El atraso en el pago de la remuneración no constituye automáticamente causal de despido indirecto, sino que cabe tomar en cuenta la actitud general observada por la empleadora.

clases-de-remuneracion-300x225Partes: Luisi Jonathan c/ Oxford High School S.A.E. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 26-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78534-AR | MJJ78534 | MJJ78534

Si bien es cierto que la mora salarial -como principio general- no puede ser dispensada, ya que el trabajador no soporta los riesgos de la explotación, ella no constituye automáticamente causal de despido indirecto, sino que cabe tomar en cuenta la actitud general observada por la empleadora en cada caso particular a fin de establecer la validez del despido indirecto.

Sumario:

1.-Si bien es cierto que la mora salarial -como principio general- no puede ser dispensada ya que el trabajador no soporta los riesgos de la explotación y por la naturaleza eminentemente alimentaria de la remuneración, siempre se impone analizar las circunstancias del caso; ello porque el atraso en el pago de la remuneración no constituye automáticamente causal de despido indirecto, sino que cabe tomar en cuenta la actitud general observada por la empleadora

2.-Las pequeñas diferencias entre los testimonios y las imprecisiones de ellos conducen al juez a creer en la veracidad de los testigos, pues a veces una excesiva uniformidad o un recuerdo exacto de lo acontecido luego de transcurrido el tiempo, puede inducir a sospechas.

3.-Al probarse mediante la prueba testimonial una mecánica de pago (parcialmente) clandestina de la remuneración el magistrado consideró con acierto que resulta operativa la directiva del art.55 de la LCT. en cuanto a que el haber salarial denunciado en la demanda era el que debía constar en el libro del art.52 de la LCT. y de allí que lo consideró a los fines de practicar la liquidación de los rubros de condena.

4.-Le asiste razón a la apelante en esta crítica, porque ya sea que se tome una u otra fecha el actor no respetó la exigencia del art. 11, inc. b de la citada ley, en tanto omitió remitir en tiempo oportuno la comunicación a la AFIP. Por lo tanto, se deberá revocar el fallo en ese aspecto y rechazar la indemnización del art.10 de la ley 24013.

5.- No se observa que el actor hubiera respetado el plazo del art. 57 de la LCT. (dos días hábiles) porque la intimación fue recibida por el empleador el 11 de enero de 2010 y el trabajador remitió la misiva rescisoria el día 13, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 del CCiv., los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha . De tal modo, el plazo vencía a la medianoche del día 13, por lo que al momento en que el actor remitió su telegrama no había transcurrido el plazo del art. 5.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 26 DE MARZO DE 2013, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Graciela E. Marino dijo:

I) Contra la sentencia de primera instancia que acogió en todas sus partes el reclamo promovido en autos, se alza la parte demandada (fs.174/182), mereciendo la réplica de la contraria (fs.187/188).

II) La accionada cuestiona -primero- la decisión del Sr. Juez de grado de considerar justificada la decisión extintiva adoptada por el accionante. En tal sentido, básicamente objeta la escasa entidad de la supuesta injuria y el apresuramiento del Sr. Luisi para colocarse en situación de despido indirecto.

Al respecto, no está en discusión que el actor se consideró despedido mediante la pieza postal recibida por la demandada el 14/1/2009 (fs.92 y 145 conf. informe de fs.148), aduciendo la falta de pago del salario del mes de diciembre de 2009, vacaciones y el SAC. Por lo pronto, cabe señalar que en la sentencia se valoró como injuriante la demora en el pago del mes de diciembre 2009 y la segunda cuota del SAC 2009, de modo que se torna abstracto el agravio de la accionada con respecto al rubro “vacaciones” (fs.176vta./177, pto.IV).

En lo que hace concretamente a los dos conceptos cuyo atraso en el pago llevó al magistrado a considerar justificado el despido decidido por el actor, debo decir que llega firme a esta instancia que no median recibos cancelatorios (art.138(ef:LEG801.138) L.C.T.) y que ponderando la exigibilidad de los créditos y el feriado del 1º de enero (que en el año 2010 cayó un día viernes), el pago del sueldo diciembre vencía el 7/1/2010 (doct.Arts.126( y 128 L.CT.), en tanto que la 2da. Cuota del SAC 2009 el 31/12/2009 (conf. Art.122 L.CT.).

De esta manera es evidente que a la fecha de la intimación del 8/1/2010 (fs.146), recibida por la accionada el 11/1/2010 (conf. informe de fs.148), la empresa estaba en mora con respecto al pago de dichos rubros (Art. 137 L.C.T.).

