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#Fallos No fue para tanto: La publicación en redes sociales de videos del lugar de trabajo sin autorización no justifica el despido directo

Partes: O. M. E. c/ P. G. S. s/ Despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VI

Fecha: 30 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137949-AR|MJJ137949|MJJ137949

La publicación en redes sociales de videos del lugar de trabajo sin autorización no justifica el despido directo.

Sumario:
1.-Si bien los videos del lugar de trabajo fueron subidos a redes sociales masivas, cuya eficacia como medio de comunicación resulta indiscutible tal como lo pone de resalto el perito en informática, no surge de los mismos una conducta agraviante, descalificante o lesiva hacia el instituto o hacia la accionada, que justifiquen el despido directo.

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2.-Es procedente otorgar las indemnizaciones de los arts. 232 , 233 y 245 de la LCT porque ante la conducta reprochable de la actora, consistente en realizar videos, mostrando la imagen del instituto de propiedad de la accionada, ésta, en uso de sus facultades disciplinarias, adoptó una decisión extrema, vulnerando las reglas postuladas por el art. 10 L.C.T., pues pudo haberle impuesto otro tipo de sanciones, sea llamado de atención, apercibimiento, suspensión, etc., máxime teniendo en cuenta la falta de acreditación de antecedentes disciplinarios.

3.-Corresponde admitir la multa prevista en el art. 80 de la LCT por cuanto la certificación de servicios y remuneraciones de la Anses (formulario PS 6.2) y el de la AFIP con firmas de la empleadora certificada no cumplen con los recaudos legales por cuanto en dichos formularios no hay, precisamente, constancias acerca de los ingresos por los aportes y contribuciones, sino tan solo de los salarios devengados por el trabajador.

Fallo:
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. Diana Cañal dijo:

I.- Contra la sentencia de primera instancia de fecha 07/10/2020 (conforme surge del sistema lex 100 ver1 y fs. 329/399), que acogió el reclamo inicial, se alza la demandada (ver escrito digitalizado con fecha 17/10/2020, ver 2), con réplica de la accionante.

Por su parte, la perito contadora apela la regulación de sus honorarios, por considerarla reducida (escrito presentado el día 12/10/2020).

La juzgadora de anterior grado, consideró que el empleador no probó que el despido directo con causa se encontrase debidamente justificado: «.me dirijo en esta oportunidad, con el objeto de poner en evidencia por este medio fehaciente, que el día 28 de febrero de 2013 a raíz de algunos comentarios recibidos, he descubierto y constatado notarialmente, que sin ningún tipo de autorización y violando todo deber de respeto, fidelidad, buena fe y lealtad hacia sus deberes y obligaciones como empleada, distrayéndose de sus compromisos para su desempeño en el horario de trabajo y violando incluso la intimidad de nuestro lugar de trabajo y dañando la imagen comercial de la empresa, ha procedido a grabar clandestina y subrepticiamente videos que ha captado con algún elemento tecnológico sin ningún tipo de aviso a su empleador, para luego publicitarlos (también sin autorización de ningún tipo) por la red de comunicaciones global informática conocida como internet, concretamente he descubierto y constatado la existencia en el espacio conocido como «Youtube» y bajo el canal de búsqueda «O. M.E.», que tiene varios videos subidos, entre los cuales hay 1 que se llama » Menos mal que aún no tengo niños.

3 GP» (sic), otro que se llama Doblejando en casa. Encuentro con el monstruo en el trabajo (Episodio 2) (3 GP) ( sic) otro llamado»Arthur trajo rosas! 3 GP (sic).

