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#Fallos Televisión y derecho a la imágen: Las imágenes y voces de personas en una investigación periodística captadas mediante ‘cámara oculta’, viola el derecho a la imagen y la voz, cuando su uso era innecesario para lograr su objetivo

Partes: M. R. E. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 23-mar-2021

Cita: MJ-JU-M-131371-AR | MJJ131371 | MJJ131371

La captación mediante ‘cámara oculta’ de imágenes y voces de personas en una investigación periodística viola el derecho a la imagen y a la voz de aquellas, cuando su utilización era innecesaria para lograr la finalidad perseguida.

Sumario:

1.-El canal de televisión, el productor televisivo y los periodistas codemandados son responsables por la violación del derecho a la imagen y a la voz de las actoras, que fueron captadas mediante una cámara oculta en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público, pues en el caso es evidente que el empleo de ese medio no era necesario para lograr la finalidad perseguida por la investigación debido a existían filmaciones acerca del estado de la institución pública investigada y con múltiples testimonios que daba cuenta de su estado calamitoso, y en ese marco, las declaraciones de las funcionarias actoras no revelaron ningún aspecto oculto del funcionamiento de la institución, ni eran imprescindibles para ilustrar la situación que aquella atravesaba.

2.-El hecho de que una investigación periodística tuviera un objeto de interés público no justifica de por sí el uso de una cámara oculta y era necesario, adicionalmente, demostrar que su empleo era imprescindible para lograr la finalidad buscada.

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3.-En los casos en los que el recurso a una cámara oculta puede encontrarse justificado, debe acompañarse del empleo de métodos que impidan reconocer a la persona de los retratados, salvo que eso resulte imprescindible para divulgar la noticia de interés público en cuestión.

4.-La cámara oculta es un recurso que, en principio -y precisamente, por su carácter subrepticio y sorpresivo para el retratado-, tiene gran aptitud para lesionar derechos personalísimos tales como la imagen, el honor o la intimidad, y solo en casos especialísimos puede admitirse su empleo, cuando resulte imprescindible para revelar una noticia de interés público que, de otro modo, no podría documentarse.

5.-La circunstancia de que en la realización de una investigación periodística se haya empleada una cámara oculta no implica necesariamente la ilicitud en la utilización de las imágenes obtenidas, pero, para que su empleo sea pertinente, se deben reunir ciertos requisitos estrictos, tales la adopción de métodos que impidan identificar a las personas filmadas.

Fallo:

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 23 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, en acuerdo -en los términos de los arts. 12 y 14 de la acordada n.° 27/2020 de la C.S.J.N.- los señores jueces de la Sala «A» de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: «M., R. E. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios» y «Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», respecto de la sentencia única de fecha tres de mayo de 2019, establecen la siguiente cuestión a resolver:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo, resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señores jueces de cámara doctores: SEBASTIÁN PICASSO – RICARDO LI ROSI

A LA CUESTIÓN PROPUESTA, EL DR. SEBASTIÁN PICASSO DIJO:

I.- La sentencia única dictada en fecha tres de mayo de 2019 -y reproducida en los dos expedientes que enseguida se mencionarán- rechazó, en los autos «M., R. E. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», la demanda interpuesta por R. E. M. contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santos Virgilio Biasatti, con costas por su orden. Asimismo, en los autos «Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», el pronunciamiento precitado desestimó la demanda presentada por Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santos Virgilio Biasatti, con costas por su orden.

Contra dicho pronunciamiento se alzaron sendas demandantes, quienes expresaron agravios con fecha 17/8/2020 (la Sra. M.) y 29/10/2020 (la Sra. Arcángeli), siempre en los expedientes respectivos.La contestación a la primera de esas dos presentaciones fue declarada extemporánea por este tribunal el día 14/9/2020, mientras que la segunda fue replicada por los demandados con fecha 6/11/2020.

II.- Memoro que los jueces no están obligados a hacerse cargo de todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes ni a analizar las pruebas producidas en su totalidad, sino que pueden centrar su atención únicamente en aquellos que sean conducentes para la correcta decisión de la cuestión planteada (art. 386, Código Procesal).

Asimismo, aclaro que, al cumplir los agravios de Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, la crítica concreta y razonada que prescribe el art. 265 del Código Procesal, en aras de la amplitud de la garantía de defensa en juicio, y conforme al criterio restrictivo que rige en esta materia (Gozaini, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426), no propiciaré la sanción de deserción que postulan los demandados en las presentaciones electrónicas de fecha 6/11/2020 Finalmente, creo menester poner de resalto que, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código Civil derogado. Por consiguiente -y con excepción de ciertas normas puntuales de la nueva legislación que resultan inmediatamente aplicables, según se expondrá en cada caso-, la cuestión debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultractividad en este supuesto (art. 7, Código Civil y Comercial de la Nación; vid. Roubier, Paul, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Dalloz, Paris, 2008, p.188/190; Kemelmajer de Carlucci, Aída, La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

III.- Estimo oportuno efectuar un breve relato de los hechos que motivaron el presente proceso.

A fs. 106/117 de los autos «M., R. E. c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios», se presentó R. E. M. y promovió una demanda de daños y perjuicios contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santo Virgilio Biasatti.

Relató que ella trabajó como asistente social en el Instituto Nacional para Ciegos Román Rosell, y que el día 12 de noviembre de 2004 se presentó en la institución la Sra. Teresa Fernández junto con su hija, la menor de edad Soledad Mayorga, acompañadas por quien manifestó ser tío de esta última, quienes solicitaron la internación de Soledad y, a tales efectos, mantuvieron una entrevista con la demandante. Señaló que, en esa oportunidad, les aclaró que la niña no podía ser internada, pues era menor de edad y porque la resolución n.° 925, del 29/9/2004, del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia suspendió las internaciones en el instituto, por razones edilicias. Agregó que, con posterioridad a esta reunión, se presentó en el instituto María Laura Santillán, quien se entrevistó con la directora, Graciela Beatriz Arcángeli, e interrogó a esta última sobre el rechazo de la admisión que de Soledad.Destacó que todos estos sucesos fueron filmados en forma oculta y sin su consentimiento, y que concluyeron en un informe periodístico emitido los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2004 en el programa televisivo Telenoche, que se transmitía por Canal 13 a las 20.00 hs., en la sección «Telenoche Investiga»; informe este que fue denominado «Ojos bien cerrados». A raíz de este informe, la demandante dijo haberse sentido difamada, humillada y usada como ejemplo de funcionarios «i» (ineptos, inoperantes, indolentes, etc.), y añadió que se violaron sus derechos al honor, la imagen y la intimidad. Por otra parte, a fs. 11/25 de los autos «Arcángeli de Cañete, Graciela Beatriz c/ Arte Radio Televisivo Argentino S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios» se presentó Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, e interpuso una demanda de daños y perjuicios contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santo Virgilio Biasatti. Relató que, durante el segmento del programa Telenoche investiga en el que fue presentado el aludido informe denominado «Ojos bien cerrados», los demandados manifestaron que el lugar donde funcionaba el instituto había sido descuidado, que muchas actividades habían dejado de funcionar, y que se había empezado a negar el alojamiento a quienes lo pedían. Aseguró que los demandados le endilgaron a ella el desinterés, el abandono y el descuido del instituto, y la responsabilizaron por el rechazo del pedido de alojamiento efectuado por varias personas, cuando, en realidad, esa situación obedeció a expresas disposiciones emitidas por los funcionarios públicos y autoridades superiores. Agregó que fue filmada subrepticia y clandestinamente, y que se emitió al aire una reunión privada que mantuvo con María Laura Santillán, quien, a pesar de todas las advertencias y falta de autorización para ello, grabó en forma oculta el encuentro y el contenido de la conversación y lo divulgó en el medio televisivo.Reclamó el daño moral y el «psicológico» que dijo haber sufrido por la violación de sus derechos al honor y a la imagen.

IV.- Estimo que los planteos referidos a la difusión de las cámaras ocultas involucraron tres aspectos: la lesión del derecho al honor de las actoras, la de su derecho a la intimidad, y la de su imagen.

Correspondería entonces traer a colación la asentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se ha ocupado de establecer en qué términos se compatibiliza la libertad de expresión con los derechos personalísimos a la intimidad y el honor de las personas. En tal sentido, nuestro cimero tribunal ha adoptado distintos estándares según cuál sea el supuesto analizado. En particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación distingue según que los daños cuya reparación se reclama hayan sido ocasionados por la difusión de informaciones inexactas, de noticias verdaderas, o de simples opiniones.

En el primer caso (difusión de informaciones inexactas, o cuya exactitud, al menos, no ha sido comprobada) resulta aplicable la doctrina «Campillay» (CSJN, Fallos 308:789; 316:2394 y 324:4433 , entre muchos otros) que, como es sabido, sostiene la falta de responsabilidad de los medios de prensa si han tomado determinados recaudos al difundir la noticia. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que, cuando un órgano periodístico difunde una información que puede rozar la reputación de las personas, para eximirse de responsabilidad debe hacerlo atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, utilizando un tiempo verbal potencial, o dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho (Fallos, 308:789, considerando 7°, entre muchísimos otros).

Ahora bien, si los recaudos enunciados anteriormente no fueron cumplidos por el medio de comunicación, deberá examinarse si la noticia involucra a un funcionario público o figura pública, o bien a un ciudadano privado.En el primer caso, resultará de aplicación la doctrina de la «real malicia», es decir que, para hacer responder al medio de difusión, deberá encontrarse debidamente acreditado que la noticia fue divulgada con conocimiento de su falsedad, o con notoria despreocupación acerca de su veracidad o falsedad (CSJN, 24/6/2008, «Patitó, José Ángel y otros c/ Diario La Nación y otros», LL, 30/10/2008, p. 7; ídem, 13/12/11, «Melo, Leopoldo Felipe y otros c/ Majul, Luis Miguel s/ daños y perjuicios» , entre muchos otros). Por el contrario, si el afectado es un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública, no juega el factor de atribución que exige la doctrina mencio nada en último término, y basta con la simple culpa del emisor de la noticia para comprometer su responsabilidad (CSJN, 1/8/2013, «B., J. M.; M. de B., T. – Tea S.R.L. c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.» , RCyS 2013-XII, 141; íd., 27/11/2012, «E., R. G. c/ Editorial la Capital S.A. s/ indemnización» , LLOnline AR/JUR/65343/2012).

Un estándar distinto juega cuando la información difundida es verdadera. En este supuesto, son inaplicables tanto la doctrina «Campillay» como la de la «real malicia», pues ambas parten de la base de que se han afirmado hechos inexactos, o cuya veracidad, al menos, no ha podido ser acreditada (CSJN, caso «Patitó», ya mencionado, considerando 8° del voto de la mayoría; ídem, 16/11/2009, «Brugo, Jorge Ángel c/ Lanata, Jorge y otros», considerando 9° del voto de la mayoría). En este grupo de casos -en los que normalmente aparece afectada la intimidad-, el estándar relevante es la existencia o no de un interés público prevaleciente que justifique la difusión de la noticia y valide la intromisión en la esfera privada de las personas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 29/11/2011, «Fontevecchia y D’Amico c/ Argentina», LL, 16/3/2012, p.3; CSJN, 11/12/1984, «Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A», Fallos 306:1892; ídem, 8/5/2007, «O, N. M. c/ T., M. y otro», voto en disidencia de los Dres. Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, ED, 17/8/2007, p. 2, con nota de Emilio A. Ibarlucía; esta sala, 3/11/2009, «A., A. M. c/ Artear S.A. y otros»; esta cámara, Sala K, 31/10/2000, «Romano, Samanta c/ Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y otros», JA, 11/4/2001, p. 29, con nota de Ramón D. Pizarro; ídem, Sala E, 25/11/2005, «R., H. c/ Ediciones Paparazzi S.A.»,; ídem, Sala F, 26/6/2007, «S, R. A. c/ Arte Gráfico Editorial Argentina S.A.», LL, 28/3/2008, p. 3; ídem, Sala E, 7/11/2008, «S., G. A. y otro c/ La Nación S.A. y otro», RCyS, marzo de 2009, p. 78).

