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#Fallos Cuestión de género: Procedencia del amparo sindical incoado al haberse acreditado una actitud discriminatoria por parte de la empleadora hacia la trabajadora por su condición de mujer

Partes: Martínez María Isabel c/ Urbatec S.A. s/ amparo sindical

Tribunal: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes

Fecha: 15-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131333-AR | MJJ131333 | MJJ131333

Procedencia del amparo sindical incoado al haberse acreditado una actitud discriminatoria de la demandada hacia la actora por su condición de mujer.

Sumario:

1.-Cabe confirmar la sentencia que acogió el amparo sindical deducido, la sentencia recurrida resolvió los hechos que guardaron una total correspondencia con la pretensión de nulidad del despido, la reinstalación de la parte perjudicada y la procedencia del daño moral por discriminación por la condición de mujer de la trabajadora.

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2.-No incurrió en el vicio de arbitrariedad la decisión que, luego de delimitar los hechos debatidos y el marco jurídico aplicable, decidió que no hubo transgresión al principio de la congruencia, pues de una lectura integral de la demanda, y no de meras transcripciones parciales como dejó entrever el quejoso, surge que la pretensión originaria se basó en las Leyes 23.551 , 23.592 , los Convenios N° 87 , 98 , 135 y 158 de la OIT, arts. 31 y 75 inc. 22 de la CN. y demás normas aplicables al caso.

Fallo:

En la ciudad de Corrientes, a los quince días del mes de marzo de dos mil veintiuno, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, con la Presidencia del Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº EXP – 72142/11, caratulado: «MARTINEZ MARIA ISABEL C/ URBATEC S.A. S/ AMPARO SINDICAL». Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Vienen a conocimiento del suscripto estas actuaciones para decidir el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (fs. 251/258), contra la sentencia definitiva pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones Laboral de esta ciudad de Corrientes, Capital (fs. 243/246 y vta.) que, en lo concerniente a esta instancia extraordinaria, confirmó el decisorio de origen que declaró la nulidad del despido dispuesto por la empleadora, por discriminación, consecuentemente ordenó la reinstalación de la actora a su puesto laboral, con más lo concerniente al daño moral y las costas.

II.- La parte recurrente satisface los recaudos formales previstos por la ley 3540. Por consiguiente, corresponde dirimir la cuestión sustancial sometida a decisión.

III.- Luego de una breve síntesis de lo acontecido en el proceso, tachó de arbitraria e incongruente la sentencia en crisis. Se quejó del encuadramiento del caso en la ley 23.592 so pretexto que el reclamo actoral solo se fundó en las previsiones de la ley 23.551.De ahí que el a quo, como el primer juez, fundaron su decisión al tratar la nulidad del despido y la reinstalación de la actora a su puesto laboral en una norma no peticionada en el escrito de demanda. Individualizó algunas de las fojas que avalarían su postura. De ahí la ocurrencia, en su opinión, del vicio de incongruencia (sentencia extra petita) y que importó dejar a su parte en absoluta orfandad defensiva.

IV.- La Cámara desestimó esa puntual queja también basada en el hecho que la actora no invocó ni fundó su demanda en las previsiones de la Ley Antidiscriminatoria (ley 23.592). Lo hizo precisando partes del escrito que refirieron a dicha normativa (transcripción del art. 1, fs. 7 vta., capítulo de daño moral). De ese modo, descartó la tacha de incongruencia invocada al no constatarse trasgresión alguna a dicho principio, menos aún a los derechos de la defensa en juicio y del debido proceso. De ahí que confirmó el decisorio del primer juez el cual falló a favor del reintegro de la actora a su puesto de trabajo en las mismas condiciones laborales de su desempeño, con costas.

V.- Analizadas pormenorizadamente las cuestiones propuestas a corrección y luego de confrontarlas con los motivos tenidos a la vista por el sentenciante de grado para arribar a la solución impugnada, lo actuado en el proceso y normativa aplicada considero deberán desestimarse toda vez que la sentencia de Cámara resulta derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias debatidas y comprobadas en la causa.