Chicas bien: cumplí 27 y Me sorprendieron con flores! 3GP (sic), otro llamado » Chicas bien – el culotte es sexy. SGP» (sic), entre otros en los que no solamente se difunden imágenes de nuestro lugar de trabajo (depto en Lucio V Mansilla 2686 piso 30 «17» CABA, , sino que además, se exhiben imágenes de nuestro nombre y logo » IMG», acompañando imágenes de esos disparatados videos, con guiones y comentarios despojados de toda razonabilidad y seriedad, incluso haciendo alusiones relativas a que estaba trabajando en IMG mientras accedía a espacios a los que tenía el acceso restringido y refiriendo además, la participación de un allegado a una «cliente/estudiante/ concurrente» del instituto, todo lo cual, he constatado y grabado evidencia que con tales conductas y la exhibición, difusión y publicación de esos videos, se me ha causado un grave perjuicio a la imagen que debe tener IMG tanto de orden institucional como comercial e incluso moral, ya que mi empresa no es otra cosa que un instituto de capacitación y formación, evidentemente su accionar ha quebrado todo tipo de confianza entre empleador y empleado tornando imposible, ante tamaña defraudación e injuria continuar con el vínculo laboral. Por tal motivo e implicando ello la más categórica violación de los dispuesto en los arts. 62, 63, 84, 85, 86 y 87 y conc. de la L.C.T. que han imposible continuar con la relación laboral porque Ud. ha quebrado todo tipo de confianza.a partir de hoy 13 de marzo de 2013 queda despedida.».

Para decidir así, la Sra. Juez de primera instancia, destacó no surgen de los videos en «una conducta agraviante, descalificante o lesiva hacia el Instituto IMG o hacia la accionada.En efecto no soslayo que los videos aludidos fueron subidos a redes sociales masivas como es Facebook y Youtube, cuya eficacia como medio de comunicación resulta indiscutible tal como lo pone de resalto el perito en informática (fs. 302) quien vale señalar, a la fecha de su informe, no pudo constatar los videos ni las «visitas» que en su caso pudieron tener (fs. 3 punto 7)».

A su vez, luego de analizar la declaración de la testigo María Alejandra Vitola, la a quo consideró que si bien es reprochable la conducta observada por la trabajadora, el contenido de los videos no tienen por fin agraviar o desacreditar a la empresa, ni a la accionada.

A ello, se suma que la pericial médica se desprende que la Sra. O. M. E. tiene un tratamiento psiquiátrico desde hace diez años a la fecha del informe, y se señala que «presenta trastorno bipolar en tratamiento». Ello, en concordancia con lo informado por el Hospital de Clínicas, a fs. 221, que se desprende de la historia clínica de la accionante, consta como fecha de admisión 23.12.2012 – tres meses aproximadamente antes de los hechos que se le atribuyen- donde se indican que se dispone iniciar tratamiento psicológico y psicofarmacológico.

En definitiva, concluyó que «el contenido de los videos en todos los casos obedecen a cuestiones fantasiosas o de neto corte informal, sin intención de dañar la imagen de la empresa, ni con alusiones agraviantes respecto a la firma IMG ni en relación a la demandada P. No puedo soslayar, asimismo, que la referida inconducta, reitero reprochable y pasible de ser sancionada, proviene de una persona joven. que. se encontraba en tratamiento psicológico y psiquiátrico (fs. 277/8 ) durante la época que se le atribuyen los hechos reseñados. Por último, observo que, no media ningún tipo de probanza que la actora haya sido pasible con anterioridad a los hechos descriptos de sanciones u observaciones en su conducta».

Así, determinó desproporcionada la sanción efectuada por la demandada.Ello, dado que si bien la actora resultaba pasible de una sanción, no revestía gravedad de tal magnitud en los términos del artículo 242 de la L.C.T., como para impedir la prosecución del vínculo laboral, conforme art. 10 de la LCT.

