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#Fallos El alcohol al volante excluye: Exclusión de cobertura, ya que se demostró el elevado grado de intoxicación alcohólica de la fallecida, siendo ello la causal determinante en la producción del siniestro

Partes: T. M. S.A. c/ P. C. s/ suc. s/daños y perjuicios

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación:

Fecha: 9 de junio de 2022

Colección: Fallos

Cita: MJ-JU-M-137510-AR|MJJ137510|MJJ137510

Voces: DAÑOS Y PERJUICIOS – SEGUROS – EXCLUSIÓN DE COBERTURA – ALCOHOLEMIA – PRUEBA DE ALCOHOLEMIA – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – LUCRO CESANTE – DAÑO MORAL

Procedencia de la exclusión de cobertura porque se demostró respecto de la asegurada -fallecida- un elevado grado de intoxicación alcohólica.

Sumario:

1.-Resulta operativa la exclusión de cobertura, pues se encuentra demostrado un elevado grado de intoxicación alcohólica, que ha sido causal determinante en la producción del siniestro.

2.-No hay mérito alguno para apartarse del informe de laboratorio obrante de la causa penal, el cual permite afirmar que existió alcoholemia positiva, en grado suficiente como para dar curso a la exclusión de cobertura articulada.

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3.-El juez restó eficacia probatoria a un dictamen científico de laboratorio, pero no existe un solo elemento que autorice a afirmar que no existió el grado de alcohol en sangre verificado científicamente.

4.-El alto grado de alcohol en sangre detectado ha de conjugarse con la mecánica del accidente, a partir que la occisa invadió repentinamente el carril contrario de circulación, interponiéndose en la línea de marcha del vehículo conducido por otra persona, circunstancias éstas que en su conjunto permiten inferir que la primera conductora se encontraba en un estado tal que le impedía controlar el rodado y actuar con la prudencia y atención debida.

5.-La cláusula incorporada a las condiciones negociales generales del contrato de seguros que excluye la cobertura de quien conduce en estado de ebriedad, no puede entenderse abusiva o contraria a la buena fe negocial, toda vez que esa conducta está prohibida por la ley.

6.- Corresponde rechazar la indemnización del lucro cesante, ya que no se logró demostrar que el lucro no pudo ser obtenido, teniendo en consideración la importante flota de camiones que posee la empresa actora.

7.-Es insuficiente acreditar la ausencia de facturación circunscripta al rodado en cuestión por el período de indisposición, pues ello no demuestra que el lucro se haya visto alterado a raíz de los daños producidos en el vehículo.

8.-Es procedente la indemnización del daño moral, ya que la entidad del padecimiento espiritual del reclamante surge inmediatamente de los hechos analizados, ponderando no sólo las características del accidente vivenciado -importante colisión al verse sorprendido por un vehículo que invadió súbitamente su carril de circulación-, sino también las fatales consecuencia que ha tenido que presenciar, y el cúmulo de vicisitudes y sinsabores que tuvo que atravesar posteriormente, al haber sido sometido a una investigación penal por homicidio culposo, atendiendo a la natural frustración e impotencia que estos hechos generan.

9.-No obsta a la concesión del daño moral que la actividad habitual del actor sea la conducción de camiones de larga distancia, en tanto el particular suceso vivenciado, particularmente el desenlace fatal habido y presenciado, constituye un suceso extraordinario que excede claramente de un riesgo inherente al oficio.

Fallo:
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: «T. M. S.A. C/ P. C. S/ SUC. S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)» (Expte. 172867)» y «R. M. F. C/ P. C. D. S/ SUC S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC. USO AUT. Y ESTADO)» (Expte. 167686)», habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes CUESTIONES:

1) ¿Corresponde declarar desierto el recurso interpuesto en fecha 10/8/2018 en los autos identificados con el número 172867? 2) ¿Es justa la sentencia única dictada en fecha 29 de Mayo de 2018? 3) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I. Dicta sentencia la Sra. Jueza de Primera Instancia en los autos identificados con el número 172867, haciendo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por T. M. S.A. contra el Sr. C. P. en su carácter de heredero forzoso de P. C. D., condenando a éste último (con beneficio de inventario) y a la citada en garantía «P. S. A. de Seguros», a abonar a la actora la suma de $143.242,84, con más los intereses y costas.

Asimismo desestima la declaración de inconstitucionalidad de la normativa que prohíbe la actualización monetaria, y homologa el acuerdo celebrado por las partes en relación a la demanda reconvencional impetrada por el Sr. C. P.

En relación al expediente identificado con el número 167686, rechaza la demanda promovida por el Sr. M. F. R. contra el Sr. C. P.en su carácter de heredero forzoso de C. D. P. y la citada en garantía «P. S. A. de Seguros, imponiendo las costas al accionante vencido. Asimismo homologa el acuerdo celebrado por las partes en relación a la demanda reconvencional del Sr. C. P., y regula honorarios a los profesionales intervinientes.

Respecto al expediente identificado con el número de primera instancia 26113/2010, declara la finalización de la litis en virtud de la transacción que celebraran las partes y que mereciera la homologación.

II. Dicho pronunciamiento es apelado en fecha 13/08/2018 (en los autos 172867) por el Dr. Alejandro Jose Kasatkin Florio, en carácter de apoderado de P. S.A. de Seguros, fundando su recurso en fecha 25/4/2022, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 03/05/2022.

Asimismo dicho pronunciamiento es apelado en fecha 04/07/2018 (en los autos 172867) por el Dr. Gustavo Américo Esparza, en carácter de apoderado de T. M. S.A., fundando su recurso en fecha 20/4/2022, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 25/04/2022.

Así también dicho pronunciamiento es apelado en fecha 04/07/2018 (en los autos 167686) por el Dr. Gustavo Américo Esparza, en carácter de apoderado del Sr. M. F. R., fundando su recurso en fecha 12/4/2022, con argumentos que merecieron respuesta de la contraria en fecha 25/4/2022.

Asimismo el decisorio es apelado en fecha 10/8/2018 (en los autos 172867) por el Dr. Mauricio Javier Martel, en carácter de apoderado del Sr. C. P., no habiendo presentado el memorial en el plazo legal establecido, lo cual se plasmara en el proveído dictado en fecha 03/05/2022.

III. Agravia en primer lugar a P. S.A. de Seguros el rechazo del planteo de exclusión de cobertura por culpa grave de la Sra. P.A tal efecto, critica la valoración probatoria que ha efectuado la a quo, y detalla diversos medios de prueba que a su entender demuestran la causal de exclusión alegada.

En segundo término sostiene que el monto de condena del rubro «daño emergente» no resulta ajustado a la realidad.

Expone que las facturas y el oficio contestado a fs. 599 no identifican el vehículo al cual refieren y que consecuentemente no hay constancia que acrediten que los repuestos allí incluídos han sido adquiridos para el vehículo que intervino en el hecho, y consideran por ello que debe rechazarse la inclusión de tales elementos en el monto de condena.

En tercer término critica la imposición de costas a cargo de la empresa aseguradora. Considera que para el caso que se mantenga la condena, debe eximirse a P. S.A. de Seguros de las costas, valorando que el rechazo de la cobertura operó cuando la información del proceso penal era la pericial de laboratorio, que arrojaba una intoxicación alcohólica.

Aduce consecuentemente que se presenta una causal eximitoria de costas, dado que la aseguradora se expidió con la información existente.

IV. Agravia a T. M. S.A.el desconocimiento del rubro «daño emergente» a valores actuales, así como también el rechazo del rubro «lucro cesante».

