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#Fallos Cumpla su compromiso: Se indemniza el daño moral a la trabajadora enferma cuya empleadora no le pagó la suma prometida a cambio de la renuncia

Partes: C. M. C. c/ Security Profesional Group S.R.L. y otro s/ despido

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Sala/Juzgado: I

Fecha: 29-dic-2020

Cita: MJ-JU-M-130191-AR | MJJ130191 | MJJ130191

Se configura un agravio moral ante la conducta de la empleadora que no abonó la suma de dinero prometida por la renuncia de la trabajadora que se encontraba enferma. Cuadro de rubros indemnizatorios.

Sumario:

1.-Cabe otorgar una suma de dinero en concepto de indemnización del daño moral porque los mensajes de whatsapp aportados al proceso e intercambiados entre la trabajadora y quien era gerente de la empresa, demuestran que ésta violó el deber de buena fe en la etapa extintiva de la relación laboral (art. 63 , LCT) y lesionó injustamente la dignidad de aquella, incurriendo en un acto de violencia laboral, en el amplio marco conceptual que registra el art. 6, inc. c) , de la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres pues, a pesar de su delicado estado de salud -con reposo y medicación por depresión- la hicieron vivir una suerte de calvario para abonarle la indemnización prometida y luego de haber cumplido con su parte del convenio (la renuncia) se sustrajeron al cumplimiento de lo pactado y ni siquiera le abonaron los salarios adeudados.

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2.-Si la empleadora y la trabajadora convinieron que ésta remitiría el telegrama de renuncia a condición de que se le abonase una partida dineraria equivalente a la indemnización por despido injustificado, la empleadora incumplidora debe ser condenada a satisfacer la acreencia comprometida, de conformidad con lo establecido por el art. 765 y ss. del CCivCom., pero la renuncia no puede considerarse inválida porque fue realizada con discernimiento, intención y libertad, más tal eficacia jurídica no releva a la demandada de su obligación de pagar la suma de dinero comprometida.

3.-No existe un impedimento temporal a la procedencia de los créditos laborales reclamados, ya que la prescripción liberatoria, a diferencia de la caducidad (art. 2572 , CCivCom.), no puede ser declarada de oficio por la Judicatura y debe ser invocada por la persona deudora, quien puede dispensarla (art. 2535 , CCivCom.) y tal dispensa se considera implícita cuando la demandada no opone la defensa en oportunidad de contestar demanda.

Fallo:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de 2020, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:

La doctora Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- El señor juez a quo rechazó la demanda orientada al cobro de indemnización por antigüedad, liquidación final, otros créditos de naturaleza laboral y un resarcimiento por el daño moral, reclamo este último que no fue tratado al sentenciar. Para así decidir dijo, en resumen, que la actora cursó un telegrama de renuncia y que no probó que ésta fuera inválida (fs. 58/60). Tal decisión es apelada por la actora, a tenor del memorial de fs.61/63, el que no recibió respuesta de la demandada pese a la notificación dispuesta y perfeccionada por ministerio de la ley, en atención a su situación procesal de rebeldía (v. resolución del 13.12.2019).

II.- Recuerdo que la Sra. M. C. C. relató en la demanda que ingresó a trabajar para la empresa SECURITY PROFESIONAL GROUP SRL (En adelante SECURITY) el 01.08.2012como vigiladora y que en ese carácter realizaba la seguridad del salón VIP del boliche llamado ROSE BAR, ubicado en el barrio de Palermo (CABA). Manifestó que era retribuida por noche trabajada y que su mejor retribución mensual fue de $ 2401. Expresó que prestaba servicios 3 o 4 noches a la semana, dependiendo de si había eventos especiales o feriados, y que también coordinaba el grupo de personas que manejaban la interna de dicho establecimiento.Señaló que concurría los días jueves de18:00 a 02:00; los viernes de 22:00 a 06:00, los días Sábados de 23:00 a07:00 y en eventos especiales o feriados de 22:00 a 07:00.

