Trabajo agrario: el hecho delictivo se reputó como accidente in itinere a pesar de que la vivienda del trabajador se encontraba en el mismo predio donde prestaba tareas.

shutterstock_112922206Partes: Durán José Ángel c/ Orbanich Ricardo s/ accidente ley

Tribunal: Cámara de Apelaciones lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén

Sala/Juzgado: I

Fecha: 5-feb-2013

Cita: MJ-JU-M-77526-AR | MJJ77526 | MJJ77526

Trabajo agrario: el hecho delictivo se reputó como accidente in itinere a pesar de que la vivienda del trabajador se encontraba en el mismo predio donde prestaba tareas.

Sumario:

1.-Cabe concluir que existió un accidente in itinere, ya que el hecho ocurrió dentro del predio del demandado, finalizada la jornada de trabajo de peón rural, y camino de la vivienda que también está en el lugar de trabajo, por lo cual el hecho encuadra dentro de lo previsto por el art. 6 LRT.; además, las características en que se produjo el accidente determinan que el demandado no se pueda eximir invocando fuerza mayor.

2.-Si bien el accidente se produjo con anterioridad a la publicación del dec. n° 1694/9 , debe tenerse presente que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción, por lo que deben desestimarse los agravios referidos a la aplicación del dec. n° 1694/09 a partir de la declaración de inconstitucionalidad de su art. 16 .

3.-En autos no se produce una afectación al derecho de defensa porque el punto determinante para la declaración de inconstitucionalidad es la comparación que efectúa el a-quo entre la indemnización con y sin el tope del dec. n° 1278/00, lo cual no requiere de la producción de pruebas ni de ningún otro acto y el demandado cuenta con una vía de impugnación plena para ejercer su derecho de defensa, tal como acontece en autos mediante su recurso de apelación.

4.-En tanto la Comisión Médica no se expidió sobre la incapacidad laboral permanente del actor sino que determinó que continuara con ILT hasta el alta médica o cumplimiento de un año de la fecha del accidente, éste último es el momento que se debe tomar para el inicio del cómputo de intereses.

Fallo:

NEUQUEN, 5 de febrero de 2013 Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: «DURAN JOSE ANGEL C/ ORBANICH ICARDO S/ ACCIDENTE LEY» (EXP Nº 335177/6) venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LABORAL NRO. 4 a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Mónica MORALEJO, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

I. A fs. 353/362 vta. el demandado apela la sentencia de fs. 335/345 vta. que hizo lugar a la demanda y condenó a la Sra. María Angélica Gariboldi y a los sucesores del demandado a abonar al actor la suma de $171.800,00, más intereses y costas.

En primer lugar se agravia porque considera que no existió un accidente in itinere o accidente de trabajo. Dice que el A-quo infiere erróneamente que el hecho ocurrió cuando el actor se encontraba camino a su casa, porque sucedió exactamente lo contrario. Resalta que el actor relató tres modos de como sucedió el evento. Agrega que se valoraron los testimonios de Navarrete y Villegas pero se desconoció el de Uribe, quien efectuó un relato distinto a partir de los dichos del mismo actor, del cual surge que el hecho ocurrió cuando el actor estaba en su casa del Bo. Valentina Sur. Abunda respecto a la valoración de la prueba.

Además sostiene que la declaración de Navarrete es inconsistente con la que dio en sede penal y concluye que los hechos ocurrieron tal como los relata Uribe.

Agrega que no tiene responsabilidad, aún si el hecho hubiera ocurrido en el modo detallado en la demanda, porque se trata de un caso de fuerza mayor y tampoco constituye un accidente in itinere, porque ocurrió en la vivienda del trabajador.

En otro punto, dice que es inaplicable el Decreto N° 1694/09 y que es improcedente la declaración de inconstitucionalidad de oficio.Entiende que su aplicación viola el principio de congruencia porque no fue invocado en momento alguno por la parte y no corresponde su aplicación retroactiva.

Luego critica el punto de inicio del cómputo de intereses pues considera que no corresponden desde el accidente. Agrega que ni la declaración de definitividad de la incapacidad del actor ni el acta médica se encontraban al 24/11/04.

También alega que no corresponde aplicar intereses a partir de noviembre de 2004 a un valor de capital actualizado al 2009 por el Decreto N° 1694/09 .

Asimismo impugna la declaración de inconstitucionalidad del art. 14 ap. 2 inc. b) , de la ley 24.557 remitiéndose a lo expuesto respecto del Decreto N° 1694/09.

Por último apela los honorarios por altos.

A fs. 364/371 vta. contesta el actor y solicita se rechacen los agravios.

