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#Fallos Sociedades comerciales: Debe anularse de oficio la resolución por la que un juez se extralimitó al atribuir al Consejo General de Educación provincial las sumas remanentes en el proceso liquidatorio de una sociedad de ahorro

Partes: Inspección General de Justicia c/ Crédito Integrado s/ ordinario

Tribunal: Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

Fecha: 10-feb-2021

Cita: MJ-JU-M-131258-AR | MJJ131258 | MJJ131258

Debe anularse de oficio la resolución por la cual el juez se extralimitó en sus facultades al atribuir al Consejo General de Educación provincial las sumas remanentes en el proceso de liquidación de una sociedad de ahorro para fines determinados.

Sumario:

1.-Corresponde declarar de oficio la nulidad de la resolución que en el proceso liquidatorio de una sociedad de ahorro para fines determinados y de acuerdo al art. 111 de la Ley General de Sociedades, atribuyó al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, en tanto autoridad escolar de la jurisdicción, el importe depositado en un plazo fijo, pues el juez se extralimitó en sus facultades, toda vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación que promoviera o instruyera la reclamación que corresponda con relación a esos fondos y al efecto ordenó el libramiento del oficio respectivo, por lo que el Juez a quo debió esperar a que la Procuración efectuara la presentación que estimara corresponda.

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2.-Es procedente confirmar la resolución que en el proceso liquidatorio de una sociedad de ahorro para fines determinados y de acuerdo al art. 111 de la Ley General de Sociedades, atribuyó al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, en tanto autoridad escolar de la jurisdicción, el importe depositado en un plazo fijo, pues de acuerdo a las Leyes 26.206 y 24.049 actualmente todos los establecimientos escolares son de jurisdicción provincial y, por tanto, la fórmula ‘autoridad escolar de la jurisdicción respectiva’, debe interpretarse como autoridad escolar de la Provincia de Entre Ríos (Del voto en disidencia del Dr. Busaniche).

Fallo:

Paraná, 10 de febrero de 2021.

Poder Judicial de la Nación

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: «INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA CONTRA CREDITO INTEGRADO SOBRE ORDINARIO», Expte. N° FPA 21005693/1991/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y CONSIDERANDO:

I- Que llegan las presentes actuaciones a consideración del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el representante del Estado Nacional a fs. 2369, contra la resolución de fs. 2363/2368 que -en lo que aquí interesa- atribuye al CONSEJO GENERAL DE EDUCACIóN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RíOS, en tanto autoridad escolar de la jurisdicción, el importe depositado en el Plazo Fijo Nominativo en Dólares Estadounidenses No 26500000011478. Impone las costas por su orden y no regula honorarios (art.2 ley No27423).

El recurso se concede a fs.2370, se expresan agravios a fs. 2374/2385, los que fueron contestados por la representante del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos a fs. 2387/2391 y por el Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos a fs. 2392/2399 vta.

A fs. 2352 el Dr. Diego Cruz Estevarena apela la resolución de fs. 2351 en tanto le deniega la regulación de honorarios, el que se concede con efecto diferido a fs. 2353.

El 23/10/2020 se corrió vista al Fiscal General de Cámara, que fue contestada el 29/10/2020, quedando los presentes en estado de resolver a fs. 2402 vta.

II- a) Que el representante del Ministerio de Educación de la Nación solicita que le sean atribuidos los fondos depositados en autos a los que califica como dividendos caducos, terminología que extrae del art. 224 de la ley No24.522.Argumenta sobre la aplicabilidad de tal norma, que dispone que «los importes no cobrados deberán ser destinados al patrimonio estatal para fomento de la educación común», e interpreta que la misma se refiere al Estado Nacional.

