#Fallos Salario en especie: Es justificado el despido indirecto de la trabajadora ante la falta de pago de horas extras y del reconocimiento de la habitación como parte del salario

Partes: Escobar Fany Mabel c/ Rizzo Daniel Armando s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 7 de agosto de 2026

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-161095-AR|MJJ161095|MJJ161095

Es justificado el despido indirecto de la trabajadora ante la falta de pago de horas extras y del reconocimiento de la habitación como parte del salario.

Sumario:
1.-La falta de reconocimiento del carácter salarial de la habitación provista a la trabajadora y la negativa a abonar las horas extras, constituye una injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 LCT para convalidar la situación de despido indirecto en que se colocó la trabajadora.

2.-Toda vez que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25.345 , 25.323 y 24.013 , ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, siendo la sentencia emitida declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos a juzgamiento (art. 7 CCivCom.).

Fallo:
VISTO Y CONSIDERANDO:

En la Ciudad de Buenos Aires, luego de deliberar, a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, los integrantes de la Sala II, practicado el sorteo pertinente, en la fecha de firma indicada al pie de la presente proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

La Dra. Andrea E. García Vior dijo:

I.- La sentencia de primera instancia viabilizó las pretensiones salariales, indemnizatorias y sancionatorias deducidas en el escrito inicial.

A fin de que sea revisada esa decisión por este Tribunal de Alzada, interpuso recurso de apelación la parte demandada en los términos y con los alcances que explicita en su escrito de expresión de agravios; sin réplica de la contraria.

II.- Razones de método me llevar a dar liminar tratamiento al agravio del demandado Daniel Armando Rizzo quien se dirige a cuestionar la existencia de la injuria laboral que motivó la ruptura del vínculo por parte de la actora. Refiere la parte recurrente que la sentenciante no valoró en forma correcta las pruebas producidas en autos, en especial se tuvo por acreditado el pago en negro (consistentes en la dación de una habitación como contraprestación en especie), la realización en exceso de la jornada legal de horas extraordinarias y la consecuente base de cálculo indemnizatoria que incorporó dichos conceptos.

Cabe memorar que Escobar señaló en la demanda que trabajaba de lunes a lunes de 09:00 a 23:00 hs. con francos formalmente asignados los días domingos.La parte demandada en el responde sostuvo que la accionante trabajaba en una jornada de lunes a viernes de 9 a 13hs y de 17 a 21hs, y los días sábados de 9 a 13hs, y que las tareas de gobernanta fuera de ese horario eran cubiertas por otra persona.

En efecto, el testigo Bautista detalló que la actora hacía de todo en el lugar, la limpieza, el cobro de alquileres, mantenimiento y pintura), y afirmó que la veía trabajando «de lunes a lunes». Señaló que a las 7:00 de la mañana ya se encontraba baldeando la vereda y que, cuando él regresaba de su jornada a las 23:00 hs. o inclusive en horas de la madrugada (2:00 o 3:00 am), la Sra. Escobar continuaba en el pasillo haciendo tareas o recibiendo pasajeros en el establecimiento.

Assimontti, señaló que habitó el lugar entre principios de 2011 y finales de 2013. Señaló el testigo que poseía horarios de trabajo rotativos y salteados y refirió que la actora se encontraba trabajando en el lugar de manera indistinta a toda hora, destacando que la veía limpiar a las 6:00 am y también a las 11:00 o 12:00 de la noche en sectores comunes del hotel. Agregó que Escobar vivía en el establecimiento y poseía en su propia habitación los monitores con las cámaras de seguridad del hotel, obrando de hecho como la encargada de seguridad permanente del predio mientras el dueño no estaba.

Ledesma, explicó que alquiló una habitación en el hotel a partir de mayo de 2010 por el lapso de un año y medio. Invocó que la actora hacía todo y que dormía y estaba en el lugar de lunes a domingo.Sostuvo que ante emergencias nocturnas los inquilinos le tocaban la puerta a Escobar a altas horas de la noche y que su jornada comenzaba antes de las 6:30 am y se extendía más allá de las 22:00 o 23:00 hs., alternando la limpieza profunda con la atención y cobro en la oficina administrativa situada en el acceso.