Debe señalarse que, en estas situaciones, no basta con que la información se refiera a una persona pública o un funcionario público, sino que, para validar la intrusión en la intimidad, es preciso que -más allá de ello- medie un interés público concreto que justifique la difusión de la noticia. Pues como lo ha dicho el máximo tribunal nacional: «.en el caso de personajes célebres cuya vida tiene carácter público o personajes populares, su actuación pública o privada puede divulgarse en lo que se relacione con la actividad que les confiere prestigio o notoriedad y siempre que lo justifique el interés general.Pero ese avance sobre la intimidad no autoriza a dañar la imagen pública o el honor de estas personas y menos sostener que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda intromisión.» («Ponzetti de Balbín c/ Editorial Atlántida S.A.» , cit.).

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más recientemente, ha elaborado un nuevo estándar, que se aplica no ya a la afirmación de hechos -ya sean ellos verdaderos o falsos-, sino a la emisión de opiniones o juicios de valor. En este caso debe establecerse nuevamente si esa clase de juicios se refiere a asuntos de interés público, pues si así fuera existe una total libertad para decir lo que se quiera, con el único límite de las expresiones insultantes (CSJN, causas «Patitó» -considerando 8° del voto de la mayoría- y «Brugo» -considerando 9° del voto de la mayoría-, ya citadas; ídem, 30/10/2012, «Quantín, Norberto Julio c/ Benedetti, Jorge Enrique y otros»; ídem, 14/8/2013, «C. C., R. A. c/ A., S.E. y otros», elDial.com, AA8102. entre otros).

Sobre la base de estos parámetros, corresponde ingresar en el análisis de las cuestiones planteadas en el sub lite.

Conforme surge del video adjuntado a las presentes actuaciones, los programas se transmitieron los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2004 bajo la metodología del periodismo de investigación, en el programa televisivo Telenoche, y más precisamente, en una sección de este conocida como «Telenoche Investiga».

Respecto de los hechos que motivaron a las demandantes a iniciar el presente proceso, en el primer programa se observa que, en un adelanto del informe, un locutor -mientras se mostraban imágenes de un edificio deteriorado- refirió: «Este lugar fue creado para alojar a personas ciegas, para que se capaciten y practiquen deportes; sin embargo, lo están dejando morir. Ojos bien cerrados, primera parte del trabajo de ‘Telenoche Investiga’»; y agregó, en otro adelanto:»este lugar fue creado para facilitarle la vida de los que no ven, pero los que ven, se encargaron de complicarlo todo. Ojos bien cerrados, primera parte del trabajo de ‘Telenoche Investiga’». (sic).

Luego, ya con el relato en off, o superpuesto, de María Laura Santillán -mientras se trasmitieron imágenes de: a) una persona no vidente caminando por una vereda, a la que le fueron colocados micrófonos y una cámara oculta; b) las demandantes y el deterioro del Instituto Rosell, y c) el ingreso de María Laura Santillán a este último-, se mencionó: «Este hombre no ve, pero va a descubrir un mundo de sombras y despojos, va a entrar al único Instituto Nacional para Ciegos que hay en el país. Con una cámara verá lo que los ojos le niegan, la injusticia, el desinterés, el abandono, y demostrará todo ante los ojos de quienes pueden ver, pero niegan» (sic).

Después de la pausa, los dos periodistas demandados -sentados alrededor de una mesa redonda- comenzaron con el informe.En particular, Santo Biasatti refirió que «Ojos bien Cerrados» era el nuevo trabajo de Telenoche Investiga, y luego María Laura Santillán apuntó: «vamos a arrancar con un poco de historia si te parece, vamos a hablar del instituto para ciegos Román Rosell que fue inaugurado en 1941 y que ocupa un predio de 7 hectáreas sobre la avenida Tomkinson, en San Isidro, y que su nombre se lo debe a Don Román Rossel, que fue un millonario, que después de superar un episodio de ceguera, donó el terreno al Estado para asistir a los ciegos, pero no era una donación cualquiera, tenía condiciones muy claras y muy estrictas (.). Básicamente, pedía Román Rosell, quería que se transformara en un asilo que diera comida, educación y capacitación laboral gratis a personas con una severa disminución de la visión, o a personas totalmente ciegas (.). Durante décadas, sucedió tal como había pedido Román Rossel, pero con el tiempo todo cambió, se descuidó, muchas actividades dejaron de funcionar y hasta se empezó a negar alojamiento a quienes lo piden, Ojos bien cerrados, primera parte deltTrabajo de Telenoche Investiga» (sic).

En forma inmediata fueron al informe – mientras exhibieron imágenes desde un helicóptero que sobrevolaba el instituto-, y la periodista Santillán relató: «San Isidro, en esta zona sobre la avenida Tomkinson la tierra vale oro, las inmobiliarias calculan que el metro cuadrado cuesta unos 180 dólares, en uno de los lugares más cotizados del Gran Buenos Aires, las 7 hectáreas que ocupa el Instituto Román Rosell ha sido un tesoro intocable. Cuando decidió donarlo en 1933, don Román Rosell no llegó a imaginar los intereses políticos y comerciales que iban a envolver a este predio. Su único objetivo fue que el Estado creara un lugar que le facilitara la vida a los ciegos y así lo detalló en su legado.Tuvo su época de oro en la época del 60 cuando se convirtió en un centro de atención para ciegos modelo en toda América» (sic). Acto seguido, se mostraron imágenes de cómo era el instituto en el pasado.

Además, refirió el informe que una publicación de la época describía al lugar de la siguiente manera: «los interiores, geneR.mente ventilados e iluminados, alegres y claros y, dentro de su lógica sobriedad, no exentos de elegancia» (sic).

Santillán continuó su relato superpuesto (en off), sobre imágenes de espacios del instituto en ruinas: «Pero el tiempo y el desinterés oficial lo fueron desmantelando hasta convertirlo en esto (.). Con una cámara oculta, un ciego pudo registrar lo que sus ojos no ven, en la entrada del instituto había un cartel en braille en el que se explicaba la disposición del predio, esto queda hoy. A pesar de la ausencia del cartel, nuestro denunciante ciego se mueve sin problemas en el lugar, después de muchos años conoce el lugar a la perfección, pero, aun así, encuentra obstáculos que resultan tan absurdos como peligrosos; a quién se le ocurre, por ejemplo, cruzar un palo en la entrada de un pabellón para ciegos» (sic). Durante este relato, se presentaron imágenes del mal estado de las instalaciones eléctricas y las calderas, de caballos sueltos pastando,

y de un tanque australiano que, según los dichos de la periodista, solía ser una pileta que «ahora junta mugre».

Luego de esto, el programa reprodujo una entrevista entre Santillán y el secretario de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, Juan Carlos Bertone.Este último, ante la pregunta de la periodista acerca de cuándo empezó a notarse que la política del instituto se alejaba de la misión original, respondió: «Desde que yo vivo acá en Argentina, paulatinamente siempre se fue viendo que cada vez se brindaba menos, que cada vez los funcionarios le estaban dedicando menos interés, menos todo, a lo que es el instituto, a lo que es la discapacidad (.) En algún momento una persona ciega podía ir a estudiar música, podía ir a aprender braille, ir a aprender computación, podía ir a aprender orientación y movilidad. Hoy por hoy, lamentablemente no se puede» (sic).

Seguidamente, pasaron a mostrarse filmaciones de pequeñas casas de madera que fueron construidas para lugares de rehabilitación y que -según el relato de Santillán-, por sus malas condiciones «son la imagen de la desidia» (sic), de un pabellón de deportes con duchas y vestuarios destrozados, y de una cancha de futbol en mal estado, donde -según comentaron- solía jugar y entrenar el equipo de futbol «Los Murciélagos».

Volvieron a la entrevista, y Bertone sostuvo que en el insti tuto se ocupaban de promover las actividades deportivas antes que el estudio del lenguaje braille, dado que no había docentes para tal fin.

De allí se pasó a reproducir un reportaje a Viviana Sabatini, quien dijo ser ex maestra del Instituto Román Rossel, y relató: «no existe actividad educativa en estos momentos en el Instituto Rossel. Siempre fui la única profesora de ciegos (.) En estos momentos no hay nadie (.). El Instituto Román Rossel, desde mi punto de ver, ahora es un caos (.). Una persona ciega que llega en estos momentos al instituto se encuentra en estos momentos con un equipo técnico que no sabe nada (.). Donde hay un instituto para ciegos no se puede hablar con señas, me parece una falta de respeto que la mayoría de las personas que trabajan en el instituto se hacen negar, estando.Faltan mucho el respeto a las personas ciegas (.).

En el instituto no hay absolutamente nada, lo único que está es la parte de deportes, que es lo que siempre se mantuvo, y nada más» (sic).

El programa continuó mostrando imágenes de espacios deteriorados, mientras que la locución superpuesta de Santillán destacó: «esto son señales evidentes de que el instituto está muy lejos de ser lo que Román Rosell imaginó; pero hay algo todavía más inexplicable: desde hace un par de años, quienes lo dirigen ya no aceptan los pedidos de alojamiento que llegan de todas partes del país, inexplicablemente hoy el asilo niega asilo (.) El lugar se está despoblando, de los 250 internos que había en 1960, quedan 27» (sic). Agregó -mientras se mostraban imágenes de personas no videntes-: «Juan vino de Santa Cruz, Carlos de Misiones, Fernando de Colón, igual que Leandro, Soledad es de Pilar. Todos ellos tenían suficientes motivos para ser alojados en el instituto, pero no lo consiguieron. Mañana vamos a mostrar cómo se le niega asilo a una persona ciega y careciente de apenas 14 años» (sic).

Pasaron luego a transmitir la imagen de una mujer detrás de un escritorio -sin especificar su nombre-, que dijo:

«Rotundamente no podemos internar.Así, rotundamente» (sic). Sin solución de continuidad, el relato en off de la periodista señaló: «Con una cámara oculta, también va a registrar lo que no puede ver» (sic).

De nuevo en el estudio, Santo Biasatti comentó: «Acabamos de escuchar testimonios, de ver imágenes crudas, muy duras pero contundentes; llega el momento de preguntas.

¿Se está dejando morir este instituto por insensibilidad, por desidia o

por otra cosa?» (sic). A lo que Santillán respondió: «Santo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la cantidad de discapacitados visuales que tenemos en el país; hay más de 300.000, es la segunda causa de discapacidad en el país, y con estos números la pregunta que nos hacemos acá, y que seguramente se hacen ustedes también en sus casas: ¿se puede prescindir de un instituto como el Román Rossell? Pareciera que no (.). La historia cuenta que el abandono empezó en la década del 90. Actualmente el instituto depende del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (.).

La titular actual del Consejo, la Sra. Beatriz Orloski, nos mandó un comunicado en el que admite haber comprobado irregularidades en la situación de los internos y también en el desempeño del personal, y también dice que tuvo que suspender la internación de nuevos pacientes hasta que se solucionen las deficiencias edilicias. Pero Santo, esto no se termina acá; además de lo que vimos, además de sorprendernos, mañana nos vamos a indignar con lo que vamos a ver» (sic). Inmediatamente se transmitió una placa informativa que mencionó: «es el resultado de años de funcionarios insensibles». Así concluyó la primera parte de la investigación.