A lo que agregó que «en el marco del poder de dirección que le es propio, a fin de encauzar la conducta de su dependiente ante una falta del tenor de la detectada, la empleadora tenía la posibilidad de recurrir al régimen disciplinario progresivo que se prevé en los artículos 67 y 218 de la L.C.T. antes de decidir la máxima sanción, con mayor razón si se tiene en cuenta que, más allá de la situación fáctica reseñada , no se ha probado en autos que tuviera antecedentes disciplinarios, sanciones o apercibimientos previos vinculados con hechos similares a los que generaron el despido» Por lo que hizo lugar a las indemnizaciones previstas en los arts. 80, 232, 233 y 245 de la L.C.T. Como también a la multa del art. 2 de la ley 25.323.

Con respecto a la multa del art. 80 de la LCT, destacó que la accionante cumplió con los requisitos del art. 3 del decreto 146/01, y los certificados fueron acompañados en forma tardía, por lo que hace lugar a la misma. A su vez, precisa que la demandada acompañó dos certificados, uno de servicios y remuneraciones y otro de aportes previsionales pero omitió acompañar certificado de trabajo por lo que, condenó a la accionada para que dentro del plazo del quinto día, acompañe en autos un certificado de trabajo, de acuerdo con las previsiones del artículo 80 L.C.T., bajo apercibimiento de disponer la aplicación de astreintes.

II.- La demandada apela, que el despido no haya sido justificado.

Destaca ser una empresa que brinda capacitación a terceros, por lo que la reproducción de los videos dañó la imagen institucional.Agrega que la falta de sanciones previas, resulta «irrelevante», ante «la envergadura del incumplimiento».

En segundo lugar, cuestiona la multa del art. 80 y la condena a hacer entrega de los certificados de trabajo, dado que fueron acompañados al contestar demandada.

Finalmente, cuestiona la regulación de los honorarios, por entenderla excesiva, y solicita la aplicación del art. 277 de la L.C.T.

III.- En primer lugar, cabe precisar que la actora contaba con una antigüedad superior a los 3 años (fecha de ingreso 08/02/2010 y egreso 13/03/2013), y en la contestación de demanda, la empleadora no alegó, ni mucho menos acreditó sanciones previas.

Luego, corresponde recordar que el art. 243 de la L.C.T., dispone que la comunicación deberá efectuarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato, previendo la invariabilidad de la causa de despido.

Así, cabe destacar que la parte demandada no acreditó que el despido se encontrase debidamente justificado.

Digo así, puesto que como fuera analizado por la juzgadora de anterior grado, no se acreditaron «las gravosas consecuencias» que la demandada dijo que la Sra. O. M. E. habría provocado con su conducta. En efecto, la accionada alegó «un grave perjuicio a la imagen que debe tener IMG tanto de orden institucional como comercial e incluso moral».

En efecto, de las declaraciones testimoniales, no se acreditó el daño alegado por la demandada.

Únicamente, declararon Lencinas (ver fs. 352) y Vitolo (fs. 353), ambas a instancias de la demandada. La primera, expresamente manifestó que «no recuerda que la actora haya hecho alguna filmación en el trabajo; que nunca vio ninguna filmación que haya hecho la actora».

Por su parte, la testigo María Alejandra Vitolo, si bien no trabajaba más en la empresa desde el año 2010, manifestó que «para enero o febrero del 2012″ (recordemos que la versión de la demandada era que en el mes de febrero de 2013 tuvo conocimiento de los vídeos, ver fs. 59 Vta.) la Sra. P. G. S.»la llamó. y allí le comentó a la dicente si había visto unos vídeos que la actora había publicado en internet de los que la actora había realizado en IGM».

Al describir los videos, da cuenta que la accionante recorría diversos lugares (cocina y salas), «donde la actora hacia voces de o tros personajes y como que contaba una historias, una era como si fuera de fantasmas, como que escuchaba voces, hacía diferentes personajes que estaban a tomar el té, una era algo así y representaba voces de niñas y un fantasma que las perseguía y otro donde aparece el novio de una alumna. con un ramo de flores y la actora lo filmó.algo que pareció chistoso». La valoración de la testigo fue que «estos videos eran infantiles y poco serios para la imagen que quería dar la demandada para la empresa».