Realiza un pormenorizado análisis de la Ley Federal de Educación (Ley No26.606), la Ley N°26.075 de Financiamiento Educativo y la Ley No24.049 de Transferencia de Servicios Educativos a las Provincias. Concluye que el mayor peso de contribución al financiamiento educativo está a cargo de la Nación. Cita jurisprudencia en abono de su postura. Afirma que si los fondos se transfieren a la provincia de Entre Ríos se estaría incurriendo en un acto discriminatorio con las otras jurisdicciones federales. Hace reserva del caso federal. b) La representante del Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, al contestar agravios, afirma que el apelante no realiza una crítica razonada y concreta del fallo recurrido. Seguidamente, analiza la decisión adoptada y concluye que debe confirmarse. Hace reserva del caso federal. c) El Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos solicita que se declare desierto el recurso por constituir una mera disconformidad con la sentencia. Afirma que la decisión es acertada ya que sigue los lineamientos de la CSJN en su Resolución N°3525/2019 que determina la aplicación del art. 111 de la Ley No19.550. Hace reserva del caso federal. d) El Sr. Fiscal General luego de analizar la normativa aplicable, propicia la confirmación del auto apelado.

III- Que se iniciaron las presentes cuando la Inspección General de Justicia el 11/09/1990 impulsó acción de liquidación contra Crédito integrado S.A. de ahorro para fines determinados, por carecer de autorización para funcionar, de conformidad a lo dispuesto por los arts.19 y 20 de la ley No19.550.

La sentencia del 29/03/1994 hizo lugar a la acción, desestimó la excepción de falta de legitimación para obrar opuesta por la accionada y estableció que la liquidación debía efectuarse de conformidad con las normas que resultaran compatibles de la ley No19.550. Se publicaron edictos para que los ahorristas se presenten, bajo apercibimiento de declarar prescriptos sus créditos, y, ante la falta de comparecencia de algunos, así fueron declarados.

El 01/12/2017 se informó a la CSJN que existían fondos correspondientes a los ahorristas, que no habían sido reclamados y en ese momento sumaban DóLARES ESTADOUNIDENSES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON NUEVE CENTAVOS (U$S 765.009).

El 19/11/2019 por Resolución N°3525/2019, obrante a fs. 2311/2313, el Máximo Tribunal precisó que «determinadas disposiciones de la ley General de Sociedades N°19.550 establecen de modo inequívoco como destino de fondos remanentes, en los distintos supuestos que aquella contempla, de su ingreso al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva, tal como lo prescriben sus artículos 18 y 19, además de concordemente su artículo 111 .». También valoró que la cuestión debía resolverse mediante una decisión jurisdiccional, con la debida intervención de la representación del Estado Nacional que disponga la Procuración del Tesoro de la Nación (art. 66 ley No24946). Por ello, resolvió requerirle a ésta que promueva o instruya la reclamación que corresponda con relación a los fondos de autos, y dispuso librar el Oficio respectivo.

Atento ello, la existencia de fondos disponibles y lo previsto en el art.111 de la Ley de Sociedades Comerciales, el Juez a quo ordenó librar oficio al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Educación de la Nación.

Luego de las presentaciones de dichos organismos, que podrían ser considerados como los legalmente facultados a reclamar los fondos de autos, el 23/09/2020 el Juez de primera instancia atribuyó al CONSEJO GENERAL DE EDUCACIóN DE LA PROVINCIA DE ENTRE RíOS, en tanto autoridad escolar de la jurisdicción, el fondo remanente de la liquidación de Crédito Integrado S.A. de ahorro para fines determinados.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, en relación a la deserción del recurso interesada debe observarse que los agravios de la apelante resultan suficientes a los fines de su tratamiento en esta instancia, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal en diversas oportunidades, por lo cual cabe rechazar tal planteo.

Sin perjuicio de ello, vale remarcar que sólo serán abordadas aquellas cuestiones que resulten conducentes para la solución del litigio (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, en las presentes actuaciones, el representante del cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, interpuso recurso de apelación contra la resolución de fecha 23/09/2020 que dispuso atribuir al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos los fondos depositados en el Plazo fijo Nominativo en dólares No 2650000011478. b) Que, previo al tratamiento del recurso de apelación planteado, corresponde efectuar un análisis de los distintos actos procesales ocurridos en autos y que dieran origen a la resolución que hoy resulta cuestionada. c) Al efecto, en fecha 01/12/2017 el Sr.Juez Federal Subrogante dispuso comunicar, mediante oficio, a la CSJN de la existencia de fondos correspondientes a los ahorristas que no se presentaron en autos a reclamar la oportuna devolución de sus acreencias, las cuales fueron declaradas prescriptas, atento lo dispuesto por el art. 14 del dec. 142277/43 (cfr. Fs. 2286/2287).