De la prueba testimonial rendida, bajo las reglas de la sana crítica (art. 386 del CPCCN), se extrae que la Sra. Escobar cumplía una jornada sumamente extensa que superaba holgadamente el límite legal, permaneciendo a disposición del establecimiento de manera habitual y permanente. En consecuencia, la acreditación de la realización de horas extraordinarias deviene indudable.

III.- A continuación, corresponde abordar el agravio de la recurrente vinculado con la naturaleza remuneratoria de la habitación provista a la trabajadora.

Los tres testigos que declararon en autos (Bautista, Assimontti y Ledesma), coincidieron de modo unánime en que la Sra. Escobar habitaba de manera permanente una de las habitaciones del primer piso del hotel junto a su hijo menor de edad.

Ahora bien, de conformidad con el art. 103 de la L.C.T., se entiende por remuneración la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. El art. 105 del mismo cuerpo normativo establece que las prestaciones complementarias, ya sean en dinero o en especie, integran la remuneración del trabajador, con excepción de los beneficios sociales taxativamente enumerados que posean naturaleza no remunerativa. La dación de vivienda en el marco de una relación de hotelería donde la empleada reside en el lugar para asegurar la custodia y atención continua del comercio, constituye una clarísima ventaja patrimonial y una ganancia en especie que, al no encuadrar en ninguna de las excepciones legales, posee carácter eminentemente remuneratorio.

Respecto a la cuantía, la actora estimó en su demanda el valor de la habitación en la suma de $1.000 mensuales.Frente a la absoluta omisión de registración de este componente salarial por parte del empleador en los recibos de haberes correspondientes, y de acuerdo con las facultades que el art. 56 de la L.C.T. considero que la suma establecida resulta razonable, por lo que propicio su confirmación.

En virtud de lo hasta aquí señalado, la falta de reconocimiento del carácter salarial de la habitación provista a Escobar y la negativa a abonar las horas extras, constituye una injuria de entidad suficiente en los términos del art. 242 de la L.C.T. para convalidar la situación de despido indirecto en que se colocó la trabajadora.

En atención a ello, deviene abstracto el tratamiento de la queja sobre la valoración de la prueba pericial contable que acreditaría el pago de las deudas salariales de los meses de junio y julio, pues la clandestinidad parcial del salario y la negativa a regularizar la real jornada laboral desempeñada por Escobar legitimaron la ruptura del contrato de trabajo. Por otra parte, no existe constancia alguna de que efectivamente los rubros de junio y julio hayan sido debidamente cancelados mediante el recibo respectivo firmado por el trabajador (cfr art. 138 LCT) o constancias bancarias del depósito (cfr. arts. 124 y 125 LCT). Tampoco ello surge de algún oficio enviado a la entidad bancaria correspondiente.

En virtud de lo expuesto, corresponde desestimar el agravio relacionado con la base de cálculo dispuesta en la instancia anterior y confirmar asimismo, el progreso de las indemnizaciones de los artículos 232, 233 y 245 de la ley 20.744, como así también en lo que hace al incremento indemnizatorio previsto en el art. 2 de la ley 25.323 en tanto la accionante, cursó sin éxito la intimación fehaciente prevista por la norma y las demandadas con su accionar, la obligaron a litigar (ver TCL obrante a fs. 138 y 140).

IV.- El demandado Rizzo cuestiona la procedencia de la indemnización prevista en el art.80 de la LCT, haciendo referencia -entre otras cosas- en que la accionante no intimó en forma correcta a la entrega del certificado de ley. Sobre el punto reiteradamente he sostenido que no comparto la interpretación literal que cierto sector de la doctrina propicia respecto del art. 3 del decreto 146/01 por cuanto, a mi ver, dicha norma contiene un plazo de gracia en favor del empleador a fin de facilitar el cumplimiento de su obligación de hacer entrega de las constancias documentales pertinentes (conf. art. 80 LCT), pero no puede presentarse como un obstáculo formal insalvable para la procedencia de la indemnización contemplada en la norma legal cuando la persona trabajadora intimó fehacientemente en los términos de la ley reglamentada (por dos días hábiles) en procura del cumplimiento de la obligación principal y ésta no se ha satisfecho, ni aún luego de vencidos todos los plazos previstos en beneficio de la empleadora en el decreto reglamentario.