II. 1. En primer lugar corresponde tratar los agravios referidos a la existencia del hecho y la responsabilidad del demandado.

Al respecto, la crítica del recurrente gira en torno a la inexistencia de accidente in itinere o accidente de trabajo, considerando que el actor ya estaba en su casa al momento del hecho, ello a partir de entender que se valoraron erróneamente los testimonios de Navarrete y Villegas desconociendo el de Uribe, respecto a las imprecisiones en el relato del hecho y que ocurrió en la casa del actor que se encuentra retirada del lugar de trabajo, sita en la calle Venecia, Mza. F, casa N° 6, del Bo. Valentina Sur.

Entiendo que el recurrente no logra acreditar los agravios que alega.

Si bien el actor declara su domicilio en el consignado precedentemente, que se corresponde con la cita que hace el recurrente del testimonio de Navarrete en el sumario penal (copia de fs.236 y vta.), éste también declara que esa es la dirección de la vivienda de la madre del actor y en su declaración se lee «[.] en momentos que habíamos terminado de trabajar con el ciudadano DURAN JOSE, éste se retira a su domicilio el cual se encuentra a 150 Mts distante del mío, dentro del predio de la misma chacra [.]». Además, del relato del mismo testigo respecto a como llegar a la casa de la madre del actor, es evidente que se encuentra a más de 150 mtrs., por lo que serían dos lugares distintos.

Así, de la copia del acta de procedimientos policial se describe el lugar del hecho en chacra Orbanich Puerto Deseado s/n y la vivienda (fs. 226 y vta.), agregándose un croquis (fs. 227), que es el lugar donde se practica un allanamiento, acta cuya copia se encuentra a fs. 240, donde dice: «Que siendo las 11,50, se constituye esta comisión policial en calle Puerto Deseado s/n, chacra Señor Orbanich, Primera casa después de la tranquera, previo haber entrevistado a la Señora Olga Muñoz, quien nos hace entrega de la llave del domicilio de Duran, donde nos constituimos [.]», agregándose el croquis de fs. 242. Luego, en la copia del oficio de fs. 243 se informa que «[.] se realizó el allanamiento dispuesto para el domicilio de calle Puerto Deseado s/n Chacra del señor ORBANICH, del Barrio Colonia Valentina Sur, domicilio que reside el ciudadano DURAN JOSE ANGEL lesionado en autos, residencia donde se procede al secuestro de [.] Se realizó inspección ocular de la vivienda donde se detecta mancha sobre el piso [.]».

Esto resulta conteste con la declaración de Navarrete en sede laboral, en cuanto declara: «El lugar desde donde se escuchó el disparo y el lugar donde vivía Durán es de propiedad del demandado» (fs. 185 y vta.). Agrega que más tarde volvió la policía y lo llevaron a la casa de Durán, lo que se condice con las diligencias que constan en la copia de fs.226/7 realizadas en la chacra. Y también declaró que «El demandado le dijo cuando yo llegué que me dejara su casa y se cambiara él a la otra vivienda y se lo pidió porque Durán vivía solo y yo tengo tres hijos» (fs. 185 vta.), y si bien Uribe declara que la casa de Duran está retirada de la chacra, no precisa donde y conoce del hecho a partir de los dichos del propio actor, por lo cual no resulta suficiente para desvirtuar la manifestación de Navarrete y lo que surge de las actuaciones policiales, como pretende el recurrente.

Lo anterior también conduce a considerar que el accidente sufrido por el actor es un hecho dañoso de naturaleza laboral.

Al respecto, la Sala II, en autos: «RIVAS ANDREA C/ CONSOLIDAR ART S.A. S/ ACCIDENTE LEY», (Expte. Nº 341656/6), 24/4/12, sostuvo: «La legislación nacional, desde la Ley 9688 , ha equiparado los accidentes in itinere o en trayecto a los accidentes de trabajo. Equiparación que hoy resulta obligada en virtud del Convenio n° 121 de la OIT, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, el que, en su art. 7° exige que todo Estado Miembro prescriba una definición del accidente de trabajo que «incluya las condiciones bajo las cuales un accidente sufrido en el trayecto al o del trabajo es considerado como un accidente del trabajo».

«Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha establecido que el accidente in itinere, para ser considerado tal, tiene que reunir cuatro requisitos o elementos: un elemento teleológico, un elemento geográfico, un elemento cronológico y el elemento idoneidad del medio. Siguiendo las expresiones del profesor costarricense Alexander Godínez Vargas («Riesgo in itinere» en Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. 2010-1, pág.45) el elemento teleológico se refiere a la finalidad principal y directa del viaje en cuyo trayecto ocurre el accidente, que debe estar determinada por el cumplimiento de la obligación sinalagmática de prestar un trabajo; el elemento geográfico nos indica que el accidente debe suceder en el trayecto normal y habitual entre el domicilio y el lugar de trabajo o viceversa; el elemento cronológico requiere que el hecho dañoso se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en realizar el trayecto habitual; y finalmente, el elemento idoneidad del medio alude a que el viaje debe realizarse en un medio normal de transporte, no generando riesgos innecesarios.» En autos, entiendo que se presentan estos elementos a partir de que los agravios no conmueven lo sostenido por el A-quo en cuanto a que «[.] debe tenerse en cuenta que todo pasa dentro del predio del demandado, y finalizada la jornada de trabajo de peón rural, y camino de la vivienda que también está en el lugar de trabajo» (fs. 337 vta.), por lo cual el hecho encuadra dentro de lo previsto por el art. 6 LRT. Además, estas características en que se produjo el accidente determinan que el demandado no se pueda eximir invocando fuerza mayor, como sostiene el sentenciante.

En consecuencia, entiendo que corresponde rechazar los agravios referidos a la existencia del hecho, su calificación como accidente de trabajo y la responsabilidad del demandado.

2. Luego, respecto a la crítica de la demandada, referida a las facultades del juez para declarar la inconstitucionalidad de oficio, la doctrina que comparto y la que me remito, sostiene: «Especialmente en el sistema argentino -donde más debate existe sobre el tema- la jurisprudencia mayoritaria hizo depender el control de constitucionalidad, y por muchos años, al pedido expreso de parte interesada, con lo cual se negó toda suerte de control oficioso por el juez (recién en 2004 la CSJN admitió la declaración oficiosa de inconstitucionalidad; autos Banco Comercial de Finanzas s/ quiebra, 19.08.2004).»

«De esta particular concepción, Bidart Campos derivó dos importantes e inteligentes conclusiones:si el control de constitucionalidad depende sólo de la voluntad de las partes, resulta que no pedir la declaración de inconstitucionalidad significa una clara renuncia del sistema y si las partes pueden renunciar a la supremacía de la CN, todo el régimen jurídico que ella genera no es de orden público, con lo cual de nada sirven las libertades y garantías individuales que el constituyente declaró inviolables.» «De ahí que, en esencia, una Constitución no es otra cosa que un pacto de convivencia social entre gobernantes y gobernados que se ha adoptado c on clara libertad de elección; por ello, debe presumirse que es racionalmente justa y, por ende, toda norma inferior -abstracta cual la ley o concreta cual la sentencia- debe ser fiel reflejo de esa justicia.» «A partir de estas ideas, he sostenido en el pasado que `el juez no puede apartarse de ella; y si lo hace, debe volverse al cauce natural pensado y querido por el constituyente. Y así, el juez se convierte en guardián de la Constitución (ley suprema) y no del simple texto de una ley que repugna a ella».

«Abundando en el tema, añadí que `Como consecuencia de esto, puede apreciarse que la esencia de la función judicial en la heterocomposición de los litigios no estriba pura y simplemente en aplicar la ley sino en lograr como fin el imperio del valor justicia, empleando como medio un instrumento técnico: la ley. Si se acepta esto, el control oficioso de constitucionalidad fluye como consecuencia inevitable de la función judicial así definida, toda vez que es al juez y no a las partes a quien incumbe seleccionar el medio que empleará (su medio), escogiendo de entre las diversas normas posibles aquella que por fuerza debe preferirse; en otras palabras, ateniéndose a la Constitución -suprema lex- cuando con ella no se concilian normas inferiores ordinarias.Pero, además, porque si la Constitución es el plan de justa convivencia social y erige el principio de justicia como un axioma del sistema, es inconcebible dejar librada a la voluntad de las partes la posibilidad de que tal principio se conquiste o se pierda según que ellas quieran o no articular la impugnación de inconstitucionalidad. Y resulta difícil de entender que no se admita a los particulares la renuncia general de las leyes (por ejemplo, norma contenida en el CC, 19) y que, paradójicamente, se permita la renuncia de la esencia misma del sistema, dejando así al juez, y por siempre, en situación de extraño al cumplimiento de su misión».