En relación al primer punto de la crítica, sostiene que la falta de reconocimiento del rubro «daño emergente» a valores actuales lesiona principios de justicia distributiva y la doctrina legal de la SCJBA respecto de los denominados «hechos notorios», considerando el fenómeno inflacionario.

Considera que no corresponde distinguir si la víctima reparó o no por su cuenta y a su costo el daño sufrido, y refiere que la a quo no ha tenido en cuenta las fechas del evento, de las facturas y documental y del dictado de la sentencia, en violación del principio de la realidad económica.

Agrega que las indemnizaciones deben ser plenas e integrales, y que ello constituye la regulación legal de los derechos constitucionales de propiedad y del deber de no dañar.

En lo atinente al rechazo del «lucro cesante», considera que dicho rubro ha sido debidamente acreditado, según medios de prueba y pautas de valoración que enuncia (en específico prueba pericial contable e informativa), violando el principio de «unidad de la prueba».

Rechaza que sea relevante a estos efectos la flota de camiones que posee su mandante, e indica que lo expuesto en relación a ello constituye una fundamentación «aparente», al no desarrollar la a quo los fundamentos y consecuencias de dicha premisa, según variadas consideraciones que realiza.

V. Agravia al Sr. M. F. R.el rechazo de los rubros «daño moral» y «lucro cesante», y la imposición de costas.

En lo que respecta al rubro «daño moral», aduce que jamás la SCBA ha limitado los alcances de dicho daño, ni la aplicabilidad de la presunción respecto de su existencia, a que se trate de casos en que la víctima sufrió lesiones físicas.

Detalla las circunstancias que a su entender justifican la indemnizabilidad por tal concepto, y cita normativa, doctrina y jurisprudencia en apoyo de sus afirmaciones.

Destaca diversos aspectos a considerar con incidencia en su físico, psiquis y tranquilidad espiritual, como su carácter de trabajador dependiente, el riesgo que supone perder su fuente de ingresos, tener que responder por daños y perjuicios, presenciar el choque y sus luctuosas consecuencias, estar sometido a una causa penal, imputaciones de la contraria, entre otros.

Aduce que dichas circunstancias justifican la existencia del daño moral, e incluso determinan que éste surja in re ipsa.

Sostiene que en este aspecto existió una irrazonable discriminación por su calidad de conductor profesional, y brinda consideraciones en contrario.

También enuncia los medios de prueba que a su entender justifican este parcial (certificado médico e informativa).

En lo que respecta al rechazo del rubro «lucro cesante», sostiene que el Sr. R. renunció a su trabajo de chofer 7 meses y 22 días luego del siniestro, y expone los motivos por los cuales considera que tal renuncia encontró relación causal con el accidente.

Por último critica la imposición de costas, señalando que el acogimiento de los dos primeros agravios determinará que las costas sean impuestas a la demandada.

Considera que aún en el caso que se mantuviera el rechazo de la demanda, las costas deberían tener un tratamiento especial, y ser impuestas por su orden.Encuentra fundamento a ello en las vivencias sufridas a raíz del siniestro y posteriormente, y señala en base a ello que se consideró legítimamente con derecho a reclamar la indemnización del daño sufrido.

VI) Recurso deducido en fecha 10/8/2018 en los autos identificados con el número 172867:

Sabido es que el plazo para expresar agravios es perentorio y, en casos como el traído a estudio, de 5 días (art. 254, 2do. párr. del CPC).

El art. 155 del Código Procesal Civil establece la perentoriedad de los plazos judiciales, o sea que si una actuación en el proceso no se cumple en el tiempo fijado por la ley o por el juez, ya no puede realizarse en el futuro. Con esto se persigue dar seguridad a las partes, en cuanto a que las etapas cumplidas no pueden retrotraerse, con lo cual se cumple acabadamente con el principio de la preclusión procesal. Es decir, que por el solo transcurso del tiempo se produce la caducidad del derecho que se ha dejado de usar, salvo que se acuda a lo dispuesto en el art. 157 del C.P.C. (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 162182 RSD 117/17 del 10/5/2017).

En el caso de autos, la expresión de agravios no ha sido presentada, habiendo quedado ello plasmado en el punto II de la providencia de fecha 03/05/2022, dictada en los autos identificados con el número 172867.

En consecuencia y conforme lo dispuesto por el art. 261 del CPC, corresponde declarar desierto el recurso de apelación deducido en fecha 10/8/2018 por la parte demandada (arts. 124, 155, 242 inc. 3, 244, 245, 261 y ccdtes. del CPC).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I.ZAMPINI DIJO:

VII) Pasaré a analizar los agravios planteados.

A los fines de brindar un adecuado orden expositivo, abordaré inicialmente la crítica propuesta contra el rechazo del planteo de exclusión de cobertura, para luego abocarme al tratamiento de los agravios relativos a los rubros indemnizatorios, finalizando con el direccionado a la imposición de costas.

VII.a) Agravios propuesto por P. S.A. de Seguros, contra el rechazo del planteo de exclusión de cobertura:

Adelanto que no comparto los argumentos brindados por la a quo para desestimar el planteo de exclusión de cobertura, atento el alcohol en sangre detectada en el cuerpo de la Sra. C. D. P. y la mecánica del siniestro.

Para arribar a tal conclusión, observo inicialmente que la totalidad de las partes han incorporado al plexo probatorio el expediente penal caratulado «R. M. F. s/ Homicidio culposo» (IPP 08-00-013192-10, de trámite por ante la UFI nro. 11 Deptal.; ver ofrecimientos de fs. 29 y 109 de la causa 172867 y de fs. 28 de la causa 167686), de modo que nada impide el aprovechamiento de la potencialidad comprobatoria de los elementos allí colectados (v. Galdós, Jorge Mario, «El valor probatorio del expediente penal en sede civil», 25 de Septiembre de 1992, Revista LA LEY Nro. 185, pág. 1, LA LEY S.A.E. e I., Id SAIJ: DACA920484).

A partir de lo expuesto, es posible apreciar que en el marco de dichos actuados, instruídos a raíz del fallecimiento de la Sra. C. P., se realizó un peritaje de alcoholímetro sobre el cadáver de la nombrada (producido por el Laboratorio Químico Pericial de la Delegación Deptal. de la Policía Científica, y obrante a fs. 899/89 de la citada causa 08-00-013192-10), el cual arrojó como resultado que «.En la muestra de sangre del recipiente A) que dice corresponder a «P.C.», se determinó un contenido de 2,40 g/l (DOS COMA CUARENTA) gramos de alcohol etílico por litro de muestra analizada.» (sic, el resaltado me pertenece).

Si bien la primer juzgadora le restó eficacia probatoria a dicho estudio científico de laboratorio, considero que no ha utilizado argumentos válidos a tales fines.

En efecto, es posible apreciar que, en primer término, la Jueza menciona diversos factores que pueden afectar las conclusiones de un examen de laboratorio (vgr. que los tubos utilizados para la recolección de la muestra no estén preparados debidamente, que la muestra no sea extraída de la parte femoral, que exista un incorrecto almacenaje, que es posible la producción de etanol postmorten, etc), y a partir de ello deriva que no se probó que tales circunstancias no ocurrieran en el estudio bajo análisis, y que por tal razón no puede considerarse veraz su resultado.

A mi entender, se está arribando a una conclusión inválida como resultado de utilizar una razonamiento erróneo, pues no puede sostenerse que el dictamen sea incorrecto, por no haberse demostrado la no ocurrencia de infinidad de circunstancias que eventualmente podrían suceder.

Se trata un típico caso de falacia ad ignorantiam, que son aquellas donde se intenta dar por hecha la veracidad de una idea por el simple hecho que no se puede demostrar que es falsa.

