los elementos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora.-

Los recursos que analizaré llegan interpuestos por las demandadas (fs. 482/488 y fs. 479/480vta.) y por la parte actora (fs. 489/493). También hay apelación del letrado de esta última quien considera reducidos sus honorarios (fs. 494).-

II.- En primer término me referiré al item relativo a la jornada de trabajo, punto que llega apelado por la parte actora y por la demandada SOUNCH, cada una -es obvio- desde su interés.-

Por un lado la demandada pretendió sostener que el actor cumplía un horario reducido (es decir media jornada cubriendo la garantía horaria que le impone el art. 23 del Convenio Colectivo 412/05, cfr. CC 507/07).-

Tal como lo señala la sentenciante, al contestar demanda la ahora apelante no indicó precisamente cuál era la franja horaria (acotada) en la que se desempeñaría el actor, sólo lo hizo al momento de alegar, basándose en las declaraciones de sus testigos que, de todos modos no fueron coincidentes. Ello habida cuenta que el testigo Olguín sólo dijo que trabajaba 4 o 5 horas como máximo (fs. 298/301), los demás declarantes ubicaron su jornada entre las 10 y las 14 hs. (fs. 302/304; fs. 305/308), y Zamudio agregó la variante de que el horario podía ser de 6 a 10 hs.- (fs.309/311).-

A mi juicio no constituyen prueba testifical idónea del horario invocado por la demandada, por lo que propongo sin más se desestime su agravio, lo que impone también rechazar su planteo relativo a la remuneración aceptada por la «a-quo», agravio que se basa también en sostener ese horario reducido.-

No le veo mejor suerte al planteo articulado por la parte actora en cuanto al extenso horario de trabajo invocado, que, dicho sea de paso, difiere entre el primer telegrama intimatorio (fs. 48) y los datos aportados en la demanda.-

Sostengo esto porque los testigos que han declarado a su propuesta y que hablaron de la primera etapa de la relación (cuando realizaba viajes al interior) no aportan datos concretos ni creíbles y además describen tareas que serían las que el actor en realidad cumplió en la segunda etapa, es decir cuando trabajaba para Metrópolis.-

Los agravios expresados acerca de la prueba testifical rendida en autos, no son más que una afirmación subjetiva que no permite advertir que se haya violado el proceso formativo de la prueba de testigos. No trae la agraviada a la consideración de la alzada la prueba de que se haya violado el mencionado proceso de percepción de los declarantes ni que se haya interrumpido la necesaria concatenación del proceso lógico de inducción, de deducción, de comparación, de examen, a un análisis de comparaciones lógicas, para que su narración resulte fiel.De ese análisis depende la verosimilitud del relato y no observo que en autos se haya mencionado siquiera tal inconducencia.-

De cualquier manera de la lectura de las declaraciones producidas, debe inferirse que la sentencia ha tenido bien en cuenta los aspectos esenciales del contenido de la prueba testifical ya que lo expuesto no excede los límites del objeto de la prueba y resulta verosímil el hecho y la forma en que los testigos dijeron que llegó a su conocimiento.-

III.- El agravio de la demandada relativo a la remuneración que ha sido tomada por la sentenciante es desierto (art. 116 de la ley 18.345).-

Ello por cuanto se limita a manifestar disconformidad con lo resuelto y a señalar elementos probatorios que dice existen en el expediente.-

Sin embargo, al intentar la revisión del fallo en este punto, sólo realiza una mera enunciación de pruebas por especie (instrumental o testimonial, informe pericial contable, etc. ) pero sin decir qué parte de su contenido o qué declaraciones serían las que -en su entender- justificarían alterar el fallo en favor de la apelante; y no es crítica idónea a una sentencia la remisión en forma abstracta a piezas del expediente sin precisar su contenido (art. 116 de la ley 18.345 -modificada por ley 24.635 -).-

Desde tal perspectiva, el agravio resulta inidóneo para el fin que persigue, por lo que cabe declarar su deserción (art.116 cit.).-

Similar observación merece el planteo de la demandada que se refiere al encuadre convencional en tanto no concreta la medida de su interés al no decir, para el caso de acogerse su agravio cómo es que ello incidiría en orden a alterar el fallo en su favor.-