«En definitiva, concluía al tiempo de sostener todo lo aquí explicado que `la tesis contraria a la declaración oficiosa de inconstitucionalidad entrega a las partes nada menos que la posibilidad de que opere o no el pleno imperio del orden jurídico en sus bases primordiales. Mayor absurdo no puede pedirse.» «Estas ideas ya parecen ser mayoritarias en la Argentina de hoy. Y precisamente por eso es que hay quienes mucho han abusado de ellas, generando un nuevo y diferente problema: gracias a lo que he mencionado como decisionismo judicial, muchos jueces se han excedido en sus funciones logrando crear enorme malestar en muchos sectores no precisamente políticos.» «Y esto ha puesto nuevamente en el tapete el tema relativo al control difuso de constitucionalidad: ahora hay quienes desean una drástica reforma que unifique en un solo tribunal la tarea de ejercitar ese control (cual ocurre en el Paraguay) a fin de salir pronto de esta situación de decisionismo que ha hecho auténticamente imprevisible la actuación judicial en el país.» «Yendo más allá todavía, empieza a sostenerse -y creo que con buen criterio- que todo lo recién argumentado sirve exclusivamente para cualquier litigio en el cual se discuta materia no transigible (asuntos penales, de familia, de menores, etc.).» «Por tal razón, y dadas como están las cosas, la tónica actual pasa por otro carril:la declaración de inconstitucionalidad debe pender sólo de instancia de parte -y, por ende, debe evitarse toda actuación oficiosa del juez- cuando se litiga a base de derechos transigibles pues, en tales casos, debe ser soberana la actuación de las partes» (Alvarado Velloso – Calvinho, Lecciones de Derecho Procesal Civil, pág. 314, La Ley, Buenos Aires 2010).

Entiendo que en el caso de autos se presenta el supuesto excepcional a partir del carácter laboral de la materia y la naturaleza de los derechos en litigio y además la decisión del A-quo se encuentra fundada en los fallos «Arcuri Rojas», «Milone» y «Banco Comercial de Finanzas» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y acredita la desproporción de las prestaciones con la comparación de los montos que surgen de aplicar la fórmula prevista en la LRT y el tope del decreto.

Además, las respuestas a las críticas del recurrente surgen del propio fallo «Banco Comercial de Finanzas», citado por la sentenciante para fundar su decisión, en cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice:

«3. Que, asimismo, cabe recordar que si bien es exacto que los tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan erradamente -trasuntado en el antiguo adagio «iura novit curia»- incluye el deber de mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de rango inferior (Fallos: 306:303, considerando 4° del voto de los jueces Fayt y Belluscio).» «4.Que, además, se consignó que no podía verse en ello la creación de un desequilibrio de poderes en favor del judicial y en mengua de los otros dos, ya que si la atribución en sí no es negada, carece de consistencia sostener que el avance sobre los otros poderes no se produce cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. Tampoco se opone a la declaración de inconstitucionalidad de oficio la presunción de validez de los actos administrativos o de los actos estatales en general, ya que dicha presunción cede cuando se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. Ni, por último, puede verse en ella menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso (confr. fallo precedentemente citado, considerando 5°, Fallos: 324:3219 voto del juez Boggiano, considerandos 11, 13 y 14 y del juez Vázquez, considerandos 15, 16, 17 y 19)», (FALLOS: 327:3117).

Luego, entiendo que en autos no se produce una afectación al derecho de defensa porque el punto determinante para la declaración de inconstitucionalidad es la comparación que efectúa el A-quo entre la indemnización con y sin el tope del Decreto N° 1278/00 , lo cual no requiere de la producción de pruebas ni de ningún otro acto y el demandado cuenta con una vía de impugnación plena para ejercer su derecho de defensa, tal como acontece en autos mediante su recurso de apelación.

Además, la cuestión hace a la aplicación de un decreto integrante del sistema de la LRT en que se fundó la pretensión, por lo cual tampoco la decisión resulta incongruente.

Asimismo entiendo que resultan acertados, y considero que no fueron rebatidos por lo argumentado en el recurso, los fundamentos del Sr.Juez a-quo en cuanto a que si bien el accidente se produjo con anterioridad a la publicación del Decreto N° 1694/9, debe tenerse presente que las prestaciones derivadas del hecho dañoso aún se encuentran pendientes de producción, de acuerdo al correcto análisis efectuado en la sentencia. Es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re «Camusso, Vda. de Marino, Amalia c/ Perkins SA» sostuvo: «[…] el agravio del apelante sustentado en el carácter retroactivo que atribuye a la aplicación de la ley 20.695 -derogada por la ley 21.297- carece de fundamento no bien se advierta que se trata de la inmediata aplicación de la norma a una relación jurídica existente, toda vez que, en el caso de autos, al entrar en vigor aquélla, no se había satisfecho el crédito del accionante. Resulta por tanto aplicable la doctrina del art. 3° del Cód. Civil, 1ª parte, ya que tan solo se alteran los efectos en curso de aquella relación nacida bajo el imperio de la ley antigua, a partir del momento de la entrada en vigencia del nuevo texto legal» (FALLOS 294:434).