Sin embargo, dado que mis colegas han conformado una invariable mayoría en sentido contrario al expuesto en la causa «Gluck, Viviana Paula c/ Team Wefiv SA (Ex Ivi Buenos Aires SA) s/Despido 2684/2018», por razones de economía y celeridad procesal, adhiero al criterio mayoritario de esta Sala en su actual integración, por lo que corresponderá en el caso viabilizar el agravio de la parte demandada, modificar este aspecto de la sentencia y rechazar la indemnización del art. 80 LCT dispuesto en primera instancia.

V.- Respecto a la condena a la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la LCT, de la cual se agravia el demandado. Sostiene que no corresponde la condena porque al contestar la demanda acompañó los certificados de ley. Sin embargo, los documentos que intentó entregar (ver documental) no reflejaban en modo alguno los verdaderos datos de la relación laboral.

Asimismo, en atención a que fuera solicitado en la demanda, corresponde confirmar la condena a Daniel Armando Rizzo a hacer entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la LCT de conformidad con los datos que emergen del presente pronunciamiento.

VI.- El demandado cuestiona la condena en los términos del art. 275 de la LCT, pues refiere que en modo alguno ha obrado en forma temeraria ni maliciosa. Corresponde resaltar que la jurisprudencia en forma coincidente ha establecido que «Para que se apliquen las sanciones del art 45 del Código Procesal y del art 275 de la LCT es necesario que la conducta del litigante pueda ser calificada como maliciosa y de litigar con conocimiento de la propia sinrazón y que los planteos revelen un claro propósito retardatorio de los procedimientos o aduciendo intencionadamente circunstancias que puedan derivar en un perjuicio a la otra parte» (Conf. CNAT, Sala I, 31.3.98, «De Stéfano José G c/ Anko SRL y otro») y que «Para determinar si se ha configurado conducta temeraria y maliciosa a la que alude el art 275 LCT, es necesario proceder con suma prudencia y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al sólo hecho de que las acciones y defensas hayan sido desestimadas, ni siquiera que las pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría cortas las garantías constitucionales de defensa en juicio» (CNAT, Sala VII, 22.5.98 «D Elia Cecilia c/ Obra Social de los Supervisores de la Industria Metalmecánica y otro»).

Sentado ello y toda vez que la aplicación de la sanción por temeridad y malicia es de aplicación restrictiva, no hallo reunidos los presupuestos de viabilidad para la aplicación del citado instituto, por cuanto no se han evidenciado propósitos obstruccionistas o dilatorios del proceso ni ha opuesto el accionado defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho ni derecho, requisitos de aplicación del mencionado instituto.

Por ello, propongo viabilizar el agravio de la parte demandada y dejar sin efecto la condena en los términos del art. 275 de la LCT.

VII.- Con sustento en la entrada en vigencia (parcial) de la ley 27742 (B.O.8/7/2024) creo necesario señalar que el derecho al cobro de las indemnizaciones y agravamientos indemnizatorios reclamados en función de las leyes 25345, 25323 y 24013, ha quedado perfeccionado en el caso con notoria anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa, por lo que siendo la sentencia emitida declarativa y no constitutiva de derechos, corresponde aplicar al presente la normativa vigente al tiempo de sucederse los hechos sometidos a juzgamiento (art. 7 CCCN) -ver, con similar criterio, entre otros, Confalonieri, Juan Ángel en «La Proyección de los efectos derogatorios de las sanciones de acciones disvaliosas en el derecho privado» y Lalanne, Julio E. en «La derogación de las «multas» de la Ley Bases: ¿tienen efecto retroactivo?», ambos publicados en diario La Ley, 27/08/2024-.

Por lo demás, en cuanto a la naturaleza punitiva o sancionatoria de las indemnizaciones establecidas en la normativa invocada, remítome a lo sostenido recientemente por esta Sala in re «Paolucci, Ana Gloria c/Tausa S.A. y otro» (Sent. Interlocutoria del 22/8/24, Expte. 40949/19 del registro de esta Sala) respecto de la naturaleza laboral y/o civil -no penal- de la sanción establecida en el art. 132 bis LCT (conf. ley 25345), debiendo señalar asimismo que, por su propia denominación («indemnizaciones») no cabe en modo alguno desconocerle a los créditos admitidos con sustento en las leyes 25.323, 24.013 y 25345 carácter reparatorio del daño presunto (reparación tarifada).