IV.- La demandada también dice agraviarse en tanto en el fallo se consideró no probada la causal de despido invocada por su parte, esto es, abandono de trabajo, pero nuevamente incurre en deserción en su planteo, habida cuenta de que vuelve a remitirse a elementos de prueba sin indicar su contenido ni cómo es que incidirían en orden a alterar el fallo en su favor.-

V.- Tal como lo indica la parte actora, al practicarse el cálculo de las diferencias salariales por básico de convenio, en la sentencia de primera instancia se omitió incluir los rubros «no remunerativo viáticos» y «vales de alimentación no remunerativos» que también están previstos en la escala salarial adoptadas por la «a-quo».-

En consecuencia, y sobre la base de los cálculos practicados por el Sr. perito contador, cabe computar dichos rubros, con lo que las diferencias salariales alcanzarán la suma de $ 22.971.- ya incluído el SAC ($ 12.099.- + $ 8.005.- + $ 1.100.- + $ 1.767.-)

V.- También se agravia la parte actora en cuanto al rechazo de las multas reclamadas con fundamento en las disposiciones de la Ley Nacional de Empleo y a mi juicio tiene razón.-

En efecto, específicamente el art.10 se dirige al empleador que consiga en la registración una remuneración, menor que la percibida por el trabajador y lo sanciona, con una indemnización equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración.

Con respecto a este tipo de registración falsa, en el ítem de la remuneración, hemos visto, con frecuencia, que, una forma de fraude, que ha comenzado a difundirse, en este sentido, es ubicar al trabajador con una remuneración inferior, no ya a la percibida, sino a la devengada, con lo cual no solo cobra menos de lo que le corresponde, sino que, además, se produce una «concurrencia» entre el pago omitido en plenitud y los aportes no retenidos y efectivizados, dando lugar a una falsedad y daño, aun mayores que los estrictamente previstos, cuando se prevé la regularización del empleo no registrado.

Es que, cuando la ley utiliza la expresión: «una remuneración menor que la percibida», utiliza un término que ya en otras normas debió ser cambiado por:»devengado», teniendo en cuanta la télesis de la ley.

En rigor de verdad, la norma apunta a sancionar la registración anómala con respecto a la remuneración, que produce diversas consecuencias dañosas en el trabajador y en el sistema de seguridad social y el cometido solo se cumple, si se la interpreta de manera amplia.

No falta, quien se opone a esta interpretación por considerar que estamos hablando de multas, y que las mismas son sanciones que no admiten flexibilidad alguna, empero, tengo para mí, que, en el caso, nos encontramos frente a una evasión tributaria laboral, fruto de un fraude, que acompaña también una violación expresa de la ley.

En rigor de verdad, la ley habla de indemnizaciones (no de multas) y, las mismas, corresponden con la existencia de un daño, resultando ocioso enumerar ahora, los daños producidos al trabajador, cuando se omite o se falsifica su registración.-

Si bien es cierto, que el nombre no hace a la cosa, en estos supuestos, si bien hay, como ya dije una intención legislativa sancionatoria para el empleador, también hay que tener en cuenta, que el mismo instituto que sanciona, va a parar al bolsillo del trabajador, con lo cual, no puede negarse, un cariz reparatorio.

Con mucho respeto, discrepo con quienes entienden que estamos en presencia de multas, en estos artículo 8, 9 y 10 , y que, por tanto, su aplicación debe ser rígida.

Contrariamente a ello, considero que la norma, produce una institución de acople, que engancha la sanción y la reparación, que no deja de ser tal, por más que no requiera la prueba del daño por parte del dependiente afectado.

Es más, tengo para mí, que la víctima de ese evento dañoso, no es solo el trabajador, sino también el sistema de seguridad social, que se pretende engañar o eludir, y, siendo Argentina, un país donde hubo momentos de gran fraude que no han terminado del todo aun, se hace necesario acoplar la sanción, lareparación y la ejemplificación, para que no cundan este tipo de conductas.

Es por ello, que considero, que el artículo 10, resulta aplicable a los casos en los que la diferencia que marca la ley, no sea solo entre lo registrado y lo percibido, sino también entre lo registrado y lo devengado.

