#Fallos Perspectiva de género: Procede la indemnización especial pues la forma de instrumentación del despido directo lleva a la convicción de que la empleadora ya conocía el embarazo de la trabajadora

Partes: Servicios Río Colorado S.A. en J: 156437 ‘N. O. G. E. c/ Servicios Río Colorado S.A. s/ despido’ s/ recurso extraordinario provincial

Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza

Sala / Juzgado / Circunscripción / Nominación: II

Fecha: 6 de agosto de 2020

Cita: MJ-JU-M-127308-AR|MJJ127308|MJJ127308

Procede la indemnización especial del art. 178 LCT analizando el despido directo dispuesto por la empleadora desde una perspectiva de género.

Sumario:
1.-Cabe confirmar la sentencia en cuanto consideró procedente la indemnización especial del art. 178 LCT, pues el despido directo dispuesto por la empleadora por acta notarial (comunicación que sugestivamente difiere de la anterior notificación extinción del vínculo laboral efectuada por carta documento) lleva a la convicción de que a la fecha del despido la empleadora ya había tomado conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora.

¿Aún no estás suscripto a Microjuris? Ingresá aquí.

2.-La perspectiva de género lo que hace es poner énfasis o reforzar el método de valoración de las pruebas por parte de los jueces de manera de garantizar acciones positivas respecto del abordaje de tan sensible temática, y por ello no resulta novedoso para la labor jurisdiccional, puesto que es sabido que los jueces deben ponderar los elementos de prueba -objetivos y subjetivos- a la luz de aquellos parámetros interpretativos que hacen al contexto dentro del cual tuvo lugar cada uno de los comportamientos ilícitos sometidos a juzgamiento.

3.-Uno de los valores significativos que ostenta la Ley nacional 26.485 resulta en reforzar direccionadamente el método de valoración en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, para lograr desterrar las prácticas nocivas derivadas de la cultura jurídica patriarcal-inquisitiva, que tanto daño ha causado por los usos y costumbres de los operadores judiciales.

Fallo:
En la Ciudad de Mendoza, a 6 de agosto de 2020, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causa N° 13-04067850-0/1, caratulada: «SERVICIOS RIO COLORADO SA EN J: 156.437 N. O. G. E. C/ SERVICIOS RIO COLORADO SA P/ DESPIDO S/REP»

De conformidad con lo decretado a fs. 54, quedó establecido el siguiente orden de votación en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. JOSÉ VIRGILIO VALERIO, segundo Dr. MARIO DANIEL ADARO y tercero Dr. OMAR ALEJANDRO PALERMO.

A N T E C E D E N T E S:

A fs. 17/38, Servicios Río Colorado S.A., por medio de representante, interpuso recurso extraordinario provincial contra la sentencia dictada a fs. 113 y sgtes., de los autos N° 156.437, caratulados: «N. O. G. E. C/ SERVICIOS RIO COLORADO SA P/ DESPIDO», originarios de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 39 se admitió formalmente el recurso interpuesto, y se ordenó correr traslado a la contraria, quien contestó a fs. 41/43 vta.

A fs. 46/47 se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso, entendió que correspondía rechazar el recurso planteado por la accionada.

A fs. 54 se llamó al Acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

P R I M E R A: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

S E G U N D A: En su caso, ¿qué solución corresponde?

T E R C E R A: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. JOSE V. VALERIO, dijo:

I. La Sentencia del a quo -agregada a fs.113 y sgtes.- hizo lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenó a Servicios Río Colorado SA a pagar a G. E. N. O. la suma de $ 185.172,60 en concepto de sueldo anual complementario, indemnización por antigüedad, preaviso, integración de mes de despido e indemnización art. 178 LCT, con más sus intereses y costas.

Y rechazó la indemnización del art. 2 de la ley 25.323 por la suma de $ 20.060,30.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, el tribunal argumentó:

1. El estado de gravidez de la accionante se acreditó con el certificado médico de embarazo expedido por el Dr. Addamo de fecha 28/09/16, con fecha probable de parto el 04/05/17, obrante a fs. 15 y reconocido por el profesional a fs. 70.

2. El acta de nacimiento de fs. 61 prueba que el 14/04/17 nació el hijo de la actora, mientras que del acta de notificación notarial de fs. 13 y 45 de fecha 13/09/16 surge acreditado el despido directo dispuesto por la empleadora.

