Rodriguez Daniel Antonio c/ Telecom Personal S.A. s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 11-jul-2011

Cita: MJ-JU-M-67829-AR | MJJ67829 | MJJ67829

El rubro “medicina privada” no puede ser considerado remuneratorio, pues del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (1949) no se desprende que los beneficios sociales deban necesariamente quedar equiparados a las remuneraciones en todos sus aspectos, máxime si encuadra en la noción de beneficio social.

Sumario:

1.-Corresponde incorporar a la base salarial la suma que el trabajador percibía en concepto de vales alimentarios, pues los mismos tienen carácter salarial por aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Pérez Anibal Raúl c/ Disco SA del 01.09.09 (Fallos: 332:2043) en el que se concluyó que los vales alimentarios, más allá del nombre que los legisladores o particulares le atribuyen, deben ser considerados salario.

2.-Dado que la contratación de la línea telefónica estaba dirigida a facilitar el desarrollo de la actividad profesional del actor, y que a la vez podía ser utilizada para fines particulares, los importes abonados por el uso de esa línea deben ser considerados parcialmente remuneratorios, esto es, únicamente en la porción que constituyó una ventaja patrimonial para el actor, por lo que corresponde modificar este aspecto de la sentencia y establecer que solo una parte del importe puede considerarse remuneratorio.

3.-El rubro medicina privada no puede ser considerado remuneratorio, pues del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (1949), ratificado por la ley nacional 11594 no se desprende que los beneficios sociales deban necesariamente quedar equiparados a las remuneraciones en todos sus aspectos, es decir, que sea válido sustentar la transgresión de la norma internacional en todas las oportunidades en que aquéllos no sean computados para cuantificar prestaciones salariales o indemnizatorias.

4.-El pago del plan médico no difiere de los demás beneficios contemplados en el art. 103 bis pues las erogaciones afrontadas por la demandada para que el trabajador gozara de un plan médico privado, -en vez de la cobertura que brinda una obra social-, encuadran en la noción de beneficio social del citado artículo, por cuanto representó una mejora para este último, y si bien es cierto que la percepción de un plan médico pudo tornar tentadora la oferta de integrar el plantel de empleados de la demandada, dicha circunstancia no le otorga carácter remunerativo ya que también puede resultar interesante para quien se postula para un puesto de trabajo que la empleadora le pague los gastos por guardería o jardín de infantes (inciso f), el servicio de comedor de la empresa (inciso a), la provisión de útiles escolares y guardapolvos para sus hijos (inciso g), cursos o seminarios de especialización y capacitación (inciso h), sepelio de los familiares (inciso i).

5.-No resulta procedente la multa establecida por el art. 9 de la Ley nacional 25013, que remite al art. 275 LCT, pues en el caso no se observa un uso desaprensivo de la jurisdicción, -litigar con la conciencia de la sin razón-, o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho, ya que la demandada despidió sin causa al actor, y abonó, aunque tardíamente, las indemnizaciones que consideró que le correspondían; sin perjuicio de que el hecho de que a través de un pronunciamiento judicial, haya quedado determinado que dicho pago fue insuficiente y/o la demora en que incurrió la accionada, no constituye una ilicitud pasible de la aplicación de la multa en cuestión, máxime si se tiene en cuenta que la recurrente hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (arts. 18 y 19 de la CN.).

6.-La sanción prevista por el art. 2º de la Ley nacional 25323 tiene como propósito punir y también reparar el daño que se produce al trabajador cuando no se abonan, en debido tiempo y forma, las indemnizaciones derivadas del despido -arts.232, 233 y 245 , LCT.-, y aquél se ve compelido a recurrir a la jurisdicción para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde hacer lugar al recargo en cuestión pero únicamente sobre la diferencia existente entre lo abonado en concepto de las indemnizaciones mencionadas y lo que efectivamente le correspondía percibir, pues las indemnizaciones le fueron liquidadas al actor en base a una remuneración en lo cual no se incluyeron los rubros remuneratorios.

7.-Corresponde confirmar que la remuneración tomada como base de cálculo del recargo previsto en el art. 80 LCT. en primera instancia ha sido correcta, pues, no es un argumento válido sostener que tal salario fue extraordinario si no se brindan mayores precisiones acerca de tal afirmación, máxime si el actor tampoco explica las razones por las cuáles tal porción del salario obedeció a una situación excepcional, y más aun si se repara en que no resulta llamativo que el actor haya efectuado mayor cantidad de operaciones comerciales en determinado mes teniendo en cuenta lo fluctuante del mercado (art. 116 LO.).