También se ha resuelto que: «En dicho marco, tampoco se desvirtuó lo resuelto en lo atinente a que la ART demandada deberá resarcir las consecuencias dañosas de acuerdo a lo establecido por el decreto 1694/09 pues, en la medida que no fueron canceladas en forma inmediata al infortunio, deben ser calculadas con fundamento en el nuevo régimen normativo establecido en el decreto aludido» (CNTrab., Sala IX, autos «Rovira Viviana Gladys c/ Consolidar ART SA s/ accidente-ley especial», 23/03/12).

Es por ello que propongo desestimar los agravios referidos a la aplicación del Decreto N° 1694/09 a partir de la declaración de inconstitucionalidad de su artículo 16.

En relación con la queja contra la decisión del A-quo respecto a la declaración de inconstitucionalidad del pago en renta, la critica no es concreta ni razonada de la decisión (art.265 del C.P.C. y C.), más aún considerando que no se trata de un empleador autoasegurado o una ART.

3. En cuanto al agravio de la demandada referido al inicio del cómputo de los intereses, la Sala III se ha pronunciado a favor de la procedencia de ellos en casos donde se declaró la inconstitucionalidad del pago por renta periódica, in re «SALAZAR GRACIELA INES C/ MET A.F.J.P. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO CON ART» (Expte. Nº 369.345/8), 13/08/2009. Además considero que al actor damnificado no puede negársele el derecho a percibir los intereses que se hayan devengado por la diferencia indemnizatoria fijada en el decisorio de grado desde el momento en que su derecho a ser indemnizado se tornó exigible y que, como tal, corresponde entender aquel en que se produjo la consolidación jurídica del daño. Afirmar qu e no corresponde la liquidación de ningún tipo de interés o que éstos deben computarse desde la fecha de la sentencia o treinta días después de la notificación de la pericia realizada en sede judicial, implicaría convalidar judicialmente la licuación de un crédito de neta naturaleza alimentaria, máxime cuando, como en este caso, han transcurrido más de seis años entre el infortunio y la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia (cfr. CNTrab., Sala V, autos «Cerdán, Graciela G. c/ Interacción ART S.A. s/ Accidente Acción-Civil», Exp. 43778/10, sentencia 74191 del 19/06/12; S.D. Nº 71.376 del 27 de febrero de 2009, in re «Ortiz Rojas, Rufo c/ A.R.T. Interacción S.A. y otro s/ Accidente-Ley Especial»).

Por ello, y las peculiares circunstancias del caso donde la Comisión Médica, en fecha 02/08/05, no se expidió sobre la incapacidad laboral permanente del actor (fs.16/17) sino que determinó que continuara con ILT hasta el alta médica o cumplimiento de un año de la fecha del accidente, éste último es el momento que se debe tomar para el inicio del cómputo de intereses (cfr. art. 9 LRT).

4. Por último, dada la variación de la base regulatoria considerada por la A-quo, en atención a la modificación del cálculo de los intereses, corresponde dejar sin efecto las regulaciones de honorarios de la instancia de grado, procediéndose a una nueva fijación de los emolumentos profesionales una vez que se cuente con nueva base a tal fin, resultando abstracto el tratamiento de la apelación de los honorarios por altos.

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar parcialmente el recurso de la parte demandada conforme los términos expuestos en los considerandos respecto al inicio del cómputo de los intereses.

Las costas por la actuación ante la Alzada se imponen por su orden atento a que prospera parcialmente el recurso (arts. 17 ley 921, 68 y 71 del C.P.C. y C.), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para cuando se cuente con base a tal fin.

Tal mi voto.

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

Comparto las consideraciones efectuadas por el Dr. Pascuarelli y, por consiguiente he de emitir mi voto con igual alcance.

I.En particular, en lo que hace a la aplicación de los parámetros indemnizatorios contenidos en el Decreto 1694/9, ya he señalado que, conforme reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad se constituye en el último recurso al que deben acudir los magistrados, en orden a determinar el derecho que rige la solución del caso.

Por eso, ha indicado que el análisis de la validez de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un Tribunal de Justicia; sólo es practicable si tal declaración se presenta como razón ineludible del pronunciamiento que la causa requiere. Por la gravedad de tales exámenes, debe estimárselos como la «ultima ratio» del orden jurídico, de tal manera que no debe recurrirse a ello sino cuando una estricta necesidad lo requiera (Fallos 303: 531, 790; 304: 849, 892, 1069; 305:1304; 307: 531, 1656, entre tantos otros).