En definitiva, comparto lo analizado por la juzgadora de anterior grado, sobre la desproporcionalidad de la sanción efectuada por la demandada.

En efecto, ante la conducta reprochable de la actora (realizar videos, mostrando la imagen del instituto), la empleadora, en uso de sus facultades disciplinarias, adoptó una decisión extrema, vulnerando las reglas postuladas por el art. 10 L.C.T., pues pudo haberle impuesto otro tipo de sanciones, sea llamado de atención, apercibimiento, suspensión, etc., máxime teniendo en cuenta la falta de acreditación de antecedentes disiciplinarios.

En consecuencia, propicio la confirmatoria del punto. Por lo tanto propongo confirmar las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la LCT.

Luego, con respecto al agravio por la condena de la multa del art. 80 de la LCT, la demandada no rebate que no haya entregado los certificados en el tiempo oportuno, y la actora cumplió con los requicitos establecidos en el decreto 146/01 (ver fs. 142, intimación efectuada el 18/07/2013, y despido acontecido en marzo del 2013).

Ello, sin perjuicio, de que entiendo que el plazo establecido en el mismo, resulta inconstitucional.En efecto, en este sentido me expedí como Juez de Primera Instancia, en autos «Coronel Olicino, María Lourdes Antonia c/ Jumbo Retail Argentina SA» (sentencia Nº 2.721 del 22.3.10) y sostuve que comparto la jurisprudencia que tiene dicho que, el decreto 146/01, que en su art. 3, reglamentando el art. 45 de la ley 25345 expresa: «que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o el certificado previstos en los ap. 2 y 3 del art. 80 LCT dentro de los 30 días corridos de extinguido el contrato de trabajo» constituye un claro exceso reglamentario, desde que el art. 45 de la ley reglamentada nada indica al respecto.

El art. 80 LCT señala que el empleador está obligado a entregar certificados de trabajo cuando el trabajador lo requiriese a la época de extinción de la relación, y durante el tiempo de la relación cuando median causas razonables, y luego otorga una plazo de dos días hábiles desde el día siguiente a la intimación fehaciente al empleador, sancionándolo con una indemnización especial en caso de incumplimiento. Es por ello que a la luz del art. 99 inc. 2 de la CN que atribuye al Presidente de la Nación «expedir instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias», el art. 3 del decreto 146/01 es inconstitucional. (De voto del Dr. Capón Filas, en mayoría), CNAT Sala VI sent. del 2/4/04 «Díaz, Andrés c/ Carnicerías Fresco Meat SA s/ despido».

Por otra parte, considero que la obligación no se encuentra cumplida con la sola puesta a disposición de los mismos.

Así, he sostenido que no puede considerarse cumplida la intimación a acompañar las certificaciones del art.80 de la LCT, con la notificación de su puesta a disposición, pues la empleadora siempre tiene el recurso legal de la consignación (conf. Sentencia Nº 2675 del 26.10.09, en autos «Camacho, Mario Javier c/ Establecimientos Metalúrgicos Becciu e hijos S.A. s/ despido», del registro del Juzgado Nº 74).

En consecuencia, propicio confirmar la multa del art. 80 de la L.C.T.

IV.- En cuanto a la condena a hacer entrega, cabe precisar que a fs. 47/52, la acciondada presentó la certificación de servicios y remuneraciones de la Anses (formulario PS 6.2) y el de la AFIP con firmas de la empleadora certificada (ver fs. 52).

Al respecto, ya me he pronunciado repetidas veces en relación, no solo con la importancia de los certificados de trabajo en la vida profesional de un trabajador, sino también en lo que hace al deber de la patronal de hacer entrega efectiva de dichos instrumentos, procediendo, en todo caso, a consignarlos judicialmente si hiciera falta.