Al relacionar los hechos expresó que su trabajo se desarrolló normalmente hasta que, en febrero de 2017, falleció el padre de su hijo, situación que la afectó y produjo una tendencia a la depresión, pese a lo cual continuó con sus tareas, sin solicitar ningún tipo de licencia. Indicó que, en mayo de 2017, antes de ingresar a un curso que era necesario para continuar con su actividad laboral, tuvo por primera vez un ataque de pánico, por lo que fue asistida en el Hospital Juan A. Fernández por médicos psiquiatras, quienes le diagnostican depresión moderada y la medicaron con antidepresivos. La actora manifestó que, como la medicación prescripta hacía mayor efecto de noche, les comunicó a sus empleadores la situación y presentó todos los certificados médicos que avalaban su trastorno de salud. Por otra parte, aseveró que la demandada, a través del señor Julián, encargado de la parte administrativa, la convenció de que lo mejor era que se desvinculara de la empresa, que le iban a abonar una indemnización como si la hubieran despedido, pero que para ello debía enviar el telegrama de renuncia, lo que hizo con fecha 28.06.2017 y añadió que, a pesar de ello, desconocieron sus obligaciones y la palabra empeñada. Adujo que los demandados realizaron una maniobra casi extorsiva y se aprovecharon de su estado de indefensión; quela obligaron a presentar un telegrama de renuncia más de un mes después de haber informado a la demandada mediante certificados sobre su situación de salud. La actora transcribió el intercambio de mensajes de WhatsApp habido con el citado señor Julián.Finalmente, la actora solicitó al demandar la declaración de nulidad de la renuncia que remitiera, que se considere que fue despedida sin culpa, que se le abonen las indemnizaciones derivadas del despido y también el SAC y las Vacaciones, partidas estas que, según aseveró, nunca le fueron pagadas porque la demandada consideraba que no le correspondían. Al practicar la liquidación, reclamó las siguientes partidas: «Antigüedad Art. 245: $ 12,005.00; Sustitutiva de Preaviso: $ 4,802.00; SAC Preaviso: $ 400.17; Días trabajados del mes: $ 2,240.93; Integración mes de Despido: $ 160.07; SAC Integración mes de Despido: $ 13.34; SAC Proporcional: $ 1,177.48; Vacaciones No Gozadas: $ 659.39; SAC Vacaciones No Gozadas: $ 54.95; SAC 2012 (Proporcional) $1,000.41; SAC 2013 $2,401.00; SAC 2014 $2,401.00; SAC 2015 $2,401.00; SAC 2016 $2,401.00; Vacaciones 2013 $1,344.56; Vacaciones 2014 $1,344.56; Vacaciones 2015 $1,344.56; Vacaciones 2016 $1,344.56», o sea, un total de $ $ 38,840.54. También reclamó en el escrito inaugural una reparación por el daño moral que afirmó le provocara el hecho de que la hubiesen manipulado y abusado de su estado mental para sustraerse del pago de las obligaciones contraídas, el que calificó como un trato discriminatorio.

III.-La actora cuestiona con razón el rechazo de la demanda respecto de SECURITY, empresa que fuera su empleadora. Hago esta afirmación, porque SECURITY fue declarada rebelde (v. resolución del 14.03.2019, fs.57), o sea, incursa en la situación prevista por el art. 71, tercer párrafo de la ley 18.345 de Procedimiento Laboral. Tal contumacia determina que los hechos expuestos en la demanda se presumen ciertos, salvo prueba en contrario.

