Benvenuto Graciela c/ Wenger y Asociados S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: III

Fecha: 30-dic-2008

Cita: MJ-JU-M-74473-AR | MJJ74473 | MJJ74473

Las sumas abonadas por la demandada en concepto de cobertura médica resultan no remunerativas pues la prestación médica no se concede en función del tiempo del trabajador ni de su rendimiento ya que es una protección que te otorga en ocasión y en la medida de necesidades emergentes del trabajador.

Sumario:

1.-No corresponde asignar carácter remunerativo a las sumas que la demandada abonaba en concepto de cobertura médica pues la prestación médica no se concede en función del tiempo del trabajador ni de su rendimiento ya que no es una contraprestación del trabajo sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades emergentes del trabajador.

2.-No corresponde entender que la actora se consideró despedida pues no se advierte del telegrama remitido por ésta que hubiera siquiera insinuado considerarse despedida, ya que en ese despacho no hay más que intimaciones destinadas a obtener el cumplimiento de distintos débitos laborales, y esta circunstancia de ninguna manera puede llevar, en una interpretación que tome en cuenta los arts. 63  y 10  de la LCT., que la trabajadora decidió ahí el distracto.

3.-No corresponde tener a la codemandada como empleadora de la actora puesto que de ningún medio de prueba surge acreditada la prestación de tareas, durante el período anterior a la fecha de ingreso en el que se sitúan la fecha denunciada por la trabajadora y la que invoca como tal la demandada en estos actuados.

4.-El silencio observado durante el intercambio telegráfico por la codemandada resulta inconducente y de ningún modo puede generar la aplicación de la presunción del art. 57  de la LCT. requerida por la actora, puesto que para que esta norma sea operativa debía demostrarse que tal empresa revistió el carácter de titular de la relación jurídica y eso no surge de la causa (art. 377   CPCCN.).

5.-El hecho de que surjan de la cuenta sueldo de la actora créditos que en conjunto lleguen al monto pretendido en la demanda no termina de constituir prueba que demuestre de forma concluyente que los montos que excedían a los insertos en los recibos de haberes hubieran sido depositados por la empleadora o incluso por la codemandada; máxime considerando que de las distintas respuestas remitidas por la entidad bancaria a los informes, no surgen datos que permitan demostrar que los montos depositados en concepto de transferencias entre cuentas pudieran imputarse a las demandadas (art. 377 CPCCN.).

6.-No corresponde pronunciarse sobre la existencia de un conjunto económico toda vez que no se advierten los efectos que se derivarían para la causa de tomar en cuenta la existencia de un conjunto económico que, de hecho, no se encuentra discutido atendiendo el reconocimiento que sobre esta cuestión formula la codemandada, especialmente cuando las circunstancias relativas a la defectuosa registración del vínculo en cuanto a fecha de ingreso y salario no lucen acreditadas.

7.-Corresponde confirmar el rechazo del incremento indemnizatorio contemplado en el art. 16 de la ley 25561 pues al 31/12/2002, la demandada tenía en su plantel menos empleados registrados que a la fecha de ingreso de la actora, lo que configura la excepción establecida por el dec. 2639/2002 , que exime al empleador del pago de esta multa.

8.-No corresponde admitir los haberes por enfermedad (art. 213  LCT.) pues si bien no existen discrepancias entre las partes en el hecho de que al momento del distracto la trabajadora no se encontraba en condiciones de retomar tareas, de esto no se sigue el derecho a la percepción de esta indemnización con posterioridad a aquel momento (art. 377 CPCCN.); máxime siendo que los documentos agregados a la causa no acreditan que luego de que fuera despedida estaba imposibilitada de trabajar sino simplemente que se encontraba bajo tratamiento o control psiquiátrico (art. 386  CPCCN.).

9.-No corresponde admitir el reclamo por daño moral puesto que se trató de un despido injustificado que resulta resarcido por la indemnización tarifada; máxime considerando que la indemnización civil sólo procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual, y esta situación no ser verifica en el caso de autos ya que la empleadora despidió sin ninguna causa a la trabajadora.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 30.12.08 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

El doctor Guibourg dijo:

Contra la sentencia dictada en primera instancia se alzan la codemandada Wenger y Asociados SRL y la actora, de acuerdo a sus presentaciones de fs. 245/246 y vta. y 247/257. La perito contadora, por su parte, apela a fs. 242 la regulación de sus honorarios, por baja.

La demandada se queja por la interpretación que hace la Juez respecto de la CD Nº 754247695. Sostiene que ella no disolvió ni intentó disolver el vínculo laboral ni cursó intimación alguna sino que, con motivo de la confusa redacción del TCL 65452857 remitido por la actora, entendió que Benvenuto había dispuesto el despido indirecto, por lo que puso a disposición la liquidación final.

