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Ius variandi: los nuevos consultorios en los que la odontóloga debía trabajar carecían de higiene y salubridad.

Partes: Mussuto Norma Beatriz c/ Obra Social Bancaria Argentina s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: IV

Fecha: 28-sep-2012

Cita: MJ-JU-M-75535-AR | MJJ75535 | MJJ75535

Existió ejercicio abusivo del ius variandi toda vez que los nuevos consultorios odontológicos en los que debía prestar tareas la trabajadora carecían de las garantías mínimas de higiene y salubridad.

Sumario:

1.-Corresponde admitir la legitimidad del despido indirecto puesto que el lugar al que fue destinada la actora a prestar tareas, carecía de las garantías mínimas de higiene y salubridad y por lo tanto, la modificación efectuada por el empleador resultó ilegítima e injuriosa.

2.-Sin perjuicio de que el Ministerio de Salud haya habilitado el funcionamiento del centro médico, -más allá de resaltar que la resolución habilitante data de una fecha harto anterior a los hechos que acá se discuten-, tampoco surge de la resolución en cuestión, que se encuentren habilitados consultorios odontológicos, que era la actividad desarrollada por la trabajadora.

3.-Corresponde reputar ilegítimo e injurioso el uso que la demandada hizo del instituto del ius variandi pues lo que se cuestiona del traslado del lugar de trabajo, está referido a las condiciones edilicias y de seguridad en que se encontraban los nuevos consultorios en los que debía prestar tareas la trabajadora, y por ende, pretender justificar esta modificación contractual con una situación económica financiera deficiente, -que no se encuentra acreditada en la causa-, resulta, cuanto menos, insuficiente a los fines de lograr una solución distinta.

4.-No corresponde admitir la producción de los oficios solicitados puesto que en nada modifica el resultado final del litigio conocer si efectivamente la demandada procedió a vender una propiedad o rescindir un contrato de alquiler, ya que ello, de por sí, no necesariamente refleja la situación financiera de una empresa, y, en todo caso, si ése era su propósito, pudo la demandada requerir al experto contable que informara acerca del estado patrimonial de su parte, hecho que no ocurrió.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso interpuesto contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La doctora Silvia E. Pinto Varela dijo:

I – Contra la sentencia de primera instancia que hace lugar a la acción, se alza la demandada a tenor de su escrito recursivo que obra a fs.311/315, que recibió réplica de la contraria a fs.317/319.

II – En primer término la accionada actualiza la apelación que se tuvo presente en los términos del art.110  LO contra la resolución del Juez «a quo» que desestimó la producción de los oficios dirigidos tanto al Registro de la propiedad Inmueble como al Titular del inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz 1787.

Indica que estos informes resultan trascendentes a los fines de acreditar el mal momento económico y financiero que atravesaba su parte y que la llevaron a decidir tanto la venta como la rescisión del contrato de alquiler de los inmuebles que señala (v.fs.312) donde estaban ubicados los consultorios odontológicos y que motivaran finalmente la decisión de trasladar a la actora a otro lugar de trabajo (art.66  LCT). Dice que al desestimar el Juez «a quo» su producción, se violó el derecho de defensa que garantiza el art.18  de la C.N.Solicita, en consecuencia, que se ordene el libramiento de la prueba informativa en esta instancia (v.fs.312).

Al respecto, comparto lo resuelto en la instancia anterior toda vez que en nada modifica el resultado final del litigio conocer si efectivamente la demandada procedió a vender una propiedad o rescindir un contrato de alquiler, ya que ello, de por sí, no necesariamente refleja la situación financiera de una empresa. En todo caso, si ése era su propósito, pudo la demandada requerir al experto contable que informara acerca del estado patrimonial de su parte, hecho que no ocurrió.

Y, en verdad, lo que en definitiva se está discutiendo es si el nuevo lugar de trabajo en donde comenzó a prestar servicios la trabajadora resultaba ser un lugar adecuado y seguro para la práctica profesional – consultorios odontológicos de odontopediatría – , hecho que en nada se relaciona, en principio, con la situación económico financiera de la demandada.

En síntesis, por lo antes argumentado, propongo confirmar lo resuelto por el Juez anterior.

III – Sentado lo expuesto y a lo que hace al fondo de la cuestión, observo que la trabajadora , que ejercía su profesión de odontóloga para la demandada, frente al traslado del lugar de trabajo y al verificar las condiciones en que se encontraba el nuevo destino, intimó a su empleador (v.fs.25 TLC Nº75896363 del 17/06/2009) para que le restituyera las condiciones de trabajo al estado anterior en atención a que esta modificación – a la que calificó de abusiva de las atribuciones del ius variandi – implicaron para su parte una reducción inaceptable de la capacidad mínima de espacio físico para la atención de los pacientes como un peligro derivado de las instalaciones eléctricas sin mantenimiento y cables expuestos.Frente al silencio guardado por su empleador, se consideró despedida (v.fs.29 y respuesta del Correo Oficial de fs.168).