La emisión del informe continuó al día siguiente.En esa oportunidad, la voz de María Laura Santillán relató:

«Soledad tiene 14 años, es ciega y su familia no tiene recursos, pero tiene la ilusión de poder estudiar (.). Su solución es internarse en el único asilo para ciegos que tiene el Estado» (sic).

Luego de esto, aparecieron imágenes de la demandante R. E. M., donde se la mostró negando la internación «por resolución» (sic).

Al respecto, la periodista Santillán refirió:

«la resolución que menciona es la 925 del 23 de septiembre de 2004, que dice que se suspende en forma transitoria el ingreso de nueva población por las deficiencias edilicias del instituto. Esta resolución no solo va a contramano de lo que exigió Román Rosell, sino que, además. anula otra resolución, la 625 del 10 de julio de 2002. que decía lo contrario (.). Por entonces se argumentaba que, por la situación de crisis económica y social de nuestro país, el instituto sería utilizado para las personas ciegas que lo necesiten. Fuimos al instituto a buscar una explicación» (sic).

En este punto, el programa comenzó a mostrar una filmación de María Laura Santillán ingresando al Instituto Rosell, entrando a una oficina, y sentándose en una silla. Allí entrevistó a una mujer que también se encontraba sentada, pero del otro lado del escritorio. Mientras tanto, la voz de la periodista, superpuesta a estas imágenes, comentó: «Nos recibió la coordinadora administrativa y actual directora subrogante sin dar muchas respuestas».

Allí comenzó una entrevista entre la ya mencionada periodista y la demandante Arcángeli de Cañete. Santillán le preguntó: ¿Qué pasa cuando viene una persona muy necesitada, porque no puede viajar, porque no le alcanza la plata?Le dicen que la resolución es esta y chau, ¿o tienen una posibilidad?». La entrevistada respondió: «No, hay posibilidad, no es tan así, según la condición de la persona» (sic). Luego, la periodista hizo referencia al caso de Soledad, al rechazo de su admisión, y a la resolución en que se fundó tal situación; a lo que la demandante Arcángeli dijo: «Sí, no hay lugar acá. Acá son toda gente vieja. O sea, yo si fuera mi hija no la traería acá, ¿me entendés? (.). Claro, no sé. Se le hizo la evaluación la asistente social, no sé en que quedó (.). Claro, cómo había quedado no sé; yo sé que mantuvo una entrevista con la asistente social» (sic).

Entonces se pasó a mostrar nuevamente la filmación oculta a la trabajadora social M., cuando dijo:

«Rotundamente no podemos internar. Así, rotundamente» (sic).

Mientras se reproducían los videos de las dos entrevistas, Santillán, con su voz superpuesta a estas últimas, apuntó: «Con liviandad descargó la responsabilidad en su empleada, que a su vez le echó la culpa a sus superiores (.). En este círculo vicioso de excusas, la desidia y el grotesco gobiernan desde hace años a su antojo. El instituto se muere, y Soledad se queda afuera» (sic).

Nuevamente en el estudio, Santo Biasatti remarcó que el relato fue desgarrador, y que Soledad pidió entrar al instituto, se lo negaron, y no pudo hacer la vida que hizo antes. María Laura Santillán añadió: «Sí, y además del colegio del que habla Soledad, es un colegio especial que funciona dentro del instituto, que depende del instituto, es un colegio provincial en donde un grupo maestros trabaja a destajo con nenes y bebes ciegos a pesar de las enormes deficiencias, de las pésimas condiciones del edificio; nada tienen que ver con funcionarios, ellos harían todo lo posible por recibir a Soledad, pero la situación los supera (.). El caso de Soledad se repite a diario, Santo, se repite con otras personas.La resolución de septiembre de 2004 que impide nuevos asilos, que prohíbe nuevos asilos. Mañana vamos a demostrar que los rechazos se vienen repitiendo desde mucho antes de que esa resolución de septiembre existiera. Encontramos y entrevistamos a chicos de todo el país que quedaron sin rehabilitación, que pidieron desde mucho antes ser asilados, y bueno, los funcionarios responsables dicen que en el país hay otras 170 instituciones. Nosotros no lo pudimos comprobar que existieran tantas instituciones en el país que se hicieran cargo de los no videntes (.). Vamos a ver mañana hasta dónde llegó el abandono» (sic). De esta manera concluyó la segunda parte del informe.

El tercer día, la investigación de Telenoche Ivestiga comenzó con la narración de la periodista demandada: «Los funcionarios mencionan una resolución que impide nuevas admisiones hasta que se mejore el estado del edificio. Ahora vamos a demostrar que mucho antes de esa resolución ya se negaba el asilo a quienes lo pedían. Los funcionarios también dicen que quienes no entran al instituto son derivados a dicen 170 centros de rehabilitación que, según ellos, existen en todo el país. Vamos a comprobar, Santo, que en muchos casos eso tampoco ocurre» (sic).

Seguidamente se trasmitieron entrevistas a personas no videntes y a familiares de ellas, a los que se negó el asilo.

Luego Santillán sostuvo: «El legado escrito de Román Rosell, hace 70 años, decía que el asilo tenía por objetivo alojamiento, alimentación, vestido, asistencia médica e instrucción, con el único objetivo de proporcionar medios de vida que permitan a la persona ciega bastarse a sí misma. Hoy, el instituto se está quedando vacío, abandonado, y además, fragmentado. Parte de sus siete hectáreas fueron cedidas por la dirección del instituto a la Municipalidad de San Isidro para que funcione una sala materno infantil y un colegio diferencial; hasta se colocó un alambrado para destacar la división del predio.Lejos de las especulaciones que hablan de un inminente cierre y venta de las tierras, ellos esperan que alguien les dé una mano» (sic).

Ante esta exposición, Biasatti dijo: «El Instituto Rosell depende del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Qué dicen sus funcionarios?». Santillán replicó: «Para el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la suspensión de internaciones en el instituto no debería preocupar, porque dicen, también, que en el país existen 170 lugares capaces para darles cabida a los discapacitados visuales para rehabilitarlos. Pero muchos de esos lugare, no son lugares para rehabilitar discapacitados visuales, son escuelas a las que no pueden ir los chicos porque ya son adultos, o simplemente son instituciones

que no tienen nada que ver con la rehabilitación. Esa es la cuestión» (sic).

Frente a ese comentario, Biasatti remarcó:

«Bueno, hablamos del Instituto Rosell otra vez; no hay dudas de que se trata de otro caso de elefantes enormes blancos de la burocracia argentina» Y María Laura Santillán finalizó el informe de esta manera: «El instituto es sin dudas un elefante blanco, es un elefante, además, ingobernable, porque es enorme, y hasta despreciado, y hay datos demasiados groseros como para conformarnos como que el problema se debe solamente a un escaso presupuesto. En 1960 recordemos que había 250 internos y 30 empleados en todo el edificio, y hoy hay apenas 27 internos y 35 empleados públicos.Llegó el momento de que quienes pueden ver vean, decidan y hagan para honrar la memoria de don Román Rosell, el hombre que donó estas tierras en beneficio de los ciegos y para evitar que chicos como Leandro terminen a los 22 años viviendo en un geriátrico» (sic).

Expuestos de este modo los sucesos que motivaron el inicio de las presentes actuaciones, pasaré a analizar los aspectos de lo decidido que son objeto de crítica por parte de las apelantes.

No caben dudas, y ya no se discute en esta alzada, de que la investigación periodística en cuyo marcó se mostraron imágenes de las demandantes versó sobre una cuestión de interés público. La noticia del mal estado edilicio en el que se encontraba el instituto Román Rosell, de su falta de adecuada infraestructura y personal, y más precisamente, de que aquel ya no otorgaba asilo, en la modalidad de residencia, a individuos que lo necesitaban, se relacionó con el deficiente desempeño de una entidad dependiente del Estado Nacional y gestionada por funcionarios públicos, para el cumplimiento de cometidos de interés general.

Ahora bien, como puede observarse, la investigación que se llevó a cabo versó sobre tres ejes, que estimo oportuno remarcar: a) la historia del instituto y la finalidad con la que Román Rosell donó esa propiedad al Estado; b) las malas condiciones edilicias, de infraestructura, y de recursos humanos, así como la falta de actividades educativas que tenía el instituto al momento de la investigación, y c) la falta de asilo, en la modalidad de residentes, a personas que necesitaban contar con esa posibilidad.

En este contexto, no encuentro que la investigación haya versado sobre noticias falsas o inexactas, sino que, por el contrario, se trató -sustancialmente- de acontecimientos verdaderos, que fueron abonados mediante diversas imágenes, y validados mediante el relato de testigos, e incluso por los comentarios de las propias demandantes.Por consiguiente, son inaplicables -en principio- tanto la doctrina «Campillay» como la de la «real malicia», y poco importa ya el análisis de si las apelantes eran o no funcionarias públicas, pues el estándar relevante es la existencia o no de un interés público prevaleciente que justifique la difusión de la noticia y valide la intromisión en la esfera privada de cualquier persona.

En puridad, en el informe de investigación que se transmitió en el programa Telenoche Investiga se reprodujeron imágenes grabadas en forma oculta a las demandantes -sin mencionar sus nombres- con la finalidad de dar a conocer que tanto la coordinadora del establecimiento, Arcángeli de Cañete, como la asistente social M., habían rechazado la internación y el asilo de una menor no vidente (Soledad), situación puntual que de hecho existió y no fue negada por las actoras.

Empero, el informe fue claro en que el instituto dependía del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, y en que el rechazo obedeció a que la resolución 925 del

Consejo así lo prohibió, por las «notorias deficiencias de carácter edilicio en que se encuentra el Instituto» (sic, fs. 269/270). A diferencia de la opinión de las recurrentes, no entiendo que -en general- el informe televisivo haya adjudicado especialmente a las demandantes la responsabilidad por el deterioro de la institución, la ausencia de prestación de actividades, o la falta de asilo.De un análisis integral de los programas emitidos, estimo que quedó claro que el abandono del Instituto Rosell, las referencias a funcionarios «i», como así también la indicación de estar en presencia de un «caso de elefantes enormes blancos de la burocracia argentina», no fueron adjudicados personalmente a las demandantes, sino -en todo caso- a las autoridades de más alto nivel encargadas de proveer de fondos y estructura al instituto.

No se me escapa que algunas de las personas entrevistadas en el programa se refirieron en términos peyorativos a «los funcionarios» (no se sabe si a los funcionarios nacionales o también a la coordinadora del instituto), el «equipo técnico», y «la mayoría de las personas que trabajan en el instituto». Pero en estos casos, se trata de opiniones sobre aspectos de interés público, cuyos emisores (los entrevistados) quedaron claramente identificados, lo cual torna aplicable el ya citado estándar aplicable a las opiniones y, por consiguiente, obsta una vez más a la posibilidad de atribuir responsabilidad por ellos a los periodistas, al productor del programa, o al canal.

Finalmente, también constato que, en ciertos pasajes, tanto Santillán como Biasatti deslizaron algunos comentarios críticos respecto de «quienes lo dirigen» (al Instituto Rosell), y que el último de los nombrados señaló en un momento que la co-actora Arcángeli descargó «con liviandad» la responsabilidad en la Sra.

M., y que esta, a su vez, «le echó la culpa a sus superiores», lo cual calificó como un «círculo vicioso de excusas». Una vez más, aunque estas críticas puedan haber sonado duras para las demandantes, se trata de opiniones de los periodistas atinentes a cuestiones de indudable interés público, que, en tanto no fueron formuladas de modo insultante, no pueden -en los términos de la ya citada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- generar responsabilidad alguna para sus autores.

