Se rechaza el despido indirecto de la actora por la sanción impuesta ante la negativa de atender a un menor al no probar que fue contratada solo para atención de adultos.

bebe2Partes: R. A. G. c/ International Health Services Argentina S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: X

Fecha: 22-mar-2013

Cita: MJ-JU-M-78450-AR | MJJ78450 | MJJ78450

Puesto que la actora fue contratada principalmente para la atención de incidentes “código rojo”, -emergencias médicas urgentes sin distinción entre pacientes adultos o menores-, la sanción aplicada por la demandada como consecuencia de la negativa de la actora de atender una urgencia pediátrica, no justificó el despido indirecto en que ésta se colocara.

Sumario:

1.-No corresponde fundar el despido indirecto en que se colocó la actora como consecuencia de la sanción que le fuera aplicada por negarse a atender una emergencia pediátrica toda vez que la actora no acreditó que fue contratada para la atención exclusiva de pacientes adultos y no para emergencias pediátricas, máxime siendo que su actividad se centraba principalmente en la atención de incidentes código rojo , -las emergencias médicas de los pacientes más urgentes, cuestión no controvertida en las actuaciones.

2.-Toda vez que los testigos propuestos a instancias de la actora son contestes en cuanto a que ante una emergencia código rojo de algún menor que les pudiera ser derivada, -aun considerando por hipótesis que sean médicos de adultos -, la prioridad médica es preservar los signos vitales, contrasta con la decisión de la actora de rechazar la derivación que la empresa con fundamento en que no era médica para atención de emergencias pediátricas y que culminó en la sanción de 2 días de suspensión que la empleadora le aplicó, no solo por el comportamiento exigido a cada una de las partes de la relación laboral (conf. arts. 62 y 63 L.O.) sino también por elementales razones de preservación de la vida humana que se le puede exigir, más tratándose -la actora- de una profesional de la salud.

3.-La impugnación que formuló la actora a la suspensión, -en el hipotético caso que se hubiera considerado que le asistía razón en cuestionarla-, solo le daba dado derecho a reclamar los salarios caídos por el período de la sanción (conf. arts. 67 y 223 de la LCT.) pero no para justificar el despido indirecto del caso, el cual resultó apresurado e injustificado (arts. 242 y 246 ley cit.).

4.-Puesto que el contrato de trabajo no se encontraba incorrectamente registrado por la empleadora en lo concerniente a la real época en la cual comenzó a trabajar, corresponde considerar injustificada la situación de despido indirecto en la cual se colocó la trabajadora, y asimismo, corresponde confirmar la improcedencia de las indemnizaciones de los arts. 9º y 15 de la ley 24013 al no darse el presupuesto fáctico previsto por las normas aludidas para su procedencia (incorrecta registración del contrato de trabajo, en este caso de la real fecha de ingreso de la actora).

5.-De conformidad con lo dispuesto por el 2º párr. del art. 80 LCT, la obligación del empleador de hacer entrega de las constancias de trabajo, nace a partir del momento en que se extingue (por cualquier causa) el vínculo laboral habido, por lo que recién a partir de ese instante el trabajador queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente, por lo tanto, resulta improcedente la recepción de la citada reparación indemnizatoria (art. 80 de la LCT.) ya que dicho incremento no procede cuando la intimación a entregar los certificados de aportes y servicios se produce en época contemporánea a la comunicación del distracto, como sucedió en autos.

Fallo:

Buenos Aires, 22/03/2013

El Dr. DANIEL E. STORTINI dijo:

1º) Vienen estos autos a la alzada a propósito de los agravios que contra el pronunciamiento de fs. 292-I/302 interpusieron las partes a tenor de los memoriales obrantes a fs. 305/309vta. (actora) y303/304vta. (demandada) , mereciendo esta última la réplica respectiva (ver fs. 319/320). La demandada apela los honorarios regulados a la representación letrada de la actora y de la perito contadora por altos, mientras que la experta contable recurre por derecho propio sus emolumentos al considerarlos reducidos (ver fs. 304, segundo agravio y 311).

2º) Por una cuestión de método daré tratamiento de comienzo a los agravios vertidos por la actora.