Y, tal como puede advertirse del tenor de lo decidido en la sentencia de grado, ese recaudo se encuentra presente en autos, lo cual determina que sea acertado el resultado al cual se arriba.

II. En este sentido y más allá de las consideraciones efectuadas en la causa «Vinet» (entre otras, y a la que me remito en punto al efecto inmediato y retroactivo de la legislación en cuestión), lo cierto es que, prolongándose el proceso tendiente a lograr la percepción del crédito, puede acontecer que los parámetros indemnizatorios, contenidos en una ley anterior, se presenten como insuficientes para cumplir con la finalidad protectoria.

En este caso, puede producirse la inconstitucionalidad del régimen, lo que provocaría la inaplicación de sus preceptos, pudiendo acudirse a la ley posterior, como consecuencia del proceso integrativo judicial y en términos referenciales (cfr. en esta línea: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, «Palet, Ariel c. Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente – acción civil», 29/11/2011, publicado en:DT 2012 (mayo), 1262, con nota de Amanda Lucía Pawlowski de Pose; cita online: AR/JUR/81938/2011).

Es que «…las normas legales que fijan una reparación injusta del daño, son inconstitucionales. La Corte Suprema de Justicia lo ha dicho claramente en el caso «Lucca de Hoz», al sostener que una indemnización que no repara «integralmente» el daño sufrido por la víctima «afecta la dignidad de la persona y el derecho de propiedad» (del Dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte, por mayoría, hace suyo). Entre otras cosas, allí se habla del imperativo «de justicia de la reparación» que se encuentra en nuestra Constitución Nacional, «que no debe cubrirse sólo en apariencia». También se dice que en cada caso debe evaluarse si la indemnización fijada consagra «una reparación equitativa, o sea que resguarda el sentido reparador en concreto».

De tal manera, si el juez desactiva para el caso concreto las normas de la LRT que establecen prestaciones dinerarias injustas, por no ser efectivamente reparadoras del daño sufrido por la víctima, entonces debe cubrir ese vacío aplicando las normas de jerarquía superior (Constitución Nacional, tratados internacionales, Convenios de la O.I.T., etc.), ya que conforme a la teoría de la pirámide jurídica de Kelsen, en el derecho no hay «lagunas», porque siempre existirá una norma superior aplicable. Y en esa tarea el juzgador debería tomar, como ineludible referencia, los valores que ha fijado el Decreto 1694/06 para las prestaciones dinerarias.

A mi entender esta es la solución que propone el Dictamen de la Procuración Fiscal en el caso «Lucca de Hoz», ya que aconseja rechazar el planteo de la actora, respecto a la aplicación del Decreto 1278/2000 a un siniestro ocurrido con anterioridad a su entrada en vigencia, pero postula admitir su reclamo contra las prestaciones dinerarias de la LRT, ya que no reparan «integralmente» los daños.Cierto es que la Corte no había sometido el punto de la aplicación del Decreto 1278/2000 a la Procuración, pero no es menos cierto que al hacer suyo el dictamen, no hace distinción alguna…» (cfr. Ramirez, Luis E. «Riesgos del Trabajo ¿Es aplicable el decreto 1694/09 a contingencias posteriores a su entrada en vigencia? Publicada en: DT 2011 (junio) La Ley 28/07/2011, 3 La Ley 2011-D-376. El subrayado es propio).

Este criterio es coincidente con lo señalado en la causa «Ascua», en tanto la CSJN declaró la inconstitucionalidad del «tope legal» establecido en la derogada Ley 23.643, para la indemnización derivada de siniestros laborales: cuando la aplicación de una normativa termina «pulverizando», «licuando» o «malogrando» la legítima indemnización a la que tiene derecho un trabajador dañado laboralmente, debe ser dejada de lado.

Es que, como indica Carlos Livellara: «…sin llegar a vulnerar el principio de irretroactividad de las leyes y normas jurídicas del art. 3 C.C., se pueden aplicar los nuevos beneficios que implementa el Decreto 1.694/09 a través de la inconstitucionalidad de la normativa anterior por su pérdida de razonabilidad. En efecto: una situación particular se presenta cuando una norma originariamente no injusta, luego pasa a ser injusta e irrazonable por haber cambiado el conjunto de circunstancias fácticas y de conductas para las cuales primitivamente estaba destinada. Un ejemplo de ello se presentó en el caso «Valdez Julio c/ Cintioni», en el cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 276 L.C.T. en cuanto establecía el índice salarial del peón industrial como módulo para la actualización de los créditos laborales, como al disponer que éstos debían revalorizarse desde la iniciación de la demanda, aplicando la doctrina de la inconstitucionalidad de las normas legales por su pérdida de razonabilidad…» (Conf. «Decreto 1.694/09 sobre Riesgos del Trabajo:sólo un paliativo a la espera de la reforma del sistema», publicado en Revista Derecho Laboral y de la Seguridad Social Nº 6, Marzo 2.010, pag. 480 y sigtes. El subrayado es propio).