El Juez de grado hizo lugar al reclamo de la actora pues entendió que los testimonios aportados en la causa – los que transcribe y analiza en forma detallada a fs.279/301 – le formaron convicción de que el lugar al que fue destinada la actora a prestar tareas, carecía de las garantías mínimas de higiene y salubridad y que, en consecuencia, la modificación efectuada por el empleador resultó ilegítima e injuriosa. Y que, por ende justificó el despido indirecto en que se colocó la trabajadora.

En este contexto, la demandada cuestiona el valor que el Magistrado de grado le otorga a las declaraciones testimoniales aportadas por la parte actora. Dice que los testigos no son personas especializadas o idóneas para determinar si un lugar tiene las garantías mínimas de higiene y salubridad requeridas, y copia en el escrito de apelación la disposición Nº334/05 de fecha 25/02/05 otorgada por el Ministerio de Salud de la Nación (Dirección Nacional de Regulación y Fiscalización y sanidad de Frontera) en la que se habilita el Centro Médico Banco Nación (lugar donde fue trasladada la actora) para su normal funcionamiento médico y odontológico. Manifiesta que, por aplicación del principio «iura novit curia» resulta su aplicación obligada al Tribunal.

Adelanto que, en mi criterio, la queja no debe tener favorable acogida.

Cierto es, como señala la demandada, que el Ministerio de Salud, a través de la Resolución Nº334, habilitó el funcionamiento del Centro Médico Banco Nación. De hecho, esta información surge de la respuesta brindada por dicho Ministerio en el oficio que obra a fs.150/153 y que fuera requerido por la parte actora.Pero, más allá de resaltar que esta Resolución data de una fecha harto anterior a los hechos que acá se discuten – esto es febrero de 2005 y la trabajadora se consideró despedida en junio de 2009 – tampoco surge de su lectura, que se encuentren habilitados consultorios odontológicos (v.fs.180 in fine), lo que no se condice con lo manifestado por el apelante en su escrito recursivo (v. fs.312 vta. Tercer párrafo).

Pero aún, teniendo en consideración que el Centro Médico se encontraba habilitado, este hecho carece de la trascendencia que pretende atribuirle el apelante pues los testigos que declararon en la causa – los que no fueron cuestionados por la contraria en la oportunidad procesal oportuna – art.90 LO – fueron precisos y concordantes al momento de describir las deficientes condiciones en que se encontraban los consultorios odontológicos.

Nótese que la testigo CONSONI – fs.200/202 – , compañera de la actora, sostuvo que «…el caso de los odontólogos ni siquiera había sillones instalados…ni espacios físicos para que ellos pudieran continuar la atención». Por su parte ZAVALA (fs.197/199), también compañero de la actora, describe como llegaron al consultorio ubicado en el Centro Médico Banco Nación y señala que cuando se presentaron no tenían pacientes citados, no tenían lugar físico para trabajar, se estaban terminando de montar los consultorios en condiciones totalmente inadecuadas para el ejercicio, había un compresor sin aislación acústica, cables de electricidad a la vista; declara que en un consultorio había un tablero de 320 voltios que se podía tocar, estaba sin llave y existía falta de limpieza y mantenimiento. Además indica que eran dos o tres profesionales en el mismo consultorio, y que las condiciones de trabajo de la actora eran las mismas que las del dicente.También declara WALTER (fs.194/195) quien dijo que sus hijos se atendían con la actora; que en una oportunidad concurrió a los consultorios del Banco Nación donde estaba la actora y era desastroso, ya que no era un consultorio odontológico en sí, sino que habían puesto un asiento de odontología y había de todo, material, que no podían entrar los chicos a ser atendidos, los consultorios no estaban adaptados para ortodoncia pediátrica, por el estado en que estaba el consultorio. Idéntica declaración efectuó IGLESIAS, que también llevaba a sus hijos para que la actora los atendiera; afirma que conoce los consultorios del Banco Nación y que no estaban preparados, no estaban adaptados.

Estas declaraciones, analizadas a la luz de la sana crítica (art.386  CPCCN) resultan claras y coincidentes al momento de describir la situación edilicia y de seguridad en que se encontraban los consultorios donde habían sido ubicados los odontólogos que venían de los centros médicos cerrados.