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de julio de 2011, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe y de acuerdo a la correspondiente desinsaculación se procede a votar en el siguiente orden:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- La señora Juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda orientada al cobro de diferencias salariales y otros créditos de naturaleza laboral. Para así decidir, luego de valorar las pruebas producidas y los antecedentes del caso, concluyó que la demandada abonó de manera insuficiente determinados rubros de la liquidación final y de la indemnización por despido como consecuencia de la ruptura del vínculo dispuesta sin causa por la accionada.

II.- Tal decisión es apelada por ambas partes a tenor de las manifestaciones vertidas en las memorias de fs. 336/339 y fs. 344/346. Por su parte, a fs. 334, el perito contador, objeta la regulación de sus honorarios por estimarla reducida.

La parte actora se queja, en concreto, por: a) la no inclusión de las sumas percibidas por el actor en concepto de tickets y vales alimentarios a la base salarial tomada por el “a quo” para el cálculo de las indemnizaciones correspondientes y del rubro Decreto 1295/05 ; b) la no inclusión de los pagos en concepto de línea de teléfono celular y medicina privada a la base salarial ; c) el rechazo de la sanción prevista por el art. 9º de la Ley 25013 (art. 275 LCT); d) el rechazo del recargo previsto por el art. 2º Ley 25323 y e) lo resuelto en materia de costas. Asimismo, la demandada objeta la base salarial tomada por la “a quo” para el cálculo de la indemnización prevista por el art.80 LCT y las regulaciones de honorarios asignada a los profesionales intervinientes por estimarlos elevados.

El recurso interpuesto por la actora, tendrá parcial recepción.

a) Surge de la pericial contable de fs. 255/261 que el actor percibía mensualmente la suma de $427.- en concepto de vales alimentarios ($264 en Luncheon Tickets y $163 en concepto de Louncheon Chek). En cuanto al carácter salarial de los conceptos mencionados, el recurrente reitera los reparos constitucionales que mereciera -a su criterio- el art.103 bis incs. b) y .c) de la Ley de Contrato de Trabajo, cuyo tratamiento fuera omitido en origen. No obstante, es de aplicación la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Pérez Anibal Raúl c/ Disco SA” del 01.09.09 (Fallos: 332:2043) en el que se concluyó que los vales alimentarios, más allá del nombre que los legisladores o particulares le atribuyen, deben ser considerados salario. Por ello los vales que eran entregados mensualmente al trabajador por un valor nominal de $427.-, según el detalle mencionado más arriba deben ser considerados parte del salario, cifra que asimismo, no ha merecido cuestionamiento de la demandada. En consecuencia, corresponde incorporar dicha suma a la base salarial tomada por la a quo.

b) En cuanto se refiere al uso del teléfono celular, surge de la pericial contable, que al actor le eran bonificados $350 en su línea de teléfono celular. No ha quedado establecido que el móvil se utilizara únicamente para la comunicación relativa a las tareas prestadas a favor de la demandada, ni que le hubiera sido prevenido al dependiente, que debía limitar su uso para cuestiones laborales y excluir las personales.Se trata de una herramienta de trabajo que, por la categoría que ostentaba Rodriguez, había sido provista por la empresa para cubrir sus necesidades funcionales, a fin de que pudiera ser ubicado en cualquier momento, lo cual comprende también el uso que el actor le daba en beneficio personal, máxime si tenemos en cuenta que no está acreditado que se le hubiera proscripto ese destino, ni se solicitaba justificación de los gastos que no debían ser cubiertos por la empresa.-

En este contexto, dado que la contratación de la línea telefónica estaba dirigida a facilitar el desarrollo de la actividad profesional del actor, y que a la vez podía ser utilizada para fines particulares, considero que los importes abonados por el uso de esa línea deben ser considerados parcialmente remuneratorios, esto es, únicamente en la porción que constituyó una ventaja patrimonial para el actor. Así las cosas, en atención al monto denunciado en el inicio como gasto de telefonía celular ($250), y el importe que surge de la pericial contable, estimo prudencial establecer que el 35% aproximado de ese importe puede considerarse remuneratorio, y teniendo en cuenta lo propuesto por la demandada en su apelación, lo fijaré en la suma de $120. Propicio modificar en este aspecto el decisorio de grado.-

Distinto temperamento adoptaré respecto del planeo en torno al carácter del rubro “medicina privada”. El actor insiste en que se considere remuneratorio el pago, por parte de la empleadora, de la cobertura de medicina privada -Swiss Medical Tel 4- para el dependiente y su grupo familiar.