Sin perjuicio de ello, no observo que el actor hubiera respetado el plazo del art. 57 de la LCT (dos días hábiles) porque la intimación fue recibida por el empleador el 11 de enero de 2010 y el trabajador remitió la misiva rescisoria el día 13/1/2010 . De acuerdo a lo dispuesto en el art. 24 del Cód. Civil, “los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la medianoche en que termina el día de su fecha”. De tal modo, el plazo vencía a la medianoche del día 13, por lo que al momento en que el actor remitió su telegrama no había transcurrido el plazo del art. 57.

Por lo tanto, le asiste razón a la quejosa en cuanto a que la decisión extintiva resultó apresurada.

III) Con respecto a la entidad de la injuria si bien es cierto que la mora salarial -como principio general- no puede ser dispensada ya que el trabajador no soporta los riesgos de la explotación y por la naturaleza eminentemente alimentaria de la remuneración, siempre se impone analizar las circunstancias del caso; ello porque el atraso en el pago de la remuneración no constituye automáticamente causal de despido indirecto, sino que cabe tomar en cuenta la actitud general observada por la empleadora. En este contexto, entiendo que las particularidades de la situación planteada en autos no justifican la decisión tomada por el trabajador.Digo esto ya que del informe de la entidad bancaria surge que el día 14/1 fuera acreditada en la cuenta sueldo del actor un importe de $1.157,35 que consta como “Transferencia a terceros” (fs.158), lo que demuestra inequívocamente que la demandada abonó una suma (acreditada en la cuenta sueldo del actor el día 14 de enero) que debería tenerse en cuenta como pago parcial.

Por lo visto y analizado el despido resultó prematuro y tampoco se verifica una injuria que justificara la ruptura laboral adoptada por el actor de acuerdo con las pautas emanadas de los arts. 10 y 242 de la L.C.T. En consecuencia, considero que corresponde revocar la sentencia recurrida en este punto y desestimar los rubros derivados del despido (arts.232 y 245 L.C.T.).

IV) Se queja también la demandada porque la sentencia considera acreditados los pagos “en negro” invocados por el actor. Cuestiona que se hubiera basado en las declaraciones testimoniales de quienes reconocieron que mantienen pleito pendiente con su parte, presentan contradicciones entre sí y no dan razón de sus dichos.

La circunstancia de que Peloso (fs.115) y Kryuchevskiy (fs.119) mantengan juicio contra la accionada no determina su invalidez, como la accionada pretende (ver fs.122), sino que sólo impone el deber de valorar sus declaraciones con mayor rigor crítico, lo que en el caso no lleva a restarles valor probatorio, ya que son concordantes entre sí y con el testimonio de Navarro (fs.117), suficientemente detalladas y fundadas en el conocimiento que, de modo personal y directo, han adquirido sobre las cuestiones fácticas referentes al método de pago de las remuneraciones en la empresa demandada (art.386 CPCCN). Sin perjuicio de ello, cabe remarcar que los aspectos que indica la apelante como contradictorios son menores pues como lo han señalado la doctrina y la jurisprudencia, “las pequeñas diferencias entre los testimonios y las imprecisiones de ellos conducen al juez a creer en la veracidad de los testigos, pues a veces una excesiva uniformidad o un recuerdo exacto de lo acontecido luego de transcurrido el tiempo, puede inducir a sospechas” (Fassi, Santiago C. y Maurino, Alberto L., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Astrea., Bs. As., 2002, t. 3, p. 680, y fallo allí citado).

Por lo tanto, entiendo que las alegaciones en las que tales impugnaciones se sustentan (en algunos casos presunta imparcialidad por el hecho de tener juicios contra la accionada o por supuesta inconsistencia de los dichos) resultan ineficaces para restarles valor probatorio en el aspecto en consideración, ya que los testimonios son coherentes, precisos y concordantes entre sí y se basan en el conocimiento que, de modo directo (por haber visto trabajar al actor con habitualidad), tomaron del hecho sobre el que declaran (arg. arts. 386 CPCCN y 90 LO).

En cuanto a la aplicación de la presunción del art.55 de la L.C.T. que igualmente objeta la recurrente, cabe señalar que no ha sido por la falta de exhibición (total o parcial) de la documentación al perito contador por parte de la demandada. En este sentido, al probarse mediante la prueba testimonial una mecánica de pago (parcialmente) clandestina de la remuneración el magistrado consideró con acierto que resulta operativa la directiva del art.55 de la L.C.T. en cuanto a que el haber salarial denunciado en la demanda era el que debía constar en el libro del art.52 de la L.C.T. y de allí que lo consideró a los fines de practicar la liquidación de los rubros de condena.Corresponde entonces confirmar lo decidido en este tramo.