Nótese que, en definitiva, este es el razonamiento utilizado en los distintos pronunciamientos de la CSJN, tales como «Milone» «Vega Humberto», «Vizzoti» , «Aquino», entre otros.

Pero, debo insistir, la función judicial consiste en declarar el derecho aplicable al caso: si es, en el caso concreto, que cabe efectuar el control de constitucionalidad del derecho aplicable, entiendo que los jueces sólo podemos descalificar las normas cuando su contenido «no se adecue a los fines cuya realización persiguen o cuando consagran una manifiesta inequidad» (Sala V.-D.T. 1987-D-1655; D.T., 1984-D-1436).

En otras palabras: sólo si la aplicación de la normativa, vigente al momento de producirse la manifestación invalidante, condujera a una solución irrazonable en términos de constitucionalidad, podría inaplicarse en el caso.

III. Y, en este punto, el criterio de razonabilidad está directamente relacionado con el principio de adecuación de medios a fin y al principio de equidad.

Por ello, es necesario efectuar un análisis del posible agravio constitucional-patrimonial en el caso concreto, el que surgirá de utilizar -como parámetros también concretos- los montos indemnizatorios fijados por el Decreto 1694/09 y el DNU 1278/00 y al quantum indemnizatorio al que se arriba con uno y otro.

Cuando esta diferencia resulte irrazonable, inadecuada o desproporcionada en orden a los fines tuitivos de la legislación laboral, corresponderá la declaración de inconstitucionalidad del sistema establecido en el Decreto 1278/00.

Es que, como se ha indicado:»A esta altura de las circunstancias es dable señalar que, a través del dictado del decreto 1694/09, se dispuso dejar sin efecto toda aplicación de topes indemnizatorios previstos en la ley 24.557 y si bien dicha normativa no resulta temporalmente de aplicación en esta contienda, atento que al momento de ocurrir el accidente no se encontraba en vigencia y del mismo no se desprende su aplicación retroactiva, no lo es menos que evidencia la intención del legislador de suprimir la fijación de límites o topes indemnizatorios, ello como evidente consecuencia de la observación de la realidad fáctica y social que es lo que, en definitiva, determina la necesidad de plasmar realidades sociales en normas legales (conf. esta Sala, in re:

«Martínez Mariel Alejandra p/ si y en representación de su hija menor Salaberry Martina c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. y otro s/ acción de amparo, Expte. N° 38.346/09, Sentencia Definitiva N° 16.498 del 19 de agosto de 2010).

Con esta misma finalidad referencial advierto que, aún cuando con posterioridad en el tiempo, lo que no puede obviarse al momento de evaluar situaciones como las que aquí nos convoca es que el móvil del dictado de la norma aludida que no se aplica al supuesto de marras por razones temporales, ha sido precisamente el resultado de la observancia de la insuficiencia de ese régimen legal que se reglamenta por su intermedio, para tener por cumplida la finalidad de la justicia social, la protección de las víctimas y la creación de un marco de paz social (conf. precedente «Martínez» citado en el párrafo anterior).

En este contexto, no puede soslayarse que la aplicación del tope previsto en el artículo 14 ap.2, inciso a) de la ley 24.557 al caso de autos colisiona indudablemente con la finalidad propia del instituto legal y con los más básicos principios regulados en nuestra Constitución Nacional.

Como corolario de todo lo dicho, teniendo en cuenta los fundamentos recientemente expuestos, la doctrina que surge de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos citados, y que no resulta justo ni equitativo para el caso disponer la aplicación del tope indemnizatorio previsto en el art. 14 apartado 2 inciso a, de la L.R.T. toda vez que la insuficiencia reparatoria del sistema allí previsto ha quedado cabalmente demostrada, propongo en este específico supuesto, no tener en cuenta dicha limitación y, consecuentemente, confirmar el fallo recaído en la anterior instancia en lo principal que fue materia de agravios…» (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IX, Rucca, Mario Javier c. Mapfre Argentina ART S.A. s/ Accidente- Ley Especial 22/12/2011, publicado en: DJ 06/06/2012, 53. En igual sentido, la causa Palet, ya citada, entre tantas otras).