Desde esta perspectiva, y como no existe prueba que lo controvierta, debe tenerse como hecho acreditado que la Sra. M. C. C.ingresó a prestar servicios dependientes para SECURITY el 01.08.2012 y, del mismo modo, que el 28.06.2017 cursó a la empleadora un telegrama a través del cual comunicaba la renuncia al empleo. También debe tenerse por cierto que la renuncia de la trabajadora fue parte de un acuerdo al que arribara con la empleadora por intermedio del cual, SECURITY se comprometía a abonarle a la trabajadora una suma de dinero representativa de lo que le habría correspondido de haber sido despedida sin causa, hecho que resulta verosímil, no solo porque es una situación bastante común en el mundo de las relaciones laborales, sino porque además se infiere de la lectura del intercambio de mensajes de WhatsApp que la trabajadora tuvo con la persona de las estructuras gerenciales de SECURITY, de nombre Julián, mensajes que fueron transcriptos en la demanda, no fueron desconocidos por la empleadora y deben atribuírsele a la persona jurídica (arg. artículo 36 de la ley de contrato de trabajo). De su lectura se extrae que la Sra. C. se hallaba impedida, por razones de salud psíquica, para prestar servicios, los que realizaba de manera nocturna en un boliche, y que el contador de la firma, a quien se le había indicado que le liquidara el monto acordado, exigía que la Sra. C. remitiera la renuncia a fin de habilitar el pago.Es también verosímil que tal acuerdo haya existido porque la trabajadora, por su antigüedad y la afección que estaba viviendo en su salud psíquica, no estaba en condiciones de prestar servicios y no existía certeza acerca de la fecha en que podría retornar a trabajar, circunstancia que colocaba a la patronal en la situación de cumplir con las obligaciones derivadas del artículo 208 LCT.

También surge que la trabajadora cursó el correo postal a través de Correo Argentino el 28.06.2017, al solo efecto de que se le pagara la suma prometida y que, a pesar de haber cumplido con lo que se le exigiera (el telegrama extintivo), la acreencia no fue cancelada. Es decir, la situación de contumacia procesal, unida a la transcripción de los citados mensajes, que además dan cuenta de la situación desesperada de la trabajadora, revelan que la empleadora, tal como se afirmó en la demanda, subordinó el pago de una suma de dinero equivalente a las partidas derivadas de un despido sin causa, a que la Sra. C. remitiera el telegrama de renuncia. Obsérvese que del intercambio de mensajes surge que la trabajadora hizo saber a la demandada que requería atención médica psiquiátrica por el diagnóstico de depresión -el que había comunicado anteriormente y acreditado con certificaciones médicas- y que estaba muy consternada porque el hospital público le negaba la provisión de los medicamentos que necesitaba, porque aún figuraba como trabajadora dependiente de la demandada. En los WhatsApp remitidos por la trabajadora se lee:»No me dan la medicación en mi hospital» (28.06.2017, 08:31 horas); «K se kede trankilo k le firmo la renunciakiero cobrarrrrr» (28.06,2017, 08:32 horas); «Xfavor .tantas vueltas.dan», «Hace más de un mes con esto .x dios», «Yo estoy enferma .k parte no entienden», «Kiere mi renuncia listo voy con El y lahago» (28.06.2017, entre las 08:31 y 10:01 horas), a lo que el gerente contestó: «Buen día.

Me dice que necesitala renuncia para hacer la liquidación final. Lo que se habló se va a cumplir, pero necesita la renuncia a la dirección que dice el recibo para ya poder seguir avanzando» (mensaje del 28.06.2017, 10:24 horas).