De otra manera, resultaría ajena a la sanción y a la reparación, una gran franja de trabajadores, con mayor daño aún que el contemplado textualmente.

En el derecho del trabajo, la interpretación de las leyes debe llevarse a cabo, teniendo en cuenta los principios de la disciplina; obsérvese, que los artículos anteriores, es decir, el 8 y el 9 utilizan la palabra «devengado», que es la más abarcativa.

Es ese andarivel de la interpretación, a la luz de los principios, cabe recurrir, en este caso, a la norma más favorable, en caso de duda. Se trata, según propugna Fernández Madrid: «de la interpretación más valiosa, de acuerdo a la finalidad protegida» (Tratado Práctico, t. l, pág 223)

A fuerza de ser sincera, deseo señalar que no sé si fue esa la intención del legislador, pero lo cierto es que, las leyes, una vez lanzadas al mundo jurídico toman vida propia y deben ir aprehendiendo, hasta que nazcan nuevas normas, aquellos casos no contemplados, que fueron ideados a posteriori, a fin de no convalidar aquello de «hecha la ley, hecha la trampa»; situaciones ideadas a la sombra de un resquicio y como burla a la télesis del instituto.Como, en nuestro análisis, donde, el registrar con pago inferior, no solo al percibido, sino también al devengado se configura un fraude, que aunque no literalmente previsto, sí, deviene concurrente, con el tenido en cuenta por el legislador, a los fines de evitar el mismo daño.

Toda ley, se va abriendo, a posteriori de su sanción, como un abanico, que, a su paso, arrastra los ilícitos, no solo expresos, sino también presuntos.

En nuestro análisis, valga recordar la existencia del trabajo «en negro», del trabajo «en gris», del trabajo «marginal», etc.

En este andarivel, se ha señalado, por el más alto tribunal, que: «Por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación, indagar lo que dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país.» (Fallos: 131;227, 19/9/58). Ver trabajo completo de mi autoría «Ley de Empleo – Regularización Registral – Sanciones – Télesis Normativa- Fraude – Ley Penal Tributaria en lo atinente a los Recursos de la Seguridad Social», Publicado en Doctrina Laboral y Previsional, ERREPAR, nº 326, octubre 2012, pág 1035).-

Entrando ya en el caso que nos ocupa, es obvio que el registro defectuoso de la categoría convencional acarreó también el registro defectuoso de la remuneración, con el consiguiente perjuicio para el actor, de modo que habiendo cumplidos acabadamente con el requisito formal impuesto por el art. 11 de la Ley Nacional de Empleo, también es acreedor a la indemnización prevista en el art. 10 y obviamente la del art. 15 (el despido fue decidido por el actor, por causas relativas al registro de la relación y dentro de los dos años de realizado el requerimiento formal).-

Luego, teniendo en cuenta las sumas que el actor debió cobrar según su categoría correcta -lo que generó diferencias salariales a su favor, conforme se indica en el considerando anterior- por el art. 10 de la LE le corresponden $ 5.742,75.- A la vez por el art.15, teniendo en cuenta los montos consignados en el fallo, le corresponden $ 6.554,42.-

Como consecuencia de todo lo expuesto, el monto total de la condena ascenderá a la suma de $ 50.101,04.- sobre la que se liquidarán intereses de acuerdo a las pautas indicadas en primera instancia que no llegan cuestionadas.-

VI.- La demandada METRÓPOLIS se agravia de que en el fallo se la haya declarado solidariamente responsable con la restante demandada de los créditos reconocidos al actor, con base en el art. 30 de la L.C.T. mas no le veo razón en su planteo.-

A mi juicio la Sra. Juez ha evaluado adecuadamente todas las pruebas producidas en autos y no veo en los escritos de recurso datos o argumentos que resulten eficaces para revertir el fallo.-

En efecto, en relación a este tema he tenido oportunidad de señalar lo siguiente: la mencionada norma, en el primer apartado se refiere a quienes ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o explotación, habilitado a su nombre, contraten o subcontraten, cualquiera sea el acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o fuera de su ámbito, y dice que deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.