A su vez, y en lo que sigue, procederé a explicar por qué motivo el formulario P.S.62 no equivale exactamente a lo requerido por el art. 80 LCT (en sentido análogo, me remito a la S.D. No. 92647, del 10.08.11, dictada en autos «Cardozo Diana Evangelina c/ Ríos AR SA s/despido», del registro de esta Sala).

Entonces, si se observa la norma de aplicación en este caso, se verifica que el art. 80 reza: «la obligación de ingresar los fondos de seguridad social por parte del empleador y los sindicales a su cargo, ya sea como obligado directo o como agente de retención, configurará asimismo una obligación contractual. El empleador, por su parte, deberá dar al trabajador, cuando éste lo requiriese a la época de la extinción de la relación, constancia documentada de ello. Durante el tiempo de la relación deberá otorgar tal constancia cuando medien causas razonables.Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social» (la negrita me pertenece).

Sobre estos aspectos, tiene dicho la jurisprudencia in re «Calo, Ruth Marina c/ HSBC Bank Argentina S.A. s/ Indem. Art. 80 LCT L. 25.345». CNAT Sala VI Expte Nº 37.524/09 Sent. Def. Nº 63.635 del 6/02/2012 (Fernandez Madrid – Craig): «La ley laboral obliga al empleador a consignar en el certificado de trabajo, además de lo prescripto en el art. 80, la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones de capacitación, a efectos de documentar las tareas desempeñadas de forma precisa, evitando generalizaciones que impidan constatar la formación obtenida a fin de reinsertarse en un nuevo empleo».

La finalidad, entonces, de este requisito aparece como patente: la reinserción en el mercado laboral. No se trata, entonces, de una simple cuestión formal o de estilo, sino que tiene muy relevantes consecuencias prácticas. El formulario, entonces, debe dar cuenta de las reales condiciones de labor vividas.

Sobre la necesidad de la completitud del certificado, puede citarse:

CNAT Sala II Expte N° 807/07 Sent. Def. N° 95.320 del 22/10/2007 «Smolarczuk, Mariano c/ Actionline SA s/ certificados de trabajo» (Maza – Pirolo). En el mismo sentido, Sala II Expte N° 25.849/05 Sent. Def. N° 96.040 del 17/9/2008 « Santa Cruz, Mabel c/ Silian SA y otro s/ despido » (Pirolo – González.) y Sala II Expte N° 24.501/08 Sent. Def.N° 99.056 del 23/3/2011 «Villegas, Jara Manuel c/Zhung Xiamghua s/despido» (Pirolo – González), en los que se refirió: Lo relevante es que el documento o documentos que se entreguen al trabajador contengan la totalidad de la información que resulta obligatoria de acuerdo al art. 80 LCT. Los datos necesarios que tal documentación debe contener son: a) la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); c) constancia de los sueldos percibidos; d) constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social; y e) calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación (conf. ley 24576).

Más aún, con el paso del tiempo, el perjuicio sufrido por la trabajadora es claro, al no poder la actora acreditar fehacientemente las labores realizadas, en virtud de la falta de un certificado que constate correctamente dicha cuestión.

Así, puede recordarse a título enunciativo: «el formulario P.S.6.2 de la ANSES no reemplaza al certificado exigido por el art. 80 LCT. Dicha «certificación de servicios y remuneraciones» es evidente que no resulta ser el certificado de «trabajo» por más que contenga datos similares (y no siempre coincidentes), toda vez que tiene finalidades distintas ya que este último está dirigido a que el trabajador pueda exhibirlo para obtener un empleo, mientras que la certificación agregada debe utilizarse para la obtención de un beneficio previsional. Dicho formulario tampoco sustituye a la constancia de aportes, exigencia ésta inserta en la ley y que no puede ser soslayada mediante otro instrumento por más que resulta aprobado por el ente previsional y – supuestamente- pueda ser calificado como innecesario por cuanto no se vulneraría la finalidad perseguida por el citado artículo.En el formulario entregado por la ANSES no hay, precisamente, constancia acerca de los ingresos por los aportes y contribuciones, sino tan sólo de los salarios devengados por el trabajador, por lo que la obligación de entregar el certificado que se pretende consignar aparece definitivamente, incumplida». (Del voto del Dr. Catardo, en mayoría). CNAT Sala VIII Expte. N° 10.587/07 Sent. Def. N° 37.283 del 14/06/2010 «Godoy Guillermo Javier c/Empresa Fumigadora Italo Argentina SRL y otro s/despido». (Morando – Catardo – Vázquez), y también CNAT Sala VIII Expte. N° 22.587/04 Sent. Def. N° 35.929 del 11/03/2009 «Cisco Systems Argentina S.A. c/Sánchez Ávalos, Julio Arturo s/consignación». (Catardo – Morando – Vázquez).