3. De tal manera que, a la fecha del despido, la trabajadora se encontraba dentro del plazo de siete meses y medio anteriores a la fecha de parto, que es el plazo de protección dispuesto por el art. 178 LCT.

4. De la declaración testimonial de la Sra. S., compañera de trabajo de la actora, surge que la Sra. N. comunicó su embarazo en un asado que hizo la empresa en donde estaban todos incluidos los dueños de la misma, lo que ocurrió el 09 de setiembre, que todos la felicitaron y festejaron el anuncio.

5. La forma en que se efectuó la notificación del despido directo dispuesto por la empleadora, por acta notarial, creó la convicción que a la fecha del despido 13/09/16 la empleadora ya había tomado conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora.

II.Contra dicha decisión, Servicios Río Colorado SA, por medio de representante, interpuso recurso extraordinario provincial, con fundamento en el artículo 145 apartado II del C.P.C.C. y T. y esgrimió los siguientes agravios:

1. Arbitrariedad por violación de la garantía de defensa y debido proceso, por entender su parte, de que el tribunal hizo lugar a la indemnización por despido por causa de embarazo dispuesta por el art. 178 LCT, sin haber la actora cumplido con el requisito de la notificación fehaciente dispuesta por el art. 178 del mismo cuerpo legal. En tal sentido entiende que el certificado acompañado en autos por la accionante es de fecha posterior al distracto.

2. Se agravia por la imposición de las costas, al afirmar que su parte puso a disposición de la actora los montos indemnizatorios correspondientes al despido, por lo que, debido a la desidia de la trabajadora solicita la revocación de las costas en relación a tales sumas.

III. Anticipo que el recurso interpuesto por la demandada no prospera.

1. El primer agravio se encuentra relacionado con la procedencia o no, de la indemnización por embarazo prevista en los arts. 178 y 182 LCT, reclamada por la actora.

a. Cabe recordar lo resuelto en la causa «Cruz Mendoza» (sentencia del 3/4/18), en donde se analizó:

El art. 178 LCT dispone que «Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley».

La normativa impone la obligación de notificar y acreditar el embarazo así como, en su caso, el del nacimiento.Vale decir que la norma hace el distingo entre las dos etapas: el embarazo, la protección comienza con su notificación; y el nacimiento, la protección nace con la comunicación del alumbramiento (LS 212-056, 318-185).

Es decir que la trabajadora debe poner en conocimiento del empleador el hecho del embarazo y el del nacimiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 178 LCT y si no cumple con tales disposiciones, pierde el derecho de reclamar la indemnización especial prevista por el art. 182 del mismo cuerpo legal (LS 287-473, 317-186, 318-185).

b. Por lo tanto, cabe analizar si en el caso la actora ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la norma legal.

(i) Llega firme a esta instancia que la actora fue despedida el día 13/09/16 a través del acta notarial cuya copia obra a fs. 45 y vta. El día 09/09/16, la trabajadora «informa al dueño de la empresa que estaba embarazada y que tenía cita con el médico el próximo 28/09/16 donde le entregaría el certificado que luego le acompañaría»; tal comunicación al empleador fue verbal, según surge del propio relato de la actora (fs. 18/23 y 62/63 de los principales).

(ii) Este Sala, con diversa integración, ha resuelto que la trabajadora embarazada debe acreditar que ha notificado en forma fehaciente al empleador de su situación de gravidez. La norma le exige comunicar al empleador su estado en forma fehaciente, mediante la presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto (basta telegrama o una nota cuya recepción sea firmada por el empleador o el jefe de personal, salvo que el embarazo sea tan evidente que sea imposible de ser ignorado) o requerir su comprobación por el empleador.Dicha comunicación resulta trascendente pues a partir del momento en que la notificación llega a conocimiento del empleador, la trabajadora tiene derecho a la estabilidad en el empleo que la LCT reconoce durante toda la gestación y a la protección especial del art. 178 (causa «Rosales», sentencia del 08/09/16).

(iii) Ahora bien, la recurrente basa su queja en la ausencia de consideración, por el tribunal de grado, de la tacha interpuesta en contra del testigo de la actora, Sr. M., sin embargo, aún cuando la misma fuera resuelta en forma favorable, no alteraría la decisión a la que arribó el tribunal de grado.