Hasta allí se marca, por parte del legislador, el ámbito de aplicación territorial y personal de la norma, y, por tanto, corresponde desentrañar, el verdadero alcance de la cuestión planteada.Y en ese andarivel, es bueno tener presente que no estamos en presencia de una posibilidad de fraude por la interposición de seudoempleadores u hombres de paja, ya que ese supuesto se encuentra contemplado en el artículo 29 de la ley.

En este caso, se encara la responsabilidad como «respuesta» que debe dar el empresario que ceda total o parcialmente a otro la explotación a su nombre, contrate o subcontrate, por los daños contractuales o extracontractuales, que puedan producirse, con motivo del desarrollo integral de su actividad.

Existe una normal estructura empresaria que obtiene un beneficio por la tareas ajenas y que, según la ley manda, debe responder ante la insolvencia del contratista o subcontratista.

No nos encontramos en el caso, ante una situación ilícita, sino por el contrario ante un accionar lícito que exige a quien se beneficia con el accionar de otro, que responda por los riesgos que originen daños y que se le impone asumir.

En esa tesitura, es del caso recordar que la empresa, como organización piramidal y jerárquica, que organiza instrumentalmente medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos, está facultada para llevar adelante su proceso productivo de manera concentrada, o encarando un proceso de fragmentación del mismo.

En este último caso, existe una distribución de funciones propias, es decir que son parte de su actividad normal y específica; que no son llevadas a cabo por ella misma, sino por contratistas o subcontratistas que asumen contratos de trabajo, con dependientes, en los términos del artículo 21 de la LCT.

Para enfocar el tema con claridad, debe tenerse presente, que existe una relación entre la empresa principal y el contratista; son contratos entre empresas, que se obligan recíprocamente, en los términos de su convenio.

Empero, pareciera que el eje central del asunto, radica en qué se entiende por «actividad normal y específica propia del establecimiento».

Lo primero que hay que comprender es que estamos en presencia de un supuesto especial deresponsabilidad, no ante un efecto expansivo del contrato de trabajo.

Alguna doctrina minoritaria, ha sostenido que no puede haber acción directa de los empleados de una segunda empresa respecto de la primera, porque las múltiples contrataciones que puede realizar una empresa con terceros, están sujetos a la responsabilidad limitada que deriva de lo pactado entre ellos y de la circunstancia de que ningún acuerdo que celebre una de ellas con terceros puede perjudicarla. Se basa lo expuesto en el artículo 1195 del Código Civil.

Sin embargo, aceptar tal posición significaría anular el artículo 30 de la LCT, ya que siempre existe una relación contractual comercial entre dos empresas cuando se ceden total o parcialmente a otro el establecimiento o la explotación habilitado a su nombre; se contrate o se subcontrate.

Esa relación de cesión, contratación o subcontratación, produce efecto entre esas dos empresas, en la medida de su intercambio comercial y se referirá, sin dudas a esa contratación, cesión o subcontratación. La imposición de solidaridad a los efectos de los incumplimientos de los cedentes, contratistas o subcontratistas, no emerge del contrato comercial citado, sino de un tipo de responsabilidad, ajeno a ese contrato, cuya causa no es contractual, sino legal y que encuentra su fuente en el artículo 30 de la LCT.

Ese es el motivo por el cual la responsabilidad del cedente y del cesionario simultáneamente, como marca la LCT, no encuentra obstáculo alguno, nunca en el artículo 1195 del CC.Este último refiere a una cuestión contractual ajena al Derecho del Trabajo, que no impide la vigencia de la solidaridad que marca la ley especial y protectoria.

Si bien es cierto que los contratos sólo producen efectos entre las partes, nada impide que, como en este caso, el legislador imponga la solidaridad pasiva de ambos (cedente y cesionario), frente a incumplimientos que perjudican a terceros; sobre todo, si ese tercero, tal como dijo el año pasado la CSJN, es un sujeto especialmente protegido, y esa tutela especial, emerge de una ley de orden público.

De tal forma, la relación del contratante y el contratista, no produce efectos, por lo expuesto, con respecto al trabajador; y tampoco la relación o contrato de trabajo habido entre el contratista el empresario principal empece a la responsabilidad solidaria que impone la ley, y que no debe confundirse con un efecto contractual.