En lógica, un argumento ad ignorantiam o argumentum ad ignorantiam, es una falacia informal que consiste en defender una proposición, argumentando que no existe prueba de lo contrario. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, sino en la falta del mismo (No se puede refutar A.Por lo tanto, A es verdadero).

Considero que la argumentación del decisorio apelado incurre en la mentada falacia ad ignorantiam (y por lo tanto no constituye un razonamiento válido), pues se sostiene que no se probaron las eventuales circunstancias descriptas que podrían afectar el resultado del estudio, concluyendo consecuentemente que las mismas sucedieron.

Lo falaz de este razonamiento se ve con más claridad, a poco de reflexionar que podrían proponerse infinitas circunstancias que podrían afectar el resultado del estudio de laboratorio (vgra. defecto en la cadena de custodia, error de identidad del cuerpo del que se extrae la muestra analizada, entre otras infinitas posibilidades imaginables), pero ello no importa que ocurrieran en este supuesto. Parecería ser, entonces, que se exige la prueba de la no ocurrencia de infinitas circunstancias, lo que a todas luces resulta inviable.

A todo evento, es la parte que afirma la existencia de alguna de esas circunstancias quien debe demostrarla, lo que no es mas que la aplicación del principio procesal que emana del art. 375 del código ritual, que establece que quien tiene la carga de probar es la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido, lo cual no ha sido efectuado en modo alguno (art. 375 del CPC; v. SCBA, C 91208 S 25/02/2009, in re «Fontana, Abel Mario s/Quiebra. Incidente de concurso especial», entre muchos otros).

En definitiva, considero que se ha restado eficacia probatoria a un dictamen científico de laboratorio, utilizando una línea de razonamiento que a mi entender no resulta correcta.

No existe un solo elemento que autorice a afirmar que no existió el grado de alcohol en sangre verificado científicamente.

Si bien es cierto que en la pericia que luce a fs. 177/189 de la causa penal, el Médico Forense de la Asesoría Pericial Deptal.Ricardo Oubiña indicó que cuando sólo se dispone de una muestra para el análisis es difícil sacar conclusiones, y que es posible la alteración de la concentración de la alcoholemia postmorten, también ha expuesto variados argumentos que permiten otorgar fiabilidad al resultado, denotando en todos los casos que la Sra. P. cursaba un grado elevado de alcoholemia.

Véase que ha dictaminado que «.la alcoholemia y la alcoholuria constituyen los indicadores mas fiables del consumo reciente de alcohol», que «Los avances tecnológicos han logrado que la determinación cualitativa y cuantitativa del etanol en diversos tejidos postmorten se haya vuelto un proceso analítico confiable.», y que «.la sola contaminación de la muestra por procesos fisiológicos tampoco podría haber arrojado valores tan elevados de alcoholemia. Solo la contaminación externa -no relacionada con fenómenos cadavéricos- y vinculados al uso de elementos con alcohol, frascos que lo hayan contenido o cualquier otra maniobra que pueda haber contaminado con alcoholo a la muestra», siendo tajante al concluir que «.aunque la tasa de alcoholemia postmortem pueda estar alterada no me cabe duda que la conductora -con este nivel de alcoholemia- cursaba algún grado de intoxicación etílica que le impedía conducir con idoneidad, más si se tiene en cuenta que la tasa límite para la conducción vehicular no debe superar los 0.5 g por litro.» (v. informe de fs. 177/189).

Así también contamos con los testimonios producidos por los forenses Miguel Angel Gambetta y Nestor Angel García (conf. actas obrantes a fs. 157 y 158 de la causa penal), quienes describieron la autopsia realizada y el procedimiento empleado, descartando la utilización de alcohol en la morgue, y por ende, de contaminación de la muestra por causas externas. Asimismo declararon no recordar la existencia o no de olor a alcohol en el cadáver, por lo que no puede afirmarse que el mismo no haya estado presente, quedando huérfano de prueba este punto de la defensa (arts. 375, 384, 456 y ccdtes.del CPC).

En definitiva, no encuentro mérito alguno para apartarme del informe de laboratorio obrante a fs. 899/89 de la causa penal, el cual -en consonancia con el dictamen pericial de fs. 177/189 y las declaraciones de los médicos Gambetta y García de fs. 157/158- permite afirmar que existió alcoholemia positiva, en grado suficiente como para dar curso a la exclusión de cobertura articulada (2,40 gramos de alcohol etílico por litro de muestra analizada).

Cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal Provincial tiene dicho -según fundamentos a los que me remito- que «Por encima de 1 grs. de alcohol en 1000 grs. de sangre el sujeto padece un estado de ebriedad» (SCBA, 101875, sent. de fecha 07/03/2012, in re «Weheren, Héctor Hugo c/Gejo, Ariel y otro s/Daños y perjuicios (nº 130.354)», y su acumulada: «Guerrero, Rodrigo contra Gejo, Ariel y otros. Daños y perjuicios (nº 130.555)»; SCBA, 85364, sent. de fecha 09/11/2005, in re «González de López, Mónica del Carmen c/Alpa Vial S.A. s/Daños y perjuicios»).

Desde otro ángulo, la ingesta de alcohol no puede descartarse a partir de lo testimoniado por los Sres. C. P. (fs. 133), María Alejandra Lentino (fs. 166) y Patricia Elena Diaz (quienes a fs. 133, 166 y 174 refieren respectivamente que la nombrada no consumía alcohol), en tanto en ningún caso declararon sobre el momento en que la misma acometió el recorrido hacia la localidad de Tandil, ni sobre momentos previos, amén de tratarse el primero de un testigo excluído, por imperio a lo normado por el art. 425 del CPC.

Menos aún resulta atendible considerar que no existió la intoxicación alcohólica del 2,40 g/l, haciendo simplemente referencia a que en esas condiciones la Sra. Perez no podría haber circulado 114 km.

En primer lugar, porque no es posible precisar la distancia que puede recorrer una persona en tales condiciones, y en segundo, porque pese a haber arribado al km.114, las particulares características de la maniobra que generara el siniestro no me permiten descartar la existencia de un estado de ebriedad. Entiéndase que el alto grado de alcohol en sangre detectado ha de conjugarse con la mecánica del accidente, a partir que la Sra. P. invadió repentinamente el carril contrario de circulación, interponiéndose en la línea de marcha del vehículo conducido por el Sr. R., circunstancias éstas que en su conjunto permiten inferir -mas allá de la existencia de factores climáticos adversos- que la primer conductora se encontraba en un estado tal que le impedía controlar el rodado y actuar con la prudencia y atención debida.

Me remito a tal efecto a la pericia médico forense realizada por el Dr. Ricardo Oubiña, donde el experto describe que con tal grado de alcoholemia se hacen notorios los síntomas narcóticos, con afectación de las funciones sensitivas y de los movimientos (lo que denomina «tercera etapa» de la intoxicación alcoh ólica; vs .fs 179/180), permitiendo ello inferir que la ingesta de alcohol sin duda le ha impedido a la Sra. P. adoptar las medidas necesarias para evitar el siniestro.

A partir de lo anterior, siendo que se probó el porcentaje de alcoholemia con que conducía la Sra. C. P. (en el grado de 2.40 g/l), resulta operativa la causal de exclusión de cobertura, ya sea que se lo trate como una defensa basada en culpa grave (contemplada en los arts. 70 y 114 de la ley 17.418), o en las previsiones contractuales de exclusión (Anexo N° 1 de la póliza obrante a fs.131 y punto 1.18 de las «Exclusiones Específicas»), en tanto los elementos analizados permiten concluir que tal estado ha sido causal determinante del accidente.