(iv) En efecto, la visualización de la videograbación de la audiencia de vista de causa, arroja como resultado que en sus alegatos la demandada reconoció haber despedido sin causa a la actora mediante acta notarial de fecha 13/09/16 y que puso a su disposición la liquidación final (minuto 11.47). Insiste, en la falta de conocimiento por parte del empleador, del estado de gravidez de la actora y aduce que recién se enteró del mismo a raíz de la demanda interpuesta por la trabajadora (minuto 11.50).

(v) Por otro lado, también en tal oportunidad, la accionada introdujo una hipótesis que no integró la controversia, relativa a la ausencia de embarazo de la actora, al momento del despido (minuto 11.53), lo que resulta lesivo del derecho de defensa. En tal sentido he expresado recientemente que los alegatos contienen las conclusiones del mérito de la causa (conf. Darío Bermejo en Rauek de Yanzón, Inés, «Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza Anotado, Comentado y Concordado», A.S.C., p.758), mas no pueden incluir alegaciones que debieron hacerse en otras etapas del proceso, porque ello sería lesivo del derecho de defensa (causa «Daminato», sentencia del 19/5/20 y causa «García, sentencia del 27/5/20).

(vi) Por otra parte, de la compulsa de las actuaciones principales surge que la causal alegada para el despido y mantenida en la contestación de demanda, fue una supuesta «reestructuración empresaria», de la cual no existe ninguna prueba en autos.

Ello no hace más que confirmar la conclusión a la que arriba el tribunal de grado en el sentido de que el «.despido directo dispuesto por la empleadora por acta notarial (comunicación que sugestivamente difiere de la anterior notificación extinción del vínculo laboral efectuada por carta documento de fs. 10).», llevan a la convicción «.que a la fecha 13/09/2016 del despido, la empleadora ya había tomado conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora.». Conclusión ésta de la cual la recurrente en ningún momento se hace cargo, y constituye un fuerte indicio de que la actora fue despedida debido a su estado de gravidez. Ello finalmente llevó al juz gador a la afirmación del cumplimiento de los requisitos dispuestos por el art. 178 de la LCT, lo cual activa, en consecuencia, las presunciones de la mencionada norma, al haber operado el despido en el período de sospecha.

(vii) En definitiva, me pronuncio por el rechazo de este primer motivo de agravio.

2. Idéntica solución merece la queja relativa a las costas.

(i) En efecto, si bien en el acta notarial de despido, el empleador puso a disposición de la actora la «liquidación final de rubros no retenibles e indemnizatorios y documentación correspondiente a la extinción de la relación laboral», no surge acreditado en autos que haya procedido a su consignación, a fin de liberarse de su responsabilidad de pago (art. 904 y ss. CCyCN).

ii.En tal sentido, recién al contestar demanda ante el tribunal de grado, la empleadora acompañó boleta de depósito de tales rubros, cuyo monto fue transferido a la cuenta de la actora (ver fs. 44 y 75 de los principales), es decir, que obligó a la misma a interponer la acción.

iii. La solución dada por los Tribunales del Trabajo en materia de costas no se rige por mandatos constitucionales, sino legales y por ello, no autoriza un distinto criterio de imposición (LS 50-236, LS 243-446, 408-150, 409-107, 415-191, 420-228, 423-121, LA 196-207, causa Luffi, sentencia del 17/08/18).

(iv) En definitiva, la censura planteada no contiene razones suficientes que justifiquen una solución diferente a la arribada por el tribunal de grado, por lo que se desestima este agravio.

3. Atento a que el Sr. Procurador General en su dictamen entiende que el sentenciante ha interpretado el artículo 178 de la LCT con perspectiva de género, estimo necesario realizar algunas precisiones al respecto.

En primer lugar, debo mencionar que ya he tenido oportunidad de expedirme con anterioridad sobre la cuestión en diversos precedentes (sentencias penales «Cruz Caporiccio», «Merlo Lazza», «Quiroga Morales», «Ojeda Pérez», «Vázquez Tumbarello», entre otros entre otros). En dichas ocasiones, al momento de la revisión en esta instancia extraordinaria de pronunciamientos jurisdiccionales emitidos sobre casos que resultaron encuadrados dentro de la violencia de género, destaqué la necesidad de que «el análisis del plexo probatorio reunido deba serlo teniendo en cuenta los diversos instrumentos internacionales vigentes en la materia, particularmente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, «Belem Do Pará», y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer «CEDAW»-; así como también, entre otras, las normas contenidas en la Ley N° 26.485 destinada a la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres».