Dejada de lado entonces la hipótesis, de que el artículo 30 de la LCT, pueda encontrar obstáculo alguno en la norma de referencia, es del caso analizar el debido funcionamiento del instituto.

Lo expuesto, no significa responsabilizar a la empresa cedente de deudas de cualquier naturaleza que pueda contraer el cedido, sino que la ley se refiere exclusivamente a las deudas laborales, las cuales, son, obviamente, consecuencia del incumplimiento de obligaciones que impone el propio artículo 30, ya que sus párrafos siguientes, señalan, sin ambajes, las exigencias que el cedente debe tener para con el cedido, en el ejercicio de un control que la norma le impone, justamente, bajo apercibimiento de solidaridad, a los efectos de la satisfacción de los derechos involucrados.

Esta concepción ha llevado a la doctrina, a ser bastante poco vacilante en la delimitación del territorio del artículo 30.

Para Fernández Madrid, la actividad normal y específica es la que haga posible el cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo fabricación de cubiertas en una fábrica de cubiertas), como a los trabajos que coadyuvan al cumplimientodel objetivo correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser fraccionada en partes a efectos de establecer la posible existencia de responsabilidad solidaria. (Conf. Fernández Madrid, Juan Carlos, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, t. ll, pag 1041, LL, Bs As 2007).

Fernández Gianoti, hizo referencia, a la comprensión no sólo de las actividades necesarias, sino también a las que coadyuven, sean secundarias o colaterales.

Justo López, señala que la solidaridad también se hace extensiva a esas actividades accesorias con tal de que estén integradas permanentemente al establecimiento, y agrega que quedaría afuera, lo extraordinario, en el sentido excepcional y lo eventual.

Comentando, justamente a Justo López, Fernández Madrid, aclara que ese es el motivo por el cual se ha considerado que se trata de las actividades requeridas por la norma, las desarrolladas por las concesionarias de comedores o buffet, y el club donde éste funciona, por el supermercado y la empresa de vigilancia; por la empresa de telefonía y el cableado necesario para su funcionamiento; el servicio de hotelería y el de salud de un sanatorio; el expendio de combustible y los servicios del ACA; el servicio de coche comedor y el brindado por ferrocarriles; los servicios gastronómicos y las exposiciones rurales, etc.

Por su parte Grisolía, sigue en el tema a Hierrezuelo y Nuñez y señala que los términos «específica y propia» que utiliza la ley para calificar la actividad contratada, aluden sólo a los servicios o trabajos permanentemente integrados o inseparables relacionados con la actividad que se desarrolla en el establecimiento (sea dentro o fuera de su ámbito). (Grisolía, Julio A. Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, T l, pág 370, Lexis Nexis, Bs As. 2006).

A su vez Maza, comparte la postura amplia y estima que el vocablo «específica», usado por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, no da pie a excluir aquellas actividades que, siendo normales, confluyen en forma secundaria o indirecta para lograr el objeto de la empresa.(Maza, Miguel, Casos de solidaridad por contratación o subcontratación en el artículo 30 de la LCT, D.T. t Vlll, págs. 913/25).

Vázquez Vialard, ha señalado que en cuanto al elemento que establece la ley como «específica», debe distinguirse, en el proceso de elaboración de un bien o servicio, aquello que es principal de lo que no lo es. Al efecto, no sólo corresponderán, dice, a la primera calificación aquellas labores que atañen directamente al cumplimiento del fin perseguido, sino también aquellas que resultan coadyuvantes y necesarias (aunque secundarias), de manera que no obstante ser auxiliares o de apoyo, resultan imprescindibles para que se puedan cumplir las otras (ya que normalmente integran como auxiliares, la actividad) (Vázquez Vialard, Antonio, Tratado de derecho del trabajo, Ed. Astrea, Bs As, 1982 t. 2, Cap. IV, pág. 358).

