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#Fallos Diferencias salariales: Improcedencia de las diferencias reclamadas pues no es verosímil ni normal que un trabajador haya prestado tareas por todo el tiempo denunciado sin haber percibido salarios

Partes: Molina Moisés Ismael c/ Germaiz S.A. y otros s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VIII

Fecha: 9 de septiembre de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-138786-AR|MJJ138786|MJJ138786

Improcedencia de las diferencias salariales reclamadas pues no es verosímil ni normal que un trabajador haya prestado tareas por todo el tiempo denunciado sin haber percibido salarios.

Sumario:
1.-Se hace lugar parcialmente al reclamo sobre la base remuneratoria tomada, pues tal base salarial tiene pendiente de incorporación el adicional por antigüedad previsto por el art. 28 del CCT 420/05 , el cual prevé un incremento del 1% por cada año trabajado.

2.-Corresponde confirmar la base salarial sobre la que se ordenó el progreso de la acción objetada por la demandada, pues la afirmación de que la diferencia entre ambos salarios debe ser reclamada por el organismo recaudador no excede de ser una mera manifestación dogmática y sin fundamento en la normativa aplicable; el trabajador cobra un neto, porque el empleador es un agente de retención.

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3.-Correspode rechazar el agravio dirigido a cuestionar la parte de la condena que condenó a abonar diferencias salariales, apelada por el accionante, pues en cuanto al reclamo del pago del total del sueldo, por el período junio del 2016 hasta febrero del 2018, además de resultar sumamente inverosímil, no es normal que un trabajador haya prestado tareas por tanto tiempo sin haber percibido salarios y deviene incongruente porque según surge de los propios dichos contenidos en la demanda el actor recibió pagos parciales, en ese lapso.

4.-Corresponde confirmar la falta de imposición de la sanción del art. 132 bis de la L.C.T., pues una sanción tan grave exige del pretensor el cumplimiento íntegro de la formalidad legal ya que, según el art. primero del dec. 146/01 , es necesario que el trabajador intime al empleador para que ingrese ‘los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos Recaudadores’, y el trabajador acompañó un telegrama en el que solo intimó para que a los 30 días se ingresen los fondos retenidos y destinados a la seguridad social omitiendo hacer lo propio con el pago de los intereses y multas que pudieren corresponder, tal como indica la norma citada.

5.-El agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la indemnización contenida en el art. 1 de la Ley 25.323 debe ser desestimado pues, de conformidad con lo decidido en la sentencia apelada, no se encuentra acreditada la existencia de pagos fuera de registro, que den sustento a la situación prevista por dicha norma.

Fallo:
En Buenos Aires, a los 09 días del mes de septiembre de 2022, reunidos los integrantes de la Sala VIII a fin de considerar los recursos deducidos y para dictar sentencia definitiva, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo a los fundamentos que a continuación se exponen:

El DR. VICTOR ARTURO PESINO DIJO:

I) Contra la sentencia de primera instancia, que hizo lugar parcialmente al reclamo incoado, se alzan ambas partes, a tenor de sus presentaciones del 06/08/2020, 10/08/2020 y 11/08/2020.

II) Cuestiona el accionante, en primer lugar, la base remuneratoria por la que la sentenciante de grado condenó a la parte demandada.

Sostiene que no se incluyó el adicional por antigüedad establecido en el convenio y que no se computaron sumas no remunerativas reclamadas. Por otra parte, también solicita que se condene al pago de la totalidad de los salarios correspondientes al período comprendido entre junio del 2016 hasta febrero del 2018. Invoca, al respecto, que nunca fueron abonados y que, además, se trata de una deuda pos concursal. También apela la falta de imposición de la multa prevista por el art. 132 bis de la L.C.T., respecto de la cual afirma que la Sra.

Jueza de grado nada dijo, pese a haberse ello peticionado en el escrito de inicio.

Apela, además, los rechazos a los pedidos de aplicación de la indemnización prevista por el art. 1 de la ley 25.323, y la falta de condena solidaria con relación al codemandado Pérez.