En segundo lugar, señalé que aquella concepción según la cual la perspectiva o visión de género es una «categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad» (UNICEF, «Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas», Buenos Aires, 2017). Destaco la idea de igualdad contenido en la definición en tanto se encuentra no sólo consagrada expresamente en el texto constitucional (art. 16 CN y 7 Constitución de Mendoza), sino, también, en el ámbito de la normativa internacional.

A su vez, la «Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer» – Belem Do Pará -, garantiza que toda mujer tiene «el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley» (art. 4, inc. «f»). Sostuve que la reclamada aplicación de la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos, establecida en el inciso i) del art. 16 de la ley 26.485, dispuesta entre los derechos y garantías mínimas de procedimientos judiciales, ha sido una disposición procesal marco nacional obligatoria en todo el territorio de la República.

Esto no modifica sustancialmente nuestro sistema procesal provincial, el cual tiene previsto el principio de amplitud probatoria del art.54 del Código Procesal Laboral (ley 9.109), según el cual «.Las partes pueden proponer además, cualquier otro medio de prueba que consideren pertinente a la demostración de sus pretensiones.».

Aceptándose expresamente las presunciones e indicios como medios de prueba (art 54 CPL), si bien su carácter de serios, graves y concordantes, requerido en los casos de mobbing, ya había sido receptado por esta Sala -con otra integración- en las causas «Zani» (sentencia del 14/08/15) y «Cerrato» (sentencia del 30/10/15). De este modo, al amparo de los dispositivos normativos mencionados, estimo que el texto legal vigente no introduce un nuevo método de valoración probatoria para los casos de violencia de género, puesto que siempre la prueba debe valorarse conforme al sistema de la sana crítica racional (art. 69 CPL).

En tercer lugar, entiendo oportuno destacar que en nuestro ordenamiento interno, la ley nacional 26.485 es una norma orientada a promover y garantizar el reconocimiento y protección de los «derechos de las mujeres».

En tal sentido, entre sus objetivos primordiales, el propio texto promueve y garantiza «la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida», «el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia», «las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos», como también, «la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres» (art 2, inc. a, b, c y e respectivamente).

Ese deber jurídico al que acabo de hacer referencia, no reconoce otra fuente más allá del texto expreso de la ley. Y es el propio legislador nacional quien dispone, entre otros aspectos, que «los organismos del Estado deberán garantizar a las mujeres, en cualquier procedimiento judicial o administrativos, además de todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional.los siguientes derechos y garantías:i) A la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son su naturales testigos [.]» (art. 16).

A mi modo de ver, lo que hace es poner énfasis o reforzar el método de valoración de las pruebas por parte de los Jueces de manera de garantizar acciones positivas respecto del abordaje de tan sensible temática y por ello afirmo que no resulta novedoso para la labor jurisdiccional, puesto que es sabido, que los jueces debemos ponderar los elementos de prueba – objetivos y subjetivos- a la luz de aquellos parámetros interpretativos que hacen al contexto dentro del cual tuvo lugar cada uno de los comportamientos ilícitos sometidos a juzgamiento.

Transformándose en un vector necesario para evitar que los órganos jurisdiccionales decisores se aparten en la adopción de decisiones, del contexto fáctico que es propio a este género de conductas.

Dicho de otro modo, es el contexto en el que se inserta el ilícito el que viene a determinar el modo en que debe ser apreciado tal o cual elemento probatorio. Es por ello que en los casos de violencia contra las mujeres el testimonio de la víctima ostenta un valor fundamental en la comprobación de los extremos necesarios para la determinación del hecho y la imputación de responsabilidad.

Es decir, el juez no puede apreciar la prueba aislándose de los aspectos fácticos y modales que conforman las particulares circunstancias de cada caso en concreto.Por el contario, su labor hermenéutica debe estar informada de ellos, y atendiendo siempre no sólo a los bienes jurídicos que resultan protegidos por las normas jurídicas en juego sino, también, a las condiciones de vulnerabilidad de las personas involucradas.