Se agravia la demandante por cuanto la señora juez que me precede concluyó injustificado el despido (indirecto) del caso. Argumenta que en su carácter de profesional de la salud fue contratada por International Health Services Argentina S.A. para desarrollar la tarea de médica de U.T.I.M. (unidad de terapia intensiva móvil) de pacientes adultos, motivo por el cual rechazó el denominado “código rojo pediátrico” que le fue derivado por la empresa en el mes de abril de 2.008 al no ser un tema de su especialidad médica ni estar equipada la unidad vehicular aludida (U.T.I.M.) con la aparatología correspondiente para la atención médica para niños. Es por ello que rechazó la sanción que le impusiera la empleadora a consecuencia de esta negativa de su parte a admitir la derivación de este “código rojo” y frente a la decisión empresarial de no dejar sin efecto esta suspensión, sumado a una invocada falsa registración de su verdadera fecha de inicio, se consideró injuriada y despedida en los términos del art. 242 de la L.C.T.Llega firme a esta instancia que el 22/05/2008 la actora decidió extinguir el vínculo laboral habido con la demandada al invocar una incorrecta registración de su real fecha de ingreso al empleo y la negativa por parte de la empleadora de dejar sin efecto la suspensión que le fue impuesta porque “…se negó a tomar el incidente 5675597 código rojo de fecha 13/04/08 cuando Usted se encontraba a cargo de la atención de dicho incidente…” (ver cartas documento de fs. 31 y 39, no cuestionadas por las partes).

La recurrente sostiene que fue contratada como médica de adultos para trabajar en unidades de terapia intensiva y agrega que por parte de los profesionales médicos y de la misma empresa demandada había un distingo claro entre lo que era la atención de adultos y la atención pediátrica.

Ahora bien. Del contrato de trabajo adjuntado por la demandada a fs. 47 (fotocopia) y cuyo original obra glosado en el sobre de prueba reservada (que fue expresamente reconocido por la demandante en la audiencia que da cuenta el acta de fs. 191) surge que “el empleador contrata los servicios del empleado quien se desempeñará en tareas de atención de visitas médicas domiciliarias y emergencias médicas; así como aquellas que pueda asignarle la empresa, y en toda otra función similar y/o anexa que se determine a dicho efecto” (conf. cláusula primera). Asimismo y frente al interrogante pericial acerca de si los médicos están identificados por su especialidad (pediatras, adultos, etc.), del peritaje contable resulta que “los médicos no se encuentran diferenciados por especialidad” (fs. 256, pto. 20, último párrafo), que “…no hay especialidad diferenciada dado que el servicio que se brinda es de ‘emergentólogo’ de acuerdo a lo dispuesto a las cámaras y asociaciones correspondientes…” (fs.256vta., mismo punto, primer párrafo) y que frente al requerimiento del perito contador le fue entregada información suministrada por el sistema contable “RH Pro” utilizado por la empresa “…donde no se encuentran los médicos separados por especialidad” (conf. fs. 257, pto. 27) (arts. 386 y 477 del C.P.C.C.N.).

Asimismo de la respuesta brindada por el perito contador en orden a la “especialidad médica de la actora y de dónde surge” (pto. 25) no resulta a ciencia cierta que la misma sea la de atención a pacientes adultos exclusivamente como invocó en la demanda y al expresar agravios, ni que se encuentre incapacitada para atender derivaciones pediátricas. Véase que el experto contable en este punto informó que “…me ha sido entregada copia de los títulos presentados por la actora por los cursos realizados en RCP (reanimador cardiopulmonar básico), dermatología pediátrica en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, simposio sobre síndrome de la muerte súbita infantil terapia intensiva y enfermedades infecciosas…” además de detallar toda la documentación que la empleadora le entregó a Rossi como complemento para su labor de asistencia médica, entre las que se encuentra la referida a diferentes situaciones sanitarias prehospitalarias que se pueden suceder, arritmias mortales, algoritmos de actividades eléctricas y de fibrilación y taquicardia sin pulso, convulsiones, hipertensión arterial, protocolo para oxigenación y ventilación, fallas respiratorias y manual de pediatría (ver pto. referido, fs.256vta/257).

Sin perjuicio de lo analizado, no constituye un elemento menos relevante en la cuestión aquí objeto de debate lo también informado por el experto contable en cuanto a que todas las ambulancias propiedad de la demandada cuentan con el mismo equipamiento médico, el cual aparece detallado en el anexo “C” y del que surge que las unidades de terapia intensiva móvil utilizadas para la atención de pacientes se encuentran equipadas con elementos sanitarios, materiales de emergencias y “kits” para la atención tanto de emergencias de adultos como así también pediátricas (ver listado de fs. 253).

El análisis de la prueba testimonial no permite corroborar la versión de la recurrente en cuanto a la diferencia de especialidades y de unidades de terapia intensiva móvil sea una emergencia pediátrica o de adultos.