Por estas consideraciones, estimo que corresponde confirmar la sentencia en tanto rechazó la demanda en lo atinente a la lesión del honor y la intimidad de lasactoras.

V.- Distinta es mi opinión, sin embargo, en lo que respecta a la violación del derecho a la imagen de las demandantes.

He dicho con anterioridad que ese derecho se resume en la facultad del sujeto de decidir sobre la utilización que se hace de su imagen por cualquier medio (fotografía, filmación, dibujo, grabado etc.), ya sea para prohibir su captación o divulgación, o para permitir su reproducción o comercialización (vid. mi trabajo «Nuevas fronteras del derecho a la imagen», JA, 1/6/2005, p. 3; cita online:

0003/011301).

Se trata de un derecho personalísimo autónomo como emanación de la personalidad, contenido en los límites de la voluntad y de la autonomía privada del sujeto al que pertenece. Toda persona tiene sobre su imagen un derecho exclusivo que se extiende a su utilización, de modo de poder oponerse a su difusión cuando esta es hecha sin autorización, a menos que se den circunstancias que tengan en miras un interés general que aconseje hacerlas prevalecer sobre aquel derecho. La producción de este derecho es independiente de la tutela al honor, a la intimidad y a la privacidad (esta cámara, Sala H, 15/4/2004 «Bocanera, Orlando c.

Diario Clarín y otro»).

Como sucede con todos los derechos

personalísimos, el que se tiene sobre la propia imagen únicamente puede ser explotado por terceros si media consentimiento del titular.

Este es el principio general que enuncia el art. 31 de la ley 11.723 y se encuentra, no obstante, sujeto a las excepciones que esa misma norma menciona en su última parte.

En efecto, el recién mencionado art. 31 de la ley 11.723 establece: «El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma.». Y añade en su último párrafo:»Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público».

Ahora bien, aunque en este caso -como lo señalé más arriba- las imágenes fueron captadas en el marco de una investigación periodística sobre un tema de interés público, no puedo soslayar que ese registro fue efectuado subrepticiamente, mediante el mecanismo de una cámara oculta. Esto se colige fácilmente al observar la grabación, y el ángulo desde el que fueron obtenidas las imágenes de las actoras.

Es decir que no solo no se obtuvo el consentimiento de las demandantes, sino que ni siquiera se les informó que se estaban captando sus imágenes. Esto genera la pregunta acerca de si las filmaciones colectadas de esa manera se encuentran amparadas por la ya mencionada excepción contemplada por el art. 31 de la ley 11.723.

La cuestión es polémica, y ha dado lugar a diversos criterios jurisprudenciales. Por mi parte, entiendo que la circunstancia de que se haya empleada una cámara oculta no implica necesariamente la ilicitud en la utilización de las imágenes, pero, para que su empleo sea pertinente, se deben reunir ciertos requisitos estrictos que, en el caso, no están configurados.

Al respecto, en un importante precedente, el Tribunal Constitucional español señaló: «el carácter oculto que caracteriza a la técnica de investigación periodística llamada ‘cámara oculta’ impide que la persona que está siendo grabada pueda ejercer su legítimo poder de exclusión frente a dicha grabación, oponiéndose a su realización y posterior publicación, pues el contexto secreto y clandestino se mantiene hasta el mismo momento de la emisión y difusión televisiva de lo grabado, escenificándose con ello una situación o una conversación que, en su origen, responde a una previa provocación del periodista interviniente, verdadero motor de la noticia que luego se pretende difundir.La ausencia de conocimiento y, por tanto, de consentimiento de la persona fotografiada respecto a la intromisión en su vida privada es un factor decisivo en la necesaria ponderación de los derechos en conflicto, como subraya el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c. Alemania, § 68, y de 10 de mayo de 2011, Mosley c. Reino Unido, § 11). Por otro lado, es evidente que la utilización de un dispositivo oculto de captación de la voz y la imagen se basa en un ardid o engaño que el periodista despliega simulando una identidad oportuna según el contexto, para poder acceder a un ámbito reservado de la persona afectada con la finalidad de grabar su comportamiento o actuación desinhibida, provocar sus comentarios y reacciones así como registrar subrepticiamente declaraciones sobre hechos o personas, que no es seguro que hubiera podido lograr si se hubiera presentado con su verdadera identidad y con sus auténticas intenciones. La finalidad frecuente de las grabaciones de imágenes y sonido obtenidas mediante la utilización de cámaras ocultas es su difusión no consentida en el medio televisivo cuya capacidad de incidencia en la expansión de lo publicado es muy superior al de la prensa escrita (en este sentido, la STEDH de 23 de septiembre de

1994, Jersild c.Dinamarca, § 31). No hay duda de que ello hace necesario reforzar la vigilancia en la protección de la vida privada para luchar contra los peligros derivados de un uso invasivo de las nuevas tecnologías de la comunicación, las cuales, entre otras cosas, facilitan la toma sistemática de imágenes sin que la persona afectada pueda percatarse de ello, así como su difusión a amplios segmentos del público, como subrayaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a un caso de captación fotográfica a cientos de metros de distancia (STEDH de 24 de junio de 2004, Von Hannover c.

Alemania, § 70)». Y precisó: «aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen en todo caso una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen» (Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia 12/2012, del 30 de enero de 2012).

En lo atinente a este último derecho (que es el que ahora se analiza), el tribunal citado tribunal precisó: «como apreció correctamente la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la persona grabada subrepticiamente fue privada del derecho a decidir, para consentirla o para impedirla, sobre la reproducción de la representación de su aspecto físico y de su voz, determinantes de su plena identificación como persona. La Sentencia impugnada valora correctamente los datos que concurren en la presente situación, y concluye con la negación de la pretendida prevalencia de la libertad de información.Conclusión constitucionalmente adecuada, no sólo porque el método utilizado para obtener la captación intrusiva -la llamada cámara oculta- en absoluto fuese necesario ni adecuado para el objetivo de la averiguación de la actividad desarrollada, para lo que hubiera bastado con realizar entrevistas a sus clientes, sino, sobre todo, y en todo caso, porque, tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo (cámara oculta) por las razones que antes hemos expuesto» (Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia 12/2012, cit.).

En un precedente más reciente, el mismo tribunal resumió su doctrina de la siguiente manera: «puede concluirse, en síntesis, que la Constitución excluye, por regla general, la utilización periodística de la cámara oculta, en cuanto que constituye una grave intromisión ilegítima en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen; que, no obstante, su utilización podrá excepcionalmente ser legítima cuando no existan medios menos intrusivos para obtener la información; que la justificación constitucional de la libertad de información, en todo caso, solo alcanza a la información de relevancia pública, que constituye su límite inmanente; que los medios de comunicación social que difundan imágenes obtenidas mediante cámara oculta deberán distorsionar el rostro y la voz de las personas grabadas cuando su identificación no sirva al interés general en la información; y que tampoco podrán difundirse imágenes que muestren situaciones o comportamientos que menoscaben innecesariamente la reputación de las personas» (Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia 25/2019, del 25 de febrero de 2019).

En la decisión citada en último término, el tribunal español recordó, asimismo, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene dicho que «el uso de una técnica tan intrusiva y tan lesiva para la vida privada como la cámara oculta debe estar en principio restringida». Y aunque destaca «la importancia de los métodos de investigación encubiertos para la elaboración de ciertos tipos de reportaje», pues «en algunos casos los periodistas están obligados a usar cámaras ocultas, por ejemplo

cuando la información es difícil de obtener por otros medios», afirma que dichas técnicas deben utilizarse «de modo restrictivo», como «último recurso» y de conformidad con las normas deontológicas (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 13/10/2015, «Bremner c. Turquía», § 76).

En la jurisprudencia nacional también se encuentran decisiones orientadas en el mismo sentido. Al respecto, ha sostenido la Sala M de esta cámara: «Acá se da la particularidad de que Jorge Ariel Mendoza no sólo no prestó su consentimiento para la exhibición televisiva de su imagen, sino que además fue filmado a través de una cámara oculta en el interior del bar restaurante donde trabajaba como encargado. La demandada ni siquiera tuvo la delicadeza de preservar la identidad y el rostro del actor utilizando para ellos recursos técnicos. Tampoco se preservó su voz, ya que pudo apreciarse y escucharse con clara definición. Pero más allá de estas particularidades, lo que es determinante a la hora de decidir la suerte de este pleito es que la voz e imagen de Mendoza fueron obtenidas mediante un engaño y eran prescindibles porque luego pudieron conectarse con el propio Vicente Serio. En definitiva, tal como se dijera en el fallo atacado y como se pudo ver en el video acompañado fue este sujeto quien se encargó de describir y explicar detalladamente como operaba su negocio (.). Si bien no se me escapa que el tema abordado y tratado en el informe periodístico es de interés público, coincido con la señora jueza a quo en que no es válido avasallar los derechos personalísimos de los individuos a fin de alcanzar este objetivo» (CNCiv, Sala M, 2/10/2008, «Mendoza Jorge Ariel c/ Canal 13 de Televisión»).

Del mismo modo, la Sala B declaró recientemente la responsabilidad de un medio periodístico por haber difundido una noticia mediante el empleo de una cámara oculta.En esa oportunidad, se señaló que, aun cuando la noticia se orientaba a informar sobre una cuestión de interés público, «la utilización de la cámara oculta, sin difuminar el rostro de la actora y deformar su voz, constituyó un recurso técnico innecesario y desproporcionado».

Es que, en ese caso, la comercialización de un producto supuestamente nocivo para la población «no era algo que sucediera en la clandestinidad (.) no era una red oculta o una sociedad secreta e inaccesible (.) por lo que no se justificaba usar la cámara oculta y menos aún hacerlo sin tomar los recaudos para evitar que se difundiera la imagen y voz de la actora» (CNCiv., Sala B, 27/10/2020, «M., C. E. c. P., F. y otro» , La Ley Online AR/JUR/51216/2020).

Al comentar esta última decisión, señala Ibarlucía que esta clase de casos debe ser analizada a la luz de «los subprincipios del principio de proporcionalidad elaborados por los tribunales constitucional alemán y español (y la doctrina de los respectivos países), para analizar la constitucionalidad de las leyes y normas estatales, que en nuestro país llamamos principio y control de razonabilidad. Los tres subprincipios son los siguientes: a) de adecuación o idoneidad; b) de necesidad o imprescindibilidad, y c) de razonabilidad en sentido estricto. Por el primero se verifica que el medio o herramienta elegida por el legislador sea adecuado o idóneo para lograr el fin perseguido. Por el segundo, que el medio elegido sea necesario o imprescindible para ese objeto; es decir, que luego de comparar los medios alternativos hipotéticos que el legislador podría haber elegido, se llegue a la conclusión de que podría haberse obtenido el mismo fin (con igual eficacia) con menor restricción de los derechos constitucionales involucrados.Finalmente, por medio del tercer subprincipio se hace un balance o contrapeso entre el fin perseguido y el medio elegido (restricción de derechos) para verificar, en primer lugar, que lo primero justifique lo segundo (a mayor justificación del fin, mayor propensión a justificar la medida

restrictiva); y que, en, caso de que se supere este filtro, no se altere el contenido esencial del derecho restringido. Ahora bien, estos instrumentos o vías de análisis, elaborados originariamente para analizar la validez constitucional de leyes o normas estatales, han sido trasladados por los tribunales constitucionales e internacionales, para analizar no solo medidas de órganos estatales sino también los hechos o conductas de particulares cuestionados por generar daños» (Ibarlucía, Emilio A., «Cámara oculta y derechos personalísimos», LL 10/12/2020, 10).