Atento dicha comunicación, la CSJN, mediante Resolución de fecha 04/12/2018 dictada en el Expte. No1048/2005 (cfr. Fs. 2305), solicitó al Juzgado Federal No 2 que le envíe copias certificadas de los dos últimos cuerpos del presente expediente e informe todo cuanto estime corresponder en relación a los fondos depositados.

En fecha 28/02/2019 se remitió Oficio No 242/2019 a la CSJN, mediante el cual se dio cumplimiento con lo requerido (cfr. Fs. 2310 y vta.).

Como consecuencia de ello, la CSJN dictó en el Expte. No 1048/2005 en fecha 13/11/2019 la Resolución No 3525/2019, cuya copia obra agregada a fs. 2311/2313, por medio de la cual en su punto 1), le requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación que promueva o instruya la reclamación que corresponda, con relación a los fondos depositados a la orden del Juzgado Federal No 2 de Paraná. (el resaltado es propio).

A su vez, en el punto 2) ordenó hacer saber al Juez de Grado que, respecto de la presente causa, proceda a ordenar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ac. N°3/2015 del Tribunal, especialmente, en su punto dispositivo 10 -notificación electrónica-, por advertirse no observado, así como todas aquellas que se refieran al funcionamiento del sistema de gestión judicial.

Finalmente, ordenó comunicar al Juzgado Federal No 2 lo dispuesto y librar oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación con copias de las fojas indicadas en dicha resolución.

Luego de ello, en fecha 20/11/2019, el Sr. Juez Federal ordenó dar cumplimiento con lo que le fuera requerido en el punto 2) de dicha resolución (cfr. Fs.2314).

Asimismo, en fecha 06/02/2020 dictó una providencia en la que -basándose en lo dispuesto por la CSJN mediante Resolución N°3525/2019, la existencia de fondos disponibles en la presente causa y la directriz emanada del art. 111 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550- dispuso librar oficios al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos, en su carácter de autoridad escolar de la jurisdicción, a los efectos de que tome la intervención que corresponda en estos actuados y ejerza los derechos que entienda pudieren corresponderle; y al Ministerio de Educación de la Nación, a los efectos que legalmente pudieren corresponder.

A su vez, ordenó que se notificara a la Procuración General de la Nación mediante cédula electrónica. d) En este estado, corresponde detenerse en el análisis de la providencia dictada por el Juez a quo en fecha 06/02/2020 y que diera origen a las diferentes presentaciones efectuadas en autos por el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y el Ministerio de Educación de la Nación y que culminara con la resolución de fecha 23/09/2020 (fs. 2363/2368), la que es objeto de análisis, en la cual el magistrado de grado reso lvió atribuir los fondos al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos.

Contra dicha resolución, el Dr. Julio Martín Martínez, delegado del Cuerpo de Abogados del Estado, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, interpuso recurso de apelación.

Posterior a ello, tomó intervención en autos el Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos y solicitó se le corra traslado de los agravios que oportunamente expresara el apelante, lo que así fue dispuesto.

Ahora bien, del análisis de lo anteriormente expuesto, puede concluirse que el Sr. Juez de Grado, al dictar la providencia de fecha 06/02/2020 (fs.2315), se extralimitó en sus facultades, toda vez que la CSJN en su Resolución No 3525/2019 le requirió a la Procuración del Tesoro de la Nación que «promueva o instruya la reclamación que corresponda, con relación a los fondos depositados.» y al efecto ordenó el libramiento del oficio respectivo, por lo que el Juez a quo debió esperar a que la Procuración del Tesoro de la Nación efectúe la presentación que estimara corresponda conforme le fuera requerido directamente por la propia CSJN.