En el mismo sentido, véase CNAT Sala VII Expte. N° 24.856/06 Sent. Def. N° 40.795 del 31/03/2008 «García, María Teresa c/Telinver S.A. s/Indemnización art. 80 LCT ley 25.345». (Rodríguez Brunengo – Ferreirós): Los formularios PS62 y PS61 extendidos por ANSES no alcanzan para satisfacer la exigencia del art. 80 LCT en cuanto allí se ordena que «el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social». Es así por cuanto en dichos formularios no hay, precisamente, constancias acerca de los ingresos por los mentados aportes y contribuciones, sino tan solo de los salarios devengados por el trabajador.

Como claramente se delimita en la cita que continúa, los dos formularios tienen finalidades y requisitos diferentes: «Las certificaciones a que alude el art.80 LCT tienen una finalidad diferente y no se reemplazan entre si, pues el «certificado de trabajo» le resulta de utilidad al trabajador para conseguir otro empleo, y se confecciona en una hoja membretada del empleador y con la firma y sello del responsable correspondiente, debiendo contener la información que exige el artículo referido; mientras que la «certificación de servicios y remuneraciones» tiene como objeto poder gestionar y obtener un reconocimiento de servicios o un beneficio previsional quedando luego archivada en la Anses y se confecciona en un formulario especial (PS 6.2) el que también debe llevar la firma de un responsable de la empresa y estar debidamente certificada ante un banco, escribano, etc.» CNAT Sala V Expte. N° 19.128/2010 Sent. Def. N° 73.873 del 23/02/2012 « Cáceres, Rolando Exequiel Maximiliano.

También ha dicho la CNAT Sala IV Expte. N° 108/07 Sent. Def. N° 94.008 del 31/03/2009 «Contreras Luis Angel c/Banco Río de la Plata SA y otro s/despido». (Guisado -Zas): «No debe confundirse el «certificado de trabajo» del art. 80 LCT, con la «certificación de servicios y remuneraciones» de la ley 24.241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES (P.S.6.2.) en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el citado art. 80 LCT. Además, la finalidad de uno y otro certificado es distinta: el primero le sirve al trabajador para conseguir otro empleo, mientras que el segundo se utiliza para gestionar un reconocimiento de servicios o la obtención de un beneficio previsional, y queda archivado en las oficinas de la ANSES».

En el mismo sentido, se ha decidido también en los siguientes casos:

CNAT Sala VIII Expte. N° 10.587/07 Sent. Def. N° 37.283 del 14/06/2010 «Godoy Guillermo Javier c/Empresa Fumigadora Italo Argentina SRL y otro s/despido». (Morando – Catardo – Vázquez).; CNAT Sala IV Expte. N° 25.265/09 Sent. Def.N° 95.022 del 30/11/2010 «Sánchez María del Carmen c/Consolidar AFJP SA sIIndemnización art. 80 LCT L. 25.345». (Guisado – Zas).; CNAT Sala IV Expte Nº 27.142/08 Sent. Def. N° 95.169 del 28/02/2011 «Benítez Eduardo Ariel c/ Poliex SA s/ Despido» (Guisado – Marino). En el mismo sentido, Sala II Expte N° 6549/09 Sent. Def. N° 99.081 del 31/3/2011 «Gutiérrez, Ariel Matías c/Bingo Pinamar S.A. s/despido» (González -Pirolo), y CNAT Sala IV Expte. N° 19.318/09 Sent. Def. N° 95264 del 31/03/2011 «Rojas, Christian Ariel c/Campo Austral SA s/despido». (Marino – Pinto Varela).; entre muchos otros.