Y concluye el mencionado autor: «Me cuesta imaginar un caso donde el uso de una cámara oculta haya sido necesario o imprescindible (es decir, no sustituible por otro medio), para lograr la finalidad de difundir información de interés público; y que, aun siéndolo, haya sido proporci onal al derecho constitucional afectado (la imagen, la voz, la intimidad o el honor).

Pero estas son las pautas de los tribunales constitucionales e internacionales que, como vemos, siguen los tribunales argentinos. Al menos sabemos que las directivas establecen que tal recurso periodístico solo debe admitirse de modo restrictivo y excepciona» (Ibarlucía, op. y loc. cit.).

Comparto en lo sustancial los conceptos recién expuestos. La cámara oculta es un recurso que, en principio -y precisamente, por su carácter subrepticio y sorpresivo para el retratado-, tiene gran aptitud para lesionar derechos personalísimos tales como la imagen, el honor o la intimidad, y solo en casos especialísimos puede admitirse su empleo, cuando resulte imprescindible para revelar una noticia de interés público que, de otro modo, no podría documentarse.

En el sub lite, es evidente que el empleo de ese medio no resultaba en absoluto necesario para lograr la finalidad perseguida por la investigación periodística.Se contaba ya con filmaciones del instituto, y con múltiples testimonios que daban cuenta de su estado calamitoso. Las declaraciones de las actoras frente a la cámara oculta -que, en lo sustancial, se limitaron a dar cuenta de la existencia de una resolución administrativa que les impedía admitir a la niña- no revelaron ningún aspecto oculto del funcionamiento de la institución, ni resultaban imprescindibles para ilustrar la situación que aquella atravesaba por ese entonces. Por lo demás, bien podrían los demandados haber solicitado formalmente una entrevista televisada con la responsable del instituto.

Lo reitero: el hecho de que la investigación tuviera un objeto de interés público no justifica de por sí el uso de una cámara oculta. Era necesario, adicionalmente, demostrar que su empleo era imprescindible para lograr la finalidad buscada, lo cual de modo alguno se encuentra cumplido en la especie.

Por lo demás, también he señalado más arriba que, incluso en los casos en los que el recurso a una cámara oculta puede encontrarse justificado (lo que no sucede en autos), debe acompañarse del empleo de métodos que impidan reconocer a la persona de los retratados, salvo -una vez más- que eso resulte imprescindible para divulgar la noticia de interés público en cuestión.

En este orden de ideas ha decidido esta sala que, aun cuando medie un interés general prevaleciente para divulgar un acontecimiento en el que interviene una persona, el hecho es antijurídico si la reproducción de la imagen es superflua para el fin general de que se trate (esta sala, 22/04/2014, «R., S. N. y otro c. Editorial Atlántida SA s/ daños y perjuicios».). Precisamente, en los ya mencionados precedentes de otras salas de esta cámara se remarcó que: «La demandada ni siquiera tuvo la delicadeza de preservar la identidad y el rostro del actor utilizando para ellos recursos técnicos.Tampoco se preservó su voz, ya que pudo apreciarse y escucharse con clara definición» (Sala M, 2/10/2008, «Mendoza Jorge Ariel c/ Canal 13 de Televisión

(Arteradiotelevisivo Arg. S.A.)», cit.), y que «la utilización de la cámara oculta, sin difuminar el rostro de la actora y deformar su voz, constituyó un recurso técnico innecesario y desproporcionado» (Sala B, 27/10/2020, «M., C. E. c. P., F. y otro», cit.).

Esta idea se ve también reflejada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, ya citada, según la cual «los medios de comunicación social que difundan imágenes obtenidas mediante cámara oculta deberán distorsionar el rostro y la voz de las personas grabadas cuando su identificación no sirva al interés general en la información» (Tribunal Constitucional de España, Sala Primera, sentencia 25/2019, del 25 de febrero de 2019, cit.), y en la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que, en la ya referida causa «Bremner c. Turquía», señaló que no había justificación para el hecho de que el reportaje se hubiera emitido sin tomar la precaución de difuminar la cara del demandante, pues ni era un personaje público ni la difusión de su rostro era necesaria para contribuir al debate público (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 13/10/2015, «Bremner c. Turquía», cit., § 80-81).

En el sub lite, incluso si se soslayara la improcedencia del uso de la cámara oculta, los demandados tenían a su alcance la posibilidad de adoptar procedimientos muy sencillos para evitar la identificación de las actoras, tales como la difuminación («pixelado») de los rasgos faciales de las entrevistadas, y la distorsión de sus voces (vid. esta sala, 4/6/2018, «L. D. G. y otro c.Televisión Federal SA y otro s/ daños y perjuicios»). Así como no fue preciso dar a conocer sus nombres, a los fines periodísticos e informativos, tampoco era necesaria la individualización de sus rasgos personales.

En definitiva, no había necesidad de emplear la cámara oculta, y además, al hacerlo, ni siquiera se adoptaron métodos que impidiesen identificar a las demandantes. Por consiguiente, aunque no ha existido violación del honor (pues se trató de una nota que daba cuenta de hechos sustancialmente verdaderos, y que reflejó opiniones sobre temas de interés público) ni de la intimidad de las actoras (dado que ni la información ni las imágenes se refirieron a aspectos de su vida personal, ni fueron obtenidas en lugares privados), sí se vulneró su derecho a la imagen y a la voz (para muchos, comprendida en el anterior), pues las demandantes fueron filmadas innecesariamente mediante el empleo de una cámara oculta, y la reproducción de sus rasgos y su voz no se encontraba justificada por el interés público.

Esto me lleva a concluir que, por esta vía, debe imputarse responsabilidad a Artear -en su carácter de titular de la emisión de los programas-, a Carlos De Elía (productor del programa de noticias), y a los periodistas Santo Biasatti y María Laura Santillán, quienes, como conductores del reconocido programa televisivo, y responsables de la divulgación del informe periodístico, tenían a su cargo el control del material que se proyectó. En todos esos casos, la decisión de utilizar una cámara oculta sin justificación, y la omisión de adoptar las medidas necesarias para evitar la identificación de las demandantes, se aparta de la diligencia exigible a quienes participaron en la concepción, el desarrollo y la divulgación de la investigación (art. 1109, Código Civil), a lo que se suma que Arte Radio Televisivo Argentino S.A. responde también como principal, en los términos del art.1113, primer párrafo, del citado código.

Por lo expuesto, considero que debe hacerse lugar parcialmente a los agravios y, en consecuencia, corresponde revocar la sentencia y hacer lugar a las demandas de daños y perjuicios promovidas por R. E. M. y Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete -cada una en su respectivo expediente- contra Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santo Virgilio Biasatti.

VI.- Resuelto el tema atinente a la responsabilidad, me abocaré al tratamiento de las partidas indemnizatorias.

La demandante M. reclamó, en concepto de «daño moral», «daño psíquico», «daños al honor», y «daños materiales», las sumas de $ 65.000, $ 10.000, $ 15.000, y $ 2.000, respectivamente, con más su actualización.

Esta última referencia («actualización») debe entenderse -en la interpretación más beneficiosa para la peticionante- como un requerimiento para que se le otorgue el valor actual de los daños que sufrió, en los términos de lo que ahora dispone el art. 772 del Código Civil y Comercial.

La actora Arcángeli peticionó, por los ítems «daños al honor», «violación del derecho a la imagen» y «daño psicológico», las sumas de $ 300.000, $ 100.000 y $ 100.000, respectivamente.

Ambas demandantes solicitaron, además, en sus puntos de pericia, que la perito psicóloga determinase si ellas debían realizar un tratamiento psicoterapéutico.

Ahora bien, es preciso remarcar que la demandante Arcángeli, al momento de iniciar la demanda, reclamó en concepto de daños y perjuicios los ítems referenciados, y estimó una suma fija para cada uno ellos.

Al respecto, es sabido que «el objeto de la demanda, aparte de ser idóneo y jurídicamente posible, debe hallarse debidamente precisado. A ese último requisito, en particular, se refieren los incs. 3° y 6°, art. 330, en tanto exigen, respectivamente, que la demanda contenga la cosa demandada, designándola con exactitud y la petición en términos claros y positivos. El mencionado inc.3 requiere, como fácilmente se percibe, la exacta delimitación, cualitativa y cuantitativa, del objeto mediato de la pretensión formulada en la demanda, de manera que si, v.gr., si se reclama el pago de una obligación de dar una suma de dinero aquél debe indicar con precisión el monto correspondiente. En relación con este último, el art. 330, párr. 2°, CPCCN prescribe que ‘la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla’. La exigencia de precisar el monto reclamado se relaciona, como es obvio, con el principio de congruencia, el que aparte de contar con formulaciones normativas expresas (arts. 34 inc. 4°, y 163, inc 6°, CPCCN), tiene fundamento en el art. 18, CN, pues si la sentencia definitiva excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión o se pronuncia sobre cuestiones no incluidas en la oposición del demandado, menoscaba el derecho de la otra parte, a quien a raíz de ese proceder, viene a privarse de toda oportunidad procesal útil para alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de controversia. La norma anteriormente transcripta, sin embargo prevé una razonable atenuación a la vigencia estricta de dicho principio, si bien no descarta la necesidad de una estimación inicial, permite al actor formularla en forma provisional, sujeta al resultado de la prueba a producir cuando las circunstancias del caso restan al actor toda posibilidad de fijar el quantum definitivo de la obligación, el cual se halla necesariamente supeditado a la prueba que se produzca; sin embargo, ese quantum se condiciona al resultado de las pruebas producidas y el actor, además, debe formular la pertinente reserva en ese sentido, porque de lo contrario coloca al demandado en una postura incompatible con la efectividad del derecho de defensa» (Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, cuarta edición, actualizada por Carlos Enrique Camps, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2017, t. II, p.1523/1525).

Así las cosas, es claro que, dado que la coactora Arcángeli sujetó su reclamo indemnizatorio a una suma fija, sin

condicionarla a la prueba a producirse en autos, tales montos constituyen un límite infranqueable para este tribunal.

Con esta aclaración, pasaré a expedirme respecto de los rubros indemnizatorios peticionados. a) Incapacidad psicológica sobreviniente Las demandantes solicitaron la reparación del «daño psicológico» que les produjo el hecho de autos.

Desde un punto de vista genérico, la incapacidad puede definirse como «la inhabilidad o impedimento, o bien, la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales» (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, t. 2a, p. 343). Ahora bien, es evidente que esa disminución puede, como todo el resto de los daños considerados desde el punto de vista «naturalístico» (esto es, desde el punto de vista del bien sobre el que recae la lesión; vid. Bueres, Alberto J., «El daño moral y su conexión con las lesiones a la estética, a la psique, a la vida de relación y a la persona en general», Revista de Derecho Privado y Comunitario, Daños a la persona, n.° 1, Santa Fe, 1992, p. 237 y ss.), tener repercusiones tanto en la esfera patrimonial como en la extrapatrimonial de la víctima. Este último aspecto no puede, a mi juicio, subsumirse en la incapacidad sobreviniente, sino que se identifica, en todo caso, con el daño moral.No coincido, entonces, con quienes engloban en el tratamiento de este rubro tanto a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad como otras facetas relacionadas con lo espiritual (la imposibilidad de realizar ciertas actividades no lucrativas que llevaba adelante la víctima, tales como deportes y otras atinentes al esparcimiento y la vida de relación), pues tal tesitura implica, en puridad, generar un doble resarcimiento por el mismo perjuicio, que sería valorado, primero, para fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente, y luego para hacer lo propio con el daño moral.