La actora, en cambio, apela:a) porque el pronunciamiento omite el análisis de la totalidad de las piezas procesales colectadas en autos y, a su vez, la interpretación de las pruebas es errónea o tendenciosa; b) por el monto del sueldo considerado al fijar el importe indemnizatorio, destacando que se ignoró el informe suministrado por la Banca Nazionale del Lavoro de donde se desprende que las demandadas abonaban mensualmente la suma de $ 1500; c) porque al establecer el salario se omitió valorar el informe de la empresa OMINT; sostiene que debía al menos haberse adicionado la suma de $ 181,42, monto que era satisfecho por una de las codemandadas y que formaba parte de la prestación normal y habitual percibida; d) porque se omitió valorar el vínculo existente entre las codemandadas, situación que, aunada con la temeridad y el desparpajo con que se desenvolvieron éstas, debía llevar a tenerlas por confesas con sustento en los principios generales del derecho; e) porque se hizo lugar a la excepción de falta de personería respecto de la codemandada Aller Atucha SRL; f) por el rechazo de la multa contemplada en el art. 16  de la ley 25561 y porque se desconoció la situación de enfermedad cuando ella fue expresamente reconocida por la demandada en su responde, por lo que se omitió respetar el plazo de conservación de empleo previsto por el art. 208  de la LCT, en concordancia con los arts. 211 y 213  de la LCT; g) porque se desestimó el reclamo en concepto de daño moral. Asimismo, se queja por el modo y forma en que fueron impuestas las costas y cuestiona los honorarios regulados a la representación letrada de la codemandada Aller Atucha SRL.

Corresponde iniciar el análisis de la presente causa a partir de la expresión de agravios deducida por la codemandada Wenger y Asociados SRL. Adelanto que su queja no habrá de prosperar.

En efecto, no advierto de la lectura del telegrama Nº 35452857 del 18/01/2006, remitido por la actora (v. fs.155 y 158), que Benvenuto hubiera siquiera insinuado considerarse despedida. En ese despacho no hay más que intimaciones destinadas a obtener el cumplimiento de distintos débitos laborales, lo que de ninguna manera puede llevar, en una interpretación que tome en cuenta los arts. 63  y 10  de la LCT, que la trabajadora decidió ahí el distracto.

La actora se queja porque en la causa no se reconoció carácter de empleadora a la codemandada Aller Atucha SRL, en especial cuando esta no contestó los diversos requerimientos que le llegaron durante el intercambio telegráfico.

No asiste razón a la recurrente. La trabajadora planteó en la demanda que comenzó trabajando para Aller Atucha SRL en marzo de 2003 y que en julio de ese año pasó a Wenger y Asociados SRL. Sostiene además que era la encargada, entre otras labores, de confeccionar presupuestos para ambas empresas, bajo órdenes de Jacinto Aller Atucha.

Sin embargo, no advierto la existencia de elementos probatorios que avalen la descripción de los hechos invocados en el inicio (art. 377  CPCCN). Los testigos Silvia Fernández Moreno (fs. 123/126), Claudio Alejandro Lovecchio (fs.

127/128) y Sonia Fernández Moreno (fs. 129/131), aportados por la reclamante, carecen, como bien dice la juez de grado, de conocimiento directo sobre los hechos por los que declaran: todos hablan de la relación laboral de Benvenuto por comentarios que ella les hizo (arts. 90 LO y 386  CPCCN) y así lo reconoce la apelante, ya que en el recurso sólo les confiere valor probatorio para intentar demostrar la situación del estado de salud que presentaba al momento en que se sucedió el distracto (v. fs. 252 vta. 6to. párrafo).

Por lo demás, ningún medio de prueba acredita la prestación de tareas durante el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2003, en el que se sitúan la fecha de ingreso denunciada por la trabajadora y la que invoca como tal Wenger y Asociados SRL.Destaco en este sentido que los detalles de cuenta remitidos por la entidad bancaria BNL Banca Nazionale del Lavoro SA comienzan a partir de diciembre de 2003 y esto es coherente con la fecha invocada por la empresa. Ninguna constancia avala la prestación de tareas entre marzo y julio de 2003, período en que se denuncia el trabajo en forma exclusiva a favor de la codemandada Aller Atucha SRL.

En estas condiciones, el silencio observado durante el intercambio telegráfico por esta última codemandada resulta inconducente y de ningún modo puede generar la aplicación de la presunción del art. 57  de la LCT requerida por la actora.

Para que esta norma sea operativa debía demostrarse que Aller Atucha SRL revistió el carácter de titular de la relación jurídica y eso no surge de la causa (art. 377 CPCCN), lo que a su vez decide la suerte del quinto agravio presentado por la recurrente.

Seguidamente examinaré el recurso presentado frente al salario adoptado en grado.