VIII.- Teniendo en cuenta el rubro que propongo modificar, la accionante resulta acreedora a las siguientes sumas: al monto de $1.163.740,60 (dispuesto en la sentencia de instancia anterior), corresponde deducir el importe de $76.587,78 (en concepto de indemnización prevista en el art. 80 de la LCT, dispuesta en la instancia anterior); lo que arroja un total de $1.087.152,82 que llevará los intereses dispuestos en la instancia anterior conforme lo que analizaré a continuación.

IX.- La parte demandada cuestiona el mecanismo de actualización del crédito dispuesto por la sentenciante.Se agravia porque dispuso la actualización IPC + 4% anual capitalizable, lo cual sostiene que genera un resultado excesivo y confiscatorio, violando el art. 17 CN. Señala que dicho criterio fue expresamente descalificado por la CSJN en los fallos Oliva y Lacuadra, por carecer de respaldo legal y arrojar resultados desproporcionados. En consecuencia, solicita se sustituya por la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, en línea con los precedentes y doctrina de la Cámara.

En cuanto a los accesorios a aplicar sobre el capital de condena, he de señalar que, como lo he dejado expuesto a partir de los precedentes «Ferrero» y «Vacca Devia» (sentencias del 19 y 26 de marzo próximo pasados, respectivamente -a cuyos desarrollos argumentales me remito-), a mi ver, la normativa de excepción contenida en el art. 55 de la LML afecta de manera directa y evidente expresas garantías constitucionales (conf. arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 75.22 CN) en tanto impone una injustificada diferencia de trato respecto de los litigantes amparados por el nuevo art. 276 LCT (art. 54 LML), y asimismo, su aplicación a los casos concretos arroja resultados muy inferiores al valor actual de lo adeudado tomando en cuenta el monto nominal o histórico más su sola readecuación por depreciación monetaria (IPC INDEC), lo que atenta contra el derecho de propiedad del acreedor laboral.

Entiendo asimismo que la variación de la cotización del dólar MEP (o cualquier otra divisa, bono u imposición en el mercado financiero) considerando o no eventuales intervenciones de la autoridad en materia monetaria- (como lo postulara el Dr.Ambesi en los fallos citados) no permite valorar la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, ni podría reflejar el beneficio que verosímilmente dejó de obtener el trabajador a raíz del retardo en el pago de lo adeudado -de eminente carácter alimentario-; y que la capitalización prevista en el inciso b) del art 770 del CCCN a créditos actualizados mediante índices -como lo es el IPC INDEC-, no resulta aplicable a los créditos no alcanzados por el régimen nominalista rígido delineado como regla en el Código Civil y Comercial de la Nación (remítome al respecto a lo sostenido -en minoría en la causa «Relevante, Solange Natalia c/Swiss Medical ART S.A. s/recuro ley 27348» (Expte. 704/2025).

Sin embargo, pese a mi insistencia, la posición que he sustentado de manera machacosa y reiterada desde el dictado de la ley 27802 en una cantidad importante de casos no ha sido compartida por mis estimados colegas, por lo que por elementales razones de economía y celeridad procesal y a la luz de los términos en que volvieran a expedirse recientemente mis colegas de Sala en la causa «Suárez, José Delfin c/Gutierrez, Osvaldo y otros s/despido» (Expte. 56231/2013, sentencia del 20/5/2026), he de proponer que se haga aplicación en el presente del criterio mayoritario sostenido por este Tribunal, ya que constituiría un acto de necedad seguir insistiendo en un criterio que sé que no ha de ser aceptado.

Consecuentemente, corresponderá en el caso estar a los lineamientos del art. 55 de la Ley 27802 para la determinación del monto definitivo de condena en la etapa prevista en el art. 132 de la LO, por lo que propicio modificar este aspecto de la sentencia.

X.- En virtud de las argumentaciones expuestas y con arreglo a lo establecido por el art.279 del CPCCN, corresponde adecuar la imposición de costas y honorarios al resultado del pleito que se ha dejado propuesto para resolver la apelación.