En mi opinión, la queja debe rechazarse.De la lectura del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección del Salario (1949), ratificado por la ley 11.594 no se desprende que los beneficios sociales deban necesariamente quedar equiparados a las remuneraciones en todos sus aspectos, es decir, que sea válido sustentar la transgresión de la norma internacional en todas las oportunidades en que aquéllos no sean computados para cuantificar prestaciones salariales o indemnizatorias (Sala IV en autos “Rodas, Gloria Karina c. Coto CICSA”, sentencia del 14-3-2008, IMP 2008-11, Junio, Pág. 992 y LL online).

Asimismo, esta Sala ha tenido oportunidad de señalar recientemente que “El artículo 103 bis de la ley de Contrato de Trabajo define a los beneficios sociales como “.las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables, ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí y por medio de terceros, que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia a cargo. Son beneficios sociales . d) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos del trabajador y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por farmacia, médico y odontólogo, debidamente documentados.”. Con la ratio de esta preceptiva concluyo que las erogaciones afrontadas por la accionada para que el trabajador gozara de un plan médico privado – en vez de la cobertura que brinda una obra social – encuadran en la noción de beneficio social de la norma legal antes referida, por cuanto representó una mejora para este último.Si bien es cierto que la percepción de un plan médico pudo tornar tentadora la oferta de integrar el plantel de empleados de la demandada, dicha circunstancia no le otorga carácter remunerativo ya que también puede resultar interesante para quien se postula para un puesto de trabajo que la empleadora le pague los gastos por guardería o jardín de infantes (inciso f), el servicio de comedor de la empresa (inciso a), la provisión de útiles escolares y guardapolvos para sus hijos (inciso g), cursos o seminarios de especialización y capacitación (inciso h), sepelio de los familiares (inciso i), todos ellos debidamente documentados y que se hallan en la enumeración del artículo 103 bis de la LCT. Por eso, auspicio confirmar lo resuelto sobre este aspecto por cuanto el pago del plan médico no difiere de los demás beneficios contemplados en la norma en cuestión (ver mi voto como integrante de la Sala VIII en “Ramírez Alfredo Ramón c/Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. BICE s/Despido” , SD 35.209 del 14/7/2.008)…” [Fallo en extenso: elDial.com – AA4A21](esta Sala en autos “Alonso, José Manuel c/Skanska SA s/despido”, SD 85966 del 28/6/2010).-

Por estos fundamentos propondré desestimar este segmento de la queja.-

c) Respecto al rechazo de la multa establecida por el artículo 9 de la Ley 25013, que remite al art. 275 LCT, en el caso, no observo un uso desaprensivo de la jurisdicción -litigar con la conciencia de la sin razón- o la articulación de defensas claramente obstruccionistas con el fin de controvertir o dilatar una situación clara de derecho. La demandada despidió sin causa al actor, y abonó, aunque tardíamente (un mes después del despido), las indemnizaciones que consideró que le correspondían.El hecho de que a través de un pronunciamiento judicial, haya quedado determinado que dicho pago fue insuficiente y/o la demora en que incurrió la accionada, no constituye a mi criterio una ilicitud pasible de la aplicación de la multa en cuestión, y ello máxime si se tiene en cuenta que la recurrente hizo ejercicio regular de un legítimo derecho como es el de defensa y debido proceso (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional) por lo que considero que no corresponde en el caso aplicar la sanción en cuestión.

d) La sanción prevista por el art. 2º de la Ley 25323 tiene como propósito punir y también reparar el daño que se produce al trabajador cuando no se abonan, en debido tiempo y forma, las indemnizaciones derivadas del despido -arts.232, 233 y 245 , LCT-, y aquél se ve compelido a recurrir a la jurisdicción para obtener la satisfacción de su crédito. En el presente caso, las indemnizaciones antes mencionadas le fueron liquidadas al actor en base a una remuneración en lo cual no se incluyeron los rubros remuneratorios a los que se hiciera mención a lo largo de este voto, por lo cual, amén de admitir que ha sido necesario el debate en esta jurisdicción para dilucidar la naturaleza de los rubros abonados por la empresa, la parte actora ha resultado exitosa en lo principal de su reclamo. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recargo en cuestión pero únicamente sobre la diferencia existente entre lo abonado en concepto de las indemnizaciones correspondientes a los arts. 232, 233 y 244 LCT y lo que efectivamente le correspondía percibir.