IV. Si traemos todos estos conceptos al caso que viene a resolución, tenemos que:

1) La legislación aplicable a un accidente de trabajo es la vigente al momento de producirse la primera manifestación invalidante; 2) En este caso, el accidente se produjo con fecha 24/11/2004 (según los propios dichos del actor), estando vigente en ese período el Decreto 1278/00; 3) El Decreto 1694/09 fue publicado con fecha 06/11/09; desde esta perspectiva el caso sería subsumible en el supuesto de una contingencia ocurrida con anterioridad, manteniéndose los valores vigentes hasta el 05/11/09.

3) Sin embargo esta solución claramente se presenta injusta en términos constitucionales.Debe notarse aquí, no sólo que el propio Poder Ejecutivo reconoce en los considerandos del decreto que la LRT evidenció desde su puesta en marcha una «imperfección estructural como instrumento de protección social», y que la reforma del Decreto 1278/2000 «no fue suficiente para otorgar a ese cuerpo legal un estándar equitativo, jurídico, constitucional y operativamente sostenible», sino que tal como surge de los términos de la demanda y del pronunciamiento, se advierte que la aplicación de los parámetros establecidos en el Dec. 1278/00 conduce a un resultado irrazonable, en tanto acarrea una solución que, en términos comparativos, puede ser considerada frustratoria del derecho protegido, tal como surge de los parámetros consignados por el Sr. Juez de Primera Instancia.

Por ello es que, aún cuando se considere que el Dec. 1694/09 pretende limitar sus alcances a los siniestros ocurridos a partir del 06/11/2009, cuando, como en el caso, el resultado al que se arriba por aplicación de la normativa anterior es a una prestación dineraria manifiestamente insuficiente y desactualizada, tal normativa debe ser declarada inconstitucional (me remito a la cita de Ramirez, ya efectuada).

Por estas consideraciones entiendo, entonces que, aún cuando propongo un distinto ángulo de análisis de la cuestión constitucional comprometida, lo cierto es que la solución debe ser confirmada, en cuanto aplica el Dec. 1694/9 al presentarse como adecuada y razonable a la finalidad perseguida por el sistema de reparación.

Desde mi posición, la aplicación de los parámetros previstos en el Dec. 1694/9 deviene como consecuencia de la inconstitucionalidad de la solución que surgiría de aplicar al caso las cuantificaciones del Dec.1278/00, recurriendo al primero por analogía integrativa, lo que determina que el agravio de la actora deba prosperar por no poder escindirse el tratamiento de ambas cuestiones, al aplicarse, en ambos casos, los mismos lineamientos interpretativos.

A esta altura, debo señalar, en punto al reparo efectuado por la demandada en cuanto a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las normas de oficio, que coincido con la solución propuesta por el Dr. Pascuarelli, en cuanto a la desestimación del agravio. Para ello me remito a la posición sostenida por la CSJN que mi colega menciona, compartiendo la postura de Germán Bidart Campos que también se enuncia. Por lo demás, y como también lo indica el Sr. Juez que abre el Acuerdo, no advierto que en el caso se haya vulnerado el derecho de defensa, al respetarse la congruencia en orden a la arista en punto a la cual se declara la inconstitucionalidad.

Coincidiendo, entonces, en la clara desproporción que se produciría de determinar la prestación por incapacidad conforme a la fórmula de cálculo establecida en la LRT, con prescindencia de los parámetros del Dec. 1694/9, lo que determina la pertinencia de la declaración de inconstitucionalidad por irrazonabilidad y, compartiendo el análisis de los restantes aspectos, adhiero al voto del Dr. Pascuarelli. TAL MI VOTO.

Por ello, esta Sala I RESUELVE:

1. Hacer lugar parcialmente a la apelación del demandado de fs. 353/362 vta. y, en consecuencia, modificar parcialmente la sentencia apelada, conforme lo expuesto en el considerando II. 3 del primer voto, respecto al inicio del cómputo de los intereses.

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (arts. 17 ley 921, 68 y 71, del C.P.C. y C.).

3.- Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia recurrida las que se efectuarán en la instancia de grado, una vez practicada la planilla de liquidación del capital con más los intereses devengados.

4.- Diferir los honorarios correspondientes a esta Alzada, los que se fijarán en el 30% de lo que se calcule en la instancia anterior (art. 15 L.A.).

5. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen.

Dr. Jorge D. PASCUARELLI.

Dra. Cecilia PAMPHILE.

Dra. Mónica MORALEJO – SECRETARIA

 

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