De modo que el análisis a efectuar en el presente acápite se circunscribirá a las consecuencias patrimoniales de la incapacidad sobreviniente, partiendo de la premisa -sostenida por la enorme mayoría de la doctrina nacional, lo que me exime de mayores citas- según la cual la integridad física no tiene valor económico en sí misma, sino en función de lo que la persona produce o puede producir. Se trata, en última instancia, de un lucro cesante actual o futuro, derivado de las lesiones sufridas por la víctima (Pizarro, Ramón D. – Vallespinos, Carlos G., Obligaciones, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, t. 4, p.305).

Lo hasta aquí dicho en modo alguno se contrapone con la doctrina que sigue actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a cuyo tenor «cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural, y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida» (CSJN, 27/11/2012, «Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios»; ídem, Fallos, 308:1109; 312:752 y 2412; 315:2834; 327:3753 ; 329:2688 y 334:376 , entre otros). En efecto, entiendo que el eje de la argumentación del alto tribunal estriba en los siguientes parámetros: a) por imperio constitucional, la reparación debe ser integral; b) eso quiere decir que deben resarcirse todas las consecuencias de la incapacidad, y no únicamente las patrimoniales, y c) a los efectos de evaluar la indemnización del daño patrimonial es insuficiente tener en cuenta únicamente los ingresos de la víctima, pues la lesión de su integridad física afecta también sus posibilidades de realizar otras actividades que, aunque no resulten remuneradas, son

económicamente mensurables.Es en este último sentido, a mi juicio, que debe interpretarse la referencia de la corte a que la integridad física «tiene en sí misma valor indemnizable», pues la otra alternativa (esto es, afirmar que debe asignarse a la integridad física un valor en sí, independientemente de lo que produzca o pueda producir) conduciría al sinsentido de patrimonializar un derecho personalísimo, y asignar artificialmente (¿sobre la base de qué parámetros?) un valor económico al cuerpo de la persona.

Por otra parte, el criterio que se propone en este voto respeta el principio de reparación integral de todas las consecuencias de la incapacidad sobreviniente, aunque distingue adecuadamente según que ellas se proyecten en la esfera patrimonial o en la espiritualidad de la víctima. Respecto del primer punto, y como se verá enseguida, no tomaré en cuenta exclusivamente el monto del salario que el damnificado eventualmente percibiera, sino que evaluaré también la incidencia de la incapacidad en la realización de otras actividades no remuneradas, pero patrimonialmente mensurables, así como sus eventuales posibilidades de mejorar su situación laboral o patrimonial por medio de su trabajo.

No otra cosa dispone ahora, expresamente, el art. 1746 del Código Civil y Comercial, específicamente aplicable a estos casos.

Establecidos de ese modo la naturaleza y los límites del rubro en estudio, corresponde hacer una breve referencia al método a utilizar para su valuación.

Al respecto, el texto del ya mencionado art. 1746 del Código Civil y Comercial -en cuya redacción participé personalmente, en tanto miembro del grupo de trabajo que asesoró a la Comisión de Reformas en materia de responsabilidad civil- es terminante en tanto dispone que los jueces deben aplicar fórmulas matemáticas para evaluar el lucro cesante derivado de una incapacidad sobreviniente. Es que no existe otra forma de calcular «un capital, de tal modo que sus rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables, y que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades» (art.1746, recién citado). Por lo demás, esa es la interpretación ampliamente mayoritaria en la doctrina que se ha ocupado de estudiar la citada norma (López Herrera, Edgardo, comentario al art. 1746 en Rivera, Julio C. (dir.) – Medina, Graciela (dir.) – Esper, Mariano (coord.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, La Ley, Buenos Aires, 2014, t. IV, p. 1088/1089; Picasso Sebastián – Sáenz Luis R. J., comentario al art. 1746 en Herrera, Marisa – Caramelo, Gustavo – Picasso, Sebastián (dirs.) Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Infojus, Buenos Aires, 2015, t. IV, 9. 461; Carestia, Federico S., comentario al art. 1746 en Bueres, Alberto J.

(dir.) – Picasso, Sebastián – Gebhardt, Marcelo (coords.), Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2016, t. 3F, p.

511; Zavala de González, Matilde – González Zavala, Rodolfo, La responsabilidad civil en el nuevo Código, Alveroni, Córdoba, 2018, t. III, p. 335; Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R- J., Tratado de Derecho de Daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 440 y ss.; Pizarro, Ramón D. – Vallespinos Carlos G., Tratado de responsabilidad civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2017, t. I, p. 761; Ossola, Federico A., en Rivera, Julio C. – Medina, Graciela (dirs.), Responsabilidad Civil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2016. p. 243; Azar, Aldo M. – Ossola, Federico, en Sánchez Herrero, Andrés (dir.) – Sánchez Herrero Pedro (coord.), Tratado de derecho civil y comercial, La Ley, Buenos Aires, 2018, t. III, p. 560; Acciarri, Hugo A., «Fórmulas y herramientas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad en el nuevo Código», LL, 15/7/2015, p. 1; ídem, «Sobre

el cómputo de rentas variables para cuantificar indemnizaciones por incapacidad», JA 2017-IV, cita online: AR/DOC/4178/2017; Galdós, Jorge M, «Cuatro reglas sobre la cuantificación del daño patrimonial por incapacidad (el art. 1746 CCCN)», RCyS, diciembre 2016, portada; Sagarna, Fernando A., «Las fórmulas matemáticas del art.1746 del Código Civil y Comercial», RCyS 2017-XI , 5; Carestia, Federico, «La incorporación de fórmulas matemáticas para la cuantificación del daño en caso de lesiones a la integridad psicofísica. Un paso necesario», elDial.com – DC2B5B).

El hecho de que el mecanismo legal para evaluar la incapacidad sobreviniente consiste ahora en la aplicación de fórmulas matemáticas es reconocido incluso por autores que en un primer momento habían sostenido que no era forzoso recurrir a esa clase de cálculos. Tal es el caso de Galdós, quien -en lo que constituye una rectificación de la opinión que expuso al comentar el art. 1746 en Lorenzetti, Ricardo L., Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, t. VIII, p. 527/528- afirma actualmente: «el art. 1746 Código Civil y Comercial ha traído una innovación sustancial pues prescribe que corresponde aplicar fórmulas matemáticas tendientes a calcular el valor presente de una renta futura no perpetua. A fines de cuantificar el daño patrimonial por incapacidad psicofísica (lo que también es aplicable al daño por muerte del art 1745 CCCN) las referidas fórmulas se erigen como un parámetro orientativo que no puede ser omitid o por la judicatura a la hora de cuantificar los daños personales por lesiones o incapacidad física o psíquica o por muerte (.) Por consiguiente, conforme lo prescribe el art. 1746 CCCN, resulta ineludible identificar la fórmula empleada y las variables consideradas para su aplicación, pues ello constituye el mecanismo que permite al justiciable y a las instancias judiciales superiores verificar la existencia de una decisión jurisdiccional sustancialmente válida en los términos de la exigencia consagrada en los arts. 3 y 1746, Código Civil y Comercial (arts. 1, 2, 3, 7 y concs.Código Civil y Comercial)» (Galdós, Jorge M., su voto como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, in re «Espil, María Inés y otro c/ APILAR S. A. y otro s/ Daños y perjuicios», causa n.º 2-60647-2015, de fecha 17/11/2016).

En conclusión, por imperativo legal, el lucro cesante derivado de la incapacidad sobreviniente debe calcularse mediante criterios matemáticos que, partiendo de los ingresos acreditados por la víctima (y/o de la valuación de las tareas no remuneradas, pero económicamente mensurables, que ella llevaba a cabo y se vio total o parcialmente imposibilitada de continuar desarrollando en el futuro), y computando asimismo sus posibilidades de incrementos futuros, lleguen a una suma tal que, invertida en alguna actividad productiva, permita al damnificado obtener mensualmente (entre ese margen de beneficios y el retiro de una porción del capital) una cantidad equivalente a aquellos ingresos frustrados por el hecho ilícito, de modo que ese capital se agote al término del período de vida económicamente activa que restaba al damnificado. Así se tiene en cuenta, por un lado, la productividad del capital y la renta que puede producir, y, por el otro, que el capital se agote o extinga al finalizar el lapso resarcitorio (Zavala de González, Resarcimiento de daños, cit., t. 2a, p. 521).

Sentado que ese es ahora el criterio legal, señalo que si bien los fallos y los autores emplean distintas denominaciones (fórmulas «Vuoto», «Marshall», etc.), se trata en realidad, en casi todos los casos, de la misma fórmula, que es la conocida y usual ecuación para obtener el valor presente de una renta constante no perpetua (Acciarri, Hugo – Irigoyen Testa, Matías, «La utilidad, significado y componentes de las fórmulas para cuantificar indemnizaciones por incapacidad y muertes», LL, 9/2/2011, p.2).

Emplearé entonces la siguiente expresión de la fórmula:

Donde «C» es el capital a determinar, «A», la ganancia afectada, para cada período, «i», la tasa de interés a devengarse durante el período de extracción considerado, decimalizada (emplearé una tasa del 6%), y «a», el número de períodos restantes hasta el límite de la edad productiva o la expectativa de vida presunta de la víctima.

Corresponde ahora aplicar estas directrices al caso de autos.

A fs. 644 vta./645 del expediente n.° 96102/2006, la perito médica psiquiatra, Iris Ilona Lieber, concluyó, respecto de R. E. M.: «los hechos relatados en autos han influido negativamente en el estado de salud psíquica o psicológica de la actora (.). La emisión que realizó Telenoche ha tenido una influencia negativa sobre la vida y estado emocional de la actora. El grado de incapacidad de la actora es del 20% de la T.O. parcial y permanente (.), por Desarrollo Reactivo Psicopatológico con depresión» (sic).

Por su parte, a fs. 215 del expediente n.° 1264/2006, la perito psicóloga determinó que la Sra. Arcángeli padece: «disfunción de su vida emocional, que impacta en la actualidad en su esfera afectiva. Dicha alteración provoca una limitación en la capacidad de goce en el orden individual y laboral.

El porcentaje de incapacidad en la actualidad, puede estimarse de un 6 %.» (sic).

No pierdo de vista que estas pericias fueron objeto de pedidos de explicaciones e impugnaciones por las partes (fs. 649/651 del expte. n.° 96102/2006, y fs. 218/219 y 241 del expte.n.° 1264/2006).

Sin embargo es preciso recordar que, aunque las normas procesales no acuerdan al dictamen pericial el carácter de prueba legal, cuando los informes comportan -como en el caso- la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o el inadecuado uso que aquél hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos, de los que por su profesión o título habilitante ha de suponérselo dotado.

Por ello, cuando -como ocurre en este caso- los peritajes aparecen fundados y no existe otra prueba de parejo tenor que las desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de mayor peso, aceptar las conclusiones de aquél (esta sala, L. 574.847, del 10/11/2011, LL 2011-F, 568).

En los términos expuestos, otorgo plena eficacia probatoria a las pericias realizadas en ambos expedientes. (art. 477, Código Procesal).

En este orden de ideas, señalo que la demandante M. era -al momento de los hechos- asistente social del instituto Román Rosell, mientras que la actora Arcángeli trabajaba como empleada administrativa del mismo instituto (vid. fs. 160 del beneficio de litigar sin gastos, expte. n.º 40215/2007 y fs. 208 del expediente n.° 1264/2006). Sin embargo, a la fecha no se encuentra demostrada su continuidad laboral, ni sus emolumentos actuales.