Desde esta perspectiva, estimo que uno de los valores significativos que ostenta la normativa nacional -ley n° 26.485-, resulta precisamente en reforzar direccionadamente el método de valoración en materia de erradicación de la violencia contra la mujer, para lograr desterrar las prácticas nocivas derivadas de la cultura jurídica patriarcal-inquisitiva, que tanto daño ha causado por los usos y costumbres de los operadores judiciales.

A lo que debe destacarse su incidencia como herramienta positiva para profundizar el análisis desde el enfoque de la vulnerabilidad porque, como bien reconoce valiosa doctrina, la igualdad, como criterio formal de realización de la justicia es hoy un criterio insuficiente porque no permite matizar ni colocarse «en los zapatos de» la persona cuya posición en la sociedad y en la vida resulta fragilizada por circunstancias diversas (Bassett, Úrsula, https://www.teseopress.com/3congreso2016/chapter/309/).

Poniendo en valor el sentido inculcado en nuestra Constitución Provincial cuando dice, en su art.7º, .Todos los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley y ésta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes».

Ahora bien, en estricta relación con sus postulados, y en lo que aquí interesa, considero que ese texto normativo vino a reforzar el «deber jurídico» que pesa sobre todos los operadores del sistema de administración de justicia.

Particularmente en el precedente «Ojeda Pérez» (sentencia penal leída el día 22 de agosto de 2019) concluí que aquel método de valoración no resulta novedoso para la labor jurisdiccional, puesto que siempre los jueces debemos ponderar los elementos de prueba -objetivos y subjetivos- a la luz de aquellos parámetros interpretati vos que hacen al contexto dentro del cual tuvo lugar cada uno de los comportamientos ilícitos sometidos a juzgamiento.

Por ello destaco la relevancia de la ley 27.499 «Ley Micaela», en tanto dispuso la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra la mujer, para todas las personas que desempeñen la función pública, en cumplimiento del objetivo señalado. En este mismo orden, corresponde también mencionar la Acordada n° 29.318 y su anexo «Programa de capacitación permanente para la incorporación de la perspectiva de género en el marco de la Suprema Corte de Justicia» del 3 de septiembre de 2019, instrumentos que en aras del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación, dispone una serie de acciones concretas para asegurar la igualdad real en las relaciones interpersonales («Vázquez Tumbarello» sentencia penal de fecha 10 de diciembre de 2019).

IV. Por lo expuesto, en coincidencia con lo dictaminado por el Sr. Procurador General y si mi opinión es compartida por mis distinguidos colegas de Sala, el recurso extraordinario provincial interpuesto será rechazado.

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión, el Dr. MARIO D. ADARO en voto ampliatorio dijo:

1.En análisis de los argumentos expuestos por el quejoso advierto que, sólo traslucen una discrepancia valorativa con la decisión de la instancia, sin reunir los mismos fuerza contundente para evidenciar la arbitrariedad que se endilga al fallo recurrido.

En efecto, la accionada se limita a mostrar disentimiento con la valoración de los hechos y pruebas que realizó el a quo, particularmente de las declaraciones testimoniales rendidas en la causa.

2. Sin embargo, soslaya el presentante los contundentes argumentos que fueron desarrollados por el Tribunal para considerar procedente la indemnización agravada prevista por el art. 178 de la ley de contrato de trabajo, a saber: 1) Conforme al certificado médico emitido por el Dr. Addamo de fecha 28/09/2016, con fecha probable de parto el 04/05/2017 (reconocido a fs. 70) y, el acta de nacimiento (fs.61) el Magistrado consideró que a la fecha del despido (acta notarial de fecha 13/09/2016), la trabajadora se encontraba dentro del plazo de 7 meses y medio anteriores a la fecha de parto (14/04/2017), que es el plazo de protección dispuesto por el art. 178 de la L.C.T. 2) Atento a la declaración testimonial de la Sra. V. C. S. -compañera de trabajo de la actora-, se acreditó que la Sra. N. comunicó el embarazo en un asado el día 09 de septiembre de 2016 que hizo la empresa en donde estaban todos, incluidos los dueños de la empresa (declaración cuya copia digital obra en autos, según constancia fs. 112). 3) en consecuencia, a la fecha del despido la empleadora ya había tomado conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora. 4) se descontó del monto de condena el depósito realizado por la empleadora por la suma de pesos $40.129 (fs. 42/44) sin perjuicio del cómputo al efecto del cálculo de las costas procesales.