VI.- En principio, la protesta en análisis evidencia ser fruto de una subjetiva apreciación del caso por parte del recurrente quién en modo alguno pudo ver afectadas sus garantías constitucionales, cuando pudo defenderse y oponer a la versión de los hechos alegados en el escrito promocional su propia visión. A ese fin basta la lectura íntegra del escrito de conteste agregado a fs.36/47 para descartar el vicio endilgado al fallo, pudiendo observarse que tuvo la oportunidad procesal de explayarse sobre todas las defensas que estimó oportunas ejercitar dedicando además todo un Capítulo -punto c)- sobre la Discriminación por ser Mujer. De allí que resulte contraria a las constancias de autos la supuesta alegación de que fuera sorprendida por la aplicación de la antidiscriminatoria (ley 23.592). Consecuentemente, no incurrió en el vicio de arbitrariedad la decisión impugnada que luego de delimitar los hechos debatidos y el marco jurídico aplicable decidió que no hubo transgresión al principio de la congruencia, pues de una lectura integral de la demanda (fs.2/12), y no de meras transcripciones parciales como dejó entrever el ahora quejoso, surge que la pretensión originaria se basó en las leyes 23.551, 23.592, los Convenios N° 87, 98, 135 y 158 de la OIT, arts. 31 y 75 inc. 22 de la C.N. y demás normas aplicables al caso (f.10). Por todo lo expuesto, la sentencia recurrida resolvió los hechos que guardaron una total correspondencia con la pretensión de nulidad del despido, la reinstalación de la parte perjudicada y la procedencia del daño moral por discriminación, aplicando al marco fáctico sometido a debate la normativa vigente y habiendo tenido el recurrente la oportunidad de ejercitar debidamente, como en definitiva lo hizo, su derecho de defensa. Viene al caso precisar que los reproches basados en la violación de derechos amparados constitucionalmente no deben hacerse en términos generales o abstractos, pues no basta con la aserción de que ello ocurrió si no se prueba que ello verdaderamente afectó a la parte recurrente. Por todo ello, de compartir mis pares este voto propicio rechazar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs.251/258, de este modo, confirmar la sentencia de Cámara con costas en esta instancia a cargo de la demandada vencida y pérdida del depósito de ley. Regular los honorarios profesionales del Dr. GUILLERMO ANTONIO POMARES, vencido y como Responsable Inscripto; los pertenecientes al Dr.ALBERTO DANIEL SOSA, vencedor y como Monotributista frente al IVA; en un (%) de la suma que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822) para cada uno adicionando a los del Dr. GUILLERMO ANTONIO POMARES, lo que deba tributar frente al I.V.A, atento a su condición.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Comparto la solución propiciada por el Sr. Ministro votante en primer término a cuyos fundamentos me remito para evitar repeticiones innecesarias. Considero sin embargo oportuno me explaye acerca de mi reiterada postura sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. En anteriores precedentes sostuve que el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las Cámaras de Apelaciones, «[.] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno de los emitidos.» Manifesté también que no coincido con la solución legislativa pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su consideración, estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial. Ahora bien, y no obstante la recomendación efectuada a los Sres.Magistrados en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado. A mi entender la riqueza del órgano judicial colegiado supone el diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al mismo destino final. En este sentido, entiendo que la fundamentación de los pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del estado de derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e impugnarlos. Y es que la sociedad democrática mayormente participativa pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una posible crítica. De allí que este dato propio de los Tribunales Colegiados aparece como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el Tribunal dicta una sentencia con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera. Es sabido que los Tribunales se encuentran integrados por tres jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo hacen los Magistrados de los Tribunales Penales a diferencia de los miembros de las Cámaras de Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa, con lo cual, en tiendo, se menoscaban los principios de igualdad y equidad constitucional.Cabe recordar que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del Tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen también de las motivaciones que sirven de base a la decisión. Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a la falta de mayorías o mayorías «aparentes» acarrean un grave perjuicio tanto para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de legitimación. Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo a la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada Camarista se logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. Así voto.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos. En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 34 1°) Rechazar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto a fs.251/258, de este modo, confirmar la sentencia de Cámara con costas en esta instancia a cargo de la demandada vencida y pérdida del depósito de ley. 2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. GUILLERMO ANTONIO POMARES, vencido y como Responsable Inscripto; los pertenecientes al Dr. ALBERTO DANIEL SOSA, vencedor y como Monotributista frente al IVA; en un (%) de la suma que quede establecida en primera instancia (art. 14, ley N° 5822) para cada uno adicionando a los del Dr. GUILLERMO ANTONIO POMARES, lo que deba tributar frente al I.V.A, atento a su condición. 3°) Insértese y notifíquese.

Dr. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ

Presidente Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. EDUARDO GILBERTO PANSERI

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

Ministro Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

Secretaria Jurisdiccional N° 2 Superior Tribunal de Justicia Corrientes

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