En torno a las cláusulas de exclusión de cobertura, se ha explicado que las mismas señalan hipótesis que, o bien resultan inasegurables, o bien son intensamente agravantes del riesgo y por ello son colocadas fuera de la cobertura, y otras veces constituyen simples menciones objetivas de lugares, personas o cosas, dirigidas a fijar ámbitos en los que operará el seguro (Conf. Stiglitz-Stiglitz, «Seguro contra la responsabilidad civil», Bs. As., A. Perrot, 1991, n° 137, p. 280 y ss.).

Asimismo se ha explicado que «si bien el seguro de responsabilidad civil prevé la reparación del daño producido a terceros, ésta nunca puede superar la cuantía o medida de los términos del aseguramiento. Por tanto, le son oponibles al tercero damnificado o, si se prefiere, le afectan o se hallan enmarcardos, por determinadas circunstancias negociales, aunque haya sido ajeno a la celebración del negocio o, precisamente, por haber sido extraño al mismo» (conf. Stiglitz, Rubén, en «Derecho de Seguros», 4ta. edic., edit. La Ley, 2004, T I, p. 231/232).

Por su parte, la validez de las cláusulas de exclusión de cobertura ha sido admitida por nuestro máximo Tribunal Provincial, quien tiene dicho que «La cláusula incorporada a las condiciones negociales generales del contrato de seguros que excluye la cobertura de quien conduce en estado de ebriedad, no puede entenderse abusiva o contraria a la buena fe negocial, toda vez que esa conducta está prohibida por la ley (conf. art. 48, ley nacional de tránsito 24.449 y ley provincial 13.927)» (SCBA, C 122003, sent.de fecha 30/08/2021, in re «Medina, Sandra Ramona c/ Ochoa, Ángel Cristian Ariel y otro s/ Daños y perjuicios»).

Así también el supremo Tribunal Provincial ha explicado en relación oponibilidad de las cláusulas de exclusión de cobertura al tercero damnificado que «.es doctrina mayoritaria de este Tribunal que el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes y los damnificados revisten la condición de terceros frente a los mismos, por lo que si desean invocarlo deben circunscribirse a sus términos, lo cual, en el caso ha implicado la oponibilidad al damnificado de lo convenido entre asegurador y asegurado respecto de la exclusión de la cobertura ante el estado de ebriedad del conductor.» (SCBA, C 122003, sent. de fecha 30/08/2021, in re «Medina, Sandra Ramona c/ Ochoa, Ángel Cristian Ariel y otro s/ Daños y perjuicios»).

Cabe agregar que no advierto consentimiento alguno de la citada en garantía respecto del planteo efectuado por T. M. S.A. en el punto IX.II (relativo a las implicancias del seguro obligatorio en las exclusiones de cobertura; v .fs. 26/27), por lo que considero inviable aceptar que haya existido un silencio con implicancias sobre la inoponibilidad o no de las causales de exclusión, conforme intenta hacer ver la mentada empresa de transportes a fs. 214vta./215. Considero la defensa de exclusión de cobertura articulada no deja resquicio para otra interpretación, pues es evidente que su planteo implica necesariamente que no se acepta la inoponibilidad que alega la contraria (arg. art. 354 del CPC).

Así también aclaro que considero cumplimentado por la aseguradora con el anoticiamiento del rechazo de la cobertura en los términos reglados por el art. 56 de la ley 17.418, valorando que el mismo se justificó a través de las cartas documento obrantes a fs. 99/100 y 106/107 de la causa 167.686 y la respuesta a los puntos periciales 6, 7, 11 y 12 de la pericia obrante a fs. 529/534 de la causa 172.867 (arts.375, 384, 385, 394 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).

Por su parte, los desconocimientos genéricos de la autenticidad de las mentadas misivas han sido desvirtuados a través de la prueba informativa obrante a fs. 316/321, 516/526 de la causa 167.686, la cual denota la autenticidad de las mismas (ver conteste de documental efectuado por el Sr. R. a fs. 198/202 de la causa 167.686 y el respectivo realizado por T. M. a fs. 175/178 de la causa 172.867; arts. 354, 375, 384, 384, 394 y ss., 474 y ccdtes. del CPC).

En definitiva y de acuerdo a lo expuesto, considero que en el caso resulta operativa la exclusión de cobertura, pues se encuentra demostrado un elevado grado de intoxicación alcohólica, que ha sido causal determinante en la producción del siniestro (arts. 70 y 114 de la ley 17.418; arts. 512, 1137, 1197, 1198 y ccdtes. del CC, arts. 959, 1021, 1061 y ccdtes.

Conforme ello, corresponde hacer lugar a la defensa de falta de legitimación propuesta por P. S.A. de Seguros, y consecuentemente al recurso impetrado por la mentada sociedad, revocando el pronunciamiento apelado en lo que aquí es materia de tratamiento, imponiendo las costas de ambas instancias a cargo de quienes requirieron la citación en garantía que es rechazada, por resultar perdidosos (léase, T. M. S.A., M. F. R. y C. P. -éste último con beneficio de inventario conf. términos de condena de primera instancia-; ver citaciones de fs. 24 y 172 de los autos 167.686 y 11107vta. de los autos 172.867); lo que así propongo al Acuerdo (arts. 68, 512, 1137, 1197, 1198 y ccdtes. del CC; arts. 959, 1021, 1061 y ccdtes. del CCyC; arts. 70 y 114 de la ley 17.418; arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).

Habiendo quedado desligada la empresa citada en garantía P. S.A.de Seguros, no corresponde el tratamiento de los restantes puntos de la crítica articulados por la mentada sociedad contra los rubros indemnizatorios admitidos, por haber caído en abstracto (art. 163 inc. 6 y 164 del CPC).

VII.b) No reconocimiento del rubro «daño emergente» a valores actuales (agravio propuesto por T. M. S.A.):

En lo que aquí respecta, aduce en lo sustancial la apelante que el criterio aplicado por la primer sentenciante lesiona principios de justicia distributiva y la doctrina de la SCBA en materia de actualización y de los denominados «hechos notorios», y sostiene que carece de sustento legal efectuar distinción según la víctima haya reparado por su cuenta y a su costo el daño sufrido.

En lo atinente a la cuantificación de los rubros indemnizatorios «a valores actuales», cabe referir que en períodos de inflación, como el que actualmente estamos atravesando, la duración de los procesos provoca una pérdida del poder adquisitivo de la moneda y la consecuente violación del principio de reparación integral que consagra el Código Civil y Comercial. No obstante ello, mientras persista la vigencia del art. 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), y nuestro Superior Tribunal mantenga como doctrina legal la constitucionalidad de ese precepto -que debe aceptarse conf. art. 279 del CPC- (ver sentencias de SCBA, C 96.946, sent. del 4/11/2009; SCBA, I 3209 S del 12/10/2011, SCBA, C 105172 S 11-3-2013, entre otras), resulta improcedente otorgar indemnizaciones que impliquen una «repotenciación» por variación de precios.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha aceptado la estimación de rubros indemnizatorios que reflejen valores actuales de los bienes a los que se refieren, distinguiendo ello de la utilización de mecanismos indexatorios, de ajuste o reajuste, sosteniendo que «la indemnización a valores actuales (.) se adecua a lo que prescribe el art. 772 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en orden a las denominadas deudas de valor» (SCBA C. 121134 del 3/5/2018, C.120536 del 18/4/2018).

