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#Fallos Incumplimiento grave: Se ajusta a derecho el despido del guardabarrera que omitió bajar la barrera ocasionando un accidente con víctimas fatales

Partes: D. P. M. A. c/ Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios SACPEM y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: VII

Fecha: 10 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137496-AR|MJJ137496|MJJ137496

Se ajusta a derecho el despido del guardabarrera que omitió bajar la barrera ocasionando un accidente con víctimas fatales.

Sumario:
1.-Corresponde revocar la resolución que concluyó que el despido dispuesto resultó injustificado, pues existen evidencias que permiten tener por acreditado que el accionante, en su prestación de servicios en calidad de guardabarrera, incumplió diversos deberes a su cargo, con suficiente gravedad para justificar la denuncia contractual, en los términos del art. 242 de la L.C.T., puesto que dichos incumplimientos generaron una grave situación de peligro susceptible de desencadenar el siniestro que terminó con la colisión del tren con un colectivo y víctimas fatales.

2.-Debe destacarse que el propio actor, en su demanda, admitió que omitió efectuar a la formación ferroviaria la señal correspondiente, así como también que la barrera se encontraba levantada cuando ocurrió el accidente; y, llegado a este punto, es útil referir que también el accionante admite que, cuando un tren se aproximaba, su primera obligación -y tras recibir el alerta del compañero de la estación anterior- consistía en bajar las barreras del lugar, dar aviso al próximo guardabarreras y hacer las señales con linterna o con bandera, según fuese de noche o de día.

3.-La circunstancia que refiere a que el conductor del tren no detuvo la marcha de la formación resulte hábil para que pueda descartarse la configuración de una justa causa para el despido del actor pues, tal como lo indica el apelante en su memorial, no se trata aquí de investigar las causas que provocaron el siniestro, sino la conducta del actor que pudo haber incidido en la producción del hecho.

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4.-Se rechaza la multa del art. 80 LCT ya que el accionante no requirió la entrega de los certificados contemplados en la norma citada -ni antes ni después del transcurso del plazo que prevé el art. 3º del dec. Nro. 146/2001-, circunstancia que, obsta formalmente a la procedencia de la solicitud pues, su admisibilidad está condicionada a la satisfacción de un requisito formal, consistente en una intimación fehaciente que debe cursar la persona trabajadora a la parte empleadora para que le haga entrega de los certificados a los que alude el precepto, la cual debe ser cursada en forma precedente al inicio del reclamo jurisdiccional.

Fallo:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2022, para dictar sentencia en los autos: «D. P. M. A. C/ ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS FERROVIARIOS SACPEM Y OTRO S/ DESPIDO», se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA PATRICIA SILVIA RUSSO DIJO:

I. El pronunciamiento de grado, que hizo lugar a la demanda incoada con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo, viene apelado por la parte demandada, con réplica de la contraria, conforme se visualiza en el estado de actuaciones del sistema de gestión Lex100.

La accionada se queja porque la Magistrada de grado concluyó que el despido dispuesto por su parte con fecha 27 de septiembre de 2017 resultó injustificado. Asevera que la Juzgadora arribó a tal conclusión con base en una gravísima y arbitraria valoración de los hechos y de las pruebas producidas, a la par que analizó cuestiones que no fueron planteadas por las partes y que son ajenas al debate del presente proceso, como lo son las causas que provocaron un accidente vial. Precisa que el accionante se desempeñó como guardabarrera de la línea Sarmiento y fue despedido porque durante su jornada laboral omitió bajar la barrera del paso a nivel Carlos Gardel, debido que se encontraba en el baño, lo cual ocasionó que un tren colisionara con una unidad de transporte urbano de pasajeros de la línea Nro. 508, provocando el fallecimiento de dos personas que allí viajaban, así como heridas a otros doce pasajeros que debieron ser hospitalizados.

Destaca que en autos no está controvertido el incumplimiento en el que incurrió el trabajador, ni tampoco que el sistema de comunicación funcionaba correctamente, lo cual -según alega- es definitivo para el rechazo de la demanda, puesto que la única defensa que esgrimió D. P. M. A. para deslindar su responsabilidad radica en que no fue notificado del paso del tren. Precisa que en la sentencia recurrida se alude a que el incumplimiento de D. P. M. A.no fue la única causa del siniestro, circunstancia que condujo a la Sentenciante a liberar de responsabilidad al nombrado, lo cual, conforme aduce, importa la asunción por parte de la a quo de funciones que exceden a la materia de análisis del presente proceso, la que no consiste en dilucidar las causas del accidente, sino la de examinar si la conducta que se reprochó al accionante constituyó justa causa de despido. Agrega que el pronunciamiento deja sentado un inadmisible mensaje ético y moral, en tanto que concluye que no tiene importancia el cumplimiento de las obligaciones.