Es por ello que coincido con la prevalencia que el Juez de primera instancia le otorgó a la testimonial por sobre otros elementos de prueba, pues, reitero, los testigos – quienes en su mayoría fueron compañeros de trabajo de la actora y por ende son quienes en mejor posición están para conocer el lugar en que se prestaban tareas – resultaron precisos al describir el estado deficiente y de peligro en que se encontraba el nuevo destino de trabajo de la actora y que la llevó a reaccionar como lo hizo (art.386 CPCCN).

Cuestiona la demandada el valor otorgado a la declaración de Zavala pues entiende que este testigo, al tener juicio pendiente contra su parte, está comprendido dentro de las generales de la ley. Al respecto, he sostenido en numerosas oportunidades que, si bien en tales supuestos cabe analizar los dichos del testigo con mayor estrictez, este dato, de por sí, no resulta suficiente para descalificar una declaración.De hecho, esta Sala tiene dicho, con criterio que comparto, que la circunstancia de que el testigo tenga juicio pendiente contra la misma demandada al tiempo de su declaración, no lo inhabilita como tal y no se advierte razón alguna para descalificar su testimonio cuando (como ocurre en el sub lite) éste se observa coherente, concordante y suficientemente fundado en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuviera conocimiento de los hechos sobre los cuales se expide ( CNAT, Sala II, 10/10/06, SD 94530, «Jarzab, Susana c/ Villa Real Cooperativa de Crédito Ltda. y otros s/ despido).

Debe tenerse en cuenta que los sucesos laborales se dan en una comunidad de trabajo y por eso quienes participan de ella son los que pueden aportar datos al respecto y en muchas ocasiones la prueba testimonial constituye el único elemento de convicción del cual depende el magistrado para esclarecer la cuestión en debate – arts.386 y 456  del CPCCN (CNAT, Sala III, 10/11/05, S.D. 87.286, «Segovia Jorge Antonio c/ Automotores San Telmo S.A. y otro s/despido»).

A ello cabe agregar que la demandada, frente a las intim aciones cursadas por la trabajadora, guardó silencio, lo que genera la aplicación de la presunción contenida en el art.57  LCT.

La demandada cuestiona que el Juez de grado haya reputado de ilegítimo e injurioso el uso que su parte hizo del instituto del «ius variandi» pues dice que, en autos se ha demostrado que la modificación del lugar de tareas obedeció a los problemas económicos financieros de público y notorio conocimiento, que lo obligaron a vender el Centro Médico Palermo y rescindir el contrato de locación del Centro Médico Belgrano, mudando a su personal al Centro Médico Banco Nación.Sin embargo, no sólo no hay prueba alguna que avale lo expuesto sino que además tal como lo señalé en los párrafos anteriores , lo que se cuestiona del traslado del lugar de trabajo, está referido a las condiciones edilicias y de seguridad en que se encontraban los nuevos consultorios en los que debía prestar tareas la trabajadora. Por ende, pretender justificar esta modificación contractual con una situación económica financiera deficiente – que insisto, no se encuentra acreditada en la causa – resulta, cuanto menos, insuficiente a los fines de lograr una solución distinta a la adoptada en primera instancia.

En definitiva, por las razones expresadas, he de proponer la confirmación de la sentencia dictada en la anterior etapa.

IV – La parte demandada apela la imposición de costas. Toda vez que no encuentro mérito para apartarme del principio general que establece que deben ser impuestas a cargo de la vencida – condición que reviste la apelante – propicio que se confirmen (art.68  CPCCN).

V- Asimismo, sugiero que las costas de alzada se impongan a cargo de la demandada (art.68 CPCCN).

VI- Finalmente, corresponde fijar los honorarios de los profesionales intervinientes en la alzada en el 25% de los que en definitiva percibirán por su actuación en la instancia anterior (art.14  ley 21.839).

En síntesis, por las razones expuestas, voto por: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art.68 CPCCN) y 3) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que les corresponda percibir a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art.14 de la ley 21.839).

El doctor Héctor C. Guisado dijo:

Por análogos fundamentos adhiero al voto que antecede.

Por ello, el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido motivo de agravios; 2) Imponer las costas de la alzada a la demandada (art.68 CPCCN) y regular los honorarios de los profesionales intervinientes en el 25% de los que les corresponda percibir a cada representación letrada por su actuación en la instancia anterior (art.14 de la ley 21.839).

Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

HÉCTOR C. GUISADO

Juez de Cámara

SILVIA E. PINTO VARELA

Juez de Cámara

ANTE MI:

SILVIA SUSANA SANTOS

Secretaria

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