Entonces, si bien en estos casos puede acudirse a la facultad que otorga a los jueces el art. 165 del Código Procesal el importe en cuestión debe fijarse con parquedad, para evitar que pueda redundar en un enriquecimiento indebido de la víctima (esta sala, 10/11/2011, «P., G. A. c/ A., J. L. y otros s/ Daños y perjuicios», LL 2011-F, 568; ídem, 25/11/2011, «E., G. O. c/ Trenes de Buenos Aires S. A.y otro s/

Daños y Perjuicios», LL 2012-A, 80 y RCyS 2012-II, 156). Por consiguiente, partiré para efectuar el cálculo de un ingreso actual y mensual de $ 21.600 correspondiente al salario mínimo vital y móvil para ambas litigantes.

En definitiva, para determinar el quantum indemnizatorio de este rubro consideraré los siguientes datos: 1) que el hecho acaeció cuando M. tenía 62 años de edad, y Arcángeli, 42 años, por lo que les restaban 13 y 33 años de vida productiva, respectivamente -considerando como edad máxima la de 75 años-; 2) que el ingreso mensual actualizado de las demandantes debe fijarse en la suma de $ 21.600, como ya lo mencioné con anterioridad; 3) una tasa de descuento del 6 % anual, equivalente a la ganancia pura que se podría obtener de una inversión a largo plazo, y 4) que la incapacidad estimada en este caso para M. es del 20 %, y para Arcángeli, del 6 % Por lo que los guarismos correspondientes a la fórmula antes mencionada quedarían establecidos del siguiente modo: a) R. E. M.: A = 56.160; (1 + i)ª – 1 = 1,132928; i . (1 + i)ª = 0,127975; b) Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete: A = 16.848; (1 + i)ª – 1 = 5,840589; i . (1 + i)ª = 0,410435.

En función de lo expuesto, y teniendo en cuenta el hecho de que la indemnización debe computar también la pérdida de la capacidad de las víctimas para efectuar otras actividades no remuneradas, pero mensurables económicamente, propongo al acuerdo otorgar, en concepto de incapacidad psicológica sobreviniente, a R. M. la suma de $ 500.000, y a Graciela Arcángeli -conforme al límite indemnizatorio al que se ajustó en su demanda-, la de $ 100.000 (art. 165, Código Procesal). b) Tratamiento psicoterapéutico Ambas reclamantes solicitaron en sus puntos de pericia que en la perito psicóloga determinase si las demandantes debían contar con un tratamiento psicoterapéutico (vid. 116 vta. del expte n.° 96102/2006 y fs. 24 vta. del Expte.n° 1264/2006).

La perito psicóloga recomendó para M. un tratamiento psicoterapéutico por un lapso de por lo menos 18 meses, con una frecuencia de dos veces a la semana (fs. 645 del expte. n.° 96102/2006).

Por su parte, la licenciada Lastra recomendó para Arcángeli un tratamiento psicoterapéutico por un lapso de por lo menos tres meses, con una frecuencia de dos veces a la semana (fs. 215 del expte. n.° 1264/2006).

Así las cosas, en atención a los lapsos estimados por las expertas para la realización de los tratamientos psicológicos aconsejados para las demandantes, teniendo en cuenta que -según es notorio- el valor de las sesiones en la actualidad son bastantes más elevados que los indicados en las pericias (tomo la suma actual de $ 1.200), pero también que es preciso efectuar una quita sobre el capital a fin de establecer el valor actual de esa renta futura, mociono fijar por este ítem las sumas de $150.000 para R. M. y $ 25.000 para Graciela Arcángeli (art. 165 del Código Procesal). c) Daño moral La demandante M. solicitó, en concepto de daño moral, la suma de $ 65.000 con más su «actualización» (sic, fs. 106); mientras que la actora Arcángeli pidió por el mismo concepto, y bajo el título «violación al derecho a la imagen» (fs. 16 vta.), el monto de $ 100.000.

Puede definirse al daño moral como: «una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no

patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., Daño moral.

Prevención. Reparación. Punición.El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).

En lo que atañe a su prueba debe señalarse que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del Código Procesal, se encuentra en cabeza del pretensor la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, «Equitativa valuación del daño no mensurable», LL, 1990-A-655).

Ahora bien, en el caso de la lesión de derechos personalísimos, la jurisprudencia ha señalado de manera constante que debe presumirse la existencia del daño moral frente a la sola violación del derecho (esta sala, 12/3/2010, «L., María Daniela c/ B., Ricardo A.», LLOnline AR/JUR/6090/2010; ídem, 14/2/2007, «C., G. C. c/ Cencosud S.A.», LLOnline AR/JUR/315/2007; esta cámara, Sala D, «Panizzi, Miguel Angel c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires», LLOnline AR/JUR/11354/2006, entre otros precedentes).

Por otra parte, en lo que respecta a la valuación de este perjuicio, dispone el art. 1741 in fine del Código Civil y Comercial: «El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas».

Se trata de la consagración legislativa de la conocida doctrina de los «placeres compensatorios», según la cual, cuando se pretende la indemnización del daño moral, lo que se pretende no es hacer ingresar en el patrimonio del damnificado una cantidad equivalente al valor del daño sufrido sino de procurar al lesionado otros goces que sustituyen o compensan lo perdido. La suma de dinero entregada como indemnización debe ser suficiente para lograr esos goces (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por daños, Ediar, Buenos Aires, 1971, t. V, p. 226; Iribarne, Héctor P., «La cuantificación del daño moral», Revista de Derecho de Daños, n.° 6, p.235).

De este modo, el Código Civil y Comercial adopta el criterio que ya había hecho suyo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dijo, en efecto, ese alto tribunal: «Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido. Se trata de compensar, en la medida posible, un daño consumado (.). El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para reestablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, lo cual no es igual a la equivalencia. Empero, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida» (CSJN, 12/4/2011, «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros», RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).

En otras palabras, el daño moral puede «medirse» en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge

M., «Breve apostilla sobre el daño moral (como «precio del consuelo») y la Corte Nacional», RCyS, noviembre de 2011, p. 259).

Así las cosas, a la luz de las pautas esbozadas en las líneas precedentes, deben ponderarse los padecimientos y angustias que sufrieron las demandantes a causa de la difusión pública de su imagen, las lesiones psíquicas que informaron las peritos, y las condiciones personales de las reclamantes (62 años M. y 42 años Arcángeli al momento del hecho).

Ahora bien, al mes de junio de 2007 la demandante M.pidió por este rubro la suma de $ 65.000. Es sabido que, en principio, nadie mejor que la víctima puede cifrar esta clase de perjuicios, en atención a su carácter subjetivo y personal. Sin perjuicio de ello, tengo en consideración también que, por tratarse de una deuda de valor, es procedente que el juez fije el importe del perjuicio extrapatrimonial evaluando su cuantía al momento de la sentencia, aunque -por los motivos atinentes al carácter subjetivo del rubro, que ya he señalado- debe procurar mantener una razonable proporción con lo solicitado al momento de interponerse la demanda.

Así las cosas, por aplicación del criterio legal, considero que el importe del rubro en examen debe fijarse en este caso en $ 340.000, que corresponde aproximadamente al valor de un viaje a un balneario del Uruguay (como La Paloma o La Pedrera) por una semana, con todo pago (art. 165 del Código Procesal). No soslayo que ese importe es insuficiente para otorgar a la demandante satisfacciones realmente compensatorias de las consecuencias extrapatrimoniales del hecho ilícito, pero es proporcional -en los términos expuestos- a lo solicitado por ella en 2007.

En relación a la demandante Arcángeli – quien no solicitó actualización alguna-, corresponde otorgarle por éste ítem indemnizatorio la suma de $ 100.000 que solicitó en su demanda, y que equivale al valor aproximado de un viaje a una provincia del norte argentino por una semana, con media pensión. Una vez más, constato que esta compensación es insuficiente para lograr una adecuada satisfacción de la demandante, pero me encuentro ligado – en este caso- por lo solicitado por ella misma en su escrito inicial. d) G astos de asistencia médica, farmacia y traslado de la demandante M. La Sra. M. solicitó por este rubro la suma de $ 2.000.

Destaco que, respecto de los gastos médicos y de farmacia (si bien en autos no existen constancias que los acrediten, pues hay algunas que prueban distintas consultas médicas efectuadas por la demandante, pero no los gastos respectivos; vid. fs.365/375), no resulta necesaria su prueba concreta y específica, pues su erogación se presume en orden a la entidad de las lesiones (en el caso, lesión psíquica). Esto es así aun cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, toda vez que, de ordinario, ni uno ni otra cubren la totalidad de los expendios en que incurren los pacientes (esta sala, 27/12/2011, «M., Juan Alberto y otro c/ J., Gustavo Gabriel y otros s/daños y perjuicios», RCyS 2012-VI, 251; ídem, 13/4/2012, «T., Jesue y otro c/ M., Ivan David y otros s/ Daños y Perjuicios», L n° 582.770, entre muchos otros).

Por ello, conforme a los antecedentes del caso, y de acuerdo con el art. 165 del Código Procesal, mociono conceder por éste ítem la suma de $ 2.000.

Con relación a los gastos de traslado, en atención a las características del hecho debatido en autos, no es presumible que la demandante haya tenido que realizar erogaciones fuera de lo común para desplazarse por medios de transporte adecuados y más onerosos en los días subsiguientes al evento, por lo que mociono rechazar este aspecto de lo peticionado.

VII.- Los importes reconocidos en el presente voto deberían llevar intereses, calculados desde la fecha de emisión del primer informe (16/11/2004) hasta su efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, tal como lo establece la jurisprudencia plenaria de esta cámara in re «Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios», del 20 de abril de 2009.

VIII.Solo resta tratar el agravio de la actora Arcángeli dirigido a la publicación de la sentencia en los diarios Clarín y La Nación.

De conformidad con lo establecido en el art.

1083 del Código Civil, la reparación de los daños puede consistir en la reposición de las cosas a su estado anterior (en especie) o, en caso de que eso fuere imposible, o que el damnificado así lo pretenda, por equivalente dinerario.

La publicación de la sentencia condenatoria del autor de la violación de un derecho personalísimo posibilita obtener una difusión neutralizadora o, al menos, una aminoración del daño, y resulta idónea para neutralizar los efectos perjudiciales futuros. Su eficacia es mayor cuando se han lesionado derechos como el honor, la identidad personal o la imagen. Por ello, resulta claro que se está en presencia de una reparación en especie (para algunos, por equivalente no dinerario) que encuentra sustento normativo en los arts. 1071 bis y 1083 del Código Civil (Tobías, José W., Derecho de las personas, La Ley, Buenos Aires, 2009, p. 784; Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, t. 2D, p. 338).

Ahora bien, la vía optativa de la publicación de la sentencia, que solo procede a pedido de parte, depende de las circunstancias del caso, y para eso deben tomarse en consideración la mayor o menor difusión del hecho, y si la persona agraviada es o no un sujeto que ha adquirido notoriedad, fama o estado público, entre otros aspectos (Kemelmajer de Carlucci, comentario al art. 1071 bis en Belluscio, Augusto C. – Zannoni, Eduardo A., Código Civil y leyes complementarias. Comentado, anotado y concordado, Astrea, Buenos Aires, 1985, t. 5, p. 84).

Partiendo de esas premisas, poca duda puede existir de que, en el caso, no corresponde la publicación de esta sentencia.En efecto, como ya lo he señalado, el informe periodístico no vinculó a las demandantes con la comisión de ningún hecho ilícito, y la información que se divulgó públicamente, en lo que a ellas respecta, se relacionó con un hecho real que no comprometió su derecho al honor. Por lo demás, teniendo en cuenta el prolongado lapso de tiempo desde el momento en que tuvo lugar la difusión de la noticia, la publicación de esta decisión, lejos de resultar reparadora, podría volver a poner en el tapete una situación que, a esta altura, ha perdido estado público.