Personalmente he tenido ocasión de señalar antes de ahora, que la observación de la realidad que el analista debe hacer respecto al tema de la actividad normal y específica, no puede dejar de ser prudente y cautelosa; no se pueden comprometer patrimonios ajenos con motivo de la garantía precisa marcada por la ley; lo que sí se observa es la razonabilidad de la consideración legal, que no es caprichosa, sino que encuadra en el derecho más antiguo, recogido por el derecho más moderno, que es la importante consideración hecha por el legislador, que ha advertido una realidad que requiere un interés asociativo que justifica, en el supuesto previsto, una estructura obligacional comunitaria, impuesta por la naturaleza misma de la obligación.

Es bueno recordar, en ese sentido, que la solidaridad, según Vélez, nace de cuatro fuentes (arts.699 y 700 del CC), es decir, puede pactarse, nacer de una decisión testamentaria o de la ley o decisión judicial que tenga fuerza de cosa juzgada.

A ello debe agregarse, que si bien la decisión judicial suele discutirse, hoy por hoy, es aceptada sin mayores reparos en interpretación que considero correcta.

Con respecto a la solidaridad legal (como la del artículo 30 de la LCT), se añade al fundamento general del instituto que es el interés común que conduce al aglutinamiento de vínculos personales, para el mejor servicio de ese interés, la imposición del legislador, de llevar a cabo dicho aglutinamiento de manera imperativa y generalmente sancionatoria, coadyuvando, en el Derecho del trabajo, al principio protectorio, piedra angular y fundamento constitucional de la disciplina.

Por eso, es interesante, a fin de desentrañar el verdadero sentido de la ley, que nos encontramos, en el caso, no ante una extensión contractual que estaría contrariando el artículo 1195 del CC, sino ante una garantía legal, como factor de atribución de responsabilidad generador de una pluralidad de vínculos coaligados, en el decir de Busso.En varias ocasiones me he referido a los recaudos exigidos por el legislador y a los alcances de la responsabilidad solidaria, a su vigencia, su violación y las consecuencias de la misma.

En ese andarivel, la norma en estudio requiere de los titulares de los establecimientos, exigir a los contratistas o subcontratistas, el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social.

Acompaño el pensamiento de Fernández Madrid, Caubet y otros estudiosos del Derecho del Trabajo, que consideran que la empresa es un todo y que su segmentación no puede ser llevada a cabo en desmedro de los derechos del trabajador y de los organismos de la seguridad social.

No se podría, a la sombra de tales consideraciones, legitimar incumplimientos fraudulentos, objetivamente considerados (Caubet, Amanda Beatriz, citada por Fernández Madrid, Otra vez la responsabilidad del empresario principal que contrata o subcontrata, DEL, marzo 2000, Errepar.)

La norma posee, en el párrafo segundo, recaudos que los cedentes contratistas o subcontratistas deberán exigir a sus cesionarios o contratistas.

Así, el código único de identificación laboral de cada uno de los trabajadores que presten servicios y las constancias de pago de las remuneraciones, también copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y una cobertura por riesgos del trabajo, no son más que un anexo de las exigencias previstas en el párrafo primero.

Se trata de una obligación de control, que no puede delegarse en terceros, de cumplimiento personal y continuo, impuesta a favor de cada uno de los trabajadores.Lo dicho no empece que el trabajador y la autoridad administrativa puedan pedir la exhibición de los comprobantes.

A mi modo de ver la negativa de exhibición denota la existencia del incumplimiento y la consecuente violación de la ley que genera la responsabilidad, según surge del propio párrafo siguiente.

La enunciación de la ley, en cuanto a los requisitos expuestos, es meramente enunciativa; aparece brindando ejemplos y deja en claro que la violación de las normas del derecho del trabajo y de la seguridad, incluyendo, obviamente, lo relativo a la extinción del contrato y las obligaciones de seguridad social, son, genéricamente expuestas, la violación de la obligación de garantía que crea la ley.

Es más, la norma expresa la garantía legal y sus consecuencias, generando una obligación «ex lege», cuando expresa: «El incumplimiento de alguno de los requisitos….,» párrafo que completa la obligación expuesta, cuando señala:… y deberá ser exhibido cada uno de los comprobantes…».

Es que son obligaciones ex lege, aquellas cuya causa eficiente reside en el arbitrio del legislador, como por ejemplo la exhibición de libros de los comerciantes, en algunos casos, la exhibición de cosas, etc.