III) La parte demandada objeta la base salarial sobre la que se ordenó el progreso de la acción y ambas partes apelan los honorarios regulados.

IV) Por una cuestión de orden metodológico, comenzaré a tratar los agravios de la parte actora. el relativo a la base remuneratoria invocada, superior a la dispuesta en la sentencia de grado, tendrá una parcial recepción, según lo explicaré seguidamente.

Asiste razón al recurrente cuando reclama que la base salarial de $33.136 (v.pág. 1/8 de la sentencia incorporada al Sistema de Gestión Judicial) tiene pendiente de incorporación el adicional por antigüedad previsto por el art. 28 del CCT 420/05, el cual prevé un incremento del 1% por cada año trabajado.

Dicho adicional, por cada año trabajado, asciende a la suma de $331,36 (equivalente al 1% del salario de $33.136) y, en función de la extensión de la relación laboral mantenida entre las partes (03/03/2008 hasta el 21/02/2018, es decir un 9%) hace que el salario devengado ascienda, entonces, a la suma de $36.118,24.- Distinta solución adoptaré con el reclamo de inclusión de sumas no remunerativas. En este sentido, el recurrente no ha logrado controvertir lo resuelto por la Sra. Jueza de grado. Digo esto por la orfandad probatoria en la que se encuentra en tal aspecto. Me explico: a fs. 20/4 obran los recibos de haberes acompañados por la propia parte actora, los cuales dan cuenta de salarios que, como máximo, alcanzaron la suma de $10.269,14.- (v. fs. 24). En los presentes autos, no se ha producido prueba pericial contable que determine una suma devengada superior a la percibida. Concordantemente con ello, y derivado de la prueba testimonial producida a fs. 148/152, la sentenciante tuvo por no acreditada la existencia de pagos fuera de registro y esta parte de la sentencia en crisis ha quedado firme para los litigantes. Por todo esto y dado que la sentencia apelada dispuso que la diferencia mensual por la que prosperará la acción será de $25.000 -muy superior al monto registrado- y que dicha suma resulta concordante con lo que correspondía abonarse, devienen incorrectas las afirmaciones del apelante, respecto a que no se han considerado las sumas no remunerativas.

Solo a mayor abundamiento advierto que la sentenciante de grado reforzó lo antedicho cuando sostuvo que «son improcedentes los reclamos por las ya que se han tenido en cuenta al momento de fijar el salario» (fs.164vta.).

V) El agravio dirigido a cuestionar la parte de la condena que condenó a abonar diferencias salariales, apelada por el accionante, no tendrá andamiento en esta instancia.

Digo esto porque el reclamo del pago del total del sueldo, por el período junio del 2016 hasta febrero del 2018, además de resultar sumamente inverosímil, no es normal que un trabajador haya prestado tareas por tanto tiempo sin haber percibido salarios y deviene incongruente porque según surge de los propios dichos contenidos en la demanda (v. punto «VI» a fs. 6vta), el actor recibió pagos parciales, en ese lapso.

Por eso, esta parte de la apelación no tendrá favorable acogida.

VI) El actor cuestiona la falta de imposición de la sanción del artículo 132 bis de la L.C.T.

La norma prescribe una sanción conminatoria de carácter patrimonial, cuando el empleador haya retenido aportes del trabajador y no los depositara en los organismos a los cuales aquellos estaban destinados.

Vengo sosteniendo que, una sanción tan grave como la referida en autos, exige del pretensor el cumplimiento íntegro de la formalidad legal ya que, según el artículo primero del decreto 146/01, es necesario que el trabajador intime al empleador para que ingrese «los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos Organismos Recaudadores».

Al respecto, advierto que el trabajador, con la documental (obrante a fs. 16), acompañó un telegrama en el que solo intimó para que a los 30 días se ingresen los fondos retenidos y destinados a la seguridad social omitiendo hacer lo propio con el pago de los intereses y multas que pudieren corresponder, tal como indica la norma citada.

Frente a una norma de carácter definido de derecho penal fiscal, no es procedente dictar condena sin la perfecta configuración del tipo.