En definitiva, el telegrama de renuncia que la Sra. C. remitió a la empleadora constituía el cumplimiento de su parte en el acuerdo extintivo, o sea, que le abonasen, a cambio, una suma de dinero equivalente a un despido sin causa. Por lo tanto, la renuncia no puede considerarse inválida, porque fue realizada con discernimiento, intención y libertad, pero tal eficacia jurídica no releva a la demandada de su obligación de pagar la suma de dinero comprometida, es decir, un equivalente a las indemnizaciones que le habrían correspondido a la Sra. C. de haber sido despedida sin invocación de causa, porque eso fue lo que habían pactado ambas partes, como ha quedado acreditado en la causa. Es que más allá de que la autonomía de la voluntad está limitada en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, tal cercenamiento es impuesto por la legislación laboral para resguardo de la persona trabajadora, que es sujeto de preferente tutela (artículo 14 bis, CN), pero en casos como el de autos no puede acudirse a razonamientos legales basados en normas imperativas que, a la postre, desemboquen en soluciones contrarias a los derechos de aquel sujeto que la disciplina laboral intenta proteger.El contrato es obligatorio para las partes (artículo 959, Código Civil y Comercial) y en el caso, como ya señalé, la empleadora y la trabajadora co nvinieron que ésta remitiría el telegrama de renuncia a condición de que se le abonase una partida dineraria equivalente a la indemnización por despido injustificado. Como la empleadora no cumplió lo pactado, debe ser condenada a satisfacer la acreencia comprometida, de conformidad con lo establecido por el art.765 y ss. del Código Civil y Comercial. El capital correspondiente a esta partida se fija en $17.380,59. Llego a esta suma porque tengo en cuenta la fecha de ingreso (1/8/2012), la remuneración mensual ($ 2.401) y la fecha de egreso (28/6/2017). Con estos parámetros, a la trabajadora le habría correspondido percibir, por las indemnizaciones derivadas de un despido sin causa, las siguientes partidas: a) indemnización por antigüedad (5 períodos) $ 12.005.-; b) indemnización sustitutiva por falta de preaviso (2 meses) $ 4.802.-; c) SAC sobre preaviso $ 400,18.-; d) integración del mes de despido (2 días) $ 160,07.-; e) SAC sobre integración $ 13,34.

Por otra parte, como la demandada no acreditó haber cancelado el sueldo anual complementario correspondiente a los años 2012 (proporcional), 2013, 2014, 2015, 2016 y proporcional del año 2017, de acuerdo a lo que establece el artículo 138 de la ley de contrato de trabajo, partidas que fueron reclamadas en la demanda, su procedencia se impone de acuerdo a lo prescripto por los artículos121, 122 y 123 de la LCT.El capital por este concepto se fija en $ 11.781,89 ($1.000,41 -proporcional 2012-$ 2401 x 4 -2013 a 2016- + $ 1.177,48 que es el SAC proporcional 2017). Debo aclarar que no existe un impedimento temporal a la procedencia de los créditos laborales reclamados, ya que la prescripción liberatoria, a diferencia de la caducidad (art.2572 CCyC), no puede ser declarada de oficio por la Judicatura y debe ser invocada por la persona deudora, quien puede dispensarla (art.2535, CCyC). Tal dispensa se considera implícita cuando la demandada no opone la defensa en oportunidad de contestar demanda.

No deben prosperar las partidas reclamadas en concepto de vacaciones de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. El propósito del instituto es que dicho descanso sea efectivamente gozado, es decir, lograr la reparación psicofísica de quien trabaja. En nuestro ordenamiento jurídico no es viable la compensación dineraria de vacaciones no gozadas.En ese sentido, el artículo 162 de la ley de contrato de trabajo prevé que las vacaciones no son compensables en dinero y sólo admite como excepción la posibilidad de abonar -a modo de indemnización- el importe que le habría correspondido percibir a la persona trabajadora por las vacaciones proporcionalmente ganadas hasta el momento de la disolución del vínculo laboral.

Por esta razón, le corresponden las vacaciones proporcionales no gozadas de 2017, que ascienden a $ 659,39, más el SAC sobre las vacaciones no gozadas que alcanza la suma de $ 54,95, o sea, un total de $ 714,34.

Corresponde juzgar procedente el pago de los salarios del mes de junio de 2017 (28 días), que ascienden a $ 2.240,93, ya que la demandada no acreditó haberlos cancelado con ajuste a lo establecido por el art.138LCT.

En definitiva, el capital que se difiere a condena en concepto de suma acordada por acuerdo extintivo y las partidas salariales e indemnizatorias independientes de la causal extintiva, asciende a $ 32.117,75.

IV.- La actora se queja porque no fue tratado en la sentencia de origen su reclamo por daño moral. Dijo al demandar que la manipularon y abusaron de su estado mental para sustraerse del pago de las obligaciones contraídas, recibiendo un trato discriminatorio; que la obligaron a presentar el telegrama de renuncia, más de un mes después de haber informado a la demandada mediante certificados – recibidos por ella, conforme sellos y firmas insertos en los certificados que adjuntó a la demanda- y luego desconocieron sus obligaciones y la palabra empeñada.

Al respecto, el contenido de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la trabajadora y el representante de la empresa SECURITY (Julián) entre el 17 de mayo de 2017 y el 27 de julio de 2017, que la demandada no desconoció, ponen en evidencia que la actora experimentó intensas aflicciones espirituales como consecuencia del incumplimiento de lo acordado por parte de la demandada.Es que desde el 17.05.2017, que comenzaron los requerimientos de la trabajadora, tiempo en que ésta inició sus ausencias por la enfermedad que la aquejaba – diagnosticada como depresión, que comenzó a exteriorizarse a través de ataques de pánico-, hasta que terminó el último mensaje del 27.07.2017, con la frase «Manga de estafadores», pasaron más de dos meses de letanía para lograr el cobro.

O sea, durante más de dos meses la trabajadora hacía saber a la empleadora que su situación era desesperante y explicitaba enfáticamente la necesidad imperiosa que tenía de percibir el dinero, el que para ella resultaba impostergable.

La Sra. C. hizo saber en los mensajes del 19.05.2017: «La verdad cada vez más desconcertada con ustedes», «Estoy enferma y se cagan pidiendo krenuncie», «X, dios».

O bien en los del día 06.062017: «Hola julian no me kieren hacer la baja de la obra social si no presento likidacion final. Y yo necesito paraatenderme en mi hosp», «Ahora estoy aca y no me kieren hacer la baja.Si no presento lo k me pide.Y en el hospi me piden la baja sino no me dan la medicación.O la baja en la Afip.Es urgente.Xfavor», «Me corta todo esto y yo estoy en tratamiento.Y no estoy bien.No Puedo ponerme nerviosa.Ya paso tiempo.No puede tardar tanto un contador en liquidarme.Xfavor.».

Los del 13.06.2017: «No tengo un peso y kiero darle de baja. Ala obra social.Xfa antes del viern.No kiero terminar mal.Xfavor»; o los de 15.06.2017:

«Me da verguenza k se hagan los desentendidoste dije antes del viern.Soy siendo lo mas pasiente posible.Espero sepas entender.No kiero esperqr massss.No tengo xk.Esto no me hace bien a mi salud». El 17.06.2017 se lee:»Julian perdona k te joda pero esto llevatiempo.necesito cuanto antes dar de baja obra social y necesitan milikidacion y no me puedo kedar siin medicación». El 23.06.2017 se lee que el gerente le dice a la actora: «Buen día. Si le pase tu número. Me dijo que te va a estar llamando cuando tenga la liquidación final». El 25.06.2017 la trabajadora dice: «Hola perdona k te joda.Pero necesito k el contador me llame urgente. Tengo k hacerme estudios de sangre tamb.Y no llamo todavía.No kiero esperar más». El 26.06.2017 surge que la Sra. C. dice: «X dios. K larga la hace. K me likideeeee. Mi tiempo no es el mismo k de El. Hace algo xfa. Si tiene mi número k me mande what. Parece k me está boludeando» A lo que el gerente le contesta «Recién termine de hablar. Le dijeque lo necesitas con urgencia».