3. En tal contexto, el a quo valoró las pruebas aportadas a la causa y así estimó cumplidos los requisitos legales que determinaron la procedencia de las indemnizaciones aquí reclamadas (arts.232,233, 245 y 178 de la ley de contrato de trabajo), sin que exista argumento válido por parte de la empresa demandada que permita alterar la decisión de la instancia.

4. No obstante lo expuesto y habiéndose compulsado el archivo digital de audiencia de vista de causa (ARCHIVO DE AUDIO/VIDEO: 010404-2019-08-14-29490- SCHIRO. DR. NICOLAU. SALA 1. DURACION 30 MIN.) debo aclarar que, sólo existe un error por parte del sentenciante al referir los nombres de los testigos ya que, quien explicó que la Sra. N. comunicó el embarazo en una reunión en fecha 09 de septiembre de 2016 realizada en la empresa en la que se encontraban presentes -entre otras personas- los dueños de la misma fue el Sr. M. (testigo ofrecido por la parte actora), también compañero de trabajo de la actora.

5. Y, si bien el Tribunal de mérito confundió los nombres de los dos testigos (M. y S.) con las declaraciones respectivamente efectuadas por cada uno de ellos, la solución se mantiene incólume siendo que, de la simple confrontación con el registro digital indicado por Juzgador se advierte que el testigo M. fue quien detalló la comunicación de la situación de embarazo de la actora en la fecha señalada.

6. Por su parte, la testigo ofrecida por la parte demandada, Sra. V. S. negó conocer la situación de embarazo de la actora durante la vigencia del vínculo laboral o incluso la existencia de algún festejo en el cual así lo comunicara.

7. En tal contexto, y ante la contradicción señalada en las declaraciones testimoniales (también manifestada por el recurrente), el Magistrado estimó comprobados los extremos invocados en la demanda y en esos términos condenó a la empresa accionada.

8.Sobre tales consideraciones y, teniendo en cuenta la perspectiva de género en la que me encuentro obligado a analizar los casos sometidos a decisión (SCJM autos Nº13-03668755-4, «Montani» de fecha 13 de marzo de 2020) debo señalar que, las pruebas han sido debidamente analizadas y así el conocimiento del estado de embarazo por parte del empleador previo al despido fue efectivamente acreditado.

9. Como consecuencia de ello, la interpretación y aplicación de la norma cuestionada (art. 178 de la ley de contrato de trabajo) resulta ajustada a derecho ya que, comprobada que la ruptura laboral se produjo dentro del término legal de protección a la maternidad y que la empleadora estaba en conocimiento del embarazo y nacimiento, más allá del medio por el cual tales circunstancia entraron en su esfera de conocimiento, corresponde la indemnización agravada en los términos que lo reconoció la sentencia de grado (SCJM, autos Nº13-04141430-2, «Cejas» de fecha 11 de mayo 2020).

10. Agrego que, existe una gran cantidad de normas protectoras de la maternidad tanto en el marco nacional como internacional que persiguen el amparo de la mujer trabajadora en situación de maternidad, embarazo e incluso en estado de excedencia, a fin de impedir que ellas se encuentren desprotegidas en los momentos de mayor vulnerabilidad.

(i) Concuerdo en que, «Las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para la lactancia. Al mismo tiempo, requieren una protección que les garantice que no van a perder sus empleos por el sólo hecho del embarazo o de la baja por maternidad» (rescatado en sitio web oficial Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/maternity-protection/
ang–es/index.htm).

(ii) Los Tratados Internacionales de jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22, Const.Nacional), contienen especial protección y amparo a la mujer trabajadora en situación de maternidad, embarazo y estado de excedencia.

Entre ellos caben mencionar la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su art. 25.4 afirma que «La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales»; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. VII afirma que «Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño tiene derecho a protección y cuidados especiales»; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su art. 11.2 establece que, con el fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio y maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes, tomarán medidas adecuadas para prohibir bajo pena de sanciones el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad; el art. 10 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: «Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social»; el Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias a fin de lograr progresivamente y de conformidad con la legislación interna la plena efectividad de los derechos que allí se reconocen; y al desarrollo de programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo (art. 6).