En cuanto al momento en que corresponde cuantificar el monto debido en esta clase de obligaciones, la Suprema Corte ha expuesto que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar la cuantía de la indemnización al momento de dictar sentencia (conf. doctr. causas L. 77.503, «Cardelli» y L. 75.346, «Britez», sents. de 6-VI-2001; C. 101.107, «Albisu», sent. de 23-III-2010 y C. 100.908, «Ormaechea», sent. de 14-VII-2010). Ha destacado, además, que al determinarse el importe de la reparación patrimonial no es posible desatender los datos que proporciona la realidad económica involucrada y, en este sentido, en ausencia de norma en contrario, el daño debe ser estimado lo más tarde posible (causa C. 117.735, «Bi Launek», sent. de 24-IX-2014, voto del doctor Pettigiani, sin disidencias; doctrina que, por mayoría, se reitera en la causa C. 108.654, «Moran», sent. de 26-X-2016).

Ahora bien, pese a la reconocida posibilidad de estimar el daño a los valores mas cercanos a la fecha de sentencia, advierto que en el caso ello resulta inviable, al haber el apelante omitido incorporar elementos demostrativos del valor actual que pretende.

Obsérvese que no ha ofrecido prueba pericial mecánica, la cual podría haber arrojado luz sobre dicha cuestión, y que tampoco lo ha intentado incorporar por otros medios de prueba y/o otras vías, y ni siquiera lo ha estimado, ni brindado pautas para su realización.

Siendo ello así, valorando que se trata de una cuestión técnica (léase, determinación de los gastos y erogaciones que debió afrontar la sociedad T. M. S.A. a los fines de reparar el camión, inclusivo de repuestos y mano de obra en la reparación de chapa, pintura y partes mecánicas, conf. fs. 20vta.de la causa 172867), y ante la orfandad de elementos que me permitan justipreciar un valor mas cercano a sentencia, no existe otra alternativa mas que estar a los valores consignados en las facturas acompaña das, tal lo resuelto por la primer juzgadora (arts. 375, 384, 385 y ccdtes. del CPC).

No es ocioso señalar que limitarse a requerir la cuantificación del rubro a valores actuales, sin indicar un mecanismo idóneo para ello, no constituye una crítica concreta y razonada, extremo éste que confirma la solución que se adopta (art. 260 del CPC).

Por los fundamentos expuestos, corresponde el rechazo del agravio en tratamiento, y la confirmación del decisorio recurrido en lo que aquí es materia de tratamiento, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).

VII.c) Rechazo del rubro lucro cesante (agravio propuesto por T. M. S.A. y M. F. R.):

Cabe señalar que la reparación del lucro cesante no es mas que compensar la privación de un acrecentamiento patrimonial que el reclamante hubiera podido obtener verosímilmente, conformando de ese modo un daño cierto (art. 1738 del Cód. Civil y Com.; argto. doct. Jorge Mosset Iturraspe, «Responsabilidad por daños» – T. I., Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, pág. 265; Carlos A. Ghersi, «Teoría General de la Reparación de daños», Ed.Astrea, Bs. As., pág. 63 y sgtes.).

Esta Alzada tiene dicho que: «.Para que sea viable la indemnización por este parcial tiene que acreditarse la ganancia dejada de percibir, debe encontrarse justificada la actividad frustrada y el tiempo durante el cual se dejó de percibir las sumas reclamadas.» (esta Sala, causa N° 144974 RSD 36/10 del 23/2/2010).

Sentado ello, adelanto que comparto los motivos que justificaron el rechazo de este rubro reclamado por T. M.S.A., pues considero que no se logró demostrar que el lucro no pudo ser obtenido, teniendo en consideración la importante flota de camiones que posee la empresa.

Destaco que la experticia contable dio cuenta que dicha firma tiene una flota de camiones que asciende a 58 unidades, con las mismas características operativas del vehículo siniestrado (conf. pericia contable de fs. 552/558 de la causa 172.867, v. respuesta a los puntos periciales 10 y 11 y anexo IV de fs. 555), y siendo ello así, y ante la ausencia de pruebas que den cuenta de la disminución de ingresos de la empresa, debe presumirse que ha podido suplir el periodo de inactividad del rodado con los restantes integrantes de la flota (arts. 375, 384, 474 y ccdtes. del CPC).

Ante idéntico escenario, la judicatura ha explicado en igual sentido que «Para cuantificar, frente a la ausencia de prueba concreta, el lucro cesante sufrido por una empresa de transporte de mercaderías derivado de la avería de uno de sus camiones, debe considerarse que es del curso normal y ordinario de las cosas que la empresa de transporte haya intentado suplir la ausencia del camión siniestrado con los restantes de su flota (para no perder ganancia, y para mantener satisfechos a sus clientes).» (CC0002, AZ 63882, sent. de fecha 15/08/2019, in re «Traveller S.R.L. y otro/a c/ Nafale S.A.y otro/a s/ Daños y perjuicios»).

En similar supuesto y conforme citara la a quo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto, con argumentos que a mi entender resultan plenamente trasladables y aplicables al sub lite y que comparto y hago propios, que «Tratándose de una empresa de transporte de pasajeros o de carga, que cuenta con un número plural de unidades afectadas al servicio, la sola circunstancia de que una deba permanecer fuera de circulación no significa que ello constituya un lucro cesante o una pérdida para la empresa; se trata de una cuestión sujeta a la prueba específica pertinente» (CSJN, 17 de Septiembre de 1996, Nro. Interno: E29XXV, T. 319, P., Id SAIJ: FA96000378, in re «Empresa Ferrocarriles Argentinos c/ Gálvez, Orlando y otro s/ daños y perjuicios»).

Es así que conforme la línea de interpretación pregonada, ante la ausencia de demostración de una merma en los ingresos de la empresa, no puede admitirse la procedencia de este parcial, siendo esta omisión solo imputable a la parte reclamante (art. 375, 384 y ccdtes. del CPC).

Entiéndase que es insuficiente acreditar la ausencia de facturación circunscripta al rodado en cuestión por el período de indisposición, pues ello no demuestra que el lucro se haya visto alterado a raíz de los daños producidos en el vehículo, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto (v. pericia contable de fs. 552/558 de la causa 172867).

En definitiva, no advierto argumentos en la expresión de agravios que permitan modificar el pronunciamiento recurrido, debiéndose consecuentemente confirmar el mismo en lo que aquí es materia de tratamiento, lo que así propongo al Acuerdo (art. 1069 1er. párr. del Cód. Civil; arts. 1738 y ccdtes. del CCyC; arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).

Igual suerte corre el reclamo de este rubro intentado por el Sr.R., pues en consonancia con lo resuelto en la instancia de origen, considero que no se ha rendido ninguna prueba que permita demostrar que la renuncia a su empleo guarde relación causal con una dolencia de tipo psicológico generada a partir del siniestro.

Véase que el certificado médico aportado a fs. 45 (ratificado en su autenticidad a través del oficio de fs. 531/2) no permite ligar causalmente la renuncia con una eventual dolencia psicológica del actor, y no existe otro elemento probatorio a tal fines (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPC).

Por su parte, el telegrama de renuncia de fs. 487 nada dice al respecto, y así tampoco clarea tal extremo el oficio respondido por la empresa de T. «.M.» de fs. 490/491.

Destaco que no ha sido producida prueba pericial psicológica, ni testimonial, las cuales podrían haber arrojado luz sobre el tópico, importando lo afirmado por el reclamante una mera manifestación, carente de elementos de convicción que la avalen (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPC).

Resulta llamativo que el actor haya desistido voluntariamente de la totalidad de la prueba testimonial oportunamente ofrecida (conf. fs. 594/595 de la causa 167.686).