Al día siguiente, ante un nuevo requerimiento de la actora, el gerente Julián le dice: «Recién hable con el contador. Le comenté lo que está pasando y me dice que no puede hacerte la liquidación final porque falta el telegrama de renuncia». Y en los mensajes posteriores la trabajadora dice: «Ha no no te puedo creer. De eso no hablamos. Se lo firmo. K garantia tengo yo?No era lo hablado. Hubiera dicho antes. Así no era. El kiere k lo mande. K garantia tengo de k ke likide?». A lo que el gerente le responde: «Son los pasos legales que le piden a él» -se refiere al contador-, «Porque no puede hacer una liquidación final por legalmente seguís trabajando». El 28.06.2017, la Sra. C. dice: «Hace más de un mes con esto .x dios. Yo estoy enferma .k parte no entienden». Y refiriéndose luego a la renuncia dice:»La voy a hacer.pero espero cumplan.Yo la hago.hoy.Vamos a ver si cumplen».

De los mensajes surge que a partir de ese día (28.06.2017) en que la trabajadora remitió el telegrama de renuncia, no le abonaron ninguna suma.

Entonces, nuevamente contacta con el gerente expresándole su desesperación: «K pasa? K no melikidan? Otra gente k se fue de la empresa al toke lo likidaron k pasa conmigo? Yo no me puedo hacer problema estoy enferma.Xk me dan vueltas?» (mensajes del 03.07.2017).

El 04.07.2017 constan otros mensajes, tales como: «Necesito mis remedios julian .tambien.y el 05.07.2017: «Buen dia .xfa necesito saber k pasa con l omío.

Necesito mi likidacion para la baja de obra social no sabes todo lo k tuve k hacer para k me den la medicación.Urgente.Kiero k me likiden.Ya 3wtoy arta de ser reiterativa con algo k tienen k hacer».

El 05.07.2017, en horas de la tarde, la trabajadora dice: «Xk esto no se hace y más a una mujer enferma. Y yo creí en tu palabra. Y parece k me kieren cagar.Es todo muy raro. Muchas vueltas. Según el contador ya estaba todo hablado kpaso?. Si perdon .vos en el medio» A lo que el representante de la empresa le contesta: «Vamos hacer una cosa. A partir deahora te manejas con la oficina. Llama todas las veces que quierasasí te sacas todas tus dudas. Ya que no crees en mi palabra. Hasta acá llegue».

A partir de allí la trabajadora no recibe más respuestas a sus mensajes. El 06.07.2017 C. dice: «Julian llamo mi hijo a la ofi. dos veces y no estan dando respuesta.Vos no me podes pasar un teléfono de la persona k se encarga de mib likidacion». Y no le contestan, hasta que el 25.07.2017 vuelve a mensajear, sin respuesta: «Me cagaron. Me cago en tu palabra .no tenes.X lo menos tene la delicadesa de contestar.me cagaste . Yo nec3sito la plata.tomalo como kieras conrñe y no tuvisteb palabra.Manga de estafadores».

Transcribí estos fragmentos de los mensajes habidos desde mayo hasta julio de 2017, entre la trabajadora y quien era gerente de la empresa, porque su contenido demuestra que la empleadora violó el deber de buena fe en la etapa extintiva de la relación laboral (art.63, LCT) y lesionó injustamente la dignidad de la trabajadora, incurriendo en un acto de violencia laboral, en el amplio marco conceptual que registra el artículo 6° inciso c de la ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres pues, a pesar de su delicado estado de salud- con reposo y medicación por depresión- la hicieron vivir, como lo expresó en su presentación ampliatoria del 06.06.2018, una suerte de calvario para abonarle la indemnización prometida y luego de haber cumplido con su parte del convenio (la renuncia) se sustrajeron al cumplimiento de lo pactado y ni siquiera le abonaron los salarios adeudados. Por ello, propongo que se haga lugar a la demanda en este aspecto y de conformidad con lo normado por los arts.1716, 1741 y conc. del Código Civil y Comercial, se difiera a condena una reparación por las consecuencias dañosas no patrimoniales (daño moral) causadas a la actora según se expresó supra. Para mensurar la partida, que no ha sido estimada en la demanda, encuentro adecuado, en el caso, utilizar por analogía la cuantificación normada por el artículo 182 LCT y fijar una suma equivalente a un año de remuneraciones por lo que, teniendo en cuenta que el salario mensual ascendía a $ 2.410, alcanza un total de $ 31.213.