Por ello, sugiero rechazar esta parte de la apelación del accionante.

VII) El agravio dirigido a cuestionar el rechazo de la indemnización contenida en el art.1 de la Ley 25.323 debe ser desestimado pues, de conformidad con lo decidido en la sentencia apelada, no se encuentra acreditada la existencia de pagos fuera de registro, que den sustento a la situación prevista por dicha norma.

Igual solución, y por los mismos fundamentos, propongo adoptar frente al reclamo de extender, solidariamente al Sr. Pérez, la condena dispuesta en grado.

VIII) A su turno, la demandada apela el monto tenido como base remuneratoria a efectos de realizar los cálculos indemnizatorios, reclamando que no sea sobre el salario bruto sino el neto. Sin embargo, de conformidad con lo previsto por el art. 245 de la L.C.T., corresponde desestimar esta parte del recurso. La afirmación de que la diferencia entre ambos salarios debe ser reclamada por el organismo recaudador no excede de ser una mera manifestación dogmática y sin fundamento en la normativa aplicable. El trabajador cobra un neto, porque el empleador es un agente de retención.

IX) También será rechazada la apelación en cuanto reclama que no debió ordenarse el pago íntegro de mayo de 2016, sino solo a la porción correspondiente a cinco días porque, según afirma, eso ha sido lo que el actor habría reclamado. Pero, no obstante lo manifestado, en el telegrama enviado por el actor el 06/07/2016 (v. respuesta del correo obrante a fs. 145 y que, transcripto en la demanda, forma parte de la misma) se reclamó el pago correspondiente a dicho mes y no solo de cinco días, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el considerando «V)», propongo incluir en la liquidación la suma de $25.000 correspondiente a ese mes.

X) Por todo ello, la liquidación debería reajustarse de la siguiente manera:

Indemnización por Antigüedad $361.182,40.- Preaviso más sac $78.256,16 Integración más sac $9.129,87 Diferencias salariales 05/2016 a 01/2018 $475.000 SAC prop.2016 $30.972,62 SAC 2017 $36.118,24

Vacaciones 2016 $32.867,59 Vacaciones 2017 $32.867,59 Vacaciones prop. 2018 $4.682,47 Art. 2 ley 25.323 $224.284,21 Art. 80 LCT $108.354,72 TOTAL: $1.393.715,87.-

XI) De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 del C.P.C.C:N., corresponde emitir nuevo pronunciamiento sobre costas y honorarios.

XII) De prosperar mi voto, auspicio confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto pronuncia condena y elevar su monto a la suma de $1.393.715,87.- con más los intereses dispuestos en grado; se mantenga el pronunciamiento sobre costas y honorarios bien que, estos últimos serán referidos al nuevo monto de condena, con intereses. Se impongan las costas de Alzada a la parte demandada y se regulen los honorarios de los profesionales intervinientes, en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 68 del C.P.C.C. y 30 de la ley 27423).-

LA DRA. MARÍA DORA GONZÁLEZ DIJO:

Que adhiero a las conclusiones del voto precedente por análogos fundamentos.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE:

1) Confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto pronuncia condena y elevar su monto a la suma de $1.393.715,87.- con más los intereses dispuestos en grado; 2) Mantener la imposición de costas y los honorarios regulados en los porcentajes dispuestos en la anterior instancia, bien que, estos últimos serán referidos al nuevo monto de condena, con intereses; 3) Imponer las costas de Alzada a la parte demandada; 4) Regular los honorarios de los profesionales firmantes de los escritos dirigidos a esta Cámara, en el (%) de lo que, en definitiva, les corresponda por su actuación en la anterior instancia (artículos 68 del C.P.C.C. y 30 de la ley 27423).-

Regístrese, notifíquese, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 4º Acordada CSJN 15/13 del 21/05/13 y oportunamente, devuélvase.

OAB 08.01

VICTOR A. PESINO

JUEZ DE CÁMARA

MARÍA DORA GONZÁLEZ

JUEZA DE CÁMARA

Ante mí:

CLAUDIA ROSANA GUARDIA

SECRETARIA

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