Se trata de la falta de registro que requiere la relación laboral en cuanto al cumplimiento de sus propias normas. He allí la obligación, seguida de su sanción, para el caso de incumplimiento, que es la solidaridad (ver, Ferreirós Estela Milagros, «El artículo 30 de la L.C.T.», publicado en revista Nova Tesis, Año 1, nº 4, sept./oct. 2007; ver también Karpiuk, Héctor Horacio, «La solidaridad del art. 30 LCT. Naturaleza y Efectos», comentario a fallo, publicado en Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Lexis Nexis, feb./2008, pág. 239).

Sólo a mayor abundamiento señalo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su actual composición ha emitido un pronunciamiento superador de la doctrina que brotaba del Caso «Rodriguez c/ Compañía Embotelladora S.A.y otro». Se trata de los autos «Benitez, Horacio Ovaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros» (B-75-XLII; RHE) en los que destaca la inconveniencia de mantener la «ratio decidendi» de Rodriguez, ya que la decisión del «a-quo» no se apoya en un criterio propio sobre la interpretación y el alcance del art. 30 LCT, limitándose a exhibir un apego estricto a la decisión mayoritaria de tal precedente, por lo que corresponde se la deje sin efecto, para que sea nuevamente resuelta en la plenitud jurisdiccional que es propia de los jueces de la causa, teniendo presente asimismo que la intervención de la Corte no tiene como objeto sustituir a los jueces en temas que le son privativos, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que se circunscribe a descalificar los pronunciamientos que, por la extrema gravedad de sus desaciertos u omisiones, no pueden adquirir validez jurisdiccional.-

«Por lo expuesto, el alcance del deber que tienen los demás tribunales de seguir los precedentes de esta Corte, no sirve como apoyo, en este caso, al argumento sobre la posible presión moral que la decisión tomada en «Rodríguez…» (fallo 316:713) pueda haber ejercido sobre los miembros del tribunal «a-quo» , al punto tal de forzarlos a resolver el caso como lo hicieron…» (ver fallo «Benitez» citado).-

En el caso, no puede caber duda alguna de que la tarea de custodia de valores que debía transportar METROPOLIS (asignada a SOUNCH S.R.L.) resulta inescindible de su actividad principal, por lo que cabe sin más confirmar el fallo en este ítem.-

VII.- No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia en materia de costas, las que han sido declaradas a cargo de las demandadas vencidas, en aplicación del principio objetivo de la derrota contenido en el art.68 del Código Procesal.-

VIII.- Los honorarios regulados en primera instancia me parecen equitativos sobre la base del mérito de los trabajos cumplidos por los profesionales, por lo que propongo sean confirmados, adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses (arts. 38 de la ley 18.345 y demás normas arancelarias).-

IX.- De compartirse mi tesitura, propicio que las costas de alzada se declaren a cargo de las demandadas (art. 68 cit.) y se regulen honorarios a sus representaciones letradas y a la del actor en el 25%, 25% y 32%, respectivamente, de los determinados para la primera instancia (art. 14 del arancel de abogados y procuradores).-

EL DOCTOR NESTOR MIGUEL RODRIGUEZ BRUNENGO DIJO:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede y añado:

Como ha expresado Roberto García Martínez en su medular obra «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» (ver, libro citado de la editorial Ad-Hoc, págs. 312/314), el art. 30 de la LCT, trata el caso de una relación de contratación o subcontratación real; y no tiene en cuenta si existe fraude o no. Simplemente se limita a establecer un sistema protector para el trabajador que debe prestar servicios para el cesionario, contratista o subcontratista. Producida la situación objetiva de delegación de actividades, en las condiciones previstas en la norma, ésta establece dos consecuencias tuitivas:

a) El empresario deberá exigir a sus contratistas o subcontratistas el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social.b) Haya cumplido con ese deber de vigilancia o no, en todo los casos serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas con tal motivo con los trabajadores y la seguridad social durante el plazo de duración de tales contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera sea el acto o estipulación que al respecto hayan concertado.

Se trata de un típico caso de responsabilidad por elección.