Por lo expuesto, propongo que se revoque la sentencia apelada y se condene a la demandada SECURITY PROFESIONAL GROUP SRL a pagar a la señora M. C.C., la suma de $ 63.330,75, con más intereses a las tasas fijadas por las actas 2630/16 y 2658/2017 desde la fecha de la extinción del vínculo (28.06.2017) hasta la del efectivo pago.

V.- Las costas de ambas instancias deben imponerse a la demandada, quien ha resultado vencida (art.68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En materia arancelaria, de acuerdo al mérito, eficacia de los trabajos cumplidos, el valor económico del juicio, el resultado obtenido, las facultades conferidas al Tribunal por el art. 38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación y vigentes a la época de las tareas ponderadas a los fines regulatorios (arts.1º, 6º, 7º, 8º, 9º, 19 y 37 de la ley 21.839; cfr. arg. CSJN, in re «Francisco Costa e Hijos Agropecuaria c/ Provincia de Buenos Aires s/daños y perjuicios», sentencia del 12/9/1996, publicada en Fallos: 319: 1915 , doctrina reiterada en «Establecimiento Las Marías SACIFA c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa» de 04/09/2018, considerando 3º, Fallos 341:1063 ), propongo regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora en el (%) del monto del proceso, incluido capital e intereses y los de alzada, en el (%) de lo que ha sido fijado como retribución por las tareas realizadas en la instancia anterior (art.30, ley 27.423).

De compartirse mi propuesta, correspondería: 1) Revocar la sentencia apelada y, en su mérito, hacer lugar a la demanda y condenar a SECURITY PROFESIONAL GROUP SRL a pagar a M. C. C., dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la oportunidad prevista por el art.132 LO, la suma de $ 63.330,75con más intereses desde el 28.06.2017 hasta la fecha del efectivo pago, a las tasas establecidas por las Actas de esta CNAT Nro.2.630/16 y 2.658/2017; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, por los trabajos de grado, en el (%) del monto del proceso, incluido capital e intereses y los de alzada, en el (%) de lo que ha sido fijado como retribución por las tareas realizadas en la instancia anterior.

La doctora María Cecilia Hockl dijo:

Que adhiere al voto que antecede por compartir sus fundamentos y conclusiones.

A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE:1) Revocar la sentencia apelada y, en su mérito, hacer lugar a la demanda y condenar a SECURITY PROFESIONAL GROUP SRL a pagar a M. C. C., dentro del quinto día de quedar firme la liquidación que se practique en la oportunidad prevista por el art.132 LO, la suma de $ 63.330,75 con más intereses desde el 28.06.2017 hasta la fecha del efectivo pago, a las tasas establecidas por las Actas de esta CNAT Nro. 2.630/16 y 2.658/2017; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada; 3) Regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora, por los trabajos de grado, en el (%) del monto del proceso, incluido capital e intereses y los de alzada, en el (%) de lo que ha sido fijado como retribución por las tareas realizadas en la instancia anterior y 4) Hacer saber a las partes que la totalidad de las presentaciones deberán efectuarse en formato digital (CSJN punto n°11 de la Ac. 4/2020, reiterado en los Anexos I y II de la Ac. 31/2020).

Regístrese, notifíquese y oportunamente comuníquese (art.4º, Acordada CSJN Nº 15/13).

Gabriela Alejandra Vázquez

Jueza de Cámara

María Cecilia Hockl

Jueza de Cámara

Ante mí:

Verónica Moreno Calabrese

Secretaria de Cámara

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