Al ordenar el Sr. Juez a quo darle intervención al Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos y al Ministerio de Educación de la Nación, en base a la interpretación que aquel efectuara sobre el art. 111 de la Ley de Sociedades Comerciales 19550, ha ido más allá de lo que constituye el alcance dado por la CSJN a su Resolución No 3525/2019, toda vez que el análisis efectuado por ésta en relación al art. 111 de la ley No19550, fue una ponderación efectuada por el alto cuerpo en el marco del expediente No 1048/2005 y que no implicaban una directiva para el Juez de Grado, de hecho, a su respecto sólo manifestó que la «cuestión deberá resolverse en definitiva mediante una decisión jurisdiccional en la referida causa judicial, con la debida intervención de la representación del Estado Nacional que disponga la Procuración del Tesoro de la Nación, conforme la prescripción que emana del art. 66 de la ley No24946». (el resaltado es propio).

En la referida resolución, la Corte solo le indicó al Juzgado Federal No2 que proceda a dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ac.N°03/2015, en su punto 10.

De este modo, si la CSJN hubiera requerido que el a quo llevara adelante cualquier otro acto procesal vinculado a dicha resolución, se lo hubiera indicado, cuestión que no se corrobora en autos por lo que, existe un vicio de incongruencia al haber dispuesto sobre puntos que no tenían relación con lo que aquella resolución de la CSJN estableció, lo que la torna nula.

El Juez de Grado se ha extralimitado en sus facultades al dictar la providencia de fecha 06/02/2020, que dio lugar al dictado de la resolución de fecha 23/09/2019, generando un dispendio jurisdiccional innecesario y que tuviera como consecuencia la intervención de tres organismos que, hasta el momento, no habían participado de este proceso.

De este modo, se ha dicho que una sentencia puede ser incongruente si posee un vicio constructivo relacionado con su forma intrínseca cuando, por ejemplo, incluye a alguien que no hubiere intervenido o involucra cuestiones extran?as. (cfr. ENDERLE, Guillermo Jorge; «La Congruencia Procesal», Ed. Rubinzal-Culzoni; Santa Fe; 2007, pág. 306).

En este punto, no puede dejar de ponderarse el «principio de saneamiento», en virtud del cual deben otorgarse al juez o tribunal amplias facultades, para evitar y subsanar de oficio las omisiones o irregularidades que se presenten durante el desarrollo del proceso. (cfr. MAURINO, Alberto Luis; «Nulidades Procesales»; Ed. Astrea; Bs.As.; 1985; pág.76).

De este modo, es deber de este Tribunal observar los vicios intrínsecos de las resoluciones a revisión y, a los fines de garantizar la seguridad jurídica, subsanar irregularidades y encauzar debidamente este proceso conforme a los alcances de la Resolución de la CSJN No 3525/2019.

En razón de ello, no cabe más que declarar de oficio la nulidad de la resolución de fecha 06/02/2020 (fs.2315) y de todo lo actuado con posterioridad a su dictado y que posea directa vinculación con ella, debiendo el magistrado de grado estarse a lo dispuesto por la CSJN en el punto 1) de la resolución citada.

VI- A fs. 2352 el Dr. Diego Cruz Estevarena apela la resolución de fs. 2351 en tanto le deniega la regulación de honorarios dada la inoficiosidad de las tareas desarrolladas.

De las constancias de fs. 1037/1050vta., 1052/1061 vta. y 1130 surge que el Dr. Estevarena, en representación de Crédito Integrado S.A., propuso declarar la prescripción de los créditos que no habían sido reclamados e interpuso recurso de apelación contra la decisión del 26/08/1997 que aprobó el informe final del interventor actuante y reguló honorarios. Posteriormente, la parte demandada otorgó poder a los Dres. Néstor Jorge Musto y Claudia Musto de Aranda, que desistieron del recurso interpuesto por el Dr. Estevarena respecto de las cuestiones de fondo.

De este modo, atento el resultado obtenido con la actividad brevemente resen?ada, se concluye que la misma ha resultado inoficiosa. En conclusión, se rechaza el recurso interpuesto a fs. 2352.

VII- Que, en cuanto a las costas de esta instancia, se advierte que las particularidades del caso justifican el apartamiento del principio general de la materia y su imposición en el orden causado (art. 68, primer párrafo del CPCCN).

VIII- Que, no corresponde regular honorarios de acuerdo a lo dispuesto en el art.2 ley No27423.

Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Declarar de oficio la nulidad de la resolución de fecha 06/02/2020 (fs. 2315) y de todo lo actuado con posterioridad a su dictado y que posea directa vinculación con ella, debiendo el magistrado de grado estarse a lo dispuesto por la CSJN en el punto 1) de la resolución citada.

Rechazar el recurso interpuesto por el Dr. Diego Cruz Estevarena y confirmar la resolución de fs. 2351.

Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art.68, segundo párrafo, del CPCCN).

No regular honorarios de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2 ley 27423.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ BEATRIZ ESTELA ARANGUREN MATEO JOSé BUSANICHE EN DISIDENCIA

DISIDENCIA DEL SR. VOCAL DE CAMARA, DR. MATEO JOSé BUSANICHE:

Y VISTOS:. CONSIDERANDO: I-. II-. III-. IV-. V- Que, como ya se dijo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19/11/2019 por Resolución N°3525/2019, obrante a fs. 2311/2313, precisó que «determinadas disposiciones de la ley General de Sociedades N°19550 establecen de modo inequívoco como destino de fondos remanentes, en los distintos supuestos que aquella contempla, de su ingreso al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva, tal como lo prescriben sus artículos 18 y 19, además de concordemente su artículo 111».

Los mencionados artículos -en lo que aquí interesa- disponen «Art.18: Liquidación. .realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresará al patrimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva»; Art.19: Sociedad de objeto lícito con actividad ilícita. Cuando la sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el artículo 18; Artículo 111: Destino a falta de reclamación. Los importes no reclamados dentro de los noventa (90) días de la presentación de tales documentos en el Registro Público de Comercio, se depositarán en un banco oficial a disposición de sus titulares.Transcurridos tres (3) an?os sin ser reclamados, se atribuirán a la autoridad escolar de la jurisdicción respectiva» (lo resaltado nos pertenece).

Que, el análisis realizado por el magistrado de grado en relación a los conceptos de «autoridad escolar» y «jurisdicción respectiva» luce acertado en tanto la Ley No26.206, Ley Federal de Educación, reorganiza el sistema educativo nacional y dispone que las distintas jurisdicciones participarán en el desarrollo e implementación del sistema educativo.

El Ministerio de Educación de la Nación es el garante fundamental del funcionamiento del sistema educativo mientras que las autoridades jurisdiccionales son aquellas a cuyo cargo quedaron el 100% -salvo determinados establecimientos que se reservó, que se encuentran todos en C.A.B.A.- de los establecimientos escolares con posterioridad al dictado de la Ley No24.049. Esta ley facultó al Poder Ejecutivo Nacional a transferir, a partir del 1 de enero de 1992, a las provincias, los servicios educativos administrados en forma directa por el Ministerio de Cultura y Educación y por el Consejo Nacional de Educación Técnica, así como también las facultades y funciones sobre los establecimientos privados reconocidos.

Es por eso que actualmente, todos los establecimientos escolares son de jurisdicción provincial, por tanto, la fórmula «autoridad escolar de la jurisdicción respectiva», debe interpretarse como autoridad escolar de la Provincia de Entre Ríos.

En consecuencia, los agravios del Ministerio de Educación de la Nación no serán admitidos ya que la profusa normativa que cita no hace más que reafirmar el rol de la autoridad educativa nacional como articulador y garante fundamental del sistema, mientras que el Consejo de Educación de la Provincia de Entre Ríos tiene a su cargo el pago de los gastos y los sueldos que demanda el funcionamiento de las escuelas de la provincia.

Por lo expuesto, se considera que la decisión adoptada por el juez obrante a fs. 2363/2368, debe ser confirmada.

VI-. VII-.

Por ello, SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el representante del Estado Nacional y confirmar la resolución de fs. 2363/2368.

Rechazar el recurso interpuesto por el Dr. Diego Cruz Estevarena y confirmar la resolución de fs. 2351.

Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

No regular honorarios de acuerdo a lo dispuesto en el art. 2 ley 27423.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSE BUSANICHE

JUEZ DE CAMARA

CINTIA GRACIELA GOMEZ

JUEZ DE CAMARA

EVA SENKMAN

Secretaria de Cámara

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

JUEZ DE CAMARA

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