También objeta el decisorio por cuanto admitió la indemnización instituida en el art. 80 de la L.C.T. Afirma que no se cumplieron las exigencias formales para la procedencia del rubro, habida cuenta que en ninguna de sus misivas el pretensor impetró la entrega de las certificaciones de servicios.

Asimismo, cuestiona la sentencia porque admitió el incremento indemnizatorio que prevé el art. 2º de la ley 25.323 y, en su relación, peticiona que este aspecto de la sentencia sea revocado o, en su defecto, se reduzca el importe de la sanción, en tanto que, según dice, en el caso de autos se configuraron circunstancias que claramente justificaron la decisión que adoptó su representada de dar por extinguido el vínculo laboral.

Crítica, por último, las tasas de interés dispuestas en grado, la forma en la que fueron impuestas las costas y los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito designado en autos, por considerarlos excesivos.

II.Así las cosas, anticipo que la queja que formula la accionada y que se orienta a cuestionar la decisión adoptada por la Magistrada de grado que tuvo por injustificado el despido dispuesto por la apelante el 27 de septiembre de 2017, habrá de recibir, por mi intermedio, favorable resolución.

Sobre el particular, creo útil precisar, en primer lugar, que en estos autos no está discutido que, a través de la misiva de fecha 27 de septiembre de 2017, la accionada procedió a comunicar al pretensor de su despido, invocando como injuria, para justificar el distracto, los incumplimientos que habría cometido el trabajador respecto de las obligaciones inherentes a su cargo de «guardabarrera», establecidas en la norma convencional aplicable a la relación laboral habida y en el reglamento interno operativo, incumplimientos que, según se alegó, habrían provocado el fatal siniestro vial de fecha 24 de julio de 2017 («.en el marco de lo sucedido el día lunes 24 de julio de 2017 (dentro de su franja horaria jornada laboral – desde 22:00 hs de día 23/07 hasta 06:00 hs del 24/07/2017) alrededor de las 03:40 hs, fecha y hora en la cual el tren Nº 2803 locomotora Nº 626 colisionara con un móvil de la línea 503 de transporte público de pasajeros en proximidades de estación Agustín Ferrari, línea Sarmiento Ramal Merlo-Lobos, más precisamente cuando cruzaba en paso a nivel Carlos Gardel, el cual se encontraba a su cargo, y como consecuencia del accidente se generaran víctimas fatales; habiendo esta empresa determinado la mecánica del hecho conforme todas las pruebas colectadas; constando que Ud.en día y horario arriba indicado no cerró las barreras de dicho paso a nivel a su cargo, ni cubrió el mismo, mientras cruzaba el tren Nº 2803 locomotora Nº 626, inobservando así las obligaciones que devienen de la relación contractual, incumpliendo sus funciones establecidas por convenio colectivo de trabajo y reglamento interno operativo; esta parte le notifica la finalización de suspensión precautoria la cual fuera oportunamente notificada mediante nota interna de fecha 25/07/2017 [.] y, en consecuencia, al tornarse insostenible la prosecución del vínculo laboral ante la gravedad de su inconducta, que queda Ud. Despedido con justa causa y por su exclusiva culpa.», v. CD Nro.

815466904, transcripta en la demanda a fs. 6vta./7).

Vale recordar que el hecho al que se hace referencia en la misiva anteriormente transcripta sucedió el 24 de julio de 2017, cuando una formación del Ferrocarril Sarmiento embistió a una unidad de transporte urbano de pasajeros de corta y media distancia, en el paso a nivel en el que el accionante cumplía funciones de guardabarrera. Se desprende de las constancias de autos que el chófer del colectivo habría traspasado el paso a nivel por encontrarse las barreras en alto, aunque luego debió detener su marcha -y situarse sobre las vías-, debido a que un semáforo le habría impedido avanzar.Esta situación, siempre según lo que surge de la causa, provocó que el tren que pasaba a esa hora arrollara al ómnibus, produciéndose el deceso por politraumatismos tanto del chófer del colectivo como de una pasajera, además de lesiones a -por lo menos- nueve personas del pasaje.