Las costas de primera instancia, propongo imponerlas a cargo del demandado Daniel Armando Rizzo por resultar vencido en los aspectos principales de la controversia (conf. art. 68 CPCCN). Las costas de Alzada, en atención a la ausencia de réplica de la contraria, propongo imponerlas en el orden causado (conf. art. 68 2do. párrafo CPCNN).

XI.- Sentado lo expuesto, en atención a la calidad, mérito y extensión de las labores profesionales realizadas en la instancia anterior por la representación y patrocinio letrado de la parte actora y del demandado Rizzo, de conformidad con las pautas que emergen de los arts. 6 y cctes. de la ley 21839 y del art. 38 LO, habida cuenta -además- de la proporción de las tareas realizadas durante la vigencia de dicha norma con relación a la totalidad de las labores cumplidas, corresponde regular los honorarios derivados de ese segmento de sus actuaciones profesionales en el 4% y 2% del monto de condena, con más sus accesorios legales.

A su vez, por las tareas llevadas a cabo en primera instancia por la representación y patrocinio letrado de cada una de ellas durante la vigencia de la ley 27423, de conformidad con lo establecido por los arts. 16, 21 y cctes. de dicho cuerpo normativo, y a la proporción de las tareas cumplidas en el marco de esta ley con relación a la totalidad de las labores realizadas, corresponde regular los honorarios de dicha representación y patrocinio letrado de la parte actora, del demandado Rizzo y de la perito contadora, en las respectivas cantidades de 272 UMA, 272 UMA y 116 UMA, respectivamente.

Al respecto cabe aclarar que no se soslayan las modificaciones introducidas en materia arancelaria por la ley 27802, tanto a la ley 18345 y como a la ley 27423, ni lo dispuesto por aquella norma en los arts.93 y 217 con relación a su vigencia y aplicación; pero respecto de la aplicabilidad temporal de distintos regímenes arancelarios, de conformidad con la tesis sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente que se registra en Fallos 319:1915 («Francisco Costa»), ratificado posteriormente en fallos 320:2756; 321:330 y 532 y 325;2250 y, en especial, en Fallos 341:1063 («Establecimiento Las Marías»), Fallos 345:220 («All Jorge Emilio y otro s/ sucesion ab-intestato » CIV 315118/1988/1/RH001 26/04/2022) y Fallos 347:775 («Recurso Queja Nº 1 – Kechiyan, Inés Silvia y otro c/ Heredia, Sergio Osvaldo y otros s/ daños y perjuicios (acc. tran. c/ les. o muerte)» CIV 42047/2014/1/RHl 02/07/2024), se debe tener en cuenta la época en que los trabajos profesionales fueron realizados, oportunidad en que se constituye el derecho (arts. 14 y 17 de la CN).

XII.- Por otra parte, con arreglo a lo establecido en el art. 30 de la ley 27.423), habida cuenta del mérito y extensión de la labor desarrollada en esta instancia por la representación y patrocinio letrado del demandado Daniel Armando Rizzo, propongo que se regulen los honorarios por esa actuación en el 30%, de lo que le corresponda, por lo actuado en la instancia anterior.

El Dr. José Alejandro Sudera dijo:

Adhiero en lo principal a las conclusiones del voto precedente por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1°) Modificar la sentenc ia de primera instancia y reducir el monto de condena a la suma de PESOS UN MILLON OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($1.087.152,82), la que devengará los intereses dispuestos en el considerando pertinente; 2°) Dejar sin efecto la condena en los términos del art. 275 de la LCT; 3°) Dejar sin efecto la imposición de costas y regulaciones de honorarios fijadas en grado; 4°) Imponer las costas de primera instancia a cargo del demandado Daniel Armando Rizzo y las de Alzada en el orden causado; 5°) Regular los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte actora, de la parte demandada y de la perito contadora, por los trabajos realizadas en la instancia anterior, conforme lo dispuesto en el considerando pertinente; 6°) Fijar los honorarios correspondientes a la representación y patrocinio letrado de la parte demandada por las tareas llevadas a cabo en esta instancia en el 30% de lo que le corresponda percibir por las tareas llevadas a cabo en la instancia de grado.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

José Alejandro Sudera

Juez de Cámara

Andrea E. García Vior

Jueza de Cámara