Considero como Justo López, que no solamente comprende la actividad principal del empresario, sino también las actividades secundarias o accesorias, integradas permanentemente al establecimiento, quedando solamente incluidas las actividades extraordinarias o excepcionales. Este es el sentido de los términos «normal y específico»; normal es lo que sirve de norma o regla y que por su naturaleza se ajusta a ciertas normas fijadas de antemano, y específico es lo que caracteriza y distingue una especie de otra. Quedarán excluidos los servicios o las obras que no tengan conexión con la actividad de la empresa comitente.

Antonio Martín Valverde opinaba sobre este punto que: «Según la doctrina científica mayoritaria las obras o servicios correspondientes a la propia actividad de una empresa son aquellas que pertenecen al ciclo productivo de la misma; y por ciclo productivo ha de entenderse el complejo de operaciones que, en circunstancias normales, son necesarias para alcanzar los objetivos de producción o intercambio de bienes y servicios que constituyen el fin de la empresa. Dentro de estas operaciones necesarias, algunas tienen este carácter por ser inherentes a los objetivos productivos de la empresa, formando parte de las actividades principales de la misma; mientras que otras lo son porque, a pesar de su accesoriedad con ellas hay que contar incluso en circunstancias normales, para el funcionamiento regular de la organización empresarial.No es, por tanto, estrictamente la inherencia el fin de la empresa, sino más ampliamente la indispensabilidad para conseguir lo que debe definir el concepto de ´propia actividad´. Como también ha indicado la doctrina, nos encontramos ante una contratación de este tipo, cuando las obras o servicios objetos de la misma, de no haberse concertado ésta, hubieran debido ser efectuadas directamente por el propio comitente, so pena de malograr o perjudicar simplemente el cumplimiento adecuado de su actividad empresarial».

Valverde nos señala algunas pautas para determinar cuándo se da este tipo de contratación: el primer indicio puede ser el lugar de prestación del trabajo; el segundo la frecuencia de las actividades, aunque una subcontratación ocasional no tiene que ser necesariamente ajena al ciclo productivo del empresario; y el tercero sería lo que denomina la sustituibilidad, que se produce cuando el empresario principal hubiera podido conseguir el mismo resultado sin recurrir a terceros.

En los casos que prevé el art. 30, es decir, cuando existe una verdadera y real delegación de actividad, el trabajador que se sienta afectado en sus derechos deberá accionar contra el contratista, como su verdadero empleador, y contra el empresario principal, como responsable solidario; aquí la solidaridad no modifica el vínculo laboral que existía con el contratista o subcontratista.

Cuando se habla de contratista o subcontratista, también la ley equipara a estas figuras la cesión total o parcial del establecimiento o explotación. Justo Lopéz indica que debe entenderse que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la cesión a la que se referirán los arts. 225, 227 y 228 de la LCT, pues en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión mencionada en el art. 30 el cedente nunca perdería ni transitoriamente la titularidad.

Por último, en el caso del art. 30 de la LCT existe una limitación temporal:la responsabilidad del empresario principal comprende las obligaciones contraídas durante el plazo de duración de los contratos o al tiempo de su extinción, cualquiera que sea el acto o estipulación que al efecto haya concertado. En cambio, en los casos de fraude, esa limitación no existe, pues el empresario es responsable directo como empleador, respondiendo por todas las obligaciones contraídas en todo momento.

LA DOCTORA BEATRIZ INES FONTANA No vota (art. 125 de la Ley 18.345).-

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar parcialmente el fallo y elevar el monto de condena a la suma de $ 50.101,04.- (PESOS CINCUENTA MIL CIENTO UNO CON CUATRO CENTAVOS), más intereses de acuerdo a las pautas que allí se indican. 2) Confirmar el fallo en lo demás que decide. 3) Confirmar los honorarios regulados adecuando los porcentajes al nuevo monto de condena con intereses. 4) Costas de alzada a cargo de las demandadas. 5) Regular honorarios a la representación letrada de las demandadas y del actor en el 25% (veinticinco por ciento), 25% (veinticinco por ciento) y 32% (treinta y dos centavos), respectivamente, de los determinados para la primera instancia.-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

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