Ahora bien, el actor, en su demanda, relató que la formación que protagonizó el accidente del 24 de julio de 2019 llegó al paso a nivel a la hora 03:40, sin que se le hubiese avisado su llegada, por lo cual no efectuó la señal correspondiente y la barrera se encontraba levantada, pese a lo cual el conductor de la formación avanzó a toda velocidad e impactó al colectivo que se encontraba en parte sobre las vías. Aseveró que no existió en el caso una justa causa para extinguir la relación laboral, puesto que el accidente en cuestión fue provocado por exclusiva negligencia y desidia de la demandada, la que suministraba al personal de guardabarreras un sistema de comunicación deficiente y precario, consistente en un magneto o en un «Nextel», que se encontraban en deplorable estado de conservación. Agregó que, debido a dichas deficiencias, en numerosas ocasiones no había forma de comunicarse -circunstancia que podría extenderse por días e, incluso, por semanas-, a la par que aseveró que tampoco se les comunicaban las demoras de las formaciones, por lo que tomaban conocimiento de dicha circunstancia cuando el tren llegaba más tarde de lo previsto. Explicó que, para recibir un tren en el paso a nivel, primero debían recibir el alerta del compañero de la anterior salida del tren -por intermedio del teléfono Nextel o del magneto-, luego proceder a bajar las barreras e, inmediatamente, dar aviso de ello al próximo guardabarreras.Agregó que cuando el tren se aproximaba, debía detener completamente su marcha a la espera de las señales del guardabarrera y, si no recibía ninguna señal, debía detenerse y el acompañante descender de la formación a fin de consultar al guardabarrera el motivo de la ausencia de señal.

En tales términos, juzgo que en la especie obran suficientes evidencias que permiten tener por acreditado que el accionante, en su prestación de servicios en calidad de guardabarrera, incumplió diversos deberes a su cargo, con suficiente gravedad para justificar la denuncia contractual, en los términos del art. 242 de la L.C.T., puesto que dichos incumplimientos generaron una grave situación de peligro susceptible de desencadenar el siniestro acaecido.

Al respecto, debe destacarse que el propio actor, en su demanda, admitió que omitió efectuar a la formación ferroviaria la señal correspondiente, así como también que la barrera se encontraba levantada cuando ocurrió el accidente (v. fs. 5vta./6). Y, llegado a este punto, creo útil referir que también el accionante admite que, cuando un tren se aproximaba, su primera obligación -y tras recibir el alerta del compañero de la estación anterior- consistía en bajar las barreras del lugar, dar aviso al próximo guardabarreras y hacer las señales con linterna o con bandera, según fuese de noche o de día.

Obsérvese, que el demandante alegó que, para las comunicaciones con otros guardabarreras, le fue provisto un teléfono y un magneto que se encontraban en un estado de conservación «deplorable»; sin embargo, no encuentro que las circunstancias apuntadas sean idóneas para justificar la conducta del trabajador, a poco que se advierta que el testigo Carlos RAGUSO, en su testifical de fs. 63, declaró que dio aviso a D. P. M. A.sobre la proximidad del tren y que el ac tor le contestó «gracias» («.en el momento del accidente el tren venía de mi barrera que está en Rojas 404, en ese momento a él le di aviso yo que venía el tren, esto fue por un Nextel que había en ese momento, él me contestó y me dijo gracias , porque la barrera es 404.»), circunstancia que resultó corroborada por la Escribanía Girado, la que constató la veracidad de tal comunicación (v. informe incorporado a la causa digital con fecha 01/10/21), en tanto que, mediante el Acta Notarial labrada por el Escribano Brieva, se constató que, el día del accidente, tanto el teléfono «Nextel» como el magneto funcionaban correctamente (v. informe de Operadora Ferroviaria S.E., también incorporado con fecha 01/10/21).

Tampoco encuentro que la circunstancia que refiere a que el conductor del tren no detuvo la marcha de la formación resulte hábil para que pueda descartarse la configuración de una justa causa para el despido de D. P. M. A. pues, tal como lo indica el apelante en su memorial, no se trata aquí de investigar las causas que provocaron el siniestro, sino la conducta del actor que pudo haber incidido en la producción del hecho. Es que la circunstancia apuntada, en todo caso, podría configurar un reproche de responsabilidad al conductor de la formación, que no valida la exculpación del actor cuando se encontraba bajo su órbita el cumplimiento de las normas que también hubieran evitado el daño ocasionado.