Podrían existir infinidad de causas que motivaran la renuncia, y en el caso resultaría hasta arbitrario de lado de la judicatura afirmar que la misma se produjo a raíz del malestar espiritual que le provocó el siniestro, ante la sola demostración de stress postraumático constatado siete meses después del accidente (art. 901 y ccdtes. del CC).

Entiéndase que en atención al carácter restrictivo de procedencia de este parcial, la prueba que lo demuestre debe ser categórica, carga que le pesaba indudablemente al Sr. R. a la hora de pretender su reparación, siendo en el caso insuficiente el certificado médico de fs. 45 (art. 375, 384, 385 y ss. y ccdtes.del CPC).

En igual dirección se ha resuelto que «.Como se trata en rigor, de ganancias supuestas, se reconoce unánimemente que el lucro cesante indemnizable ha de ser cierto, como el daño emergente mismo, lo cual importa poner límite objetivo a los frecuentes excesos subjetivistas. Ello significa que debe haber certidumbre en cuanto a la existencia misma del daño, presente o futuro, y que éste no puede ser eventual o hipotético.» (CC0000 NE, causa 11078 58, sent. de fecha 17/05/2018, in re «Mereles Duarte Mirian B. y Otros c/ Lupo SergioA. y Otras s/ Daños y Perjuicios Autom. c/ Lesiones o muerte»).

Es así que no cuento con elementos que me permitan considerar que existe una probabilidad cierta y objetiva de que la renuncia haya sido el resultado del siniestro, según el curso natural de las cosas (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPC).

En consecuencia, siendo que la configuración del lucro cesante requiere, como principio, la prueba categórica y fehaciente de las ganancias dejadas de percibir por el damnificado, frente a la ausencia de prueba idónea que avale tal cuestión, no cabe mas que confirmar el rechazo del parcial propuesto, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 260, 266, 267, 375, 384, 456 y ccdtes. del CPC; arts. 901, 1068, 1069, 1083 y cdtes. del Cód. Civil).

VII.d) Rechazo del rubro daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales) (agravio propuesto por M. F. R.):

En la tarea revisora de esta parcela de la sentencia, considero menester comenzar por señalar que la doctrina especializada ha explicado sobre el tópico que «en el daño moral hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de entender, de querer y de sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial.» (Alberto J. Bueres, «Derecho de Daños», Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs.As., 2001, pág.306).

En aras de cuantificar este daño y a los fines de desentrañar la verdadera incidencia que el mismo produjo en el damnificado, el derecho procura una reparación de compensación satisfactoria (Pizarro, Ramón D. y Vallespinos, Carlos G., «Compendio de Derecho de Daños», Hammurabi, Buenos Aires, 2014, p. 220).

En efecto, la indemnización por este rubro no procura hacer desaparecer el menoscabo espiritual, ni pretende lograr que el damnificado pueda ser emplazado a una situación previa al evento dañoso, sino que simplemente persigue otorgar una satisfacción o goce o placer en la faz anímica del damnificado que guarde razonabilidad y proporcionalidad con el padecimiento experimentado (argumento arts. 7, 1711, 1726 y ccdtes. del CCyC).

Se ha reseñado en tal sentido que «En la actualidad se superó el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba «el precio del dolor» para aceptarse que lo resarcible es el «precio del consuelo» que procura «la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias»; se trata «de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado», de permitirle «acceder a gratificaciones viables», confortando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea para proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena. Esta modalidad de reparación del daño no patrimonial atiende a la idoneidad del dinero para compensar, restaurar, re parar el padecimiento en la esfera no patrimonial mediante cosas, bienes, distracciones, actividades, etcétera, que le permitan a la víctima, como lo decidió la Corte nacional, «obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales» (Lorenzetti, Ricardo Luis, Director, «Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado». T. VIII, arts. 1614 a 1881, 1era ed. Santa Fe. Rubinzar – Culzoni, 2015, pág. 503; ver CSJN, 4-12-2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», R. C. y S. 2011-VIII-176, con apostilla de Jorge M.Galdós).

Es decir, se trata de satisfacer a la víctima más que de compensarla en términos de equivalencia (conf. Pizarro, Ramón D., «Daño moral. Prevención. Reparación. Punición», ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2000, p. 385), habiéndose señalado al respecto que «dicha satisfacción es brindada generalmente mediante una indemnización económica que le permita al damnificado adquirir bienes o servicios que son en definitiva los que producen el placer resarcitorio, ya que el dinero en sí mismo es papel y sólo tiene valor como instrumento de cambio» (Marcellino, Leonardo, «Valoración y cuantificación de la indemnización del daño extrapatrimonial»,

en «Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad por daño no patrimonial», ed. Rubinzal – Culzoni Editores, pág. 428).

No resulta ocioso mencionar, además, que el CCCN unifica expresamente la responsabilidad civil contractual y extracontractual (arg. art. 1716), de manera tal que cualquiera sea la fuente del deber de reparar el daño, la responsabilidad se rige, en principio, por las mismas reglas (ver Picasso, Sebastián,»La unificación de la responsabilidad civil en el Proyecto de Código Civil y Comercial unificado», Infojus, Revista Derecho Privado. Año I, N°3. Ediciones Infojus, p. 33).

A partir de lo anterior y luego de haber examinado desde esta óptica el reclamo articulado, de manera integral con las circunstancias particulares del caso y la función de sustitución satisfactoria del rubro, adelanto que este parcial debe prosperar, teniendo en consideración las particulares circunstancias demostradas en la causa (arts. 163, 164, 165, 375, 384, 385 y ss. del CPC; arts. 1068, 1069, 1078, 1083 y conc. del Código Civil y arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación).

Para arribar a tal conclusión, señalo inicialmente que en el caso la entidad del padecimiento espiritual del Sr. R.surge inmediatamente de los hechos analizados, ponderando no sólo las características del accidente vivenciado (importante colisión al verse sorprendido por un vehículo que invadió súbitamente su carril de circulación), sino también las fatales consecuencia que ha tenido que presenciar, y el cúmulo de vicisitudes y sinsabores que tuvo que atravesar posteriormente, al haber sido sometido a una investigación penal por homicidio culposo, atendiendo a la natural frustración e impotencia que estos hechos generan (arts. 375, 384, 385 y ss. del CPC).

En este aspecto, resulta un elemento importante de valoración el certificado médico glosado a fs. 45 (ratificado en su autenticidad a través del oficio obrante a fs. 531/2) el que denota que producto del siniestro sufrió

stress postraumático, siendo evidente su incidencia directa en la esfera extrapatrimonial en análisis (arts. 375, 384, 385 y ss., 394 y ss. y ccdtes. del CPC).

A mi entender, no varía en nada que la actividad habitual del actor sea la conducción de camiones de larga distancia, en tanto el particular suceso vivenciado, particularmente el desenlace fatal habido y presenciado, constituye un suceso extraordinario que excede claramente de un riesgo inherente al oficio.

Cabe señalar que la inexistencia de lesiones físicas o secuelas invalidantes no predica la correlativa ausencia de daño moral. Si bien en estos casos no se presenta in re ipsa, el reclamante puede demostrar que se ha visto afectado en su fuero íntimo, en grado tal que ha alterado su paz, su tranquilidad de espíritu, su honor o sus más sagrados afectos.

Tal prueba, dificilmente pueda ser directa, bastando en este supuesto considerar que las circunstancias que rodearon el hecho y que fueron su consecuencia tienen entidad para generar este tipo de afecciones, según el curso ordinario de las cosas y tomando como parámetro el hombre común (arts. 1078, 901, 903 y 904 del Cód. Civil; arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes.del Código Civil y Comercial de la Nación).