La trabajadora afirma en primer término que percibía mensualmente $ 1500 y que esta suma era depositada en su totalidad en la cuenta sueldo abierta por las codemandadas en la Banca Nazionale del Lavoro, situación que se acredita con el informe de movimientos de cuenta remitido por la entidad bancaria a fs. 187/190.

Cabe destacar en este sentido que el hecho de que a partir de agosto de 2005 surjan de la cuenta sueldo de la actora créditos que en conjunto lleguen a $ 1500 no termina de constituir prueba que demuestre de forma concluyente que los montos que excedían a los insertos en los recibos de haberes hubieran sido depositados por la empleadora o incluso por la codemandada Aller Atucha SRL. De las distintas respuestas remitidas por la entidad bancaria a los informes requeridos por este Tribunal durante la substanciación de la medida para mejor proveer ordenada a fs. 273, no surgen datos que permitan demostrar que los montos depositados en concepto de transferencias entre cuentas pudieran imputarse a las demandadas como plantea la recurrente (art.377 CPCCN).

Por lo demás, no puede dejarse de lado en el análisis que, de acuerdo al informe no impugnado de la prueba de libros, no se verifican diferencias entre los datos de los recibos y los asientos del libro de sueldos verificados (v. pregunta 5 de fs. 210 vta.), como también que, de acuerdo con el mismo informe que invoca la actora para sustentar su posición, se desprende la existencia de transferencias de créditos que superan con holgura la suma de $ 1500 mensuales (abril de 2005).

Tampoco asiste razón a la recurrente en su queja relativa al carácter de las sumas que la demandada abonaba a la firma OMINT en concepto de cobertura médica (v. fs. 182/183).

Esta Sala ha dicho (incluso con anterioridad a la sanción de la ley 24700 ) que “.la prestación médica no se concede en función del tiempo del trabajador ni de su rendimiento. No es una contrapretación del trabajo sino una protección que se otorga en ocasión y en la medida de ciertas necesidades emergentes del trabajador. Constituye un modo de asunción, por parte del empleador, de una contingencia social que puede aleatoriamente afectar o no a sus empleados y por lo tanto no procede otorgar a dicho concepto carácter remuneratorio (v. SD Nro. 59120 del 19.1.89, en autos “Sansin, Eduardo Milton c/ Centro Médico del Sud SRL s/ despido”, SD Nro. 57054 del 18.10.88, en autos “Ramenzoni, Eduardo A. y otros c/ Sociedad Anónima La Razón s/ despido”, Sd Nro. 70802 del 29.12.95, en autos “Kraus, Fernando O. c/ Gas del Estado s/ diferencias de salarios”, todas del registro de esta sala).

Además, este tribunal recientemente sostuvo que: “Al enumerar los beneficios sociales, el art. 103 bis en el inciso d)  hace mención a los gastos médicos del trabajador y su familia, asumidos por el empleador, previa presentación de comprobantes emitidos por el médico o entidad correspondiente.Por lo cual, por aplicación analógica, entiendo que el monto que pagaba mensualmente la demandada por “medicina prepaga” no tiene carácter remunerativo.” (v. SD Nº 89286 del 30.11.07, causa Nº 11089/2005 “Saint Jean, Alejandro Roberto c/ Disco SA s/ Despido” , del protocolo de esta sala).

La expresión de agravios debe consistir en una exposición jurídica que contenga el análisis serio, razonado y crítico de la sentencia que se recurre, que demuestre la errónea aplicación del derecho o la injusta valoración de la prueba producida (art. 116  de la ley 18345).

Estos extremos no se ven satisfechos con las alegaciones contenidas en los agravios cuarto y duodécimo segundo del memorial que examino, ya que en ellos no se indican los pretendidos errores y omisiones que se atribuyen al pronunciamiento anterior sino que, entre otras cuestiones, sólo se marcan (especialmente en el primero de ellos) elementos para dar por cierta la existencia de un conjunto económico conformado por las demandadas (idéntico domicilio, objeto social, actividad y representación legal). Empero, no advierto los efectos que se derivarían para la causa de tomar en cuenta la existencia de un conjunto económico que, de hecho, no se encuentra discutido atendiendo el reconocimiento que sobre esta cuestión formula la codemandada Aller Atucha SRL, especialmente cuando las circunstancias relativas a la defectuosa registración del vínculo en cuanto a fecha de ingreso y salario no lucen acreditadas.

Tampoco merecerá mejor suerte la queja ante el rechazo del incremento indemnizatorio contemplado en el art. 16 de la ley 25561 y de los haberes por enfermedad.

En cuanto al incremento indemnizatorio, destaco que de la respuesta brindada por la perito contadora a la pregunta Nº 8 de fs. 211 (no impugnada por la actora) se desprende que, el 31/12/2002, Wenger y Asociados SRL tenía en su plantel 4 empleados y que en noviembre de 2003, fecha de ingreso de la actora, tenía 11 trabajadores registrados.De ahí que se configura la excepción establecida por el decreto 2639/2002, que exime al empleador del pago de esta multa.