En ese marco, he de concluir, tal como lo adelanté, que en la especie se encuentra acreditada la comisión por el trabajador de una injuria de gravedad suficiente para impedir la prosecución del vínculo anudado por las partes, en los términos que establece el art. 242 de la L.C.T., por lo que, desde mi visión, la decisión rescisoria dispuesta por la accionada luce plenamente justificada.Ello así porque, a mi juicio y conforme a los fundamentos ya expuestos, el accionante no acreditó con prueba alguna que hubiesen mediado causas objetivas que le impidieron cumplir las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo -concretamente, bajar las barreras y emitir las señales a la formación ferroviaria- y en tanto que el incumplimiento a dichas obligaciones posee suficiente magnitud para habilitar la denuncia contractual, máxime si se tiene en cuenta el accidente acaecido y sus luctuosas consecuencias.

Por lo tanto, he de propiciar que se revoque la sentencia apelada y, consecuentemente, que se rechace la demanda en el aspecto que persigue las indemnizaciones que la legislación prevé para los supuestos de despido sin causa (arts. 232, 233 y 245, L.C.T.), así como también en cuanto procura el agravamiento que sobre tales indemnizaciones establece el art. 2º de la ley 25.323.

También juzgo que asiste razón al apelante cuando critica la sentencia en el segmento que admite la indemnización prevista en el art. 80 de la L.C.T. pues, al respecto, advierto que el pronunciamiento recurrido presenta una seria inconsistencia, en tanto que la Magistrada interviniente, en los Considerandos del decisorio, expresó que «.el trabajador en ninguna de sus misivas intimó a la entrega de las certificaciones de servicios.», por lo que concluyó que «.por dicho motivo este aspecto del reclamo no podrá prosperar.», no obstante lo cual incluyó en la liquidación de los rubros diferidos a condena a la indemnización prevista en el citado art. 80, por la suma de $108.612,18.

Frente a ello, he de señalar que a mi juicio lo expuesto por la Sentenciante en sus Considerandos resulta acertado, ya que de ninguna de las epístolas acompañadas se infiere que el accionante hubiese requerido la entrega de los certificados contemplados en la norma citada -ni antes ni después del transcurso del plazo que prevé el art.3º del decreto Nro.

146/2001-, circunstancia que, en mi criterio, obsta formalmente a la procedencia de la solicitud pues, como es sabido, la admisibilidad de la indemnización que aquí se analiza está condicionada a la satisfacción de un requisito formal, consistente en una intimación fehaciente que debe cursar la persona trabajadora a la parte empleadora para que le haga entrega de los certificados a los que alude el precepto, la cual debe ser cursada en forma precedente al inicio del reclamo jurisdiccional.

Por lo tanto y según la propuesta de mi voto, corresponde reducir el importe del capital nominal de condena a la suma de $49.740,36, la que comprende a los rubros vacaciones proporcionales y sueldo anual complementario proporcional, cuya admisibilidad no fue cuestionada ante esta Alzada.

III. La demandada también cuestiona las tasas de interés cuya aplicación dispuso la Juez a quo y, al respecto, anticipo que, en mi criterio, no le asiste razón.

Sobre este punto, destaco que el agravio en este aspecto, desde mi punto de vista, no satisface debidamente las exigencias del art.116 de la L.O., puesto que la recurrente, sobre esta cuestión, se limita a alegar en forma genérica y por demás dogmática que le causa agravio la tasa empleada porque arroja «.un resultado notablemente superior al de los valores a sustituir.», sin exponer argumento alguno que, en concreta referencia a las constancias de la presente causa, demuestre que la aplicación de las tasas cuestionadas provocan a su parte un agravio patrimonial, o que resultan alejadas de la realidad económica, y sin siquiera indicar cuál sería la tasa que considera justa, todo lo cual me conduce a entender que el recurso en este aspecto no completa la medida del interés de la apelante y carece de habilidad para modificar la resolución en crisis.

Sin perjuicio de lo expuesto, juzgo que en el caso no huelga señalar que la tasa de interés tiene como objetivo mantener incólume el contenido de la sentencia y la integridad del crédito de naturaleza alimentaria, a efectos de evitar que el transcurso del tiempo lo convierta en irrisorio. Por ello, ante la conducta del deudor moroso que no permitió que la persona trabajadora utilizara su dinero libremente, es criterio jurisprudencial reiterado que la tasa de interés compense el deterioro del crédito laboral y el lógico avatar que implica un juicio tendiente a recuperar el capital indebidamente retenido.Desde ese enfoque, aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y sin contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones.