Si bien Magri (fs. 196/200) declaró que junto con la actora atendían pacientes con las U.T.I.M. de adultos y que no habían unidades especiales pediátricas, luego afirmó que las U.TI.M. pediátricas están igualmente equipadas que las de atención a adultos, testimonio que no hace más que confirmar lo informado en este sentido por el perito contador (ver fs. 257, pto. 26 y 253, anexo “C”) y lo declarado por Pattin en cuanto a que las unidades vehiculares ambulatorias de la empresa se encuentran bien equipadas para todo tipo de pacientes y de especialidades y que en caso de emergencia no existe especialidad alguna (ver fs. 204/206).

Los testimonios de Puopolo y Luis -este último gerente de central de contactos de la demandada- son contestes con lo dicho y dan cuenta que no se diferencian los planteles de médicos al asignarles un “incidente” ni se distinguen las emergencias en pediátricas o clínicas ni la derivación de una U.T.I.M. determinada para una emergencia de adultos o pediátricas.Además refirieron a que toda emergencia se cubre con los mismos “recursos” (las unidades de terapia intensiva móvil) sin diferenciación por edades de los pacientes.

Estas afirmaciones guardan relación con la declaración de Pattin (ant. cit.) de que todos los médicos están capacitados para emergencias “código rojo” sean pediátricas o de adultos y en cuanto a que la actora fue contratada para la atención de emergencias médicas de las U.T.I.M. de todas las edades (conf. declaraciones de fs. 241/243 y 244/246) (art. 90 L.O.).

Sobre tal base y aún soslayando la especialidad médica que pudiera tener la demandante (la cual de la prueba aportada no resulta fehacientemente determinada: art. 377 del C.P.C.C.N.) lo cierto es que los propios testigos propuestos a instancias de Rossi son contestes en cuanto a que ante una emergencia “código rojo” de algún menor que les pudiera ser derivada (aún considerando por hipótesis que sean médicos de “adultos”), la prioridad médica es preservar los signos vitales (ver testimonios de Magri y Ohanian de fs. 196/200 y 201/203). Ello contrasta con la decisión de la actora de rechazar la derivación que la empresa le formuló el 13/04/2008 con fundamento en que no era médica para atención de emergencias pediátricas y que culminó en la sanción de 2 días de suspensión que la empleadora le aplicó (extremos no controvertidos en autos), no solo por el comportamiento exigido a cada una de las partes de la relación laboral (conf. arts.62 y 63 L.O.) sino también por elementales razones de preservación de la vida humana que se le puede exigir, más tratándose -la actora- de una profesional de la salud.

En definitiva, al no probar la actora que fue contratada para la atención exclusiva de pacientes adultos y no para emergencias pediátricas como invocó, sumado a que su actividad se centraba principalmente en la atención de incidentes “código rojo” (las emergencias médicas de los pacientes más urgentes, cuestión no controvertida en las actuaciones) aprecio justificada la sanción impuesta por la demandada frente a la no recepción por parte de Rossi del aludido “código rojo” que le fue derivado en la fecha antedicha. Sin perjuicio de ello, resalto que la impugnación que formuló la actora a esta suspensión -en el hipotético caso que se hubiera considerado que le asistía razón en cuestionarla- solo le habría dado derecho a reclamar los salarios caídos por el período de la sanción (conf. arts. 67 y 223 de la L.C.T.) pero no para justificar el despido indirecto del caso, el cual resultó apresurado e injustificado, conforme lo ya analizado en este considerando y lo que luego diré respecto de la incorrecta registración de la fecha de ingreso al empleo también invocada en la comunicación de cese (arts. 242 y 246 ley cit.).

Sugiero, pues, el rechazo del agravio vertido en el aspecto aquí considerado.

3º) La actora también argumenta que el contrato de trabajo se encontraba incorrectamente registrado por l a empleadora en lo concerniente a la real época en la cual comenzó a trabajar (23/07/07), extremo que -a su entender- resulta suficientemente injurioso para admitir su decisión de considerarse despedido e incluso para receptar las indemnizaciones de la ley 24.013 (arts. 9º y 15 ).

Ahora bien.La parte no se hace cargo de los fundamentos esbozados por la sentenciante de grado para desatender este planteo, esto es que de los registros de la empleadora (conf. libros laborales consultados por la experta contable: ver fs. 254vta., pto. 7.4.3, primer párrafo), como así también de la constancia de Alta de la trabajadora emitida por la A.F.I.P. (mismo punto pericial, segundo párrafo) e incluso de lo que surge de la certificación de servicios y remuneraciones que la demandada acompañó al contestar la demanda (fs. 41 y sobre de prueba reservada), surge que la fecha de ingreso de la actora registrada por International Health Services Argentina S.A. es el 23/07/2007, sin perjuicio de la consignada en los recibos de sueldo a partir de octubre de 2.007 (arg. art. 116 de la L.O.).