Es por lo expuesto que considero que el suceso sufrido, con las características aquí descriptas, permite determinar que existe una perturbación espiritual relevante en el Sr. R. a los efectos de sustentar la procedencia de este rubro, a raíz de los sufrimientos, molestias, angustias o incertidumbres padecidos, que escapan a la noción de simples molestias o inconvenientes (arg. arts. 165 y 384 del CPC).

En contrapartida, valoro negativamente que el reclamante no ha producido prueba testimonial, ni pericial psicológica, elementos éstos que permitirían un conocimiento mas acabado sobre la extensión del daño padecido (léase la existencia de daño psicológico, necesidad de tratamiento, etc.), y posiblemente una justipreciación mas elevada.

En definitiva, considero que los elementos descriptos demuestran que el suceso ha tenido directa incidencia en la esfera extrapatrimonial en estudio, lo que conjugado con la función compensatoria del rubro, me lleva a establecer -en utilización de las facultades conferidas a la suscripta por el art. 165 del CPC- que el presente debe prosperar, fijándose por tal concepto la cantidad de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($ 400.000) a «valores actuales» (arts. 1078, 1083 y cdtes. del Cód. Civil, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 385 y ccdtes. del CPC).

Es menester especificar que procedo a estimar este rubro indemnizatorio a «valores actuales», conforme habilita nuestro máximo Tribunal Provincial, a cuyos fundamentos me remito (conf. SCBA LP C 120192 S 07/09/2016, in re «Scandizzo de Prieto, Julia contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios» ; SCBA LP C 119449 S 15/07/2015, in re «Córdoba, Leonardo Nicolás contra Micheo, Héctor Esteban y otro.s/ Daños y perjuicios» , entre otros).

A todo evento, aclaro que la facultad de precisar sólo estimativamente el monto del perjuicio condicionado «a lo que en más o en menos resulte de la prueba» o fórmula similar, puede ser ejercitada en los casos en que resulta razonable entender que el interesado no se encuentra en condiciones de denunciar su pretensión de manera precisa, ya sea por carecer de conocimientos técnicos o en razón de no contar con los elementos del caso (art. 330 in fine del CPC; argto. jurisp. esta Cámara, Sala I, causa N° 153803 RSD 193/13 del 28/8/2013).

Nuestro Máximo Tribunal Provincial se ha expedido sobre el tópico, expresando que «tal expresión de estilo es incorporada a los escritos de inicio de los procesos en los que se reclama indemnización con el evidente propósito de sujetar la cuantía de la eventual suma condenatoria a las resultas de la prueba a producirse. Ningún impedimento legal existe para que así se peticione, por tanto no infracciona el principio de congruencia el

pronunciamiento que en tales condiciones fija una suma dineraria mayor o menor a la estimada tentativamente en la postulación liminar» (argto. jurisp. SCBA C. 99055 del 7/5/2014). Y concluye, «Esta Corte tiene dicho que no media infracción legal aun cuando la sentencia otorgue una indemnización mayor a la reclamada en la demanda si en ésta quedó aquélla librada a lo que, ‘en más o en menos’, resulte de la prueba (art. 163 inc. 6, C.P.C.C.; conf. Ac. 81.476, sent. del 23-IV-2003)» (argto. jurisp. ut supra cit.).

En tales condiciones se erige la facultad judicial de fijar una suma dineraria mayor o menor a la estimada sin afectar el principio de congruencia, debiéndose apreciarse además que tal prevención se encuentra profundamente enraizada con el principio de reparación integral en materia de daños materiales y morales, constituyendo una herramienta de resguardo del derecho constitucional de propiedad (arts. 1083 del Cód. Civil, art.7 del CCyC, 165 del C.P.C., y 19 de la Constitución Nacional; argto. jurisp. CSJN in re «Aquino Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A.», sent. del 21/9/2004, MJJ34650; «Ferreyra Gregorio P. c. Mastellone Hnos. S.A.», sent. del 28/6/2005, MJJ63100; doct. Miguel E. Rubín, «El principio de la reparación integral y la actualización de los valores de condena en la Argentina de hoy», MJ-DOC-6935-AR – MJD6935).

En el caso de autos, puede advertirse que el Sr. R.ha actuado con sujeción a los precedentes citados, dado que ha supeditado el reclamo a la determinación final (a través de la fórmula «.sin perjuicio de la mayor o definitiva suma que pudiera resultar de las circunstancias del caso.» (v. fs. 8/8vta.), habiéndose de esta manera posibilitado ampliamente la bilateralidad de la pretensión y asegurado el debido proceso con audiencia, igualdad y garantía plenas (arg. art. 163 inc. 6 del CPC; argto. jurisp. esta Cámara, Sala I, causa N° 153803 RSD 193/13 del 28/8/2013).

A la suma admitida en concepto de «daño a las afecciones legítimas espirituales» (daño moral), deben adicionarse intereses, a computarse desde la fecha del siniestro (6/7/2010), a cuyo fin considero que

debe seguirse la doctrina de nuestro Máximo Tribunal Provincial, quien en los precedentes «Vera, Juan Carlos» (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018), «Nidera S.A.» (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) y mas recientemente «Paredes» (C. 123.090, sentencia del 9 de setiembre de 2020) varió la posición que supo sostener en los fallos «Cabrera» (Ac. 119176, del 15/06/2016) y «Padin» (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) con relación a los intereses moratorios liquidados sobre créditos calculados a valores actuales. En estos nuevos p recedentes -a cuyos fundamentos me remito y adhiero-, la S.C.B.A.resolvió que en aquellos supuestos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.), aplicando de allí en más la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.

De acuerdo a lo expuesto y por aplicación de la doctrina de referencia fijada por nuestro Máximo Tribunal Provincial, corresponde calcular en la forma indicada los intereses establecidos en relación al rubro daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales), es decir, según la tasa pura del 6% anual desde la mora fijada y hasta el momento que es tenido en cuenta para la evaluación de dicho parcial indemnizatorio, aplicando de allí en más la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días).

Conforme lo precedentemente expuesto, corresponde revocar este parcial del decisorio, lo que así propongo al Acuerdo (arts. 266, 267 y ccdtes. del CPC).

VII.e) Imposición de costas (agravio propuesto por M. F. R.):

En este aspecto, el Sr. R. señala que el acogimiento de los dos agravios propuestos previamente determinará que las costas del proceso

deban ser impuestas a la contraria, y que sin embargo, aún en el caso que se mantuviera el rechazo de la demanda, las costas deberían tener un tratamiento especial, y ser impuestas por su orden. Encuentra fundamento a ello, al referir que se consideró legítimamente con derecho a reclamar la indemnización del daño, de acuerdo a las vivencias sufridas.

En respuesta a ello, corresponde señalar que en nuestro sistema procesal la condena en costas tiene un fundamento objetivo: el vencimiento.De este modo, la parte que resulta perdidosa en el proceso debe cargar con los gastos que debió afrontar su contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (argto. 68, primer párrafo, del CPC; conf. Roberto G. Loutayf Ranea, «Condena en costas en el proceso civil», Ed. Astrea, 1998, pág. 57; Jurisp. causa N°146.113, RSD-224-13 del 3-12-13; causa N° 149.727, RSI-186-12 del 10-05-12; causa N° 145.150, RSI-82-10 deI 2-3-2010, entre otros).

Específicamente en los procesos por indemnización de daños y perjuicios, la jurisprudencia ha establecido como principio general que las costas de primera instancia integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere en su totalidad. Se ha explicado que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión global del juicio y no por meros análisis aritméticos de las pretensiones y sus respectivos resultados (conf. Roberto G. Loutayf Ranea, ob. cit., págs. 402 y 403 y sus citas).