Es que no debe olvidarse que las tasas de interés dispuestas en grado no solo se dirigen a compensar la depreciación monetaria, sino también la privación del capital desde el origen de la deuda, por lo que la aplicación de intereses tiende también a evitar que el acreedor vea disminuido el valor de su crédito por el mero transcurso del tiempo.

Por lo demás, destaco que las resoluciones que adopta esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo mediante actas, si bien no son obligatorias, se ajustan a lo dispuesto en el inc. c) del art. 768 del C.C.C.N. pues, en definitiva, se remiten a tasas de interés de una entidad bancaria pública que funciona bajo la égida del Banco Central de la República Argentina.

Cabe agregar que la doctrina que cita la recurrente, sentada por la C.S.J.N. en autos «Bonet Patricia Gabriela por sí y en Rep. Hijos menores c/ Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima y otros s/accidente – acción civil», tampoco resulta de aplicación al sublite, en tanto que el supuesto planteado resulta fáctica y jurídicamente diverso.

En tal inteligencia y habida cuenta que las tasas de interés dispuestas en grado, aportan en mi criterio una compensación suficiente, tanto de la depreciación monetaria como de la privación del capital y, de esa forma, permiten armonizar los textos legales vigentes, en tanto que respetan la prohibición establecida en el art.4º de la ley 25.561, a la vez que preservan el valor del crédito del trabajador, a lo que se añade que evitan colocar en situación más ventajosa al deudor moroso, he de postular que se desestime el agravio en análisis y que se confirme la tasa de interés dispuesta en la sentencia de la instancia anterior.

IV. Lo resuelto precedentemente -según la propuesta de mi votoimpone dejar sin efecto lo resuelto en grado en materia de costas y honorarios (cfr. art. 279, C.P.C.C.N.), por lo que estimo que corresponde dictar un pronunciamiento originario sobre estos tópicos, circunstancia que torna abstracto el tratamiento de los recursos interpuestos en su relación.

Así las cosas, postulo que las costas de ambas instancias sean impuestas a la parte actora pues, en atención a la forma en la que se resuelve el litigio, no hallo mérito para apartarme del principio general que establece el art. 68 del C.P.C.C.N.

De acuerdo al mérito, importancia, calidad, naturaleza y extensión de las tareas profesionales desempeñadas, así como al resultado alcanzado y a las etapas procesales cumplidas, en virtud de lo normado en los arts. 16, 21, 22, 24, 51 y 52 de la ley 27.423, sugiero que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de la demandada y los que corresponden a la perito contadora Anabel DÍAZ, por los trabajos cumplidos en la instancia anterior, en las respectivas sumas de $.- (equivalente a . UMA); $.- (equivalente a . UMA) y $.- (equivalente a . UMA).

V. Por último, propongo que se regulen los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, en conjunto y por los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, en los siguientes porcentajes: (%) y (%), respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en origen (cfr. arts. 16 y 30 de la Ley 27.423).

LA DOCTORA GRACIELA LILIANA CARAMBIA DIJO:Por compartir sus fundamentos, adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR HÉCTOR CÉSAR GUISADO no vota (c fr. art. 125. L.O.).

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, el Tribunal RESUELVE: 1) Modificar la sentencia apelada y reducir el importe del capital nominal de condena a la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 36/100 ($49.740,36). 2) Imponer las costas de ambas instancias a cargo del actor. 3) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la parte actora, los de la demandada y los que corresponden a la perito contadora Anabel DIAZ, por los trabajos cumplidos en la instancia anterior, en las respectivas sumas de ($.).- (equivalente a . UMA); ($.).- (equivalente a . UMA) y ($.) -(equivalente a . UMA). 4) Confirmar la sentencia en lo demás que decide y que resultó materia de recurso y agravios. 5) Regular los honorarios de la representación y patrocinio letrado de las partes actora y demandada, en conjunto y por los trabajos profesionales cumplidos en esta instancia, en los siguientes porcentajes: (%) y (%), respectivamente, del importe que en definitiva les corresponda percibir por su actuación en origen. 6) Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nro. 15/2013.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

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