V) La recurrente se agravia además porque el magistrado de grado anterior acogió el reclamo de las indemnizaciones previstas en los arts.10 y 15 de la LNE, argumentando que no corresponde dado que el actor incumplió con la comunicación a la AFIP dentro de las 24 hs. de la primera intimación a regularizar la relación efectuada el 23/12/2009 y recibida por la empleadora el 28/12 (v. fs.147 e informe de fs.148) y reiteró el emplazamiento en la misiva rescisoria (fs.92 y 145), pero que esta comunicación -más allá que fuera contemporánea con la comunicación al organismo recaudador (fs.144 conf. Informe de fs.148)- no se puede considerar pues no cumpliría la finalidad de la ley tendiente a corregir el registro del vínculo de trabajo.

Considero que le asiste razón a la apelante en esta crítica, porque ya sea que se tome una u otra fecha el actor no respetó la exigencia del art. 11, inc. “b” de la citada ley, en tanto omitió remitir en tiempo oportuno la comunicación a la AFIP. Por lo tanto, se deberá revocar el fallo en ese aspecto y rechazar la indemnización del art.10 de la ley 24.013.

Asimismo, no por la deficiencia recientemente apuntada pero sí porque no han progresado los rubros de condena sobre los que se determina, corresponde también desestimar la indemnización delart.15 de la L.N.E.

VI) Por lo tanto, se mantiene el progreso de la diferencia en concepto de 2da cuota del S.A.C./2009 y del haber diciembre/2009 por la suma de $792,65 (1.950-1.157,35).

VII) El nuevo resultado habilita a dejar sin efecto las costas y los honorarios y a efectuar una determinación con carácter originario (art.279 CPCCN). Con respecto a las costas, el art.71 del CPCCN dispone que, en los casos de vencimiento parcial y mutuo, su distribución debe estimarse en proporción a los respectivos vencimientos, pero ello no implica la exacta correspondencia aritmética, sino una razonable comparación conceptual (CNAT, Sala VI, 20/5/95, “Espósito, Alberto c/ IPLASA Productos Plásticos S.A. s/ despido”; íd., Sala II, 25/3/97, S.D. 80.678/97, “Ramírez, Víctor c/ ELMA SA s/ despido”). En igual sentido, se ha dicho que en la distribución de las costas no debe prevalecer un criterio aritmético sino jurídico, atendiendo a la índole de las pretensiones de las partes y a los rubros que resultaron procedentes (CNAT, Sala I, 31/3/04, “Urrutia, Débora c/ Mater Dei Asoc. Civil s/ despido”), como así también a los fundamentos que tienen los planteos ofensivos y defensivos de las partes (esta Sala, 17/2/93, S.D.68.287, “Gul lón, Luis María c/ Aceros Fortuna s/ diferencias salariales”). Asimismo, se ha considerado que, aunque el crédito salarial cuyo reconocimiento obtuvo el actor sea una ínfima proporción de la suma demandada, su trascendencia, derivada del carácter alimentario que se reconoce a los de ese tipo, aconseja atribuirle, en el contexto indicado, una incidencia mayor (CNAT, Sala VI, causa “Espósito”, citada). Por todo ello, teniendo en consideración la entidad de los rubros admitidos y los rechazados considero que las costas de ambas instancias se deben imponer el 90% a cargo del actor y el 10% a cargo de la demandada (arts.68 y 71 CPCCN).

VIII) En atención al mérito y extensión de la labor desarrollada por los profesionales que intervinieron durante el trámite en primera instancia y lo normado en el art.38 de la L.O., estimo que los honorarios correspondiente a la representación letrada de la parte actora, de la demandada y los del perito contador se deben regular en la suma de $1.500, $2.500 y $800, todos a valores actuales. Los honorarios de Alzada, se fijan para los letrados intervinientes en el 25% de lo regulado por su actuación en la etapa anterior (art.14 L.A.).

IX)Por lo expuesto, voto por: 1) Modificar la sentencia recurrida reduciendo el monto de la condena a la suma de $792,65 con más los intereses fijados en la anterior instancia; 2) Dejar sin efecto las costas y honorarios de primera instancia; 3) Imponer las costas y regular los honorarios de primera y segunda instancia en la forma indicada en los respectivos considerandos.

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos, adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE:1) Modificar la sentencia recurrida reduciendo el monto de la condena a la suma de $792,65 con más los intereses fijados en la anterior instancia; 2) Dejar sin efecto las costas y honorarios de primera instancia; 3) Imponer las costas y regular los honorarios de primera y segunda instancia en la forma indicada en los respectivos considerandos.

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

GRACIELA E. MARINO

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

 

 

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