IV.- La queja de la demandada deberá ser desoida. En efecto, la apelante manifiesta que la remuneración tomada por la “a quo” para el cálculo del recargo previsto por el art.80 LCT no es correcta argumentando que el monto de comisiones que integraba el salario del mes de diciembre de 2006, fue “extraordinario”. No es un argumento válido sostener que tal salario fue extraordinario si no se brindan mayores precisiones acerca de tal afirmación. Tampoco explica las razones por las cuáles tal porción del salario obedeció a una situación excepcional, y ello máxime si se repara en que no resulta llamativo que el actor haya efectuado mayor cantidad de operaciones comerciales en determinado mes teniendo en cuenta lo fluctuante del mercado (art. 116 L.O.).

Considero que la remuneración tomada en origen ha sido correcta.

V.- En atención a las modificaciones propuestas a lo largo del presente voto, corresponde adecuar el importe de condena, tomando como mejor remuneración la del mes de diciembre de 2006, sin el sac, la suma de $4.700,75., compuesta de $ 4153,75.- (base salarial que llega firme a esta Alzada y que incluía el rubro “Decreto 1295/05) + $427 en vales alimentarios + $120 teléfono celular. Asimismo, subsiste la aplicación del tope previsto por el CCT 130/75 que ascenció a $3583,66.- y resulta superior al límite previsto por el Alto Tribunal en el precedente “Vizzoti”. En consecuencia, el capital de condena queda conformado de la siguiente manera:

Abonado Diferencia

a)Antigüedad: $7.167,32.- $4.819,82.- $2.347,50.-

b)preaviso $2.991,28.- $2.409,91.- $581,37.-

c)integración $398,83.- $175.- $223,83.-

d)sac s/ preaviso $249,27.- $200,82 $48,45.-

e)sac s/integrac. $33,23.- $14,58.- $18,65.-

f)vacaciones c/sac $1.395,10.- $1060,36.- $334,74.-

g)sac prop 2007 $765,63.- $660.- $105,63.-

Sub total (diferencias): $3.660,17 h)art.2º L 25.323 $1.576,10.-

i)art.80 LCT $14.102,25.-

TOTAL:$19.338,52.-

De esta manera, se fija el capital de condena en $19.338,52.-, suma a la que accederán los intereses establecidos en origen.-

VI.- A influjo de lo normado por el art. 279 CPCCN, corresponde emitir un nuevo pronunciamiento en materia de costas y honorarios, tornándose abstracto el tratamiento de los agravios vertidos en su relación.

VII.- Por lo expuesto, propongo en este voto: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $19.338,52.- al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y perito contador en el 17%, .% y .% respectivamente sobre el nuevo monto de condena, incluido capital e intereses; 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el .% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (Ley 21839 y Decreto 16638/57 ).-

El Dr. Vilela dijo:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto que antecede.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en lo principal que decide y fijar el capital de condena en $19.338,52.- al que accederán los intereses establecidos en origen; 2) Dejar sin efecto lo resuelto en materia de costas y honorarios; 3) Imponer las costas del proceso a la demandada vencida en lo principal (art. 68 CPCCN); 4) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado del actor, demandada y perito contador en el .%, .% y .% respectivamente sobre el nuevo monto de condena, incluido capital e intereses; 5) Regular los honorarios de los letrados firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara en el .% de lo que le fue regulado a cada uno por su actuación en la instancia anterior (Ley 21839 y Decreto 16638/57).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Gabriela Alejandra Vázquez – Jueza de Cámara –

Dr.Julio Vilela – Jueza de Cámara –

Ante mí:

Dra. Elsa Isabel Rodríguez – Prosecretaria Letrada de Cámara –

En . de . de 2011 se dispone el libramiento de cédulas. Conste.

Dra. Elsa Isabel Rodríguez

Prosecretaria Letrada de Cámara

En . de . de 2011 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que antecede y firma. Conste.

Dra. Elsa Isabel Rodríguez – Prosecretaria Letrada de Cámara –

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