Por estas consideraciones, mociono rechazar esta pretensión.

IX. En atención al resultado de los agravios de las demandantes, en los términos del art. 68 del Código Procesal, juzgo que las costas de primera y segunda instancia correspondientes a los dos procesos acumulados deberían imponerse a los emplazado s, quienes -de seguirse mi criterio- resultarían sustancialmente vencidos.

X. En consecuencia, y para el caso de que mi voto fuere compartido por mi distinguido colega de sala, propongo al acuerdo, para los dos expedientes conexos: 1) revocar la sentencia apelada; 2) condenar a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santo Virgilio Biasatti a pagar a R. E. M. la suma de $ 992.000, y a Graciela Beatriz

Arcángeli de Cañete, la de $ 225.000, dentro de los 10 días de quedar firme este pronunciamiento; 3) disponer que el capital de condena llevará intereses, calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta día del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de emisión del primer informe (16/11/2004) y hasta el cumplimiento de la sentencia, y 4) imponer las costas de ambas instancias a los emplazados vencidos.

A LA MISMA CUESTION, EL DR.RICARDO LI ROSI DIJO:

I.- Por razones análogas a las vertidas por mi distinguido colega, y siguiendo a Goldschmidt en su recomendación de evitar consideraciones de tipo digresivo que necesariamente repercuten sobre la claridad de la argumentación y dificultan su comprensión (Goldschmidt, Werner, ed. De Belgrano, págs., 163- 167), adhiero a la solución propuesta en el muy fundado voto que me antecede.

En el especial y complejo caso de autos, donde claramente se denota una colisión de derechos que involucran desde aquel a la información en cuestiones de interés público hasta el derecho personalísimo a la imagen, encuentro razones análogas que me llevan a las mismas conclusiones a las que arriba mi distinguido colega y, aunque podrían ser aquí desarrolladas, entiendo que no es misión de un tribunal de justicia entrar en detallismos dogmáticos propios del ámbito académico, sino lograr la máxima de una expedita y razonable solución para los justiciables, imperativo que me conduce a adherir a la solución propiciada por el Dr. Picasso.

II.- En lo que hace al cálculo del resarcimiento en concepto de incapacidad sobreviniente, debo destacar que la reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad, debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias singulares de cada caso, y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza en esta materia de un margen de valoración amplio (conf. esta Sala, libres n° 509.931 del 7/10/08, n° 502.041 y 502.043 del 25/11/03, 514.530 del 9/12/09, 585.830 del 30/03/12, Expte. n° 90.282/2008 del 20/03/14, entre muchos otros).

Ello, por cierto, concuerda con las pautas de valoración establecidas en el art.1746 del Código Civil y Comercial de la Nación, en tanto que «para evaluar el resarcimiento no es necesario recurrir a criterios matemáticos ni tampoco son aplicables los porcentajes fijados por la Ley de Accidentes de Trabajo, aunque puedan resultar útiles para pautas de referencia, sino que deben tenerse en cuentas las circunstancias personales del damnificado, la gravedad de las secuelas, los efectos que éstas puedan tener en su vida laboral y de relación» (conf. Lorenzetti, Ricardo Luis «Código Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado», T VIII pág. 528, comentario del Dr. Jorge Mario Galdós al art. 1746).

Sobre todo en casos de la relevancia del presente, donde la magnitud del daño adopta sutilezas que no pueden traducirse en forma acabada mediante una fórmula o porcentaje de incapacidad estimado por un especialista en la ciencia del arte de que se trate.

Es que, para la determinación de la indemnización, es útil recurrir a fórmulas de matemática financiera o actuarial como son aquellas contenidas en las tablas de amortizaciones vencidas a interés compuesto y de uso habitual en los Tribunales de Trabajo. Ello ofrece, como ventajas, algún criterio rector más o menos confiable, cierto piso de marcha al formular o contestar reclamos, o el aventamiento de la inequidad, la inseguridad o la incerteza. Pero esas ventajas no deben llevarnos a olvidar que tales fórmulas juegan, por un lado, como un elemento más a considerar -cuando de mensurar un daño y su reparación se trata- junto a un haz de pautas fundamentales

ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación. Y por otro lado, que su aplicación desprovista de prudencia puede llevar a verdaderos despropósitos (conf. Voto del Dr. Eduardo De Lazzari en Castelli, María Cecilia contra Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., SCBA LP C 119562 S 17/10/2018 y en C. 117.926, «P., M. G.», sent. de 11-II- 2015; C.118.085, «Faúndez», sent. de 8-IV-2015).

Hecha esta aclaración, adhiero a las sumas propiciadas por el Dr. Sebastián Picasso, en tanto a mi juicio resultan ajustadas a las particularidades del caso.

III.- La evaluación del perjuicio moral constituye una tarea delicada, ya que no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior como en principio debe hacerse de acuerdo al art. 1083 del derogado Código Civil – noción que actualmente se encuentra receptada en el art. 1740 del Código Civil y Comercial-. El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata sólo de dar algunos medios de satisfacción, lo que no es igual a la equivalencia. Sin embargo, la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado, por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir, dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico (conf. CNCiv., Sala F, en autos «Ferraiolo, Enrique Alberto c/ Edenor S.A. y otro s/ daños y perjuicios», voto de la Dra.

Elena Highton de Nolasco, del 6/9/2000; CSJN, en autos «Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros» del 12/04/2011, Fallos: 334:376).

Es que, cuantificar este daño es tarea ardua y responde a una valuación necesariamente subjetiva por tratarse de daños insusceptibles de ser apreciados cabalmente en forma pecuniaria. La valoración de los sentimientos presuntamente afectados debe ser hecha por el Juez en abstracto y considerando objetivamente cuál pudo ser el estado de ánimo de una persona común colocada en las mismas condiciones concretas en la que se halló la víctima del acto lesivo. Se llega así a la determinación equitativa de la cuantía de este daño no mensurable (conf. Bustamante Alsina, Jorge «Equitativa valuación del daño no mensurable», publicado en «Responsabilidad Civil-Doctrinas Esenciales-Partes General y Especial», dirigido por Félix A.Trigo Represas, T° III, pág. 689).

Como sostiene el Dr. Eduardo de Lázzari, «el núcleo del problema es la inexistencia de un criterio capaz de graduar cuantitativa y cualitativamente el daño moral, y es así que no vemos enfrentados con dos imposibilidades: una primera, que es la de analogar dolor con moneda, y que proviene de la imperfección del dinero para curar o menguar un sufrimiento; la segunda, la imposibilidad de recurrir a otro medio que no sea el dinero para la obtención de cosas que proporcionen algún deleite o permitan una distracción que suavice las asperezas del dolor» (conf. S.C.B.A., C 118085 del 08/04/2015 in re: «Faúndez, Daiana Tamara c/ Morinigo, Adrián A. y otras s/daños y perjuicios»), concluyendo de forma contundente, que se debe evitar que «lo que debe ser un resarcimiento se transforme en un injustificado o irrazonable enriquecimiento, y por otro, que la reparación resulte algo así como una limosna más destinada a acallar conciencias que a restañar una herida».

Así, las indemnizaciones en esta parcela no deben guardar necesariamente proporcionalidad con el daño material, pues su fijación como monto depende del hecho generador y se halla sujeta al prudente arbitrio judicial merituando las circunstancias que rodearon el hecho y las condiciones personales de la víctima.

A su vez, debe ponderarse que el dolor humano configura un agravio concreto a la persona, y más allá de que se entienda que lo padecido no es susceptible de ser enmendado, es lo

cierto que la tarea del juez es realizar «la justicia humana» y con ello no hay enriquecimiento sin causa ni se pone en juego algún tipo de comercialización de los sentimientos.No hay «lucro» porque este concepto viene de sacar ganancias o provechos, y en estos supuestos de lo que se trata es de obtener compensaciones ante un daño consumado; y un beneficio contrapuesto al daño, el único posible para que se procure la igualación de los efectos, dejando con ello en claro el carácter resarcitorio que se asigna al daño moral (cfr. Belluscio, Código Civil Anotado, tº 5 pág. 110 citando a pie de página a C.N. Civ. Sala C, La Ley 1978 D-645, y a Mosset Iturraspe).

Sin perjuicio de lo expuesto, entiendo razonables para el presente caso los montos propuestos por el Dr. Picasso, a los que adhiero.

IV.- En consecuencia, con las salvedades expresadas, adhiero en lo demás al voto del Dr. Sebastián Picasso.

La vocalía n°2 no interviene por hallarse vacante.

Con lo que terminó el acto.

SEBASTIÁN PICASSO

RICARDO LI ROSI

Buenos Aires, 23 de marzo de 2021.

Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se resuelve: 1) revocar la sentencia apelada; 2) condenar a Arte Radiotelevisivo Argentino S.A., María Laura Santillán, Carlos De Elía y Santo Virgilio Biasatti a pagar a R. E. M.la suma de $ 992.000, y a Graciela Beatriz Arcángeli de Cañete, la de $ 225.000, dentro de los 10 días de quedar firme este pronunciamiento; 3) disponer que el capital de condena llevará intereses, calculados a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta día del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de emisión del primer informe (16/11/2004) y hasta el cumplimiento de la sentencia, y 4) imponer las costas de ambas instancias a los emplazados vencidos.

Atento lo decidido precedente mente corresponde adecuar los honorarios fijados en la instancia de grado, de conformidad con lo establecido por el artículo 279 del ordenamiento adjetivo.

Ello así, valorando la calidad, extensión e importancia de la labor desplegada por los profesionales intervinientes, monto de la condena con sus intereses y lo establecido por los artículos 1,3,16,19,20,21,29 y 59 de la ley 27.423 aplicable en la especie (conf. CIV09990/2011 del 13/8/2019 entre muchos otros) corresponde establecer los honorarios en el expediente n° 96102/2006 de la siguiente manera; para la letrada patrocinante de la parte actora, Dra. Evangelina Mónica Pereiro en .UMA -PESOS. ($ .), los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Luis María Novillo Linares en .UMA -PESOS . ($ .), los del letrado de la misma parte, Dr. Marcelo A. Martikian en .UMA -PESOS.($ .), los de la perito psicóloga Iris Ilona Lieber en . UMA -PESOS.($ .) y los del mediador, Dr. Pablo E. Gamba en PESOS.($ .).-

Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la ley 27.423, se fijan los honorarios de la Dra. Evangelina Mónica Pereiro en .UMA -PESOS. ($ .).- Asimismo corresponde establecer los honorarios en el expediente n°1264/2006 de la siguiente manera; para el letrado patrocinante de la parte actora, Dr. Ricardo Juan Muro en .UMA -PESOS.($ .), los del letrado apoderado de la parte demandada, Dr. Jorge Jaime José de la María Martínez de Hoz en .UMA -PESOS. ($ .), los de la perito psicóloga Silvia Amalia Lastra en .UMA -PESOS .($ .) y los de la mediadora Dra. María Cristina Brunet en PESOS.($ .).- Por su labor en la alzada que diera lugar al presente fallo, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la ley arancelaria, se fijan los honorarios del Dr. Ricardo Juan Muro en .UMA -PESOS. ($ .) y los del Dr. Jorge Jaime José de la María Martínez de Hoz en .UMA -PESOS . ($ .).- Notifíquese en los términos de las Acordadas 31/11, 38/13 y concordantes de la C.S.J.N., comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la C.S.J.N. en la forma de práctica y devuélvase.

SEBASTIÁN PICASSO

RICARDO LI ROSI

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