Sobre tal base (y al tener en cuenta lo concluido en el considerando precedente), propicio confirmar el decisorio en cuanto consideró injustificada la situación de despido indirecto en la cual se colocó la trabajadora el 22/05/2008, e incluso en cuanto rechazó las indemnizaciones de los arts. 9º y 15 de la ley 24.013 al no darse el presupuesto fáctico previsto por las normas aludidas para su procedencia (incorrecta registración del contrato de trabajo, en este caso de la real fecha de ingreso de la actora).

4º) Finalmente se queja la demandada en lo tocante a la admisión de la indemnización del art. 80 de la L.C.T. (conf. art. 45 de la ley 25.345).

Conforme ya he tenido oportunidad de sostener en otros pronunciamientos, dicho incremento no procede cuando la intimación a entregar los certificados de aportes y servicios se produce en época contemporánea a la comunicación del distracto (ver telegrama rescisorio de fs. 39, no cuestionado).

De conformidad con lo dispuesto por el 2º párrafo del mencionado art.80, la obligación del empleador de hacer entrega de tales constancias, nace a partir del momento en que se extingue (por cualquier causa) el vínculo laboral habido, por lo que recién a partir de ese instante el trabajador queda habilitado para remitir el requerimiento fehaciente. Resalto además que la intimación prevista en relación a extender los certificados de trabajo debe ser efectuada con posterioridad al cese contractual y con anterioridad a la etapa de conciliación administrativa previa.

Sobre tal base considero improcedente la recepción de la citada reparación indemnizatoria (art. 80 de la L.C.T.), por lo que propicio revocar este aspecto del pronunciamiento y rechazar íntegramente la demanda.

5°) No obstante el nuevo resultado del pleito y lo dispuesto por el art. 279 del C.P.C.C.N. habré de confirmar la imposición de las costas de primera instancia a la actora al resultar la vencida en la contienda y no encontrar mérito para apartarse del principio general (art. 68, primer párrafo , del C.P.C.C.N.).

Respecto de los honorarios regulados a los profesionales intervinientes corresponde dejarlos sin efecto y adecuarlos al nuevo resultado del pleito (conf. art. 279 ant. cit.), por lo cual deviene abstracto el tratamiento de los recursos deducidos al respecto. Ello así, propicio fijar los correspondientes a la representación letrada de la actora (presentó alegato escrito a fs. 282/283vta.), de la demandada (presentó escrito de alegar: ver fs. 286/290) y los de la perito contadora en las sumas actuales de ($.), ($.) y ($.), respectivamente. (art. 38 L.O y conc. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57).

Propongo asimismo que las costas de alzada sean a cargo de la actora vencida en esta instancia (art. 68, primer párrafo.del C.P.C.C.N.), regulándose los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por la actora y demandada en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14 , ley arancelaria).

Voto, en consecuencia, por: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda iniciada. 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a la representación letrada de la actora, demandada y perito contadora por las labores desarrolladas en primera instancia en las sumas actuales de ($.), ($.) y ($.), respectivamente (arts. 38 L.O y conc. ley arancelaria; arts. 3° y 12 decreto ley 16.638/57). 3) Imponer las costas de alzada a la actora vencida en esta instancia (art. 68, primer párrafo, del C.P.C.C.N.). 4) Fijar los emolumentos de los profesionales intervinientes por la actora y demandada por su actuación en esta alzada en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia (art. 14, ley arancelaria).

El Dr. ENRIQUE R. BRANDOLINO dijo:

Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo.

El Dr. GREGORIO CORACH no vota (art. 125 L.O.).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda iniciada. 2) Dejar sin efecto lo dispuesto en grado respecto de los honorarios y regular los correspondientes a la representación letrada de la actora, demandada y perito contadora por las labores desarrolladas en primera instancia en las sumas actuales de ($.), ($.) y ($.), respectivamente. 3) Imponer las costas de alzada a la actora vencida en esta instancia y fijar los emolumentos de los profesionales intervinientes por la actora y demandada por su actuación en esta alzada en el 25% para cada uno de ellos de lo que les corresponda percibir por su intervención en la anterior instancia. 4) Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

ANTE MI

M.D.

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