Respecto del reclamo sustentado en los términos del art. 213 de la LCT, si bien no existen discrepancias entre las partes en el hecho de que al momento del distracto la trabajadora no se encontraba en condiciones de retomar tareas, de esto no se sigue el derecho a la percepción de esta indemnización con posterioridad a aquel momento (art. 377 CPCCN). Los documentos glosados en sobre anexo a la causa (identificados bajo números 8, 16, 19 y 20) no acreditan que luego de que fuera despedida Benvenuto estaba imposibilitada de trabajar sino simplemente que se encontraba bajo tratamiento o control psiquiátrico (art. 386 CPCCN).

Desestimaré también la queja presentada ante el rechazo del reclamo por daño moral. Este Tribunal ha dicho que tal indemnización es susceptible de dos enfoques: el contractual y el extracontractual. Si se trata del contractual, en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea invocado oportunamente en los términos del art. 242 de la LCT. Desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del empleador.

En el caso que nos ocupa se trata de un despido injustificado sin causa que, en principio, resulta resarcido por la indemnización tarifada; la indemnización civil sólo procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual (Sentencia 42.535 del 29/12/81 en autos “Cuello c/ Laboratorios Promeco”, del registro de esta Sala), situación que no se verifica en el caso de autos ya que aquí la empleadora despidió sin ninguna causa a la trabajadora.

Propongo, en cambio, modificar la forma en que fueron impuestas las costas en grado.Así, en relación con las atinentes a la actuación de la codemandada Aller Atucha SRL, auspicio imponerlas en ambas instancias por su orden dado que esta misma empresa reconoce vinculación con la empleadora de la actora (v. fs. 33 vta.) y esta situación de hecho pudo llevar a Benvenuto a considerarse asistida de mejor derecho para reclamar (art. 68 2da. parte  CPCCN).

En cuanto a las correspondientes a la codemandada Wenger y Asociados SRL, señalo que es criterio de esta sala que en su distribución el juez debe guiarse por un criterio jurídico y no meramente aritmético; en el caso se advierte que, aunque en una medida significativamente menor a la reclamada, la demanda ha prosperado por el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido. Por ello propicio modificar lo decidido en grado y disponer que las costas de ambas instancias sean soportadas por esta codemandada, vencida en lo sustancial de la contienda (art. 68, CPCCN; en sentido análogo ver, entre otras, sentencia del 29/4/98 en autos “Medina, David c. Corrugadora Atuel S.A.” y sent. 78.100 del 30/12/98, “in re”: “Boaglio, Claudia Verónica c. Goldman, Sergio y Pijampar Vilaporn Soc. de Hecho y otros”, del registro de esta sala).

Considero que los honorarios regulados en autos para la representación y patrocinio letrado de las partes y de la perito contadora son equitativos, en atención al mérito y extensión de las tareas desempeñadas por los profesionales intervinientes y a lo dispuesto en el art. 38  de la ley 18345, arts. 6°, 7° , 8°, 9° , 14 , 19 , 37, 39  y concs.de la ley 21839.

Auspicio también regular los honorarios de los letrados actuantes ante esta Alzada en 25 % de lo que les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa.

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro.

65.569 del 27 de septiembre de 1993, en autos “Quiroga, Rodolfo c/Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688” , que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación” (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) al sostener “que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto”. Ante lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

Voto, en consecuencia, para que se confirme en el fallo de primera instancia en lo principal que decide y se modifique disponiendo que las costas de ambas instancias se encuentran a cargo de la codemandada Wenger y Asociados SRL, con excepción de las relativas a la actuación de la codemandada Aller Atucha SRL que, en su caso, propongo imponer para ambas instancias por su orden.Auspicio también confirmar los honorarios fijados en grado y regular los emolumentos correspondientes a las actuaciones realizadas por las representaciones letradas de las partes actora y demandada por su actuación ante esta alzada en .% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado.

La Doctora Porta dijo:

Que por idénticos fundamentos, adhiere al voto que antecede.

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: I.

Confirmar el fallo de primera instancia en lo principal que decide; II. Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la codemandada Wenger y Asociados SRL, con excepción de las relativas a la actuación de la codemandada Aller Atucha SRL que, en su caso y por ambas instancias, se disponen por su orden; III. Regular los emolumentos correspondientes a las actuaciones realizadas por las representaciones letradas de las partes actora y demandada por su actuación ante esta alzada en .% de lo que a cada una corresponda percibir por sus trabajos en la instancia anterior, proporción que no incluye la incidencia del impuesto al valor agregado.

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase.

Elsa Porta Ricardo A. Guibourg Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí: Leonardo Bloise CGA Secretario

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