Siendo ello así y en vista al progreso de la acción indemnizatoria instaurada por el Sr. R., las costas causídicas de primera instancia han de imponerse a cargo de la parte demandada, debido a que la procedencia parcial del reclamo no le quita la calidad de vencida (art. 68 y 279 del CPC).

Distinta es la imposición de los gastos del pleito correspondientes a la instancia impugnativa, la cual ha de efectuarse en congruencia con el resultado del recurso (arts. 68 y 71 del CPC).

La SCBA ha explicado al respecto que «La imposición de los gastos del pleito correspondientes a la alzada y a la instancia extraordinaria ha de ponderar el resultado del recurso. El solo hecho de que se repute vencidos a los demandados, pese a que la acción prospera parcialmente, a los fines de fijar las costas de la instancia de origen, no se opone a que se tenga en cuenta el éxito de los recurrentes para determinar la suerte de las costas en la apelación o ante la casación» (SCBA, causa 123496, sent.de fecha 19/04/2021, in re «Cohen, Amanda Sara y otro c/ Asset, Patricia Mónica y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad»; SCBA, causa 122028, sent. de fecha 22/08/2018, in re «Sparta, José Alberto contra Rodríguez Pérez, Andrea y otro. Daños y perjuicios»).

También que «.Si bien -tal como afirma el actor- la circunstancia de que la demanda no prospere en su totalidad no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vio sometido el accionante (conf. causa C. 99.149, «Zero Agropecuaria S.A.», sent. de 2-II-2011), cierto es que la imposición de los gastos del pleito correspondientes al Tribunal de Alzada ha de ponderar el resultado de los recursos, debiéndose tener en cuenta el éxito de los recurrentes para determinar la suerte de las costas en la apelación (conf. causas C. 105.398, «Barboni de Stella», sent. de 14-IX-2011 y C. 102.859, «Molina», sent. 18-VI-2014; e.o.)» (SCBA, causa 122028, sent. de fecha 22/08/2018, in re «Sparta, José Alberto contra Rodríguez Pérez, Andrea y otro. Daños y perjuicios»).

De tal manera, debe valorarse en relación al recurso propuesto por el Sr. R., que si bien se rechaza el agravio direccionado al reconocimiento del rubro «lucro cesante», es admitido el relativo al daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales), mientras que la presente crítica sobre costas debe prosperar parcialmente (conforme lo que se resuelve en este considerando).

Siendo ello así, existiendo en esta instancia vencimientos parciales y mutuos, de acuerdo al régimen reglado por los arts.68 y 71 del CPC, y meritando la entidad y gravitación de los agravios, propongo al Acuerdo que las costas de esta instancia sean distribuidas en igual proporción.

Bajo tal entendimiento, corresponde que la demandada (en la causa 167686) cargue con las costas causídicas de primera instancia, revocándose en ese aspecto el pronunciamiento apelado (art. 279 del CPC), mientras que las costas de alzada han de imponerse en un 50% a cargo del apelante, y en un 50 % a cargo de la parte demandada, lo que así propongo al Acuerdo (conf. arts. 68 y 71 del CPC).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA TERCER CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

Corresponde:

I) Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto en fecha 10/8/2018 (en los autos 172867) por el Sr. C. P., sin costas atento la forma en que se resuelve (art. 68 2da. parte del CPC). 2) Admitir los agravios propuestos en fecha 25/4/2022 (en los autos 172867) por P. S.A. de Seguros, admitiendo la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por exclusión de cobertura y revocando el pronunciamiento apelado en lo pertinente, rechazando consecuentemente la citación instaurada en su contra, imponiendo las costas de ambas instancias a cargo de quienes requirieron la citación en garantía, por resultar perdidosos (léase, T. M. S.A., M. F. R. y C. P., éste último con beneficio de inventario conf. términos de condena de primera instancia) (arts. 68, 71 y 279 del CPC). 3) Rechazar los agravios traídos a esta instancia por T. M. S.A. en fecha 20/47/2022 (en los autos 172867), confirmando en consecuencia la sentencia recurrida, con costas de esta instancia a cargo de la apelante por resultar perdidosa (arts. 68 del CPC). 4) Admitir parcialmente los agravios propuestos en fecha 12/4/2022 (en los autos 167686) por el Sr. M. F.R.,

reconociendo el rubro daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales) por la suma de $ 400.000, con mas intereses, así como también parcialmente el relativo a las costas, imponiéndose las de primera instancia a cargo del demandado, mientras que las de alzada en un 50% a cargo de la parte demandada y en un 50% a cargo del apelante (arts. 68, 71 y 279 del CPC). 5) De acuerdo a la procedencia de la acción impetrada por el Sr. M. F. R. que se resuelve en esta instancia, dejar sin efecto la regulación estipendial efectuada en la instancia de origen en la causa 167.686, y diferir la estimación íntegra de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 del Dec.-Ley 8904/77 y art. 31 Ley 14.967).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente; S E N T E N C I A

Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se declara desierto el recurso de apelación interpuesto en fecha 10/8/2018 (en los autos 172867) por el Sr. C. P., sin costas atento la forma en que se resuelve (art. 68 2da. parte del CPC). 2) Se admiten los agravios propuestos en fecha 25/4/2022 (en los autos 172867) por P. S.A. de Seguros, admitiéndose la excepción de falta de legitimación pasiva articulada por exclusión de cobertura y revocándose el pronunciamiento apelado en lo pertinente, rechazándose consecuentemente la citación instaurada en su contra, imponiéndose las costas de ambas instancias a cargo de quienes requirieron la citación en garantía, por resultar perdidosos (léase, T. M. S.A., M. F. R. y C. P., éste último con beneficio de inventario conf. términos de condena de primera instancia) (arts. 68, 71 y 279 del CPC). 3) Se rechazan los agravios traídos a esta instancia por T. M. S.A.en fecha 20/47/2022 (en los autos 172867), confirmándose en consecuencia la sentencia recurrida, con costas de esta instancia a cargo de la apelante por resultar perdidosa

(arts. 68 del CPC). 4) Se admiten parcialmente los agravios propuestos en fecha 12/4/2022 (en los autos 167686) por el Sr. M. F. R., reconociéndose el rubro daño moral (daño a las afecciones legítimas espirituales) por la suma de $ 400.000, con mas intereses, así como también parcialmente el relativo a las costas, imponiéndose las de primera instancia a cargo del demandado, mientras que las de alzada en un 50% a cargo de la parte demandada y en un 50% a cargo del apelante (arts. 68, 71 y 279 del CPC). 5) De acuerdo a la procedencia de la acción impetrada por el Sr. M. F. R. que se resuelve en esta instancia, se deja sin efecto la regulación estipendial efectuada en la instancia de origen en la causa 167.686, y se difiere la estimación íntegra de honorarios para una vez determinada la base regulatoria (art. 31 del Dec.-Ley 8904/77 y art. 31 Ley 14.967). Regístrese, notifíquese de manera automatizada (conf. arts. 10, 13 y ccdtes. del anexo único del Ac. 4039 de la SCBA). Devuélvase.

En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.

REFERENCIAS:

Funcionario Firmante: 09/06/2022 11:43:24 – ZAMPINI Nelida Isabel (nizampini@jusbuenosaires.gov.ar) – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/06/2022 11:43:30 – GÉREZ Rubén Daniel – JUEZ

Funcionario Firmante: 10/06/2022 13:08:14 – ANTONINI Pablo Daniel – SECRETARIO DE CÁMARA

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