Por todos estos motivos, coincido con el criterio observado por la jueza de anterior grado, en tanto y en cuanto los certificados adjuntados no cumplen los requisitos de la norma en cuestión.

V.- Con relación a los planteos referidos al prorrateo estipulado por la ley 24.432, deberán efectuarse ante la instancia previa, una vez establecidos los guarismos definitivos en la etapa del art. 132 L.O.

VI.- No encuentro motivos para fijar las costas y regular los honorarios en forma diferente de lo que se hiciera en primera instancia, a excepción de los honorarios regulados al perito contador. Así, en atención a la calidad y extensión de las tareas desempeñadas por el mismo, los honorarios regulados a su favor no resultan adecuados, por lo que propongo elevarlos en el (%).

Asimismo, atento a la forma de resolver, propongo imponer las costas de alzada, a la demandada vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN).

En cuanto a esta alzada, propongo regular los honorarios de los representantes de la parte actora y demandada, en el (%) y (%), de lo que les corresponda percibir por sus trabajos ante la instancia previa, con más el impuesto al valor agregado, en caso de corresponder (arts. 6, 7, 8, 9, 14, 17, 19, 22, 37, 39 y concs. de la ley 21.839, art.38 de la ley 18.345 y demás leyes arancelarias vigentes).

En relación con la adición del IVA a los honorarios regulados, esta Sala ha decidido en la Sentencia Nro. 65.569 del 27 de septiembre de 1993 en autos «Quiroga, Rodolfo c/ Autolatina Argentina S.A. s/ accidente-ley 9688», que el impuesto al valor agregado es indirecto y por lo tanto grava el consumo y no la ganancia, por lo que debe calcularse su porcentaje que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa «Compañía General de Combustibles S.A. s/recurso de apelación» (C.181 XXIV del 16 de junio de 1993) sosteniendo «que no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio -adicionárselo a los honorarios regulados- implicaría desnaturalizar la aplicación del referido tributo, pues la gabela incidiría directamente sobre la renta del profesional, en oposición al modo como el legislador concibió el funcionamiento del impuesto». Atento lo expuesto, en caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado que estará a cargo de quien debe retribuir la labor profesional.

De prosperar mi voto, propiciaré: I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios; II.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida; III.- Elevar los honorarios regulados a la perito contadora en el (%); IV.- Regular los honorarios de Alzada, de los representantes de la parte actora y demandada en (%) y (%), de lo que les correspondan por su actuación en la anterior instancia.En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional; V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

El Dr. Alejandro H. Perugini, dijo:

Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto de la Dra. Cañal.

El Dr. Luis A. Raffaghelli, no vota (art. 125 LO).

Por todo ello, el Tribunal RESUELVE:

I.- Confirmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de agravios; II.- Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada vencida; III.- Elevar los honorarios regulados a la perito contadora en el (%); IV.- Regular los honorarios de Alzada, de los representantes de la parte actora y demandada en (%) y (%), de lo que les correspondan por su actuación en la anterior instancia. En caso de tratarse de responsables inscriptos, deberá adicionarse a las sumas fijadas en concepto de honorarios de los profesionales actuantes en autos el impuesto al valor agregado, que estará a cargo de quien deba retribuir la labor profesional; V.- Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el artículo 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

Alejandro H. Perugini

Juez de Cámara

Diana R. Cañal

Juez de Cámara

Ante mí:

Christian G. Aparicio

Secretario

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