(iii) En igual sentido, la OIT adoptó un Convenio sobre la protección de la maternidad del año 2000 (núm.183 OIT) a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, la salud y la seguridad de la madre y el niño.

(iv) A nivel nacional, nuestra Constitución Nacional contiene «la protección integral de la familia» (art. 14 bis), así como también los arts. 177 a 186 de la ley de contrato de trabajo disponen la protección de la maternidad.

11. En análisis de lo aquí expuesto considero que, la conclusión de la instancia de grado debe ser confirmada teniendo en cuenta que, el juez tiene facultad para decidir y definir cuáles elementos de juicio apoyan su decisión, sin estar obligado a considerar todos los rendidos en la causa, sino sólo los elementales que, conforme a la sana crítica racional, le sirvan para fundar acabadamente su conclusión (SCJM, «Martínez, 18/12/19 y C.S.J.N. Fallos: 300-535, 301-672, 302-253, 303-275, 304-819, 306-444).

12. Por último resta considerar que, el presentante señala omisión de pronunciamiento respecto a la tacha del testigo que oportunamente interpuso al momento de formular alegatos orales en audiencia de vista de causa.

a. Al respecto estimo que , el planteo en esta instancia resulta extemporáneo. Si bien el representante legal de la empresa demandada formuló la tacha del testigo al momento de realizar sus alegatos en audiencia final, el planteo no tuvo oportunidad de ser respondido por la contraparte y así ejercer su debido derecho de defensa (art. 190 inc. III Código Procesal Civil, Comercial y Tributario y ar. 18 de la Constitución Nacional).

b. Es por ello que, en virtud del principio de preclusión procesal, una de cuyas manifestaciones es la imposibilidad de actuar por haberse agotado el poder o facultad como consecuencia de una situación ya creada, no puede en esta instancia pretender el demandado la resolución del planteo formulado.De esta manera la preclusión se muestra como una limitación a la libre disposición del contenido formal del proceso por los sujetos del mismo, en cuanto impide el ejercicio de una actividad procesal (LS 178-468, 335-73, 341-14).

c. En consecuencia, el agravio no es de recibo

6. Como conclusión de los argumentos expuestos observo que, el quejoso no aporta elemento alguno para desvirtuar los motivos de la resolución atacada que determinaron la condena de las indemnizaciones correspondientes al despido sin causa incluida la indemnización agravada en protección del embarazo y la maternidad (art. 178 y concordantes de la ley de contrato de trabajo).

7. Como resultado del enfoque aquí propuesto y, en consonancia con lo dictaminado por el Procurador General, corresponde rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto por Servicios Río Colorado S.A. y confirmar la decisión del Tribunal de mérito.

ASI VOTO

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR A. PALERMO adhiere por los fundamentos al voto ampliatorio.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JOSE VALERIO, dijo:

V. Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto puesto que se ha planteado para el caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior.

ASI VOTO

Sobre la misma cuestión los Dres. MARIO D. ADARO y OMAR A. PALERMO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. JOSE VALERIO, dijo

VI. Imponer las costas a la recurrente por resultar vencida (art. art. 36 ap. I del C.P.C.C. y T.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. MARIO D. ADARO y OMAR A. PALERMO adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

S E N T E N C I A:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

R E S U E L V E:

1°) Rechazar el recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 17/38.

2°) Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 36 ap.I del C.P.C.C. y T.).

3°) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Ana C. Schmidt e Ignacio Galiotti en conjunto, en el (%), (%) o (%) de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

4°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Juan Félix Bonilla, Pablo Martín Galarza, Mariana Avila y Agustín E. Ruiz Fernández en conjunto, en el (%), (%) o (%) de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

5°) El monto del IVA, deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo (CS expte. 4120/200002 «Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires», 02/03/2016). Los montos concretos serán establecidos en la instancia de grado conforme a los porcentajes regulados.

6°) Dar a la suma de pesos siete mil ($ 7.000), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 3, el destino previsto por el art. 47 ap. IV del C.P.C.C.yT. Al efecto transfiérase importe a través del sistema BNA NET consignándose los siguientes datos: TIPO DE TRANSFERENCIA: MIN3, CONCEPTO: CAPITAL, CBU: 0110606620060610011759, CUIT: 30999130700.

NOTIFÍQUESE.

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

A %d blogueros les gusta esto: